Pena de Muerte para delitos económicos

Hace algunos años, antes de que se empezara a hablar de la crisis, me refiero a esta crisis, no a la anterior, ni a la otra, ni la que está por venir…leí ¡con horror! que en Corea del Norte, Kim Jong Il, había hecho fusilar a su Ministro de Economía por estar implicado aquel en un caso de corrupción. Siempre me había mostrado contrario a la Pena de Muerte por un amplio abanico de argumentos que iban, desde los puramente técnicos sobre el funcionamiento de la silla eléctrica, hasta los de carácter espiritual, pasando por los fundamentos de derecho positivo, la arbitrariedad de su práctica, fallos en el sistema judicial…batalla ética en la que estoy implicado desde mis años universitarios militando en Amnistía Internacional. Si la noticia me hubiera pillado con diecialgo o veintipocos, seguramente mi acto reflejo de rechazo, hubiera reforzado mi convicción ética al respecto; sin embargo, me sorprendió subiendo la cuestecita de los treintaymuchos, cuya experiencia vital hacía tiempo me posibilitaba contemplar como moralmente aceptable la eliminación física de algunos elementos nocivos para la sociedad como podían ser pederastas y tiranos, mas dejando en manos de Dios hacer justicia, que aunque la gente no lo crea, existe, si bien en tiempos de bonanza proviene de Jesús y en momentos de tribulación como los actuales, se la debemos a Jahveh que es más expeditivo. Pues bien, sucedió que, tras el rechazo inicial, empecé a meditar sobre, el cómo y el por qué, en aquellas latitudes se podía llevar al patíbulo a un ser humano por el mero hecho de haber robado dinero; la cantidad era lo de menos, pues si era contrario al máximo castigo incluso por motivos de asesinato, con mejor causa cuando el mismo era aplicado a asuntos económicos.
Procurando ponerme en lugar del gobernante coreano, a fin de comprender qué justificación podía encontrarse para fusilar a un estrecho colaborador por motivos de corrupción, algo que aquí no sólo no recibe castigo, sino que se fomenta desde las más altas Instituciones y la Jefatura del Estado, caí en la cuenta de que, mientras un crimen, por horrendo que sea, sus efectos sobre la sociedad como conjunto menguan conforme se amplía el círculo del afectado, no así ocurre con los delitos económicos cometidos contra el Estado, ya que la corrupción económica, el robo de las arcas Públicas, afecta de lleno a toda la Población de un modo aparentemente incruento pero que los fríos números del presupuesto se encargan de traducir a cadáveres, sangre y sufrimiento, según desaparecen ambulancias muriendo gente por no poder ser atendidos a tiempo; cierran hospitales bajando la calidad sanitaria y sus terribles consecuencias esperando una intervención, un trasplante, una cura; empeorando el mantenimiento de las carreteras causante de muchos accidentes, disminuyendo las prestaciones sociales, y el largo etcétera que nos hacen relacionar con la crisis, como si la crisis existiera por si sola, sin tener nada que ver con el desfalco organizado que durante años, ¡qué digo años! ¡Decenios! hemos sido objeto por parte de nuestros representantes democráticos, sindicalistas, empresarios, banqueros, artistas, deportistas…robo a manos llenas que no se cuenta por miles de euros, ni por millones de euros, sino por miles de millones de euros, cantidades que sinceramente de pensarlas en pesetas, me pueden producir un desmayo. Desde esta perspectiva, la medida aplicada en Corea del Norte, resultaba hasta más adecuada moralmente que la practicada en España.
Desde entonces, vengo proponiendo en cuantos foros me es posible – cosechando el oprobio general del auditorio, si bien cada vez menor – la instauración de la Pena de Muerte por delitos económicos y corrupción contra las Arcas Públicas, castigo que puede ser conmutado desde el momento en que se restituya al Estado del Bienestar, lo indebidamente sustraído, en cuyo caso, podría recobrar la libertad e incluso ser habilitado en su anterior puesto practicándosele una amputación de la mano con que coma la sopa. Mas, si el condenado en firme se negara a devolver el dinero porque le sale a cuenta no hacerlo dada su avanzada edad, dice habérselo gastado todo y sus allegados no quieren o no son capaces de reunir la cantidad exigida, o sencillamente afirma no acordarse de dónde lo tiene, entonces, siempre con las debidas garantías constitucionales, legales, procesales, sanitarias, propias de un Estado de Derecho civilizado y avanzado como el nuestro, el intercepto u intercepta salvaguardando la igualdad de género, sería conducido pacíficamente a las dependencias ecológicas del la Casa de Moneda y Timbre, donde expertos fundidores en ahorro energético y desarrollo sostenible tendrían licuado tres lingotes de oro reciclables provenientes del muy laico Banco Central Europeo al objeto de hacérselo ingerir humanitariamente por medio de un embudo metálico, como hicieron los Partos con el General romano Craso por razones de pedagogía.