Comienza a dar frutos las iniciativas que tomamos en relación al Valle de los Caídos

Miércoles 3 de enero de 2018

En su día fui acusado por la Asociación del Valle de los Caídos porque en un debate parlamentario dije que ,”como en la película El Puente sobre el Río Kwai, lo mejor sería volar aquel monumento construido con la sangre, el sudor, las lágrimas y la vida de los republicanos y nacionalistas encarcelados por Franco”. Llegó al Supremo y el caso fue sobreseído.

Posteriormente contacté con Silvia Navarro que preside una Asociación que se ocupa de lograr que los familiares de los enterrados sin permiso en el Valle puedan ser exhumados y sacados de allí y cuando Risto Meijide me llevó a su programa de entrevistas, el Chester tapizado con el Guernica de Picasso, y al final, lo subastó dije que lo que se obtuviera se dedicara, con ese dinero a poner en marcha un proceso de denuncia que comienza a dar sus frutos gracias a la perseverancia de Silvia y al trabajo profesional de Eduardo Ranz que lo hace muy bien.

Y hoy la noticia es que una docena de familiares de ocho personas que fueron enterradas en el Valle de los Caídos han denunciado al Prior administrador de esa abadía, Santiago Cantera, porque, según alegan, se ha negado a realizar los trabajos de exhumación de los restos mortales de sus parientes. Eduardo Ranz, el abogado que presentó ayer las denuncias ante un juzgado de instrucción de San Lorenzo del Escorial (Madrid), señalaba en un comunicado difundido que Cantera ha cometido “un delito de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de desobediencia y resistencia” al oponerse a permitir la exhumación de estos cuerpos.

Según el letrado, Patrimonio Nacional ha reconocido el derecho a exhumar de las familias afectadas tras resolver que se trata de “una sepultura de cementerio público y no religioso”. Con estos argumentos, solicita en las doce denuncias interpuestas que se condene al responsable de la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos a “realizar trabajos de exhumación a plena fosa”.

Asimismo, Ranz pide al prior que se “disculpe cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo” y que se entreviste con familias víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Además, reclama que “sea condenado a estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas”. De los ocho cuerpos cuya exhumación se solicita, dos pertenecen al bando nacional y seis al republicano.

El abogado explica en la nota que una resolución de Patrimonio Nacional establece que a los osarios existentes en el conjunto monumental del Valle de los Caídos, adyacentes a las capillas de la nave central y de la nave del crucero de la Basílica, les corresponde la calificación jurídica de “cementerio público y no la de cementerio de la Iglesia sin que, por tanto, tenga la condición de lugar sagrado ni les alcance por ello la garantía de inviolabilidad” del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede.

Los abogados que han presentado la denuncia recuerdan una resolución de Patrimonio Nacional emitida el año pasado que “reconoce el derecho de esta parte a la exhumación de los restos mortales de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás, y de las peticiones de exhumación de los restos mortales de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno”. Las denuncias, que ya han sido registradas, aún no han sido admitidas a trámite.

Ranz lamenta que el responsable del Valle de los Caídos no cumpla con las sentencias judiciales. “Lo mismo que ocurre en Cataluña, ocurre en el Valle de los Caídos, una ley que no se cumple, una sentencia que no se ejecuta, con la diferencia de que unos están en la cárcel y otros en misa”, critica en alusión a los dirigentes soberanistas catalanes que están en prisión provisional. La razón por la que se han presentado doce denuncias es que algunas están impulsadas por distintos miembros de la misma familia de los ocho enterrados.

Fusilados en Zaragoza.

El padre Santiago Cantera llegó a negar el paso a varios técnicos del Estado, impidió la instalación de una microcámara y envió una carta en la que informaba de que vetaba la entrada en la iglesia, donde están enterrados los más de 30.000 cadáveres de franquistas y víctimas del franquismo, así como los hermanos Lapeña, que un juez ha ordenado exhumar.

Esta investigación se procederá a llevar a cabo en la Cripta adyacente a la Capilla del Santísimo y en el nivel tercero de la Cripta adyacente a la Capilla del Santo Sepulcro, ambas del cementerio público del Valle de los Caídos. Las actuaciones técnicas preliminares fueron encargadas al Instituto Eduardo Torroja del CSIC.

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Lorenzo de El Escorial autorizó la exhumación por la vía civil de los restos de los hermanos Lapeña, que fueron fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza) y después trasladados al Valle de los Caídos sin autorización de sus familiares. Sus descendientes también se han unido a las denuncias presentadas contra el Prior.

Silvia Navarro, a la que un día la describí como persona “inasequible al desaliento”, sigue en su lucha pasito a pasito y logrando con Ranz éxitos que culminarán con esta falta de sindéresis de un Prior que debería ser más cristiano.