Desmarcados

Nuestro país podría llamarse Anomalía en vez de Euskadi, Euskalherria o País Vasco. Porque aquí hay demasiadas anomalías, más de las que nos corresponden en el reparto proporcional de las contradicciones del mundo: se acusa de impositiva a la lengua minoritaria, paz es la palabra recurrente de quienes participaron de la violencia,e l líder de la fuerza que obtuvo más diputados en las últimas elecciones está en prisión, un Estatuto maltrecho rige la política institucional, la radicalidad política se solapa con un alto nivel de calidad de vida… y una alianza antinacionalista gobierna una sociedad netamente abertzale. Acostumbrados a la incongruencia y hasta satisfechos con nuestra elevada tasa de paradojas, asumimos como fatalidades sucesos y situaciones contra los que deberíamos rebelarnos para transformarlos en esperanzas.

El Gobierno de López es la cumbre de la anomalía vasca: accedió al poder en estado de excepción política, con la izquierda abertzale ilegalizada y en medio de una monstruosa campaña de criminalización del PNV, y hoy, repudiado por la democracia y la demoscopia, apenas lo respalda una mínima parte del electorado. Para seguir la tradición del absurdo, el lehendakari ha optado por mantener la ficción de su proyecto y enrocarse en su objetivo de acabar la legislatura, no tanto por lo que aún pueda ofrecer a la ciudadanía en estos tiempos de crisis total, sino para defender el último reducto socialista. No hay más razón en él que el patetismo del resistente. López vendería su alma al diablo por seguir sentado en el sillón y ganar tiempo para demostrar unas capacidades invisibles en tres años.

O adelanto electoral…

Estamos en esta anómala Euskadi en un escenario semejante al que Zapatero tenía en mayo de 2010, cuando su proyecto quedó liquidado con la implantación de los dramáticos recortes sociales exigidos por la UE, con la diferencia de que en medio de su desprestigio el presidente español poseía la legitimidad de las urnas y López no, con parecido descrédito. Y aunque se resistió, también para ganar un tiempo de recuperación, finalmente tuvo que adelantar las elecciones. El lehendakari, que preside un gobierno amortizado, tendrá que enfrentarse a la misma realidad que desarticuló a Zapatero y no podrá eludir el anticipo electoral, porque cuanto más retrase la llamada a las urnas más evidentes se harán los perjuicios para Euskadi, tanto en lo político como en la salida de la crisis. El frentismo es un inhibidor radical de toda solución.

¿Cuánto tiempo hurtará este lehendakari a la restauración de la legitimidad institucional y el pluralismo en Euskadi? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar López por aferrarse a un cargo del que no es digno y prorrogar una estrategia impugnada por la ciudadanía? ¿Cuánto más nos va a costar su irresponsable codicia? Quizás sea pertinente preguntarse también si nuestra clase dirigente -partidos, organizaciones sociales, empresariado y otros poderes- está influyendo lo suficiente para resolver la endemoniada ecuación política actual y disolver la alianza PSE+PP que la provoca. Tengo la impresión de que todos, de una manera u otra, asumen que López se ha atornillado a la silla y que todo esfuerzo para desencajarlo del asiento será inútil, por lo que no hay más remedio que esperar su predestinada descomposición. Es un fatalismo impropio de líderes proactivos, a quienes atribuimos la capacidad de imaginar y promover soluciones transformadoras.

Si hay un diagnóstico común sobre la anomalía del Gobierno López, ¿por qué no actuar con mayor beligerancia para que sean los vascos quienes la resuelvan con su voto? ¿Por qué no forzar al máximo las contradicciones del régimen antinacionalista para que su prolongación resulte más insoportable? No entiendo que por esperar a que se reduzcan las expectativas electorales de la izquierda abertzale nos resignemos a la dolorosa continuidad de una legislatura caducada. (Que alguien me explique cómo demonios pueden menguar los votos a Amaiur con Otegi injustamente encarcelado). Los partidos han realizado sus cálculos y, por diferentes razones de oportunidad, han llegado a la conclusión de que entre todos los males posibles el más leve es que López aguante al límite. Es un frustrante corolario, porque la extensión de sus destrozos hasta marzo de 2013 será mucho peor, por sus irreparables efectos, que un imperfecto resultado en las urnas. Cualquier futuro es mejor que nuestro esperpéntico presente.

…o un año más perdido

A lo que nos conducirá el empeño de López en no anticipar los comicios es a un indeseable estado de precampaña a lo largo de un año. Y ya sabemos lo perverso que para la calidad democrática resulta un prolongado tiempo preelectoral. Las instituciones enferman de ansiedad y la demagogia instala su nido en los mensajes. A estas alturas es una irresponsabilidad desoír el clamor del pueblo y que el interés general se vea sobrepasado por las miserias de la rapiña partidista. Llega un momento político, por insostenible y fingido, en que solo en las urnas está la salida. Así lo hizo Ardanza, en 1986, después de la escisión del PNV, al igual que Ibarretxe convocó comicios en 2001 tras el fiasco de Lizarra. López valora más su aventura que el dinamismo democrático.

Nos encaminamos a lo que puede ser un año perdido para la concordia, lo mismo que para las soluciones pactadas, el pluralismo, el prestigio institucional, los acuerdos transversales y la liquidación del frentismo. Y a la vez que se desperdician estas oportunidades, sucederá que las urgencias económicas y de empleo no contarán en este tiempo con la potencia y la unidad que requieren, porque un gobierno interino es incapaz de pensar más allá de su propia supervivencia y jamás se arriesgará a tomar las medidas adecuadas si son impopulares. Euskadi pagará un alto precio por la obstinación de López en mantenerse en su limbo irreal, como si aquí, con los acontecimientos históricos y los vuelcos electorales del pasado año, no hubiera ocurrido nada.

No soy neutral ideológicamente: nadie lo es en esencia; pero puedo percibir con criterio amplio que Euskadi necesita ya un repaso por las urnas para transitar de la anomalía del Gobierno López, de vocación frentista y vehementemente antiabertzale, a la racionalidad democrática de la que surjan los consensos básicos para que nuestro país abandone la excepcionalidad política y pacte su status, sus prioridades y un proyecto común para las próximas décadas. Deslegitimar el apremio electoral mediante la acusación de que solo responde a la ansiedad nacionalista por la recuperación del poder en Lakua es una evasiva de manual y un argumento a la defensiva. Recordemos cómo Zapatero se resistió numantinamente al anticipo electoral apelando a los efectos negativos que la disputa democrática conllevaría para las frágiles cuentas españolas, cuando era precisamente la economía la que aconsejaba su perentorio relevo político. López se mira hoy en el espejo de aquel Zapatero ensimismado.

Euskadi se parece a Metro Bilbao: lo que antes funcionaba con esmero, calidad operativa y satisfacción general, hoy es, tras la irrupción de los actuales gestores, un sinfín de conflictos, retrasos, averías constantes y un deterioro brutal del servicio del suburbano. Euskadi ha descarrilado. No queda más remedio, sin esperar el fin de este viaje temerario, que cambiar de conductor.

http://www.youtube.com/watch?v=q2PMcP3je04

La vida profesional te lleva por extraños caminos. La mía, errática pero apasionante, me hizo coincidir con Manuel Fraga Iribarne hace más de 30 años, cuando mi empresa de entonces, una compañía multinacional de publicidad, se encargó de la comunicación electoral de Alianza Popular, aquel partido conformado por notables del franquismo que querían seguir mandando, a sabiendas de que a una mayoría del pueblo español le parecía de lo más natural que a la muerte de Franco le siguiera una democracia tutelada por los culpables de aquellos años de terror y que estos no  tuvieran que pasar por los tribunales de la dignidad y el reproche de la memoria.

Así que entré a formar parte de los equipos externos que se encargaron de poner rostro democrático a un líder que sin renegar de su pasado se presentaba como la más genuina expresión del espíritu conservador hispano. Fraga conocía muy bien el carácter del español y de esta intuición hizo carrera política, cuya base fue el populismo con rasgos de melancolía patriótica, catolicismo de campanario (con un toque de hipocresía para que la moral no le privara de los placeres mundanos) y un sentido chulesco en el trato. A aquel hombre le gustaba avasallar, sabedor de su superioridad intelectual y el complejo de inferioridad del común de los ciudadanos. El miedo reverencial (todos le llamaban don Manuel) que dejaba a su paso era exactamente la estela de mediocridad con la que disfrazaba su genio, su mal genio. Era la negación del liderazgo.

Fraga era un tímido que se rebelaba con agresividad y descaro. Era un ser hiperactivo cuyo ritmo frenético de trabajo le afirmaba como el hombre elegido que siempre creyó ser. Fue un hombre tan excesivo que no reconocía sus defectos, sobre todo la falta de humildad y sus viejas carencias afectivas. En realidad, Fraga no creía en nada, excepto en el pasado, y sus sueños iban para atrás, nunca imaginaban el futuro.

Recuerdo un hecho significativo. Fue durante las elecciones gallegas, en 1981, en las que también era candidato Mariano Rajoy. Íbamos de pueblo en pueblo y llegamos a una pequeña aldea, que allí llaman parroquias. En un acto público, sin periodistas, tomó la palabra un hombre menudo y recio, muy gallego al parecer, que se atrevió a censurar lo poco que Franco hizo por su tierra. Habló con mesura, sin ira. Fraga, fuera de sí, le interrumpió abruptamente: “Usted miente por mitad de la barba”, le dijo a gritos. “Franco salvó a Galicia y España y gracias a su esfuerzo toda la nación ha podido salir adelante”. No olvidaré la cara de espanto que se le compuso al hombrecito que desafió el legado de Franco.

La pasión de Fraga, más que la caza y la mujeres, que le obsesionaban, eran los libros. Escribir libros le encendía y por eso llegó a publicar unos noventa, casi todos infumables. De mi pluma salieron algunos de sus discursos, intervenciones públicas y escritos de campaña. Aquella fue para mí una dolorosa y frustrante lección: aprendí que el cinismo es indispensable, en la política como en el marketing, para vender cualquier cosa aún aborreciéndola.

Estamos en un escenario bélico. Se ha declarado la guerra a un enemigo invisible, el déficit, contra el que las autoridades utilizan artillería pesada -recortes sociales, subidas de impuestos y merma del crédito- y otras armas de destrucción masiva. Y como sucede en cualquier conflagración, las víctimas inocentes las pone la población civil en forma de paro, desahucios y miseria. Todo parece indicar que la contienda se prolongará durante largo tiempo, hasta que la sociedad quede exhausta, famélica y más pobre que antes de esta crisis.

Y mientras nos caen misiles tributarios, despidos, EREs, precariedad y rebajas salariales, los señores de esta guerra, los mismos que la han provocado por codicia, recogen su rico botín. Es la hora de arramplar con el mercado de la televisión pública, para lo que el presidente Rajoy, buen pagador de favores prometidos, adelantó el pasado viernes en Consejo de ministros la correspondiente reforma de la Ley General Audiovisual, que permitirá al lobby de la televisión privada adueñarse de la actividad más rentable de las autonómicas sin cargar con sus deudas. Ya está aquí la telerapiña.

¿Y cómo va a teatralizarse este saqueo? Como nadie está dispuesto a comprar canales públicos con plantillas sobredimensionadas, el despojo se ejercerá vía externalización, que es algo así como esquilmar un bien productivo sin la responsabilidad de la propiedad. Una privatización encubierta, vamos. Ya lo sugirió José María Irisarri, expresidente ejecutivo de la empresa de contenidos audiovisuales Vértice 360º, en un reciente artículo en El País: “Si las televisiones autonómicas externalizan gran parte de su actividad en la búsqueda de nuevos modelos de gestión -lo que no incompatibiliza con mantener una dirección efectiva-, se pueden hacer viables”. En resumen, al pillaje por la externalización. Y todo por una guerra virtual contra el déficit. Eso sí, del déficit democrático derivado del dominio despótico de lo privado sobre lo público, la teledictadura, de eso no hablamos. Es peligroso: es sedición.

¿Cuántas razones necesita usted para convencerse de que TVE debe volver a emitir publicidad? Hay unas 200, tantas como millones de euros le ha recortado Rajoy al presupuesto de la corporación. La primera es la obligación de revertir una de las peores fechorías de Zapatero, hombre pródigo con el dinero ajeno, que traspasó a las cadenas privadas todo lo que facturaba la televisión estatal a cambio de que le mimaran en los informativos. Si 550 kilos no le parece una razón de peso, atienda esta otra: la pérdida de los anuncios significó que desde entonces los ciudadanos tendríamos que financiar solidariamente el pleno sostenimiento de RTVE, mientras el poder mediático lucrativo conseguía el monopolio publicitario y multiplicaba sus beneficios, es decir, nuestros maleficios. ¿Quiere usted hacer más rico a Berlusconi?

Está también la gran razón democrática. Me explico. El espacio radioeléctrico es de dominio público, a la vez que la comunicación social constituye un servicio estratégico cuyo interés general debe estar garantizado. Y para que la democracia no peligre por el control particular de este sector tan sensible, necesitamos una televisión pública potente que contrapese la fuerza egoísta de los medios empresariales, lo que implica recursos económicos e inteligencia gestora. Ceder la publicidad es una concesión negligente, porque a la vez que aumenta la hegemonía de lo privado reduce la fuerza de lo colectivo. En este desequilibrio está la contingencia de una tiranía invisible. El mensaje de que la televisión pública es el instrumento propagandístico del partido de turno, siendo una desgraciada verdad -en mayor o menor medida, según los casos-, no es más que la corrosiva farsa de quienes aspiran, con nuestra cómplice estupidez, a implantar el sistema de la codicia.

Pero Rajoy, mire usted, no atiende a razones: apoyó entonces el saqueo de la publi y ahora tiene un compromiso para el exterminio de las autonómicas. UTECA y el PP son socios en este negocio canalla. Pronto vendrán a por ETB.    ¿O ya están aquí?

Todas las guerras, cualquiera que sea su género y circunstancias, tienen finales parecidos. Primero es la venganza disfrazada de justicia, después viene el homenaje a caídos y héroes, a continuación toca cobrarse el botín de guerra, le sigue la reconstrucción y, por último, lentamente, llega el olvido, porque el futuro pesa más que el pasado en el alma superviviente de los seres humanos. Suponiendo que en Euskadi haya existido un conflicto bélico -“la guerra del Norte” la llamaron la derecha española e historiadores oficiales como García de Cortázar-, estaríamos ahora en la tercera fase, en la rapiña de la victoria. Esto explica el furor del PP, que se cree genuino vencedor de la contienda, por conseguir que se conceda derecho de voto en Euskadi, mediante un doble y virtual empadronamiento, a aquellas personas -unas 200.000, según sus arbitrarios cálculos- que escaparon por la amenaza de ETA o, añaden los populares, por “la presión nacionalista” en referencia ignominiosa al PNV.

Conviene subrayar que, al mismo tiempo que el PP emprende una desenfrenada búsqueda de votos extra entrando arteramente en el lodazal -tan cierto en lo cualitativo, como incierto en lo cuantitativo- del exilio provocado por ETA, estamos ante una táctica del equipo de Basagoiti para ocultar su estancamiento electoral, que no se corresponde con la arrolladora fuerza de Rajoy en España. Y como en la escombrera de la historia siempre hay argumentos para redimir las frustraciones del presente, los conservadores vascos han encontrado en este dolor indeterminable y disperso un tesoro para la justificación de sus limitaciones y la oportunidad victimista de adjudicarse un botín que creen les compensa de la violencia que ETA situó específicamente sobre ellos. Muertos por votos, este es el trasiego en el que anda metido el PP y que podría derivar, si se sustanciara en una reforma ad hoc de la Ley de Régimen Electoral General, en el más colosal pucherazo desde la ilegalización de la izquierda abertzale.

¿Doscientos mil?

Los promotores del tramposo “voto del exilio” cifran en 200.000 los ciudadanos vascos huidos, especialmente en la década de los ochenta. ¿Y cómo han llegado a ese cálculo? Básicamente, han analizado las variables de nuestra población durante los últimos treinta años, cuyo saldo es negativo en una cifra similar a la antes indicada. Y como el propósito, con carácter previo, era establecer una cantidad escandalosa de ausentes, atribuible genéricamente a la causa terrorista y al nacionalismo, no les ha importado sumar en esta magnitud a las personas que, por muy diversos motivos, dejaron Euskadi por entonces: inmigrantes jubilados que volvían con sus familias a sus tierras de origen, profesionales que buscaban suerte en diferentes pueblos del Estado por la crisis industrial, jóvenes cualificados que preferían labrar sus futuro fuera de Euskadi, funcionarios estatales que mudaban de destino, etc.

Si aplicáramos el mismo método para evaluar los descensos dramáticos del padrón, podríamos concluir que Asturias, que sufrió un deterioro del censo más grave que el nuestro también por la incidencia de la reconversión industrial, fue víctima preferente de las amenazas de ETA y que por ello podría legitimar la solicitud del voto virtual para cuantos asturianos buscaron refugio en otros lugares. Debo decir, con carácter personal, que me hierve la sangre cuando constato que estos calculadores del miedo incluyen en su miserable lista a mi propia hija, que optó por situar voluntariamente su carrera profesional en el extranjero. Es oprobioso que se aproveche la insalvable complejidad del asunto para catalogar como desterrados a todos los que se desplazaron fuera de Euskadi y, en esa confusión entre lo real y lo irreal, convertir en víctimas y votos cualquier peripecia particular. Es una táctica repulsiva, heredera de la tradicional estrategia del PP de politizar a las víctimas por neto interés electoral. Todos los esfuerzos para el reconocimiento público de los damnificados del terrorismo están lastrados, todavía hoy, por la tramposa apropiación partidista del sufrimiento.

No pongo en duda el hecho histórico de que muchas personas se fueron de aquí por el agobio de la violencia de ETA. Pero, ¿cómo se cuantifica verazmente el suceso? ¿Cómo se mide el padecimiento que incita al abandono y se discrimina de otras motivaciones concurrentes? ¿En qué comisaría o delegación de Gobierno se expedían los pasaportes de destierro? ¿Cómo se determina la certeza de un exilio insuperable? Y en todo caso, ¿cabe reconocer como mérito la flaqueza de los huidos frente a la fortaleza de los resistentes, que también sintieron la amenaza y no escaparon? ¿Y cómo comprender a los huidos sin recompensar la cobardía? A medida que el llamado relato vasco va configurándose conviene que quienes intentan agrandar o rebajar los sucesos abandonen la esperanza de cobrarse los despojos del conflicto -votos de oportunidad y prestigio por deserción- y pasen a las siguientes etapas del proceso, la reconstrucción y el olvido.

Sea demagogo: pida lo improbable

El proyecto del PP de establecer un empadronamiento virtual para un colectivo disperso por España y otorgarle un doble derecho de voto por causas de difícil acreditación, solo se sostiene por su impulso demagógico. Con una apariencia de justicia democrática nos plantea un complicado procedimiento de catalogación de sufrimientos causales que, en la práctica legal y por no ser objetivables, devienen en improbables. Y digo improbables en el sentido de lo que no es susceptible de ser probado, de lo indemostrable.

Fíjense en que lo que ha enfatizado el líder del PP no son las eventuales necesidades personales, familiares o profesionales de los que considera expatriados, sino que estos puedan tener la opción de votar en Euskadi, a ser posible al Partido Popular. ¿Le conmueve realmente la faceta humana del caso? En la deshumanización de las víctimas y su exclusiva validación como electores privilegiados se constata el perfil miserable de esta iniciativa partidaria, una más de las que vendrán a entorpecer o desacelerar la reconciliación social y la normalización tras el cese definitivo de ETA.

La cuestión de fondo es el conocimiento de la verdad histórica para su reconocimiento público. Una forma de malversarla es su exageración: una verdad inflada termina por percibirse como el mayor de los embustes. Otra manera de arruinar la verdad es constituirse en su intérprete único. En esta doble quiebra de la verdad ha incurrido el PP con el escandaloso concepto del exilio provocado por la crudeza y persistencia del terrorismo. Y así no sabremos nunca cuál fue la dimensión real de la tragedia de quienes se vieron forzados sin remedio a escapar de Euskadi y no podremos definir algún criterio de compensación moral e institucional. La política vasca no ha madurado: estamos lejos de la reconstrucción y mucho más todavía del olvido, ese punto sin retorno y de serenidad en que el pasado es indoloro.