Apreciando la sutileza en la expresión por mi utilizada “Ministerio de Injusticia”, algunos lectores me discutieron lo apropiado de la fórmula en sus inicios, si bien, conforme avanzan los acontecimientos en dicho área, más de uno ha acabado dándome la razón.
Desde que se estrenó en el cargo, el Ministro criminal Gallardón, no ha hecho otra cosa que disminuir el alcance de la Justicia por distintas vías legales nada legítimas, empezando por, en complicidad con el Ministerio de Represión Interior, dotar a su Gobierno de una Ley Mordaza cuyo objeto no es otro que disuadir a la población de todo conato de protesta, recortando su libertad de movimientos bajo amenaza de multas de cárcel y económicas que ya las querríamos ver aplicadas a corruptos políticos, estafadores bancarios y especuladrones financieros e inmobiliarios.
Un método más sibilino de silenciar a la ciudadanía ha consistido en la promulgación de la denominada Ley de Tasas, a fin de entorpecer los recursos ante los tribunales a las personas que no dispongan de recursos que a fecha de hoy, con lo avanzada que está la crisis-estafa, alcanza a la entera clase media que resignada acepta todo atropello bancario como lo sucedido con las preferentes, inmobiliario como lo acontecido a diario con los desahucios, laboral, político como las promesas electorales incumplidas una a una y social dado que el aumento de impuestos ha ido acompañado de drásticos recortes en sanidad, educación, prestaciones sociales e infraestructuras.
Aunque en España, los Tribunales nunca han sido independientes, había un cierto espíritu de hipocresía e impostura por parte de los distintos puñeteros implicados en el Tribunal Constitucional, el Supremo, el CGPJ y la Fiscalía del Estado para salvaguardar las formas, cortesía comportamental de la que ha prescindido sin disimulo alguno el Ministro criminal Gallardón, por cuanto le urge poner santo remedio a causas judiciales en marcha que para sorpresa de propios y extraños, están haciendo más justicia de la esperada para un sistema corrupto desde la raíz; y si para ello se debe ordenar apartar del proceso y si es preciso de la profesión a un juez incontrolado como Silva del caso Blesa ¡pues se hace! sin importar lo más mínimo lo que piense la ciudadanía o lo que deje de pensar; y si a tal menester se ha de poner a los fiscales de todo el Reino a defender a imputados y acusados de defraudar a Hacienda o desfalcar las arcas públicas, como ha hecho el fiscal Horrach con la Infanta Cristina de Borbón, sin reparos nos ponemos manos a la obra, aunque ello suponga el mayor de los bochornos ante sus colegas europeos.
Así visto, negada en casa la Justicia, no de ahora, sino de siempre, ya que en España no se ha juzgado ningún crimen del Franquismo, ni se ha reparado a sus víctimas, ni se han investigado los raptos de bebés, ni se ha permitido a los familiares de desaparecidos recuperar a sus muertos enterrados en fosas comunes bajo autopistas o bloques de edificios…la última iniciativa del Ministerio de Injusticia de deslegitimar la continua intromisión de nuestra querida Audiencia Nacional en asuntos internos de terceros países como es la tortura durante la dictadura Argentina, los ejecutados en el Tibet a manos del régimen chino, el asesinato a sangre fría por los EEUU del periodista Couso en Irak, que nos enemista innecesariamente con sus gobiernos, hasta podría calificarse paradójicamente de justa la medida adoptada, pues un Estado como España, no está legitimado por todo lo comentado para dar lecciones a nadie sobre Justicia y de cómo debe er aplicarla, si no es que desea se le caiga la cara de vergüenza.
Porque para la Justicia Española, hace tiempo que la vergüenza es un lujo que no se puede permitir quedando sólo por dirimir si es una Justicia sin vergüenza es decir que no tiene vergüenza, si acaso es desvergonzada, o sea, que alguna vez tuvo vergüenza y ha dejado de tenerla, o se ha convertido por completo en sinvergüenza.