Fue el socialista Felipe González, teórico valedor de lo público, quien abrió la puerta a la privatización de la televisión. Fue hace 25 años. Primero Antena 3 y dos meses después Telecinco consiguieron un sitio en nuestras pantallas y desde entonces, del uso al abuso, de la competencia a la prepotencia, se han quedado con casi todo. Ambos grupos multimedia constituyen un duopolio, repartiéndose a partes iguales el 60% de los telespectadores y el 90% de los ingresos publicitarios, además de controlar, en régimen de exclusiva, la estratégica medición de las audiencias, vía Kantar, con intereses en Atresmedia. Esto es lo que ha dejado el festín privatizador, además de su más perverso resultado, la telebasura, un desastre ético y social nacido de las mismas entrañas de los canales empresariales, alimento cotidiano de varios millones de personas y emblema de un país que se ha perdido el respeto.
Sí, claro que sí, la televisión privada ha diversificado la oferta de ocio audiovisual, al que cada ciudadano dedica cuatro horas diarias. No hay duda de que los espectadores tienen mucho más donde elegir y disfrutan de un amplio buffet. Los Simpson son impagables, como lo fueron Los guiñoles y otras aportaciones creativas. Han propiciado un gran sector, las productoras, con un salvaje nivel de exigencia y miles de profesionales explotados. El mundo de la tele tiene mucho que agradecer a las cadenas privadas, cierto. Y mucho que temer de su patronal, UTECA, cuyas prácticas y discurso falaz son un riesgo para la libertad.
Aún siendo meros inquilinos del espectro radioeléctrico -de titularidad estatal- las cadenas comerciales pretenden romper el equilibrio público-privado y dejar en anécdota a las televisiones institucionales por efecto de calculadas campañas de desprestigio, su progresiva depauperación financiera y la pérdida de la publicidad, el neoliberalismo en la tele. El multimillonario Felipe dio el primer paso y ahora el PP está rematando la obra: privatizar la comunicación para privatizar la democracia.
