En principio, esta misiva debería ir dirigida directamente al Ministerio de Interior y de Injusticia, mas como en España los delincuentes tienen todo el derecho a mentir en su defensa o para no inculparse, sucede que no me queda otra que apelar a una de las pocas entidades honradas que merecen todo mi respeto en la salvaguarda de los genuinos valores constitucionales que nos hemos dado para la convivencia cívica y social, cuál es, el Sindicato Unificado de Policía, organización en la vanguardia moral del país por trabajar en pos de la democracia interna dentro de los propios cuerpos policiales, denunciando los abusos de poder por parte de sus mandos, poniendo en tela de juicio la legitimidad de muchas órdenes por muy legales que sean y persiguiendo cualquier conato de corrupción en que pudiera incurrir un compañero, funcionamiento podría calificarse de quijotesco en España que está en las antípodas del operado en cualquier Partido Político con tareas de gobierno y sin ellas también.
Para no hacerles perder su preciado tiempo, adelanto que conozco el papel que debe desempeñar toda Policía en un Estado de Derecho: no es el de legislar, cosa de la que se ocupa el Parlamento, no es el de Gobernar, asunto del que se ocupa el Ejecutivo y tampoco es el de juzgar, cuestión que ha de resolver los tribunales; su rol consiste en hacer cumplir las leyes sin cuestionar a cada momento la actuación. Y me parece bien que así sea. Tampoco es mi intención entrar en una discusión bizantina sobre si la ley es justa o injusta, si la legalidad es legítima o qué clase de obediencia merecen por parte de los subordinados órdenes contrarias a la propia Conciencia, al Hombre, a la Naturaleza o a Dios. Y menos todavía, deseo plantear el debate sobre si se han de cumplir las órdenes de gobernantes criminales que han perdido la razón, la decencia, todo escrúpulo o sencillamente la humanidad.
Lo único que persigo con estas líneas públicas es que se nos explique con claridad y cierta lógica una realidad cada vez más hiriente para un mayor número de ciudadanos libres y de buenas costumbres que desconcertados contemplamos cómo, cuando la banca criminal se presenta ante las humildes viviendas de la pobre gente que suele coincidir con la gente pobre, para desalojar a familias completas con ancianos enfermos, mujeres embarazadas, niños en edad escolar, personas desempleadas, sin la más mínima consideración humanitaria, ni el menor viso de piedad, ustedes se hallan presentes con varias patrullas municipales, nacionales y de la benemérita para ayudar en los desahucios y sin embargo, cuando son los vecinos quienes provistos únicamente de pancartas, megáfonos, y la verdad de su desgracia se presentan ante las sucursales de esos mismos bancos criminales denunciando el robo de las preferentes o por el blanqueo de dinero, por dar cobijo en sus cuentas el dinero de la droga, la prostitución, el tráfico de armas o haber estafado a jubilados…ustedes también acuden, esta vez, para defender no a los ciudadanos que les pagamos con nuestros impuestos, sino la seguridad de la entidad criminal.
Pues bien, advertido que no busco más que respuestas sencillas sin debates filosóficos que me sobran por profesión, deseo me respondan a las cuestiones que desde la más absoluta ignorancia a continuación les formulo:
Primero, ¿es función de la Policía velar por los intereses particulares de los bancos más allá de lo que ya lo hace en general por el resto de la ciudadanía? ¿No es esta función más propia de vigilantes de seguridad privada que de la Policía Nacional?
Segundo, dado que allí donde voy, sea Barcelona, Madrid, Bilbao, Santander, Valladolid…soy testigo de escenas de uno y otro signo, cuyos dispositivos nunca cuentan con menos de una docena de agentes, con varios coches patrulla y furgones, me imagino que en su conjunto por estos motivos en defensa de los intereses de la banca criminal, serán cientos los efectivos movilizados entre los distintos cuerpos policiales a diario ¿Quién paga tan celosa labor de protección?
Sinceramente, espero que, pese a participar de la comprensible esquizofrenia nacida de, por una parte, haber jurado proteger al ciudadano y por otra, tener que obedecer las órdenes de atacarlo dictadas por quienes les tiene en nómina, sus respuestas no contengan la excusa de “Obedecemos órdenes” ya esgrimida por los guardianes de los campos de concentración, ni eso de “Es mi trabajo” frase redundante entre los verdugos de los EEUU o aquello que dijera un asesino a sueldo inglés “Si no lo hago yo, lo haría otro” ni esgriman el argumento de los cirujanos saudíes que participan en las amputaciones de los reos “Si al final se va a hacer, es mejor que lo haga un profesional”.