Tan malo es abusar del referéndum como obviarlo por completo. En el primer caso, el Pueblo se expone al riesgo del Asamblearismo donde el exceso de reflexión o la disputa eterna, paralizan la acción, negándole al Gobierno la capacidad de responder a los problemas comunes con cierta coherencia ejecutiva, la cual, permita ser evaluada, juzgada, aprobada o recusada por la propia ciudadanía. En el segundo caso, aparece el vicio de la sobrerrepresentación del gobernante que niega al Pueblo su soberana capacidad de decisión en asuntos, que a lo mejor, no son susceptibles de resolverse por delegación, de igual modo que en un quirófano no hay votación que valga.
En democracia, los asuntos capitales de la sociedad suelen dirimirse por medio de elecciones en las que, tras debatirse las distintas opciones, la ciudadanía elige a sus representantes para que se ocupen de las cuestiones fundamentales de forma profesional continua y supervisada, por un periodo de tiempo limitado, según las líneas generales de un programa que ha sido debidamente publicitado con anterioridad.
Normalmente, los programas suelen nutrirse de vaguedades bienintencionadas, grandilocuentes promesas, cuya interpretación depende del presunto sesgo ideológico del electorado o de la tradición histórica de las siglas a las que se asocia. Los partidos mayoritarios, rara vez se atreven a llevar en ellos propuestas radicales que puedan dividir a su feligresía, suscitar la división interna, romper la disciplina de voto, causar recelos entre sus filas, etc. Lo normal, es que afronten los temas controvertidos en escaramuzas mediáticas anunciando y desmintiendo medidas o reformas, para según sea la contestación social, recomponer su discurso.
Pues bien, son precisamente esos temas controvertidos que afectan a la sociedad de forma transversal, más allá de ideologías, clase social, nivel cultural, incluso club de futbol al que se pertenezca, los que requieren un tratamiento democrático suplementario al representativo, pues la sociedad, a todas luces, es muchísimo más plural que lo que aparece retratada en nuestro Parlamento, donde a día de hoy, bien podrían ir a votar ocho políticos cada cual con la fuerza numérica del partido al que representase, pero no con la legitimidad moral del pueblo al que dicen representar.
Porque, me niego a pensar que, seamos tan cazurros como para creer que todos los parlamentarios del PSOE, están a favor de la retirada de crucifijos de las aulas o que todos los miembros del PP, estén en contra de la interrupción del embarazo en la práctica. Antes bien, en todas y cada una de las fuerzas políticas habrá una enorme pluralidad de planteamientos, pareceres y experiencias, que quedan acalladas por tan enfermizo modo de entender la representación, cuál es, la de no dejar opinar al Pueblo en nada de cuanto le afecta, salvo cada cuatro años, para escoger al menos malo de cuantos se presentan para usurpar la toma de decisiones.
Temas como la Monarquía, el aborto, la eutanasia, el consumo de ciertas sustancias, la presencia de crucifijos en las aulas, la enseñanza obligatoria de inglés, los permisos para la instalación de antenas de telefonía cerca de los barrios pobres, la incorporación de productos transgénicos en el mercado alimentario o el reciente conflicto de los toros, en los que nadie sabe a ciencia cierta, cuál pudiera ser el sentir general de la ciudadanía y en los que difícilmente puede alcanzarse un consenso político por hallarse en juego matices que transcienden el mero cálculo partidista, deberían empezar a dejarse en nuestras manos, que de no ser menos aptos para la libertad individual de pensamiento y conciencia que los californianos, italianos, holandeses, suizos y resto de personas que viven en democracia, no veo motivo para que en estos asuntos, como en muchos otros, no se nos consulte periódicamente y se nos escamotee tan férreamente como se hace, la convocatoria de consultas populares, a excepción de sondeos de opinión y encuestas, de las que estamos más que sobrados, pero cuyo valor legal no supera al de los billetes del Monopoly.