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Hasta hace bien poco, los colectivos humanos fueran familias, clanes, tribus, regiones o razas enteras, estaban asociadas por generaciones a un determinado orden que regulaba la existencia de sus miembros en cuanto a sus relaciones sociales, sexuales, laborales, políticas, económicas, culturales, de habitabilidad, vestimenta, nutricionales, etc. Muchos de estos techos de cristal que oprimían el libre desarrollo de la personalidad individual fueron resquebrajándose primero gracias a la religión cuando accedió a fijar la preocupación divina en el alma individual más que en la Alianza de todo un pueblo; Después, tras su particular culpa emanaría su responsabilidad penal recogida por separada del resto de sus familiares y vecinos, con lo que se distanciaba del castigo colectivo indiscriminado de los primeros Códigos de justicia; El problema de legitimación de la aristocracia distinguió entre primogenituras, bastardos, de modo que una convención utilitarista se colocó por encima de la sangre para distinguir quien habría de disfrutar herencias y privilegios en sucesión; En las sociedades complejas la especialización supuso de hecho que los oficios pasasen de padres a hijos con igual fidelidad que desde la revolución agrícola del neolítico lo habían hecho los roles sexuales. Otro tanto sucedía en el plano del poder político, si bien aquí hubo siempre intentos de reparto del mismo; De hecho con el avance de la burguesía se instauró la famosa división de poderes y el acceso a ellos bien a través de la meritocracia como ocurre en Justicia, bien por vías democráticas como acabó imponiéndose en los recientes Estados Modernos nacidos del Absolutismo.

En esta trayectoria histórica en pos de limitar la duración temporal de una determinada condición del sujeto en cualquier esfera de su vida, a la fuerza centrífuga por deshacerse de ataduras que lo tenían sometido al pasado de sus ancestros, se le oponían fuerzas centrípetas que buscaban conservar dichas ligaduras en favor de una añorada certidumbre y estabilidad. Por ello, todavía existe el atraso social que supone la herencia, propia de sociedades donde la escasez obligaba a tan rudimentario modo de conservar la riqueza entre los suyos; Por ello, los Estados introdujeron el funcionariado fijo, las empresas el contrato fijo, el mercado los precios fijos y los títulos académicos vitalicios. Pero los tiempos han cambio desde que el teléfono pasó de fijo a móvil, todo un aviso para navegantes que pocos tomaron en consideración y detrás vino el célebre carnet de conducir por puntos, toda una avanzadilla de lo que en breve sucederá con las Licenciaturas, al menos con aquellas cuyo ejercicio pueda suponer un riesgo para terceros como son las de medicina, abogacía y demás; los de mi gremio estamos a salvo.

Visto el éxito obtenido en la reducción de accidentes de tráfico por la introducción de esta novedosa medida que no incide sobre la variable temporal de la condición de “Conductor” obtenida por mérito en un examen en una determinada fecha del pasado, sino por un mal ejercicio de su derecho a conducir, juzgo muy oportuno ensayar la experiencia en el ámbito político. Me explico:

Es verdad que al poder político ya se le ha limitado bastante: primero eliminando su heredabilidad; segundo evitando su condición vitalicia; tercero legislando contra el nepotismo; cuarto introduciendo la separación de poderes; quinto proclamando la vía democrática como la menos perniciosa; sexto, estableciendo periodos generalmente de cuatro años para su refrendo o reprobación en los cargos…Pero por lo que podemos apreciar, lo bastante, como nos lo demuestra el alarmante caso de Rajoy y el Partido Popular, no es suficiente. Es perentorio introducir el Gobierno por puntos.

El Gobierno por puntos, sin entrar en otras reformas del sistema, consistiría en establecer un baremo objetivo mediante el cual, un determinado Ejecutivo legítimamente elegido por las urnas, accedería al poder con, pongamos cien puntos. Estos puntos, indistintamente de los diputados que sostengan al Gobierno, podrían perderse por varias razones, a saber: incumplimiento del programa electoral, tantos puntos menos por no hacer a mitad de legislatura tal cosa, bien por hacer lo contrario nada más comenzar; también por perder la confianza de los ciudadanos en las encuestas de manera sistemática; o en función de lo que aumente el índice del paro, o en función de lo que disminuyan las pensiones, las becas, el poder adquisitivo del dinero….hay mil modos de restar. Mientras el Gobierno mantuviera el 33% de los puntos, digamos que su legitimidad democrática le salvaría; Ahora bien, cuando se hubiere bajado de dicho porcentaje, el gobierno debería, no como en la actualidad someterse a una moción de confianza entre un parlamento de amigotes, sino dimitir y que el pueblo vuelva a elegir.