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Ministerio de Indultos y desimputaciones

La condena a cuatro años de cárcel a Pedro Pacheco por enchufar sólo a dos compañeros de partido siendo alcalde de Jerez de la Frontera, ha causado alarma social por cuanto de continuar en su afán de criminalizar la corrupción político-financiera del país, los tribunales y Magistrados van a crear una burbuja carcelaria muy difícil de sostener para las arcas del Estado, toda vez, tenemos suprimidos los trabajos forzados.

No seré yo quien defienda la tesis de que personas como Miguel Blesa y sus secuaces, queden impunes por problemas de espacio en un país donde como dijera en su día un director de asuntos penitenciarios interpelado por los periodistas acerca de la “Crisis carcelaria “¿Crisis? ¿qué crisis? ¡Cada vez hay más!”. Empero, creo oportuno replantearnos la conveniencia de invertir más dinero del que seamos capaces de recuperar por tan estéril procedimiento, pues no veo yo cómo vamos a reeducar a esta gente que ha estudiado en los mejores centros privados de la nación para cometer soborno, cohecho, malversación, desfalco, apropiación indebida…

Dado que estoy sólo en la defensa de la Pena de Muerte por ingesta de oro fundido para delitos económicos superiores a los 5 millones de euros cometidos contra la comunidad sólo eludible previa devolución del importe sustraído y de recibir unos azotes, únicamente me resta proponer un plan estratégico para la creación inmediata de una red privada de Centros Penitenciarios de lujo cuyo coste y mantenimiento correría a cargo de los condenados que se lo pudieran permitir. Además de crear puestos de trabajo, nos ahorraríamos el paradójico montante económico que nos supondría mantener a quienes nos han robado. Pero como el acostumbrado cortoplacismo político difícilmente podrá atender dicho plan estratégico, lo mejor será tomar el atajo acostumbrado del indulto vía Consejo de Ministros a la que ahora se ha sumado la técnica fiscal de la Desimputación.

Ahora bien, una sociedad moderna, no puede permitirse el despilfarro de tener a todo un Gobierno atendiendo de continuo solicitudes de indulto, estudiando casos, firmando su concesión y dando ulteriores explicaciones en los medios de comunicación de por qué a fulanito sí y a menganito no. Urge crear un Ministerio de Indultos y Desimputaciones para anticiparse, por una vez, a una demanda social que clama a gritos por la indultación inmediata y si es preciso hasta preventiva, de todos los políticos, empresarios, periodistas, banqueros, clérigos…que estén implicados en algún proceso penal en curso o por abrir. Un Ministerio de Indultos y desimputaciones sería visto por la población como más útil a las necesidades inmediatas del país que el de Trabajo, Fomento, Educación o de Portavoz.

Evidentemente, las personas indultadas deberían realizar un acto público de contrición repitiendo la fórmula “¡Lo siento mucho! ¡Me he equivocado! ¡No volverá a ocurrir!” además de comprometerse a ayudar financieramente a alguna Oenegé para aliviar el problema de vivienda en Mali, realizar tareas de patrocinio deportivo de los clubes de futbol y mecenazgo artístico de los miembros de la SGAE o en su defecto pagar durante varios años publicidad en los medios, aunque no estaría de más que también concedieran donativos a los partidos políticos, a los sindicatos, asociaciones de abogados, jueces y fiscales para fortalecer la Democracia española que tan necesitada está de gestos altruistas y desinteresados como esos.

Es posible que alguien contemplara en estos actos de reparación más la causa que el efecto de nuestra corrupción sistémica por cuanto con ello pudiera pagarse el silencio de unos, la complicidad de otros y la conformidad de todos. Y es aquí donde yo quería llegar: ¿A caso no somos todos culpables de la situación por haberlo permitido por activa o por pasiva? Efectivamente, si la crisis económica ha sobrevenido por haber vivido todos por encima de nuestras posibilidades, no es menos cierto que la crisis moral ha aparecido porque todos nos hemos corrompido más de la cuenta. En consecuencia, nada malo hay en indultar y desimputar a cuantos haga falta, porque en su pecado va nuestra penitencia.

Plena inmunidad para los políticos

http://www.youtube.com/watch?v=ukMQDh8nxkI

Dado que los Partidos Políticos operan en la práctica como auténticas organizaciones para la comisión del crimen y el delito en funciones de captación, formación, amparo, complicidad, etc, no podemos consentir por más tiempo que sean juzgados y condenados los menos hábiles de entre sus miembros, menos aún cuando estos son auténticos demócratas de condición representativa como es el caso del que fuera Presidente de la Comunidad Autónoma Balear, Jaime Matas, quien recientemente ha recibido una sentencia ejemplarizante de seis años de prisión, cosa que me parece un entero despropósito porque, así como no se puede dejar de pagar primas millonarias a los altos ejecutivas de los bancos que nos han llevado a la ruina mientras se han beneficiado en jugosos dividendos todos nuestros ahorros, nuestras jubilaciones, nuestros impuestos en ayudas y subvenciones, por miedo a que abandonen el barco ahora que se hunde para ponerse a sueldo de un mejor postor, así viene a suceder, pero a la inversa, en el caso de los juicios a los representantes políticos pillados en corrupción durante el ejercicio de su cargo, que no deberían ser sometidos a juicio en ningún caso y si lo fueran jamás de los jamases habrían de ser declarados culpables, y de serlo, más pronto que tarde, lo suyo sería concederles un indulto total desde el Gobierno, para evitar que en el futuro próximo a los puestos de mando del país, lleguen gentes sin ambición por temor a ser procesados algún día.
Lo que está aconteciendo últimamente con tanto juicio y condena por corrupción, me tiene bastante preocupado. De seguir esto así, en este país, nadie va a estar interesado en meterse en política; ¡Hay formas menos arriesgadas de robar! Como por ejemplo en finanzas, aunque para ello son necesarios estudios superiores que no están al alcance de cualquiera sea de su bolsillo o de su capacidad mental. Si a ello le unimos el hecho de que, a ningún mangante a estas alturas le pasa desapercibido que en las Arcas Públicas circula el aire que da gusto, es fácil adivinar que la carrera política va a tener menos interés que las Paraolimpiadas y a ella sólo concurrirán idealistas, moralistas y resto de buenas personas, cargadas de buenas intenciones, pero nadie capaz de resolver los problemas con los que se han de enfrentar los políticos profesionales, cuyo primer propósito consiste en mantener el orden y la paz social mientras se trabaja en el reparto y distribución a partes desiguales de la riqueza entre la población, por medio de la fuerza y la coacción. Y que quieren que les diga…la gentuza que actualmente hay en los Partidos, hemos de reconocer que esto lo sabe hacer muy bien.
Pero si los criminales que hasta ahora han visto factible dedicarse a la política en democracia para organizar de modo sistemático, planificado y legal el saqueo del pueblo, empiezan a sospechar que de su acción de Gobierno se pueden seguir tantos perjuicios particulares como los que ha de padecer un ratero de barrio en la periferia de la ciudad, entonces se abstendrá de andarse con debates y leyes y derivará toda su ciencia criminal a otro sector que le comporte menor margen de peligro, como pudiera ser la industria de la alimentación, que es lo que ha sucedido en los Estados Unidos con tanta vigilancia como hay de las cuentas públicas.
Por todo ello, comprendo y aplaudo la Alianza establecida en este sentido entre la Banda Socialista y la Banda Popular para firmar a toda velocidad indultos para todo el hampa, como los recientemente concedidos a dos miembros de CiU, a modo de ensayo general de la que se avecina. Porque si un político ha de ir a la cárcel para que se le indulte, entonces en breve será necesario excarcelar a etarras para dar cabida a sus Señorías. Y evidentemente eso no puede ser.
Con todo, creo que el Legislador, que en España es tanto como decir el Ejecutivo y el Juez de la situación, no se aplica lo suficiente en el caso que nos ocupa. A mi modo de ver las cosas, la capacidad criminal de sus Señorías debe ir acorde al grado de inmunidad que del ejercicio de nuestra representación se desprende y en consecuencia, lo correcto sería, que viendo la persona aumentada por su cargo la capacidad de su poder para la comisión de delitos continuados, no me parece digno de un Congresista, Senador o Alcalde, que pueda sometérsele, con o sin motivo, a la vergüenza de ser llevado ante tribunal alguno, todavía menos ser condenado en firme, no digamos ingresar en prisión viéndose en la necesidad de pedir un indulto. Todos nuestros políticos, deberían contar con la misma inmunidad que goza Don Juan Carlos, quien por cierto, de cometer delitos, no los haría nunca en representación nuestra, sino del Estado, de ahí que los aprendices en el oficio de la representación, aplaudan tanto a su Maestro.