
Como ya ha señalado en varias ocasiones, la pandemia del COVID-19 está tensando y mucho las relaciones entre los tres poderes políticos que suelen articular las democracias formales burguesas.
Así , habitualmente, el poder ejecutivo, el más proactivo, opera bajo la supervisión de un legislativo que en muchas ocasiones se mueve mayormente por intereses partidistas, y entre ambos suele haber un tira y afloja con el poder judicial que , más allá de su discutible y compleja composición,recuerda a través de sus sentencias que es el garante último de los derechos individuales y colectivos.
Y toda vez que la expansión del virus SARS- Cov-2 ha intentado ser contenida o combatida desde el poder ejecutivo con algunas restricciones drásticas de los derechos anteriomente mentados, bien que legitimadas por el poder legislativo, le ha tocado al poder judicial restablecer un difícil pero posible equilibrio sobre todo ante las demandas ciudadanas.
Por ejemplo, el Tribunal Superior del País Vasco ha anulado cautelarmente la orden del Gobierno Vasco por la que se debía proceder al cierre inmediato de la hostelería cuando se llegara a la cifra de 500 positivos por 100.000 habitantes. Y lo ha hecho a instancias de la demanda del sector hostelero que ha presentado un documento de 60 páginas para argumentar su petición frente a las escasas 4 páginas del ejecutivo vasco.
La sentencia no ha sentado nada bien al Gobierno Vasco que, en un primer momento, ha reaccionado afirmando que se le ha limitado en su poder delegado , y posteriormente, que le parece muy grave que el Tribunal Superior, máxima instancia judicial vasca, haya tomado esa decisión.
A consecuencia de estos hechos , los bares y restaurantes están abiertos según los horarios y limitaciones reguladas, pero se ha generado un mal ambiente, sobre todo de desconfianza ciudadana: gran parte de la hostelería ha manifestado su preocupación pues estima que el ejecutivo autonómico endurecerá las medidas profilácticas como «venganza» por la resolución judicial…
Y, ciertamente, desconfianza es lo que menos se necesita en estos momentos, y mucho menos argumentada políticamente en clave de enfrentamiento, pues se suma al hartazgo y a la tristeza generados desde hace un año.
Así que, una vez más, recordando que ya no estamos ni en los tiempos del desacato ni en los del «Se obedece, pero no se cumple», sería necesario mirar directamente a la ciudadanía, hablar claro, legislar clarísimo – pues no basta con «el espíritu de la ley»- para evitar arbitrariedades, y respetar la autonomía de esos tres poderes, si, de verdad, se pretende ser demócrata , aunque formal y burgués…








