España es un país contradictorio, de lealtades ciegas o de traidores, estancado en la pereza o impelido por la ansiedad. Esto explica que durante treinta y seis años haya blindado su Constitución -nacida del detritus de la dictadura- a pesar de sus carencias y que ahora sienta la necesidad de darle un repaso sin definir el alcance de la reforma. ¿Qué ha pasado para que la democracia española tenga, por fin, percepción de su obsolescencia? Seguramente, hay una causa de fondo y diversos conflictos coincidentes: los efectos sociales de la crisis económica han carcomido la política y puesto en cuestión a toda la clase dirigente, rompiendo los falsos equilibrios de las últimas tres décadas y poniendo en evidencia la tremenda debilidad ética y democrática de partidos e instituciones. La corrupción y el mal gobierno, pero también los males originales de la transición, han hecho trizas el sistema, del rey para abajo. Nadie sale indemne de este tsunami: las fuerzas políticas, el bipartidismo, la monarquía, el poder financiero, el capitalismo, los sindicatos, la Iglesia, la universidad, los medios de comunicación, la cultura, la familia… todos pierden sus viejos y privilegios. Y todos temen no conservar su primacía en el futuro y por eso se apresuran a buscar remedio. ¿De verdad?
Hay, pues, un sentimiento de culpa general para emprender la reforma del marco jurídico. Pero reforma no es cambio: es acomodo, retoque, adaptación, apaño, ligereza, conveniencia... mientras que cambio significa variar el modelo, penetrar en su núcleo y afrontar con criterio y valentía una renovación completa. PP y PSOE, como los altos poderes, no asumen el sentido de transformación esencial que precisa el Estado. No aceptan la realidad completa, porque su conciencia de culpa es difusa y descargan su responsabilidad en las circunstancias y los males ajenos. Como si el proceso catalán, los desequilibrios económicos y sociales y el recorte de derechos y libertades tuvieran su origen la debacle de Lehman Brothers. Pero el pretendido y no muy sincero afán de reforma tiene otras influencias, como la crisis de la soberanía, las abusivas ventajas empresariales y la debacle del modelo de Estado, con especial referencia a la monarquía.
El beneficio de la soberanía
Poco a poco, España ha entendido que en Cataluña hay una mayoría favorable a una consulta sobre la soberanía. En este contexto hay que situar el deseo de evolución constitucional: para escenificar, como medida de disimulo, el reconocimiento de las especificidades catalana y vasca, mediante un cambio semántico de nacionalidades a naciones, junto con algún retoque de la financiación. Algo así como una ambigua asimetría unitaria, la cuadratura del círculo. Los socialistas inscriben la reforma dentro de su proyecto federal, aún no formulado y que por sí mismo no implica ningún avance, porque hay muchos modelos federales y algunos son más regresivos que el actual Estado de las Autonomías. En este sentido, la propuesta federalista es más bien una traca de fuegos artificiales para crear una realidad aparente y no un verdadero proyecto de regeneración.
Dudo que España tenga densidad democrática para redefinir la cuestión de la soberanía, uno de los conflictos que subyacen en el impulso de la anunciada reforma. Los españoles se ven propietarios de la soberanía aún sin ser acreedores legítimos de la misma. Su ilegitimidad se ha impuesto, de tiranía y tiranía, hasta llegar al fraude histórico de la transición. Y en él seguimos, forzados a una convivencia crítica e imposible. Pues bien, ahora, más de tres décadas después, dispone de la oportunidad de rehabilitarse. La operación se llevaría a cabo en dos fases: en la primera, el Estado se conformaría como confederación y cuyos miembros tendrían reserva de su soberanía, con competencias blindadas y de mayor alcance que las actuales. Y en una segunda etapa, los estados que lo quisieran podrían ejercer su derecho a la autodeterminación a partir de determinadas condiciones y con garantía de continuidad en la Unión Europea y el euro. Lo demás es asunto de voluntad y decencia moral. España puede seguir con el lastre de su falsedad o dar rienda suelta a la libertad con consecuencias razonables.
Pero los beneficios de esta mítica reforma jurídico-política se enfrentan a los maleficios de los poderes reales, temerosos de que, junto a la inestabilidad del nuevo modelo, aparezcan los contrapesos democráticos que acaben con las prerrogativas vinculadas a los intereses económicos. Antes que la política, en España manda la alta economía y su entorno. En el fondo, es la rivalidad entre riqueza y pobreza o, dicho en términos más moderados, entre élite y sociedad. Todo rico ve a los demócratas radicales como furiosos comunistas.
El maleficio de la economía
Lo que la política española llama unidad nacional, el poder económico lo denomina unidad de mercado. Ambos constituyen la “unidad de destino”. Es la certeza de la verdadera soberanía de la España eterna, su real formulación. Quien crea en la primacía de la política es un ingenuo. Al poder de la alta economía, como a todo déspota revestido de liberal, le aterroriza la fragmentación del mercado. Y no porque crea que hoy, globalizados y digitalizados, alguien tuviera la ocurrencia de instalar fronteras interiores, con gravámenes y fielatos. Es el fraccionamiento del poder político lo que le preocupa, porque lo vuelve incontrolable. Es el empoderamiento de las naciones, con conciencia de libertad y justicia, lo que blinda a la élite económica contra el ejercicio de la soberanía de los pueblos.
Quizás los socialistas españoles tengan alguna conciencia del valor de la libertad para un cambio constitucional que derive en un Estado asimétrico. Quizás posean criterio de justicia social frente a los privilegios. Aún así, los mayores obstáculos para la conversión del Estado español en una auténtica democracia están en el poder financiero y demás élite económica. Tienen en sus manos los grupos mediáticos para proyectar sus miedos sobre la ciudadanía y lanzar sus amenazas contra el reparto de la soberanía. Tienen la agenda y los tiempos bajo control, para ganar una pausa a la espera de que la recuperación económica y la creación de empleo rebajen las urgencias de cambio de sistema. Tienen en última instancia el poder de la fuerza. Y al Partido Popular a su servicio.
Ningún cambio en profundidad es posible sin enfrentamiento económico, incluso cierto grado de empobrecimiento inicial. Ahí está la épica de un pueblo. ¿Es capaz de asumir Cataluña este riesgo de alguna pérdida de bienestar durante un tiempo? ¿Lo es Euskadi? ¿Son conscientes las sociedades vasca y catalana de que sus mayores enemigos -los de su libertad y dignidad- son los miedos que les generan los poderes políticos y económicos para que apacigüen y aplacen sus ilusiones democráticas? ¿Están mentalizadas ambas comunidades de que solo la constancia resistente y la unidad en el objetivo de la soberanía son indispensables para ganar a tan potentes rivales? La situación es parecida a los antiguos asedios a las fortalezas, a las que se derrotaba a base de matar de hambre y sed a la población. El miedo al empobrecimiento es la dialéctica.
Pero estamos en el siglo XXI y ciertas prácticas autoritarias no son posibles, aunque persisten a no demasiados kilómetros de aquí, en la misma Europa. Personalmente, no creo en la sinceridad de la regeneración constitucional española, vista la pobre calidad de su clase política y la sumisión intelectual de la mayoría social. Hay una oportunidad lejana e, inesperadamente, la indignación popular derivada de la crisis es hoy el más fuerte aliado para diseñar un nuevo horizonte de soberanía en el Estado y alcanzar la legitimidad democrática. Vayamos con ellos.
