Hace pocos días, los medios se hicieron eco del enésimo atropello de un ciclista con el agravante que siendo de madrugada, el causante se dio a la fuga, cuando de haberlo auxiliado, seguramente en estos momentos estaríamos hablando de un herido y no un muerto. Entonces conocimos que el fallecido, llamado Oscar, no practicaba deporte, sino que como tantos otros trabajadores en estos tiempos de crisis se dirigía a su puesto laboral en un medio de locomoción barato, ecológico, sin problemas de aparcamiento ni necesidad de garaje, ideal para los cortos desplazamientos.
La eficiencia policial, pronto detuvo al sospechoso poniéndole a disposición judicial. Al parecer, el interfecto ya había sido condenado hasta en tres ocasiones por delitos contra la seguridad vial teniendo prohibido conducir hasta el 2017. Sin embargo, para indignación de todos, el magistrado de Guardia, Ramiro García de Dios, le ha dejado en libertad con cargos, acusado de un homicidio con imprudencia. Tras la resolución, el hermano del atropellado, José Javier Fernández Pérez, ha exclamado “Matar sale muy barato en este país”. Cosa que ratificamos cuando reparamos en que, el delito de homicidio por imprudencia recogido en el artículo 142 del Código Penal, supone penas de prisión de uno a cuatro años. En caso de que haya sido provocado con un vehículo también incluye la retirada del permiso de conducción hasta seis años.
Si hace algunos años me planteé en voz alta la conveniencia de casarme para darme el lujo de asesinar a una mujer sin tener por ello que rendir cuentas severas ante la justicia que calificaba los hechos como “crímenes pasionales”, hoy es el día en que maldigo el no poder sacarme el carnet de conducir para saldar algunas cuentas pendientes, pues de matar a mis enemigos con armas blancas o de fuego, seguramente debería afrontar duras penas de cárcel, pero de atropellarlos con dos copitas de más, entonces podría irme de rositas, sin verme en la necesidad de tener que contratar a sicarios de los países del Este para despachar los distintos asuntos personales, familiares, vecinales o de negocios que con la aparición de las canas y el avance de las arrugas se me vienen acumulando con mayor rapidez que avanza el cáncer.
Pero ¿Por qué matar con un vehículo sale tan barato, no ya en España, sino en todo el mundo? La respuesta podría valer igualmente para la cuestión ¿Por qué es tan sencillo desde una perspectiva psicológica obtener el permiso de conducir? Es evidente que el manejo de un vehículo no se debería dejar al alcance de personas irresponsables entre las que se encuentran muchas más que los menores de edad o ancianos con demencia. Tampoco se debería conceder permiso a gente imprudente que no tiene bien calibradas las nociones de riesgo, capaces de hablar por el móvil con una mano y encender el cigarro con la otra estando mientras están en carretera, ni a los inconscientes que no toman en consideración tener el automóvil en condiciones para circular por su propia seguridad y la de los suyos, ni aquellos que padecen alcoholismo o drogodependencia. Por supuesto, se debería evitar el acceso al volante a despistados capaces de cruzar un carril sin mirar a diestro y siniestro por ir pensando en la quiniela, ni a los impacientes incapaces de frenar ante un stop o semáforo en rojo, menos aun a personas depresivas y pesimistas que les de lo mismo vivir que morir. Qué no diremos de los prepotentes, conductores con complejos de inferioridad, personas irascibles, inseguras o demasiado confiadas…
De ser yo el Director de la DGT, el Permiso de conducir sería más estricto que la licencia de armas. Pero en ese caso, sólo un pequeño porcentaje de la población podría sacarse el carnet, los justos para cubrir puestos de ambulancia, chóferes profesionales de medios públicos de transporte, taxistas, personal de reparto, etc. El resto, debería ir en autobús o metro, porque hasta para el uso de la bicicleta creo que la mayor parte de los ciudadanos no reúnen las cualidades psicológicas adecuadas para su conducción responsable, que en muchos casos está en la causa de su propia tragedia.
La industria petrolera y del automóvil no ha dejado al capricho de la Razón el gobierno de nuestras sociedades. Desde inicios del siglo XX se hizo dueña de los distintos gobiernos para que estos pensaran más en mantener sus beneficios que en la salud, bienestar o intereses de sus ciudadanos. Así se construyeron urbes donde los coches más que los peatones gozan de derecho circulación, basta observar el espacio dedicado a carretera y el de acera; se dio directriz a la industria de la construcción para que cada edificio contara con las suficientes plazas de garaje por vivienda levantada, sin que hubiera medida semejante para una piscina en la azotea, o un parque aledaño donde pudieran jugar los niños; se le permite a cualquier dueño de automóvil emitir cientos de litros de humo al medio ambiente al mes, cuando a otras empresas o particulares se les multa por la misma acción; se posibilita comercializar vehículos que pueden alcanzar los 200 Km/h cuando en nuestras carreteras está prohibido circular a más de 120 Km/h; etc.
De lo expuesto se colige la respuesta a las preguntas arriba explicitadas: Los gobiernos integrados en la International Criminal Corporation (ICC) legislan tanto en la concesión del permiso de conducir, como en la graduación de las penas por infracciones de tráfico, conforme a los intereses empresariales de la industria petrolera y automovilística, para favorecer su mercado y mantener sus colosales beneficios en detrimento de los ciudadanos que somos sus enemigos. Por eso, sale tan barato matar con un vehículo y las muertes en carretera son contadas como accidentes en vez de cómo atentados terroristas contra la población civil.