A los de la SGAE ¡hay que correrles a palos! Pero… de los que les duele en el bolsillo. Díjome en cierta ocasión un amigo tras analizar mi propuesta pública de mantear a todos los miembros de dicha asociación cultural. Por supuesto, yo me refería a promocionar el Top Manta, no a darles de hostias, como sería del agrado de los brutolaris del lugar. Con todo, es agradable leer de cuando en cuando cómo personas con arrojo, le saben hacer frente a los Osos Mafi y más reconfortante aún, es tener noticia de que les den en los morros en su propia pocilga legal, que suele ser el campo elegido por aquellos para evitar la temida calle donde la multitud airada y violenta es donde desearía mostrarles su afecto aplaudiéndoles la cara y estrecharles entre sus brazos.
Este ha sido el caso de la barcelonesa, Ana María Menéndez, copropietaria de la tienda de informática Traxtore, a quien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón en su disputa contra la SGAE que le demandara allá por el 2004 la bonita cantidad de 48.000 euros en concepto del Canon Digital. Aquella primera batalla la perdió ante los tribunales provinciales como era de esperar – no solo el ciprés tiene la sombra alargada- Pero su convicción de ser víctima de un atropello civil, le animó a presentar recurso ante la Audiencia de Barcelona que, en un acto de Pilatosería, le pasó el marrón al Tribunal Europeo para que desde la sana distancia a la luz del Sol de la Justicia, se pronunciara sobre si el sistema de gravamen español, era conforme con las directrices europeas, a lo que la apelada institución internacional ha respondido contundentemente: “el canon digital español, no se ajusta a la legislación europea y se aplica de forma indiscriminada sin distinguir entre empresas, profesionales y particulares.
Ahora, sólo me cabe entonces hacer un llamamiento general a las multitudes ávidas de eso a lo que los menos dicen venganza y los demás llamamos justicia y clamar aquello que dijera Victoria Prego ¡A por ellos! ¡A por ellos! Pero…con la ley y con la palabra.
Esta sentencia me alegra un montón, aunque parece que los particulares tendremos que seguir pagando el dichoso canon. Tal vez, la solución consista en hacernos todos empresarios; alguna ventaja tendría para un país en el que todos los jóvenes quieren ser funcionarios o trabajar en La Caixa.