El mismo día en que las encuestas sitúan a jueces y periodistas a la cola del prestigio social, los medios de comunicación informan de una sorprendente cuanto extraña resolución de la Audiencia de Barcelona obligando al empresario Fidel Pallerols y a los ex cargos de UDC Lluís y Vicenç Gavaldà encontrados culpables de fraude en subvenciones públicas, a cumplir las penas de cárcel fijadas en la sentencia que pactaron con las acusaciones, confiados en que al ser inferiores a dos años careciendo ellos de antecedentes, seguramente se librarían de ir a prisión, máxime, cuando su partido aunque a regañadientes, acabó devolviendo casi 400.000 euros nada más dictarse firme la sentencia.
Pero la Audiencia ha rechazado concederles dicha gracia, argumentando “inadmisible que personas dedicadas al noble ejercicio de la política incurran en conductas corruptas como la materializada en este caso (…) debiendo primar la prevención general que supone la pena de prisión (…) que sólo se cumplirá si quienes sucumbiendo a las facilidades y ventajas que proporciona el ejercicio del poder hacen un ejercicio torticero del mismo, saben que de ser descubiertos cumplirán de forma efectiva la pena que se les imponga”.
Todo esto, está muy bien para calmar los ánimos a una ciudadanía harta de ver cómo las instituciones democráticas comparten puerta giratoria con las empresas privadas sin que nadie responda por los continuos saqueos a los que somos sometidos; es agradable al oído por radio, queda fantástico en el Telediario y los ojos se alegran al leerlo por internet. Pero vayamos a lo práctico: ¿Para cuándo el indulto?
Porque, aunque no parece, la verdad padece, dado que todos sabemos que los criminales, hacen tan bien las leyes, que evitan estas sirvan para acusarles; de podérseles acusar, no sirvan para detenerlos; de podérseles detener no ayuden a juzgarlos; de podérseles juzgar, no sea posible condenarlos, de podérseles condenar, que ipso facto se les indulte; y de no podérseles indultar, que les ponga inmediatamente en libertad por buena conducta. Y creo no ser el único en pensar que la Justicia en este caso, dejándose arrastrar por el sentir popular, se ha excedido demagógicamente en su cometido.
Aun pudiendo ser cierto todo cuanto expone la Audiencia de Barcelona, ocurre que, sea por agravio comparativo con otros elementos para los que sí hubo consideración, sea por el hábito o la costumbre de todos conocida, los afectados ahora obligados a cumplir su pena, merecían cuando menos de parte del Tribunal la típica recomendación para que desde la Moncloa o desde la Zarzuela se fuera confeccionando el correspondiente indulto, a modo de ensayo general presentando referencias y precedentes que ulteriormente puedan servir a cuantos habrán de recorrer tan tortuoso sendero de la judicatura.
Porque, en España, la pena de cárcel la tenemos reservada para gente de mal vivir y es un hecho probado que estos individuos viven muy bien a costa nuestra y si los juzgados han sido capaces de soportar la carga de citaciones, demandas, querellas, imputaciones, careos, acusaciones, denuncias, testigos, investigaciones, juicios y demás procedimientos cursados debido a la judicialización de la corrupción, me parece un despropósito pretender que la institución penitenciaria hacinada como está de inmigrantes sin papeles, drogadictos, rateros y demás pobres que no han comprendido todavía de qué va la cosa, de cabida a malversadores, desviadores, comisionistas, estafadores, recalificadores, ensobradores, evasores, recaudadores…sin haber avisado antes de que se iba a hacer cumplir las leyes.
A la corrupción no se la puede combatir con penas de cárcel. Eso es como ponerle cercas al campo…En España, la corrupción, se combate con más corrupción. Los jueces deben exigir de los culpables de corrupción una parte de los beneficios para dejarles en libertad, como anteriormente la policía habría pactado con ellos no detenerles, los políticos haber legislado a su favor, los medios de comunicación no dar sus nombres y direcciones…único modo en que puede ser controlado el fenómeno por saturación participada de todos los estamentos dedicados a su represión.
No me gusta ser recurrente en mis comentarios porque no quiero arriesgarme a que pienses que soy un pelmazo, pero creo que la cárcel no está limitada a las gentes de mal vivir, ya que según las estadísticas reales y no las presentadas por la Fiscalía General contra el bueno de Toni Cantó, en un período de siete años han sido condenados 207.997 hombres que no han podido demostrar su inocencia (sencillo sistema judicial seguido también por la anterior Inquisición), de 1.034.613 denuncias presentadas por maltrato contra mujeres. Teniendo en cuenta que aquellos que han podido demostrarla han pasado un mínimo de dos noches en el calabozo, saliendo del proceso con antecedentes penales para los próximos 10 años, podríamos decir que han sido enchiquerados, por utilizar un símil castizo, unos 148.000 hombres al año y dada la escasa natalidad actual, de seguir en esa misma línea, será más normal para todo macho hispano pasar una temporadita a la sombra que toda la vida al sol.
Saludos