El pasado 27 de octubre, en Toulouse, opositores al TAV lanzaron tres tartas a la Presidente de Navarra Yolanda Barcina durante una sesión extraordinaria del consejo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Como explicaron los propios activistas, para su sorpresa, los miembros de seguridad se limitaron a separarles pero ni siquiera les sacaron del local. Fueron los propios implicados quienes decidieron salir por su propio pie para dar una rueda de prensa y poder explicar los hechos.
Pero como quiera que para algunas cosas todavía rija aquello de que Europa empieza en los Pirineos, al día siguiente, de regreso a Navarra, a los tres Tartalaris les estaban esperando en sus domicilios agentes de paisano que tras registrarles – supongo por si llevaban merengue camuflado – les detuvieron. Y aunque posteriormente quedaron en libertad, se les comunicó que estaban acusados de un delito de “Atentado a la Autoridad” lo que suponía que serian juzgados por nuestra querida Audiencia Nacional, porque según reza la “Ley Orgánica del Poder Judicial” si una persona de nacionalidad española atenta contra otra de la misma nacionalidad fuera del Estado español, y en ese otro territorio no se abre ningún tipo de investigación, el caso pasa automáticamente a la Audiencia Nacional. Y claro, en Francia que es un Estado de Derecho como la Razón Ilustrada manda, propinar un tartazo está catalogado como falta, que en muchos casos ni siquiera tiene repercusión legal, y en caso de haberla, se solventa con una multa, como sucede en casi toda la Europa democrática, dicho sea de paso.
¡Pero esto es España! Y las cosas en España se hacen de modo distinto. Aquí las Autoridad es tan canalla y criminal que tiene miedo constante a ser sorprendida por el Pueblo del que diariamente se mofa, al que recurrentemente traiciona y al que oprime, reprime y exprime mediante impuestos, perenne vigilancia y latrocinio masivo. En consecuencia, se ha cuidado muy mucho de blindarse jurídicamente como corresponde, de la lógica reacción de la gentes en relación directamente proporcional al daño que nos infringen. Y ¡Sabe Dios! Que las personas de bien, pacíficas y moderadas como yo, participamos de este Principio del Derecho que vela y protege el ejercicio del Cargo Público para que pueda desempeñar su función con libertad sin peligro para su persona física ni sus intereses, entendiendo entonces que se ha de perseguir y castigar con mayor celo que cuando los mismos hechos acaecen entre iguales civiles. Sin embargo, a todo Derecho va ligada una obligación, que cuanto menos, en la que se trata debería ir acompañada de cierta reciprocidad para no convertirse en una especie de “Ley del embudo” siendo lo suyo que cuando la Autoridad atentase contra el Pueblo o los indefensos ciudadanos, también se ejecutara tan aguda medida, si cabe, con mayor dureza. Mas, visto que lamentablemente no sucede así, parece más justo dejar de aplicar la Ley Parcial, que aplicarla sólo cuando la agresión va de abajo a arriba e impune cuando sucede a la inversa, para que se cumpla lo establecido hace más de 4.000 años por Hermes Trismegisto.
Por otra parte, si por unos dulces tartazos se puede solicitar sin sonrojo judicial penas de cárcel de hasta diez años como se acaba de hacer, el mensaje que se le transmite pedagógicamente a la población es “te sale igual de caro darles un tartazo que un tortazo” y quien dice tortazo, dice puñetazo, mazazo o zambombazo. En este orden de cosas, la Presidente de Navarra debería dar gracias de que estos buenos ciudadanos no la desearan a ella lo que ella sí parece desearles a ellos, porque de igual modo le agasajaron con tartas, por el mismo precio o incluso menos de lo que solicita la Fiscalía, le podían haber arrojado ácido como sucede por otros lares. Si estos vanguardistas morales de la ciudadanía merecen algo, es un sincero agradecimiento de parte del Gobierno de Navarra por poner al descubierto un gran fallo en su seguridad. Hasta me atrevería a proponer que de ahora en adelante se creara una Brigada especial de Tartalaris cuya misión consistiría en intentar estampar tartas a cuantos dirigentes y gobernantes pillaran por sorpresa en toda la geografía española para poner a prueba los dispositivos de seguridad de los que tanto se habla en los Tontodiarios, como en su día, varios prestigiosos rotativos se tomaron la molestia en burlar las medidas antiterroristas de los aeropuertos para poner en evidencia su ridiculez y falsa eficacia.
Para terminar, he observado que algunos medios tratan esta y otras noticias relacionadas con los territorios díscolos con algo de morriña de aquella ETA que tanto juego daba para llenar portadas y a cuyo rebufo muchos se han labrado carreras de articulistos, de modo que un día de estos a alguno se le escape comentar que en las pastelerías de Navarra y el País Vasco se enseña a los jóvenes a fabricar tartas, como en su día se escribiera que en las Ikastolas se enseñaba euskera a los niños desde muy pequeños. Dato que por más que se empeñen algunos en negar, era verdad.
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La Injusticia española no es un cachondeo
En su día, con amigos encarcelados por su pacífica insumisión, viendo el modo de ayudarles sin por ello ponerme en peligro de correr su misma suerte más de lo que ya lo había hecho cuando fuera declarado prófugo, acudí al socorrido artificio de llamar a las cosas por su nombre, de resultas que, a la hora de enviar cartas de protesta al órgano competente, tomé la decisión de escribir en la dirección “Ministerio de Injusticia”, en previsión de ser encausado por ello, ya que siempre podía objetar que si los sobres llegaron a su destino, la culpa habrían de buscarla en el destinatario por hacerse reconocer como tal, o en su defecto, en el cartero, bien porque éste por su cuenta y riesgo identificara al Ministerio en cuestión con la Injusticia, bien por haberse equivocado en su adjudicación, porque de no haber “Ministerio de Injusticia” en toda España, entonces, lo suyo sería haberme devuelto el correo, cosa que al no suceder, hasta yo mismo podría personarme en la causa como parte afectada, estratagema que actualizaba con creces la costumbre antigua de hacérsela pagar al mensajero.
Traigo esto a colación, para no incurrir en falta grave ante los “Mangas Negras” que andan algo revueltos con el papelón internacional que están haciendo con sus bien llamados fallos y aun con sus preparativos cometidos todos con premeditación y alevosía, pues como quiera que uno se acuerde de la multa impuesta al incontinente verbal Pedro Pacheco, a la sazón Presidente del Partido Andalucista, por declarar aquello ya antológico de “La Justicia española es un cachondeo” no tiene uno ganas de llevar la contraria, menos cuando desde entonces los hechos parecen corroborar la sentencia, juego de palabras que me permitirá salir airoso de todo ulterior envite togado.
No siendo la memoria una de nuestras virtudes ni de nuestros vicios, que tan malo es olvidarlo todo, como estar continuamente recordándolo en sus detalles, hemos tenido la suerte de que en breve plazo hayan coincidido distintos pleitos para que de su constante recurrencia pueda germinar en nuestras atrofiadas sienes ese inaudito interés cívico por lo que se cuece entre tribunales, experiencia colectiva que ha de supeditarse en tiempo y forma al espacio informativo que los encuentros de fútbol tengan a bien dejar libres en medios y mentes.
Lo sucedido con el triste y vergonzoso caso de Marta del Castillo, que guarda sospechosas semejanzas con lo ocurrido hace años con las “Niñas de Alcásser”, junto a que Camps sea declarado inocente de cohecho impropio, planteándose el PP reintegrarle en la vida política, y al tiempo al único juez que ha lavado la cara internacionalmente a esta España Goyesca, sea juzgado por haberse atrevido a investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo – una de las mejores Dictaduras que ha habido en el siglo XX – ha suscitado tremenda inquietud entre la ciudadanía por el comportamiento de esos oscuros fantasmas que en lugar de cadenas gustan llevar mazo, al extremo de preguntarse públicamente, si no sería exagerado dictar el inmediato ingreso en prisión del gremio ante la evidente alarma social generada. Porque si bien es cierto que estamos plenamente convencidos de que en las profundidades de la más avanzada matemática los investigadores hallarán un axioma que de modo irrefutable probará algún día que la Justicia española no es un cachondeo, en cambio, no nos podemos quedar tranquilos sabiendo que en ello se asemeja a la Injusticia que tampoco es un cachondeo, dadas las tragedias que por activa y pasiva suponen.
Empero, si la Justicia española no es un cachondeo, ¿Cómo es que no lo es su contraria la Injusticia? Para resolver el misterio de esta cuestión antes de que de la misma se ocupe la parapsicología, he de acudir a la técnica taoísta de la paradoja, en esta ocasión, rescatando la enigmática enseñanza de mi profesor de Teología Jáuregui quien durante una clase, seguramente enfrentado a una propia contradicción, vino a decirnos que “hay ocasiones en que lo contrario a una verdad profunda, no es una falsedad rotunda, sino también otra verdad profunda”.
Egipto ¡Sabe!
EGIPTO ¡SABE!
Ya para los autores de la antigüedad como Herodoto, Egipto era antiguo. Pero cuando aquello, su antigüedad no era sinónimo de atraso; Antes al contrario. Su imponente pétreo testimonio de sabiduría y esplendor, seguramente dieron pie a la expresión “Todo tiempo pasado fue mejor”.
De nuevo Egipto da muestras del genio que le hiciera brillar bajo el Sol en su remoto pasado, sin necesidad de abundar en los conocimientos de geometría, elaboración de calendarios, avances en la navegación, técnicas de construcción o cuantas ciencias y artes sirvieron antaño para hacerla merecedora del noble título de “Cuna de la civilización” heredera de los Atlantes. Ha bastado para mi, que la fiscalía haya pedido formalmente la Pena de Muerte para el Tirano recientemente derrocado.
Es verdad, y así hemos de reconocérselo, que los EEUU, la mayor Democracia contemporánea, a lo largo de su joven historia, ha ofrecido varios episodios de Magnicidio que aún de factura individual achacados a dementes, han sido muy efectivos, por lo que seguramente en un futuro no muy lejano nos ofrecerá también ejemplos tan civilizados como el que durante estos días nos brinda para el avance de la ciencia política, la sociedad egipcia.
Sin embargo, mientras aguardamos mejores muestras del Imperio, últimamente algo está cambiando a nivel mundial: Israel condena a un ex Presidente, Ucrania encarcela a su anterior Primera Ministra…pasos tímidos, pero inequívocos, hacia el ideal de ejecutar de modo pacífico y democrático a quienes se han servido del poder para atentar contra su propio Pueblo. Reconozco que mi afición a la egiptología juega en contra de la objetividad para ver el paralelismo con sus inmediatos antecedentes de lo sucedido con el matrimonio Ceaucescu, lo acaecido en Irak con Sadan Husein o el más cercano y vecino trance libio de Gadafi. Pero hay notables diferencias entre estos desenlaces de la historia que recuerdan a algunos, eso de que son mortales, y lo que está pasando en Egipto, no digamos ya comparado con la eliminación de Osama Bin Laden.
En Rumanía como en Egipto, fue una parte del Régimen la encargada de eliminar a la otra parte: los Tiranos fueron juzgados de modo sumarísimo, sin tiempo para su defensa, en un tiempo record y ejecutados a escondidas como si se estuviera cometiendo un crimen del que avergonzarse; Lo de Irak fue tres cuartos de lo mismo con el agravante del concurso directo y necesario de una potencia extranjera. Y lo de Libia fue toda una chapuza porque es evidente que su ejecución no fue premeditada, de lo contrario no se hubiera difundido sus imágenes capturado vivo. Egipto por el contrario está respetando todos los procedimientos necesarios antes de ejecutar a su Tirano: primero le ha depuesto sin derramar demasiada sangre; inmediatamente le ha colocado bajo arresto y le ha sometido a juicio con las debidas garantías procesales; Tercero, el proceso se está llevando a cabo con luz, taquígrafos y observadores internacionales; Cuarto, la Fiscalía ha solicitado Pena de Muerte por los crímenes cometidos…nada de dejarle morir en la cama.
Por lo que se ve, no es necesario ser una Democracia plena – Egipto no lo es – para asumir comportamientos profundamente democráticos, de igual manera que no es preciso ser una Dictadura reconocida, para que las Democracias formales se comporten como tales. Casi me atrevería a postular que de ser Egipto a estas alturas una Democracia al estilo occidental, la Fiscalía no se habría atrevido a pedir la Pena de Muerte para un ex mandatario, que lo del juicio de Núremberg fue la anécdota.
Pues bien, este es el camino para mejorar nuestra Democracia formal: introducir en el Código Penal, la posibilidad de ejecutar a los anteriores gobernantes de modo racional, pacífico y democrático, si estos han cometido crímenes contra la sociedad. Porque lo que sucede actualmente con su sacrosanta absoluta impunidad, antes durante y después de las tareas de Gobierno, es más propio de las mejores Tiranías eternas que otra cosa. En su defecto oremos por que el buen Dios les de su justo castigo.
Hambre de justicia
Cuando cerca de dos mil millones de personas están en huelga de hambre permanente de modo involuntario no pareciéndole importar demasiado a nadie por no cotizar en bolsa, las únicas huelgas de hambre reivindicativas que merecen mi respeto entre nosotros, son aquellas que se emprenden con la inequívoca determinación de concluirlas hasta obtener lo que se reclama, realidad que no demuestra la justicia de lo reclamado, pero al menos es un buen indicio de su posibilidad.
Tohuami Hamdaoui, marroquí de 41 años, es desde el pasado Lunes por la mañana, el primer preso común en morir en nuestras instituciones penitenciarias por mantener una huelga de hambre tras cinco meses de protesta en el transcurso de los cuales se le ha alimentado por vía intravenosa contra su firme voluntad que no pudo ser quebrada ni psicólogos, ni por sus familiares llegados del extranjero para convencerle de que depusiera su actitud; Tal ha sido hasta el final su forma de exigir justicia para su persona.
Los datos positivos que están detrás de este fatal desenlace son los siguientes: Los hechos juzgados en 2008 se remontaban a cinco años atrás; El entonces acusado, que ya había pasado cierto tiempo en prisión provisional y puesto en libertad antes de celebrarse el juicio, se declaró inocente ante el tribunal y negó haber violado a la menor, de 13 años cuando ocurrieron los hechos, aunque la víctima ya con 18 en el juicio aseguró reconocerle. También unos testigos declararon que le habían visto en la zona y un amigo negó que hubiera estado con el procesado a la hora en que se produjo la agresión sexual, como declaró el sospechoso. La Audiencia desestimó una de las pruebas favorables a Hamdaoui consistente en una cazadora que llevaba puesta la niña y que tenía restos de semen que no coincidían con el ADN del acusado, cosa debida, según declaración de la menor y de su madre, a que se la había prestado ese día una amiga que no compareció en el juicio ratificando el extremo aducido. Ya condenado en firme, Hamdaoui que mantuvo en todo momento su inocencia, permanecía en prisión desde el 2009 e inició la huelga de hambre en febrero de 2011 como único modo que le quedaba para que la justicia revisase su situación. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Las mías se inclinan a creer que algo muy raro ha sucedido aquí:
Dado que la mente humana tiene innumerables recursos para engañarse a si misma, que una persona se ponga en huelga de hambre indefinida y la mantenga con todas sus consecuencias puede ser simplemente un subterfugio para atraer sobre el verdugo la simpatía que desmerece, un truco para una vez probada su culpabilidad, sembrar dudas sobre su culpabilidad, incluso puede tratarse de la reacción natural de alguien cuya conciencia rechace como la de cualquier otra la atrocidad que se le imputa que se resiste a aceptar haberla cometido cuando así ha sido en un estado alterado transitorio…Ahora bien: las instituciones penitenciarias, los tribunales y los profesionales experimentados que en ellos trabajan diariamente, cuentan con las suficientes herramientas y conocimientos como para distinguir cuando alguien finge, simula o sufre de negacionismo en su protesta, de quien da muestras continuas de estar verdaderamente convencido de su inocencia al extremo de poner en riesgo su vida. Al margen de los datos positivos expuestos de la historia procesal del condenado que motiva su reclamación, contamos con los siguientes indicios para evaluar si nos encontramos ante un impostor o alguien desesperado por sufrir un kafkiano fallo judicial, a saber: lo primero es saber si el penado tenía antecedentes relacionados con el delito por el que ha sido condenado, condición que no parece concurrir en la persona de Hamdaoui; lo segundo es constatar su firmeza en la declaración de inocencia verificando si la ha cambiado o matizado con el tiempo: tercero tomando nota de si ha querido negociar su declaración de culpabilidad con la fiscalía a cambio de una reducción de condena; cuarto si ha intentado escapar al tribunal durante el periodo en que estuvo en libertad desde el momento en que se cometió la agresión hasta el momento en que fuera juzgado, que tampoco parece ser el caso; quinto su comportamiento y actitud ya en prisión, buscando patrones comunes con agresores sexuales; sexto la seriedad con que empieza y mantiene su protesta al punto de quitarse las agujas mediante las cuales se le administraba el suero para sostenerle las constantes vitales; Y finalmente, que sabedor de la posibilidad real de morir de forma inminente, lo eligiera, a reconocer su culpabilidad en un país como España, donde los pedófilos y violadores gozan de la simpatía de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por no hablar de las complicidades policiales, eclesiásticas y empresariales que le hubieran permitido salir en breve plazo por buen comportamiento.
Pero también la memoria es muy traicionera y recuerda lo que quiere recordar pasados más de cinco años y podría suceder que las ganas de satisfacción moral por el agravio y violación de una niña, llevase a esta, a encontrar venganza en alguien de la misma raza que el agresor, con quien puede haber un parecido razonable para quien no está acostumbrada a discernir los rasgos diferenciadores de la misma ¡todos los chinos son iguales! comprensible tendencia de la víctima a la que no escapan ni los jurados ni los tribunales…
De todos modos, me parto de risa en sólo pensar la cara de tonto que se le habrá quedado a ese pobre infeliz llamado Miguel Montes Neiro que lleva más de 35 años en prisión sin haber cometido delitos de sangre y varios meses también en huelga de hambre implorando un indulto zapateril que no llega, al saber por los medios que en la foto finish un inmigrante le ha arrebatado el honor antedicho de ser el primer preso común en morir en nuestras cárceles y evidentemente es muy difícil que su muerte sea la última, carrera mortal a cámara lenta que para nada interesa suceda entre nuestras fronteras que nos imposibilita diplomáticamente para dar lecciones de democracia y Derechos Humanos a países como Turquía o Israel. El deseo de instituciones penitenciarias es que quienes deseen transmitir sus quejas por su injusta situación en prisión, elijan la vía rápida del suicidio por sobredosis u ahorcamiento, procedimientos ya habituales en nuestros centros de reinserción social fáciles de explicar por el forense médico y más aún por el relato periodístico que lo despacha en dos líneas.
Gratuidad de la injusticia
Tanto se ha hablado injustamente de la gratuidad de la Justicia pagada justamente con nuestros impuestos que esta, la Justicia, tomándose la justicia por su mano, ha decidido en justicia ajustarse a dicha gratuidad, al menos, en aquellos casos en que su fallo, hace honor a la acepción coloquial manejada por los legos en jurisprudencia. O eso es lo que se desprende de la última resolución del Tribunal Supremo negando las indemnizaciones contempladas en la Constitución para compensar económica y moralmente a cuantos ciudadanos desgraciadamente hayan sufrido pena de prisión siendo posteriormente declarados inocentes del delito que se les imputaba.
Hasta la fecha, los afectados eran merecedores de estas medidas reparadoras siempre y cuando se hubiere probado bien la inexistencia del delito juzgado, bien que aún existiendo el mismo, la persona hubiera sido declarada inocente de su comisión, que es precisamente lo que ahora revoca dicha instancia. La nueva doctrina – al margen de la crisis que todo lo explica – aparece a colación de la llamada de atención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la Justicia Española por distinguir entre los declarados inocentes anteriormente receptores de las indemnizaciones y aquellos cuya culpabilidad no ha podido ser suficientemente probada para quienes nunca estuvo contemplada reparación económica alguna en nuestro sistema judicial, pues el agravio suponía de facto atentar contra el derecho a la presunción de inocencia de una persona que había sido absuelta.
Pues bien, el TS, en vez de extender el resarcimiento por prisión injusta a cuantos casos fuera menester, ha optado por restringirlas únicamente al primer supuesto expuesto, cuando el delito juzgado siquiera haya existido, actitud que a muchos doctos y profanos ha sorprendido, pero no así, a cuantos somos conscientes del montante económico que podría suponer para las arcas del Estado tener que resarcir al ingente número de inocentes que pasan por nuestras prisiones. En consecuencia, podemos darnos por contentos que todavía se mantenga que la inexistencia del delito otorgue algún derecho a cierta satisfacción para con quien ha padecido un daño irreparable, como es ser acusado en falso, privado de libertad, separado de familiares y amigos, ver interrumpida la vida laboral, estigmatizado de por vida, sin contabilizar las variadas experiencias carcelarias, pues de continuar saliendo tan cara la justicia a los ciudadanos honrados para quienes en rara ocasión nos sale a cuenta mantener tanto Palacio togado, mientras tan barata les resulta a quienes de continuo atentan contra su sagrada realidad espiritual y nuestro bienestar material, la gratuidad de la injusticia puede ser plena de probarse que alguien acabó en la cárcel sin detención previa y por propia voluntad, en cuya circunstancia, hasta podría reclamársele al desdichado privado de libertad, cierta cantidad en virtud de alojamiento y Pensión Completa indebida disfrutada durante el periodo de espera al juicio que nunca hubo de ser y que por supuesto, también es susceptible de endosarse sus costes procesales, al preso imaginario.