Desmarcados

Idoia Mendia es la portavoza del Gobierno vasco, además de consejera de Justicia. En su doble condición -porque transmite los mensajes de una institución y porque gestiona la Administración de Justicia en Euskadi- debe adoptar criterios de prudencia y contención en su tarea, de manera que la dignidad del Gobierno procure estar por encima de la ideología que lo inspira. Un requisito de todo portavoz (o portavoza, en su caso) es, además de conocer las actividades de su organización, la capacidad para proyectar una imagen amable, cercana, abierta, activa y eficiente del organismo al que representa. Antes de salir a la tribuna debe desprenderse de su chaqueta partidista y sus gustos personales. Debe ser responsable, qué  menos.

Obviamente, la Mendia carece de estas virtudes. Es arisca, improvisa constantemente y transmite el rostro más hostil y belicoso del Gobierno López. Es la Miguel Ángel Rodríguez con faldas (y a lo loco) de Euskadi. Es la cara más dura de ese proyecto fallido y fracasado que es el Gobierno presidido por López, impugnado por la democracia en las urnas y por la demoscopia en las encuestas.

La hicieron portavoza a Mendía porque es euskaldun. Pero solo esta condición no le valida como portavoza, pero tan necesitado estaba López de proyectar una cierta referencia vasquista de su Gobierno fieramente españolista, que pensaron que Mendia daba la talla. En esto es el equivalente de Carlos Iturgaiz: nadie quería ser (por desprestigio público y presión terrorista) presidente del PP, por lo que optaron por el acordeonista que, aunque con pocas luces, era euskaldun. Mendia e Iturgaiz son el remedio de algunos males que terminan siendo peor que la enfermedad de sus partidos.

La portavoza dijo el pasado martes que “que el informe policial sobre el ‘caso De Miguel’ de presunta corrupción en Álava «pudiera apuntar a un presunto caso relacionado con el PNV y financiación». Y ha difundido semejante infundio después de advertir (y advertirse a sí misma) que “hay que ser «prudentes» y «esperar a que los tribunales finalicen su labor y digan en la sentencia qué es lo que hay». O sea, no digo que seas un ladrón, pero creo que has robado. Y esto manifiesta la portavoza sin separarse de su cargo de Consejera de Justicia, con lo que se salta, además de la prudencia, la presunción de inocencia insinuando con indisumulada vileza que el PNV, como partido, está implicado en la trama de corrupción alavesa.

Estupefacto ante el espectáculo de la portavoza, toca hacer varias preguntas, más o menos retoricas. ¿Qué clase de pedagogía democrática cabe extraer de las palabras de la consejera de Justicia en las que se vulnera la presunción de inocencia? ¿Es digno de representar a la ciudadanía quien desde la tribuna institucional pone el ventilador de la porquería para salpicar a todos? ¿A qué juego partidista juega el PSE al sumarse desde las instituciones a la erosión de un partido rival, careciendo de pruebas y fundamentos para implicarlo? ¿Es la presunta corrupción alavesa un instrumento de presión socialista contra el PNV para someterlo a determinados consensos con la coalición gobernante PSE+PP?

El Partido Nacionalista Vasco debe responder con contundencia al juego repugnante de la portavoza. De entrada, debería solicitar su dimisión por negar la presunción de inocencia al PNV y los implicados siendo consejera de Justicia. ¿O tal vez hay que entrar en otro tipo de respuesta? Quizás haya llegado el momento de hacer público algunas posibles ilegalidades familiares de la portavoza, toda vez que resulta chocante que la responsable de la Administración de Justicia en Euskadi pueda situarse por encima o al borde de la ley.

Tenemos, lo ha dicho el Euskobarómetro, un Gobierno al que solo el 15% le merece confianza. Un Gobierno sin rumbo ni futuro. Un Gobierno interino que ha perdido en las urnas y también la dignidad. Un Gobierno muerto y tramposo con una portavoza no menos tramposa.

La política (entiéndase en el mal sentido, como se concibe el marketing, por ejemplo, en el mundo del arte, algo impuro que viene a menoscabarlo todo) es la acusación perfecta contra cualquier actividad pública o privada digna de ser denostada. Es como si se nos exigiera, para que un acto u opinión sea bien considerado, prescindir de todo pensamiento ideológico y las personas fuéramos radicalmente duales: no-políticos, es decir, en estado de racionalidad; y políticos, cuando somos irracionales y perdemos el alma por el pecado de nuestras ideas. Tengo para mí que el odio manifiesto a la política es, como el Valle de los Caídos, una de las muchas secuelas del franquismo.

“La oposición a que regrese la Vuelta a España a las calles de Euskadi es política y no obedece a consideraciones deportivas”, se ha dicho desde determinadas instituciones, políticas, naturalmente. Aquí es donde la actitud antipolítica llega al paroxismo: cuando una opinión de rechazo a una iniciativa deportiva se descalifica por política, aunque el hecho de su celebración sea igualmente política, pues tiene el apoyo activo de las instituciones. Quiere esto decir que, según los denostadores oficiales, las decisiones tomadas desde los gobiernos son políticas-buenas; pero las réplicas de la oposición son políticas-malas e intrínsecamente perversas. Con semejante pedagogía democrática es difícil que un país respire bien su libertad y no termine por ahogarse en su falta de oxígeno.

Repasemos la cuestión como si fuera una ronda por etapas.

Primera etapa: ¿La decisión de que la Vuelta a España 2011 pasara por Euskadi tuvo el impulso político del Gobierno de López? Claro que sí y se inscribía dentro de la estrategia simbólica (la llamada normalidad) del pacto PSE+PP y sus afanes antinacionalistas. Siendo esto así no sé a qué viene la escandalera por el hecho de que grupos y asociaciones abertzales, con sus argumentos políticos, tan legítimos como sus contrarios, se posicionen frente al paso de la Vuelta a España por Bilbao, Vitoria y otros municipios vascos. Si la iniciativa es política, ¿qué argumento superior deslegitima una respuesta política de signo opuesto? En la batalla de los símbolos (porque esta es la cuestión central) no hay más razón que el puro exhibicionismo y los riesgos son de quienes convocan la reyerta y las oportunidades pertenecen a los opositores. De modo que, ya les anticipo, las etapas vascas de la Vuelta van a dar mucho juego… político. Y de que tal cosa se anime se encargarán unos (El Correo Español, ETB y el Gobierno de López) y otros (las entidades abertzales). Qué gran oportunidad para los saboteadores de ambos bandos y los constructores de trincheras.

Segunda etapa: ¿Es bueno o malo para Euskadi que la Vuelta 2011 transcurra por nuestro suelo patrio? Para los impulsores del evento, seguro que la lista de beneficios (económicos y políticos, además de los deportivos) es larga y positiva, mientras que para los antagonistas en este sainete político-deportivo Euskadi pierde por todas las esquinas: las subvenciones dadas, la identificación de Euskalherria como parte del solar español, la presencia de la Guardia Civil en nuestras carreteras (como si no viéramos cada día a los verdes cada día por aquí) y las molestias en el tráfico normal. Supongo que las dos partes tienen razón, de manera que los beneficios y los maleficios se equilibran. Cada uno verá en la cuenta general lo que más le interese. Mi opinión es que el tándem López-Basagoiti se colgará la medalla por tan magno acontecimiento y los nacionalistas opositores intentarán, por medios civilizados y no tan civilizados, que el tiro de la Vuelta les salga por la culata a los constitucionalistas. Lo veré desde mi atalaya de indiferencia, cartografiando la guerra de símbolos y gestos políticos que acompañarán al pelotón de ciclistas. Espero, eso sí,  que gane Euskaltel para compensar las cosas y consolidar el neto aspecto deportivo del asunto.

Tercera etapa: ¿Hay que apoyar la presencia de la Vuelta a España, una vez que ya la decisión está tomada? Es la opción pragmática. Siendo cierto que la ronda española vuelve a Euskadi por impulso político, vamos a hacer que los efectos sean los más positivos para el país y aprovechar la circunstancia para que Euskaltel se lleve el triunfo final de la prueba. Vamos, pues, a hacernos un poco de publicidad (por favor, no digáis propaganda) y hacernos notar como pueblo diferenciado en cada punto y municipio por donde transcurra la competición ciclista. Vamos a ser un poco inteligentes y convertir la amenaza de la asimilación simbólica en oportunidad para reivindicarnos civilizadamente como nación específica. Aprovechemos nuestras contradicciones para darnos un banquete de realismo. Opto por esta respuesta, “a la vasca”, en la que tenemos mucho más que ganar que perder.

Última etapa: ¿En qué nivel competitivo se sitúa hoy la Vuelta a España? En mi opinión, queda muy por debajo del Tour y el Giro, a la misma distancia que existe, comparativamente, entre la Champion y la Segunda B en fútbol. Es una prueba devaluada. En este contexto, el movimiento de gente en torno de las etapas vascas será mínimo y solo las maniobras de autobús y bocadillo de las autoridades de Lakua podrán activar un poco la participación popular. Creo que Ares teme que haya en las calles más presencia abertzale, a la contra, que aficionados al ciclismo. Tienen miedo López y Basagoiti que ocurra como con la pitada al rey Borbón en la final de baloncesto en el BEC o la rechifla contra el himno español en la final de Copa. Intentarán movilizar a sus bases. ¿Traerán gente de fuera para españolizar la afición?

Para mí, como observador y cuantos estamos de vuelta de estas peripecias, va a ser una gozada ver los afanes de unos y otros por ganar la revuelta, mientras los ciclistas, ajenos a esta historia, intentarán ganar la Vuelta.

El relato. Este es el nombre, escueto y determinante, que los vigilantes del sistema constitucional y sus activistas de la opinión pública le han puesto a la narración del conflicto político vasco. No un relato, sino el relato, lo que expresa la concepción patrimonialista de su pretendida crónica. Y dado que perciben que el desenlace de la violencia terrorista está próximo y que el final coincide con el fortalecimiento del voto abertzale (60% frente al 30% del sufragio españolista), se muestran muy preocupados ante la posibilidad de que la memoria de las víctimas sea marginada y se imponga un relato equidistante e injusto. Estamos en lo que Txema Montero llamaba hace poco en este periódico “la guerra de la memoria”. En realidad, se trata de una posición preventiva no por el reconocimiento social de los damnificados, que es solo su pretexto, sino por asegurarse un  balance histórico favorable a sus posiciones partidistas, esto es, del constitucionalismo español.

Hagamos las preguntas pertinentes: ¿Por qué tanto interés y ansiedad por escribir una historia que aún no se ha cerrado? ¿No suelen reclamar los historiadores cierta perspectiva de tiempo y un contexto no condicionado para la elaboración de un relato imparcial y completo? ¿Bajo qué premisas (o prejuicios) ideológicos se piensa redactar la crónica de Euskadi? ¿No se está sustrayendo a la sociedad vasca en su conjunto la iniciativa de hacer la narración de lo acontecido, es decir, una historia de todo, de todos y con todos?

Lo mismo que los personajes de Pirandello en su drama existencial Seis personajes en busca de autor, los actores de nuestra reciente historia -la ciudadanía vasca- han salido en busca del relato de la verdad, sin páginas arrancadas, sin falsificaciones y sin excesos emocionales que distorsionen la certeza de lo acaecido. En todo caso, la bondad de un relato no consiste en hacer juicios previos, sino en presentar los hechos con rigor y valentía. Las valoraciones vendrán después y no probablemente serán coincidentes aunque la verdad sea compartida. Una sociedad madura y no conmocionada es capaz de enfrentarse a su conciencia y sus fantasmas siempre que haya condiciones de serenidad y exista un equilibrio de información, opinión y diálogo público. No contamos, por ahora, con un clima propicio para semejante introspección.

Los guardianes de la memoria

Las mayores dificultades para la paz y la convivencia en Euskadi proceden, además de los últimos resistentes al abandono de la violencia, de quienes piensan que el ciclo se está cerrando en falso y que se está fraguando una paz aparente, porque no hay una escenificación de la rendición y tampoco un reconocimiento explícito del mal causado. O lo que es más improbable, una capitulación política. Hay un potente sentimiento de agravio que impide el tránsito de un tiempo de violencia a una época de reconciliación. Me conformaría con que esta emoción dolorida estuviese solo motivada por la exigencia de una disculpa sincera y una justicia reparadora; pero creo que existen otros impulsos, de naturaleza partidista, que quiebran el camino hacia la concordia.

Ahora que las víctimas cuentan con respaldo público y tras haber traficado electoralmente con su dolor, irrumpen en la escena los guardianes de la memoria para usurpar al pueblo lo que solo a él le pertenece: el relato de su historia. La malversación del recuerdo colectivo es un peligro y puede envenenar un proceso necesariamente parsimonioso y con no pocas contradicciones. Los guardianes de la memoria están en las filas del constitucionalismo para erigirse -también por vanidad- en jueces parciales de cuanto ha ocurrido. Y ya están escribiendo su particular relato. Los podemos ver en los medios de comunicación y en las cúpulas del PSE y PP, donde hay auténtico pánico a enfrentarse a la radicalidad de determinadas asociaciones de víctimas. Más aún, son sus ideólogos. Liberar la política institucional del extremismo e injerencia de estos grupos es un deber democrático. Hay que atreverse a decir basta, sin ningún complejo de culpa, a la furia del dolor y el odio expansivo de todo victimismo, que ni resuelve las cuentas con el pasado ni está interesado en construir el futuro.

Cuanto más presente y activa sea la intervención de los auto-designados guardianes de la memoria más complicada resultará la consecución de una plena convivencia, porque lo suyo no es, como dicen, evitar que la ciudadanía vaya de la injusticia al olvido, sino impugnar el proyecto abertzale, en su conjunto, como responsable moral e ideológico de nuestra historia de violencia. En este propósito se inscribe la imputación a la sociedad vasca de una cobardía general frente a ETA, así como su insensibilidad hacia las víctimas porque “miraban para otro lado”. Endosar a los ciudadanos una culpa que corresponde en exclusiva a los dirigentes de los partidos constituye una de las operaciones de manipulación más infamantes de cuantas hemos padecido. De ahí procede el arrebato institucional de llenar Euskadi de valles de los caídos, jugando a remediar con remiendos simbólicos.

Muchos ciudadanos han interiorizado esta falsa negligencia sin percatarse de que los acusadores tratan de doblegar emocionalmente a la mayoría nacionalista (los malos) para diferenciarla de los electores españolistas (los buenos) en una farsa que, previa ilegalización de la izquierda abertzale, culminó en 2009 con la conformación del Gobierno PSE+PP, presidido por López, que era parte del diseño de un relato que necesitaba los resortes del poder para consolidar un discurso de vencedores y vencidos, con una sociedad-víctima y una sociedad-culpable. Las conclusiones de este perverso relato están escritas de antemano: España derrotó a ETA y su ideal de soberanía, de lo que se deduce, por coincidencia y cercanía, la nulidad futura de todo proyecto nacionalista y su sumisión a la superioridad moral de España.

Entre dos extremismos

¿Quién teme a la verdad? Nadie que sea honesto. Euskadi es suficientemente madura como para decirse a la cara la verdad de estos años, lo malo y lo bueno de nuestra conducta colectiva. Es una obligación de todo pueblo poseedor de una alta autoestima. Pero esta es una decisión que debe adoptarse sin tutelas y tiene que estar salvaguardada de la falsificación de la historia real, cuya amenaza es patente. Es normal que ahora, en el final de un pasado convulso, la prioridad sea encarrilar el futuro y no tanto el arreglo de las cuentas pendientes. Es una tendencia natural que pronto dará paso al relato de lo acontecido. Esa es una tarea general y no de los siervos del sistema, tipo Arregi.

En este empeño, que hemos de acometer racional y nacionalmente, vamos a enfrentarnos a dos extremismos cuya responsabilidad en la historia se cifra en centenares de muertos de diferentes trincheras y en incontables abusos contra los derechos humanos y sociales. A ninguno de estos radicalismos (la izquierda abertzale y el Estado español) les interesa la pura verdad y solo buscan su específica justificación y cobrar su botín de guerra. Cuanto más acusatorio de lo ajeno y más exculpatorio de lo propio es un relato, peor es su catadura y su intención. La metodología para un relato honroso, realizable entre todos, es muy clara: primero es conocer lo ocurrido; segundo, entender por qué sucedió; después, pedir disculpas para ser perdonado y perdonarse y, por fin, olvidar de corazón para no volver nunca la mirada atrás.

JOSÉ RAMÓN BLÁZQUEZ

Consultor de comunicación

http://www.deia.com/2011/07/20/opinion/tribuna-abierta/euskadi-un-relato-en-busca-de-autor

http://www.youtube.com/watch?v=vwYBtEh2TDg

Los médicos, sean auténticos o de fantasía, ya no pueden hacer anuncios de alimentos, proclama la nueva censura; pero sí les está permitido protagonizarlos, con pecuniario empeño, a Manolo Escobar, Carmen Machi, Miguel Induráin, Jesús Vázquez y demás famosetes cuya autoridad como nutricionistas está mundialmente acreditada. Hasta Belén Esteban recomienda comer conejo español, con perdón. No lo entiendo. La prohibición, incluida en la Ley de Seguridad Alimentaria y aprobada hace poco en el Congreso, pretende preservar a los consumidores de la arrolladora credibilidad de los galenos en materia de salud; pero no cuestiona el efecto prescriptor que cantaores, cómicos y deportistas ejercen sin criterio sobre la dieta del ciudadano. Es como si la frivolidad pesara más que la ciencia.

Me enternecen los desvelos políticos por la objetividad de los mensajes comerciales, viniendo de quienes tienen en la retórica su primordial nutriente. Lo que no esperaba es que la exclusión inquisitorial contara con el aval de la Organización Médica Colegial, que aglutina a los colegios de doctores. Esta es su justificación: “No nos parece justo que se beneficie económicamente a una empresa, amparándose en la confianza que la población tiene en la profesión” Formidable ejercicio de purismo, señores, que bien podrían aplicarse a diario en la firma de recetas, no de cocina, sino de medicamentos, renunciando a los incentivos de la pródiga industria farmacéutica. Comprendo que la élite médica no quiera manchar sus inmaculadas batas blancas con el pringue de la publicidad, pero no pueden ignorar que Corporación Dermoestética, IMQ o la Clínica Universitaria de Navarra no crecerían sin el marketing de los insanos anuncios.

Quizás la publicidad y la medicina parezcan mundos opuestos: a los propagandistas se les culpa de la obesidad, el sexismo, el consumismo y la anorexia, mientras que de los facultativos se espera todo, la prolongación de la vida y hasta la felicidad en píldoras. Sin embargo, ambos tienen los mismos antepasados, los hechiceros.