El Paseante

Son muchas las voces que están dando cuenta de la proliferación de informaciones no contrastadas o incluso contradictorias que llegan fundamentalmente a través de las redes sociales en competencia con los medios escritos y audiovisuales convencionales.

Se trata sin duda de un fenómeno concomitante a la expansión del mundo electrónico en nuestra vida cotidiana que , además, favorece la percepción de una cierta horizontalidad informativa.

El problema, se comenta, reside en la incapacidad para evaluar con claridad y distinción la información que así se recibe , pues, además, en función de su interpretación, pueden derivarse actitudes y conductas muy diferentes.

Y si lo anterior ya es problemático en general, lo es, lo está siendo mucho más, en el contexto pandémico que estamos atravesando.

La solución a este problema , a corto, medio y largo plazo, no es otra que el espíritu crítico, y esta capacidad – «competencia» que le llaman ahora- siempre se ha desarrollado bajo la guía del trabajo del pensamiento sobre las representaciones del mundo y sobre sí mismo.

Y para ello es necesaria una buena formación de base filosófica y retórica que debería comenzar en la escuela si se quisiera favorecer la aparición de una ciudadanía crítica.

Filosofía, sí, esa materia cada vez más arrinconada en los planes de estudio, para tener una perspectiva de los problemas del conocimiento y de su lógica.

Y Retórica, no como la ya supuestamente inexistente glosa del lenguaje – en este sentido no hay nada más retórico que el realismo – sino como despliegue de la «sensibilidad formal» en palabras de Paul Valery, ante los dimes y diretes habituales.

Pero aun así, quizás habría que preguntarse si quienes se quejan de esta polución informativa, sin proponer ni dilucidar nada, no forman parte del mismo sistema y de los mismos procesos que denuncian , contribuyendo al parloteo global…

Ante la inminencia de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,ha irrumpido una polémica sobre los actos habituales y , sobre todo, acerca de las ya tradicionales manifestaciones.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha mostrado en contra de cualquier movilización con unas palabras contundentes – quizás hasta demasiado contundentes para una posterior matización- y , por el contrario, el grupo parlamentario de sus socios de gobierno ,Podemos, ha defendido el mantenimiento de todas las actividades propias de ese día.

Por otro lado, las organizaciones feministas, a pesar de sus contradicciones internas ( debidas mayormente a la progresiva distinción entre sexo, género y rol) han reivindicado mayormente las movilizaciones , señalando que, además, la pandemia está suponiendo un retroceso en los derechos de las mujeres, ya que muchas de ellas han debido retormar o, en su caso, incrementar, su dedicación al cuidado de terceros a cuenta de su vida personal y profesional.

La polémica viene, en todo caso, enturbiada por las interpretaciones acerca de las celebraciones del 8 de marzo del año pasado, que para algunas fuerzas políticas fueron la ocasión perfecta para que se desatara, precisamente, la pandemia del COVID-19: según parece, VOX pretende dedicar ese día a «la memoria de los muertos».

Pero más allá de esta última deriva, un tanto esperpéntica, con la polémica, que , como todas, es buena – «No ha de estimar al que nunca se opone, que no es señal de amor que le tenga, sino del que él se tiene», que decía Baltasar Gracián – se está poniendo en evidencia un nuevo encontronazo entre lo sanitario y todo lo demás, ya un tópico en la gestión global de la pandemia.

Pues hay circunstancias, como las que estamos viviendo, en las que, como dice el refrán , «aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid», se pretende, consciente o inconscientemente – eso lo sabrán quienes detentan el poder- limitar derechos duramente obtenidos tras largos años de lucha, arguyendo simplezas de un supuesto sentido común que, como es muy bien sabido, suele ser el menos común de los sentidos, a fuer de muy interesado.

Y si continuamente se pueden observar movilizaciones de trabajadores y trabajadoras contra los ERTES o los ERES, o contra las precarias condiciones de trabajo en el mundo sanitario o en las residencias de mayores, o de la hostelería y la restauración, o de los y las pensionistas, por no hablar de las ocasionadas por la prisión del rapero Hasél…¿Por qué no deberían manifestarse las mujeres en la celebración de su día, si lo hacen cumpliendo todas las normas de profilaxis y distancia social vigentes?

El encarcelamiento del rapero Pablo Hasél ha sido seguido de un estallido de revueltas callejeras que, en algunas ocasiones, han provocado violentos enfrentamientos.

Simultáneamente se ha generado una tormenta de informaciones y contra-informaciones, así como valoraciones políticas e ideológicas.

Políticamente se han podido escuchar argumentarios estratégicos desautorizando la violencia en general , así como también tácticos, proponiendo una modificación legislativa sobre la libertad de expresión, o, en su caso, algunos cambios en los protocolos de actuación de la policía.

Ideológicamente se ha defendido la libertad de expresión como principio democrático elemental, o se ha animado a la continuidad de una lucha «anti-fascista».

Pero, en ningún momento se ha hecho referencia a la situación psico-social que se está viviendo como consecuencia de la implantación de las medidas frente a la pandemia del COVID-19.

Y sin embargo, este último aspecto se debería tener muy en cuenta, ya que ha supuesto una disciplinarización de la vida social y laboral que en algunos casos ha llegado hasta su fractura, sobre todo ante la evidencia de la arbitrariedad algorítmica de alguna de las decisiones tomadas.

Así, es más que posible que no se puedan comprender los estallidos violentos antes mencionados sin tener en cuenta la acumulación de hartazgo social y el escepticismo colectivo (¿escalados según territorios?) que acaso habrían encontrado en el caso Hasél una oportunidad para catartizarse, independientemente de perspectivas ideológicas o políticas.

De hecho no sería la primera vez que ocurre un fenómeno similar, ni probablemente será la última…

La editorial Pamiela lleva muchos años publicando ensayo, poesía y narrativa tanto en euskera como en castellano, ofreciendo una colección específica acerca del periodo histórico contemporáneo.

En los primeros meses de 2020, se presentó La [des]memoria de los vencedores, Jaime Del Burgo, Rafael García Serrano y la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz , de Fernando Mikelarena, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza, en el que, como su propio título indica, se profundiza en el perfil de algunos dirigentes que se sumaron con fervor al «Alzamiento» de julio de 1936.

Un artículo de prensa publicado el 17 de octubre de dicho año , titulado “Saca de Tafalla-Monreal, 21-10-1936″, apuntando el papel jugado por Jaime del Burgo Torres, reconocido y exaltado jefe carlista , en el fusilamiento masivo de 64 republicanos en “La Tejería” de Monreal , ha ocasionado que Arturo del Burgo Azpíroz , nieto del ya fallecido del Burgo , haya solicitado un acto de avenencia previo a la presentación de una querella criminal por injurias.

Realizado el acto, el historiador Fernando Mikelarena ha rechazado la conciliación y más allá de mentar la inadecuación de la vía jurídica elegida, ha manifestado que lo publicado «es totalmente producto de un profundo trabajo de investigación».

Ciertamente , los primeros meses del golpe de estado protagonizado por Francisco Franco con la colaboración de falangistas y carlistas, fueron la ocasión perfecta para todo tipo de desmanes que han ido saliendo a la luz gracias a la labor lenta, reposada y exigente de quienes se han dedicado a indagar profesionalmente en aquellos acontecimientos, utilizando tanto la documentación como la deducción, en la lógica estricta que en su momento defendió, por ejemplo, el historiador Paul Veyne, sin despreciar ,por supuesto , y aun en la diferencia, las eficientes recreaciones literarias.

Pero llevar estas cuestiones a los tribunales no deja de ser un extemporáneo brindis al sol, a estas alturas ya inaceptable, porque de lo que se trata es de comprender cómo pudieron ocurrir aquellos hechos, quiénes participaron, y si es posible, sus razones objetivas y subjetivas. Pues, como ha demostrado Sabin Egilior en su recientemente presentada tesis doctoral, más allá de la denominada Memoria Histórica – que sería mejor llamar Memoria Colectiva- hay una «memoria traumática» que poco a poco hay que ir purgando con tanta claridad como distinción…

Por unos días se ha abierto un paréntesis en la sesión continua de las cifras y letras sobre la pandemia del Covid-19 para tratar el tema de las elecciones catalanas. Así las cifras y letras tratan ahora de dilucidar cuáles pueden ser las coaliciones de gobierno según la deriva nacionalista o la apuesta socialista, las dos grandes ideologías o religiones civiles vigentes desde ya hace dos siglos.

Curiosamente, y particularmente en este caso, se ha obviado la cifra de la abstención que ha llegado al 46,44%, de manera que casi la mitad de los 5.368.881 catalanes con derecho a voto optaron por desentenderse de las elecciones, habiendo descendido la participación en un 25,9%, desde las últimas elecciones, y siendo el porcentaje de participación el 53,56% , el más bajo jamás registrado en unos comicios autonómicos desde la restitución del autogobierno catalán.

Por supuesto nada hay que objetar sobre la legitimidad de las elecciones pues, a pesar, una vez más, de las tensiones entre un Ejecutivo Autonómico y su correspondiente Tribunal Superior de Justicia, al cabo se han celebrado con todas las garantías.

Pero la elevadísima cifra de la abstención tendría que dar que pensar. Quienes lo hagan con criterios puramente sociopoliticos pueden optar entre una explicación vinculada al hartazgo del electorado o bien a su inmadurez ideológica. Pero también los habrá que consideren que si no se ha acudido a las urnas ha sido simplemente por miedo al contagio.

Aún así , el análisis queda pendiente y será importante y relevante llegar a alguna conclusión para atisbar cuál puede ser la actitud de la ciudadanía ante las propuestas de quienes finalmente encabecen el gobierno de la Generalitat.

En El orden del discurso, la lección inaugural pronunciada en 1970 en el College de France, Michel Foucault dejó constancia de que más allá de que la palabra sea una atribución humana, no todas las palabras tienen el mismo valor, pues depende de quien las pronuncie.

Históricamente , la palabra valorada, siempre asimilada a algún tipo de poder, fue desglosándose de la primitiva aglutinación político-religiosa, distinguiéndose figuras individuales y colectivas, y entre estas últimas las corporaciones militares, médicas, jurídicas y académicas.

Con el transcurrir de los años, tales corporaciones fueron generando ideosferas ( Roland Barthes) estancas, reforzando sus ritos de acceso, sus procedimientos y hasta sus vestimentas con el fin de uniformizar su presencia social.

En este sentido, la situación general del poder de y sobre la palabra no ha cambiado mucho, habiéndose asimilado o intercambiado los títulos que otorgan el poder de hablar ex catedra, como ha ocurrido, por ejemplo, con el de Doctor ( Dr.) que es usado ilegítimamente en algunos casos.

Así que no es de extrañar que en la tensión social desencadenada por la pandemia del COVID-19, más allá del debate sanitario y más acá de las fricciones políticas, hayan surgido enfrentamientos entre las corporaciones antes aludidas, en la creencia, ratificada racionalmente por su respectiva ideosfera, de que su verdad es una, única e indiscutible.

Pero en una sociedad post-industrial y globalizada como la actual, estas actitudes corporativistas, a veces tan hiperbólicas, no tienen ya mucho sentido a la hora de encontrar soluciones complejas a problemas complejos por lo que sería más útil abordar las cuestiones desde un planteamiento complementario y dialogante, abandonando el autismo endogámico residual.

Es más, sería de gran interés tener en cuenta el punto de vista de quienes no cuentan con grandes colegios profesionales que les amparen, como, por ejemplo, los maestros y maestras que tanto están contribuyendo también a la lucha contra la pandemia, por no hablar de los cajeros y cajeras de los supermercados o de tantas otras personas que no tienen espíritu corporativo alguno…

Las últimas consideraciones aquí manifestadas sobre algunos aspectos de la respuesta que se está dando a la pandemia del COVID-19 han generado , como era de esperar, una cierta polémica.

Con el ánimo de sintetizar las lineas generales de lo anteriomente expuesto se proponen las siguientes sugerencias:

1. Valorar la oportunidad de incluir en los comités asesores de las autoridades políticas a profesionales de la Economía, la Sociología, la Psicología y la Politología, dado que,tras un año, la crisis generada por la pandemia no es ya solo sanitaria.
2. Reflexionar sobre el liderazgo que acaso debería abrirse hacia un estilo más positivo y dinámico, abandonando la negatividad y la admonición monocorde, sin que necesariamente deba coincidir con la jerarquía política que, por otro lado, no debería tomar la situación como una ocasión para abducirse en autoritarismo autónomo.
3. Tener en cuenta que el poder ejecutivo, en cualquiera de sus niveles, es un poder más, sometido siempre a la sanción del poder legislativo, y vigilado, en todo momento, por el poder judicial, ante el cual, desaparecida la figura clásica del «desacato», cabe la crítica razonada, nunca ad hominem, como también la reprobación o el recurso, pero en cualquier caso desde el más exquisito respeto, como corresponde a un sistema verdaderamente democrático.

Es de esperar que lo anterior aclare algunas de las dudas y comentarios suscitados y que se suponga, siempre, la buena fe.

Resulta cada vez más frecuente escuchar argumentos «ad hominem» para deslegitimar una acción o una omisión

Este tipo de argumentación pretende socavar el rol social o profesional de alguien mostrando alguna falta o incongruencia con su vida personal.

La utilización de esta modalidad argumentativa, probablemente una consecuencia más del espíritu puritano que nos ha llegado, como casi todo, del mundo anglosajón, vale para tanto para un barrido como para un fregao, y lo mismo puede intentar desacreditar a un poeta como Jaime Gil de Biedma, aludiendo a su orgullosa condición de pederasta ( lo cual, por cierto ,es falso a la vista de sus propios Diarios) que a un juez, por sus opiniones tertulianas de barra de bar.

Pero, comenzando por este último ejemplo, es preciso reconocer que los jueces, en tanto que tales, hablan por sus sentencias, como los poetas, en tanto que cuales, por sus poemas. Y que, consecuentemente,puede haber – ha habido y habrá- médicos excelentes y gilipollas, abogados habilísimos y perversos, escritores espléndidos y canallas, músicos geniales y drogadictos , políticos seductores y racistas… y así se podría confeccionar una lista muy larga.

Por todo ello, argumentar «ad hominem», más alla de sumarse a una moda un tanto monjil, indica una verdadera incapacidad para reconocer la propia falta de una sólida argumentación y se parece más a la rabieta de un chiquillo malcriado, siendo en el ámbito político , además, una estupidez estratégica por mucho que sea efectiva tácticamente…

Cada vez que, durante la pandemia del COVID-19, se intenta legitimar una medida de restricción de la vida cotidiana se argumenta, según se dice, científicamente. Curiosamente, las Ciencias que se tienen en cuenta son solamente las que pertenecen a las diversas variantes sanitarias, desde la Virología hasta la Epidemiología .

Parece así que en estos lares todavía se concede el título de «ciencia» exclusivamente a aquellos estudios cuyos resultados pueden expresarse bajo forma numérica, incluyéndose en este ámbito a la Economía, una Ciencia Social relevante, pero no tanto como para estar representada en los comités técnicos que asesoran científicamente a los políticos.

Pero, nada, por supuesto, de integrar a la Psicología, la Sociología o la Politología, Ciencias que pretenden comprender más que explicar – en terminología de Max Weber- otro tipo de fenómenos ( ¿ colaterales ?) de la pandemia como la tristeza o la depresión , el aislamiento social y las exacerbaciones colectivas, o la falta de un liderazgo eficaz, más carismático por su presencia entusiástica que por sus admoniciones monjiles.

Este último aspecto, el político, debería dar mucho que pensar a quienes detentan el poder, pues, en muchas ocasiones ,y reiteradamente, se trata a la ciudadanía como irresponsable cuando se la ha elogiado como sumamente responsable a la hora de votar , y se le está trasmitiendo una culpa, por ejemplo, la de la saturación del sistema sanitario, algo que debería haber sido previsto precisamente por la Política (sanitaria).

¿Para cuándo, pues, contar también con estas Ciencias en los lustrosos y a veces autistas comités asesores científicos?

Como ya ha señalado en varias ocasiones, la pandemia del COVID-19 está tensando y mucho las relaciones entre los tres poderes políticos que suelen articular las democracias formales burguesas.

Así , habitualmente, el poder ejecutivo, el más proactivo, opera bajo la supervisión de un legislativo que en muchas ocasiones se mueve mayormente por intereses partidistas, y entre ambos suele haber un tira y afloja con el poder judicial que , más allá de su discutible y compleja composición,recuerda a través de sus sentencias que es el garante último de los derechos individuales y colectivos.

Y toda vez que la expansión del virus SARS- Cov-2 ha intentado ser contenida o combatida desde el poder ejecutivo con algunas restricciones drásticas de los derechos anteriomente mentados, bien que legitimadas por el poder legislativo, le ha tocado al poder judicial restablecer un difícil pero posible equilibrio sobre todo ante las demandas ciudadanas.

Por ejemplo, el Tribunal Superior del País Vasco ha anulado cautelarmente la orden del Gobierno Vasco por la que se debía proceder al cierre inmediato de la hostelería cuando se llegara a la cifra de 500 positivos por 100.000 habitantes. Y lo ha hecho a instancias de la demanda del sector hostelero que ha presentado un documento de 60 páginas para argumentar su petición frente a las escasas 4 páginas del ejecutivo vasco.

La sentencia no ha sentado nada bien al Gobierno Vasco que, en un primer momento, ha reaccionado afirmando que se le ha limitado en su poder delegado , y posteriormente, que le parece muy grave que el Tribunal Superior, máxima instancia judicial vasca, haya tomado esa decisión.

A consecuencia de estos hechos , los bares y restaurantes están abiertos según los horarios y limitaciones reguladas, pero se ha generado un mal ambiente, sobre todo de desconfianza ciudadana: gran parte de la hostelería ha manifestado su preocupación pues estima que el ejecutivo autonómico endurecerá las medidas profilácticas como «venganza» por la resolución judicial…

Y, ciertamente, desconfianza es lo que menos se necesita en estos momentos, y mucho menos argumentada políticamente en clave de enfrentamiento, pues se suma al hartazgo y a la tristeza generados desde hace un año.

Así que, una vez más, recordando que ya no estamos ni en los tiempos del desacato ni en los del «Se obedece, pero no se cumple», sería necesario mirar directamente a la ciudadanía, hablar claro, legislar clarísimo – pues no basta con «el espíritu de la ley»- para evitar arbitrariedades, y respetar la autonomía de esos tres poderes, si, de verdad, se pretende ser demócrata , aunque formal y burgués…