Las aguas corren oscuras y revueltas en la diócesis de Madrid. El escándalo generado por la venta de algunos inmuebles ha ocasionado la visita de un enviado especial de papa Francisco,que ha tenido como consecuencia directa la reversión inmediata de algunas de las operaciones financieras realizadas.
También en otras diócesis se están produciendo cambios, y particularmente en las de Bilbao y San Sebastián en las que sus obispos han resultado polémicos por motivos varios. Sin embargo ha habido un motivo común en ambos casos, y ha sido una vez más el relativo a la remoción de bienes inmobiliarios.
Por supuesto, la Iglesia, como cualquier otra entidad jurídica, tiene derecho a disponer de sus bienes en el mercado capitalista que nos informa, pero asimismo debe (de) cumplir todos los requisitos de otras personas jurídicas en relación a sus cargas impositivas, por no hablar de derechos de propiedad a veces conculcados por inmatriculaciones arbitrarias, o incluso teniendo en cuenta la subvención que recibe por parte del Estado en función del Concordato vigente.
Y todo ello sin entrar en profundidades morales que en este caso deberían ser muy tenidas en cuenta s al ser fuente confesa y manifiesta de instrucción preferente al respecto.
En este sentido, y siendo consecuente con los deseos del Papa Francisco por apartar de la Iglesia cualquier tipo de corrupción interna, sería de desear que en la designación de los nuevos mitrados se tuviera muy en cuenta su perfil social cristiano de manera que se pudieran, en su caso, remediar los desaguisados que, acaso con buena intención, han dejado al pairo algunos de ellos, sobre todo quienes parecen asemejarse a ciertos cometas que allí por donde pasan dejan una estela de especulación inmobiliaria por más que vayan creciendo en jerarquía.
Para que al cabo, se recuerde más el dicho de «Roma locuta, causa finita» y no tanto aquel otro de «Roma veduta, fede perduta»…
«(la Iglesia) debe cumplir todos los requisitos de otras personas jurídicas en relación a sus cargas impositivas, por no hablar de derechos de propiedad a veces conculcados por inmatriculaciones arbitrarias, o incluso teniendo en cuenta la subvención que recibe por parte del Estado en función del Concordato vigente». Efectivamente, los privilegios fiscales y legales de esta institución privada con la que cada vez se identifican menos ciudadanos… son cada día más hirientes e injustos, además de inmorales.
Creo que ahora no se denomina «concordato» sino «acuerdos»
En efecto, desde 1979 se denominan Acuerdos…Gracias don Antonio.