La misma semana que hemos conocido la segunda condena a España del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y que el Tribunal Constitucional anima a los jueces a tomar en consideración las quejas de los presos, resulta que los medios de comunicación, presentan como relevantes los datos aparecidos en el último estudio del CIS, pero leídos de un modo incorrecto desde un punto de vista periodístico, pues destacan que el 77,4% de los españoles no percibe que para la Administración de Justicia, todos seamos iguales ante la Ley. Concretamente, para el 48,6% de los encuestados, los ricos son los más beneficiados seguidos de los políticos para el 26%; y de los poderosos para un 13,3%. En este sentido, un 60% aprecia que los tribunales no protegen a los ciudadanos de los poderosos y un 82,6% cree que la Justicia no dispensa igual trato a un político que a un ciudadano corriente…Mas, en las facultades de periodismo, dejan muy claro desde el principio que, la noticia no se halla en un perro que muerde a un policía, sino en un policía que muerde a un perro y en consecuencia, lo suyo sería que se resaltara en titulares ¡Todavía un 22,6% de la población cree en nuestro sistema judicial! asunto verdaderamente preocupante.
El modo estúpido de presentar la interpretación de este tipo de estudios pseudocientíficos queda evidenciado con el mismo método con el que se recomienda atender el discurso de cualquier político en campaña, cuál es, el de ponerlo en negativo para apreciar lo superfluo de su mensaje dado que decir lo contrario de ¡Vamos a hacer lo posible por erradicar la droga de nuestras calles! O ¡Vamos a luchar contra el paro y crear empleo! sería absurdo, que en el caso que nos ocupa quedaría tal que así: el 77,4 de los españoles cree que los Tribunales tratan con equidad a todos los ciudadanos; Es más, para el 48,6 de los ciudadanos, los ricos son los más perjudicados, seguidos de los políticos y poderosos etc.
Paradójicamente, del nuevo informe del CIS se desprende que, los profesionales son los únicos en salvarse de la mala opinión que tienen los españoles del sistema judicial. Jueces, abogados, fiscales, policía judicial y personal administrativo de los juzgados aprueban, superando todos ellos el cinco, quizá porque el Jurado Popular les aplica la atenuante de falta de medios, pues el 61,6% de los encuestados los considera insuficientes, casi un 40% estima que hacen falta más jueces, un 28% más y mejores medios informáticos y un 21,4% más personal auxiliar. Por el contrario, las más importantes entidades jurídicas del Estado como son el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o la Audiencia Nacional, no cuentan con la misma confianza de los ciudadanos quienes pese a todo, sin llegar a aprobarles, les valoran mejor que a las Cortes y al Gobierno. Este último dato, unido a que los números son sensiblemente mejores respecto a un idéntico estudio de 2005 en el que hasta un 84,1% de los encuestados percibía un trato desigual, anima a tener esperanzas. Y es que el que no se consuela, es porque no quiere.
Pero no deja de sorprenderme el hecho de que, mientras en la política personalizamos la corrupción con nombres y apellidos para no privarnos de votar una y otra vez a los partidos que los amparan sistemáticamente, aplicamos la operación inversa en el aparato judicial, o sea, eximimos de culpa a quienes integran su maquinaria y no tenemos empacho en suspender a las entidades que sin su concurso no serían posibles. Pero ahí están los bancos para mostrar la lógica que rige entre nosotros y ayudarnos a comprender estos resultados, pues es evidente que los bancos no tratan por igual a los ciudadanos, que son los que más discriminan, las entidades menos democráticas, opacas y oscuras de cuantas nos gobiernan, que nos prejuzgan, juzgan, condenan y ejecutan sin derecho a réplica ni impugnación y sin embargo, les confiamos todo nuestro dinero.