Este Gobierno sociópata que todavía falta el día en que haya intercedido a favor de la indefensa población, merecedor de ser ajusticiado en público con el mismo desprecio con el que ha consentido la ejecución de las sentencias a muerte civil que ha supuesto para miles de honrados ciudadanos la pérdida de sus empleos, de sus ahorros y de sus casas, para preservar los dividendos de sus naturales socios criminales, cuáles son, la Banca y la Patronal, resulta que también tiene su corazoncito para con una empresa que desde siempre se ha caracterizado por su falta de escrúpulos a la hora de aumentar su beneficio a costa de sus desprevenidos clientes mientras con total descaro repartía jugosos beneficios entre su accionariado.
Resulta que el Gobierno de España, que nada ha hecho por evitar los desahucios de las familias españolas, que no ha movido un dedo para congelar el pago de hipotecas de las personas que se hayan quedado sin trabajo, que no ha obligado a las distintas administraciones a afrontar los pagos adeudados a los autónomos y las PYMES mientras Hacienda les reclamaba mensualmente sus cuentas…ha solicitado de oficio ante el Tribunal General de la Unión Europea, la anulación de la muy correcta multa de 151,8 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Telefónica en 2007 por abuso de su posición de dominio en el mercado. En su argumentación, las autoridades españolas han defendido la actuación de nuestra Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que no encontró motivo para sancionar a dicha empresa, cosa que no es del todo cierta, porque ese mismo organismo venia detectando y denunciando en sucesivos informes oficiales desde el 2001, como la mencionada compañía reducía en exceso los márgenes de precios imposibilitando, de facto, la competencia.
Pero dada la impermeabilidad mostrada y demostrada por el gabinete con el sufrimiento ajeno, es posible que esta intercesión gubernamental guarde más directa relación con el ERE recientemente presentado por Telefónica que amenaza con una drástica reducción de plantilla cercana al 25% que con un repentino cambio de talante. Claro que también es posible que una compañía con tan abyecta trayectoria, haya maquinado todo el asunto del ERE para presionar a un Gobierno cortoplacista como el que tenemos títere de las circunstancias, con el propósito de que su influencia, aunque menguante, le evite la multa en Bruselas, que del desprestigio ya se ocupara ella solita por medio de campañas publicitarias que dejarán pequeñas las más burdas mentiras con las que los partidos cómplices en la alternancia, embaucan a sus respectivos votantes cada cuatro años, en la confianza de que la mayoría de su clientela que comparte la condición electora, acostumbrada como está al embuste, olvide lo ocurrido y hasta se alegre patrióticamente tanto de la intervención del gobierno en defensa de los intereses de una empresa española como de un improbable resultado positivo.
Pero todavía quedamos algunos con memoria de elefante que no deseamos otra cosa que ver morder el polvo sin piedad a una empresa que durante lustros nos ha cobrado de más, nos ha facturado mal a sabiendas, ha mantenido los precios artificialmente altos, ha bajado continuamente las tarifas internacionales para beneficio de las grandes multinacionales pasándole el coste derivado al usuario medio al que le subió sin consideración la tarifa de las llamadas urbanas e interurbanas que son las que diariamente realizamos, cobraba no pocas veces de más a personas mayores incapaces de saber cómo reclamar, dándonos de alta para posteriormente pasarnos por banco servicios no solicitados, metiendo su publicidad aprovechando la llamada del cliente…por no hablar del sospechoso negocio dando cobertura a las estafas de los concursos mediáticos criminales y no tan criminales, de los números 800 y 902, los SmS, las descargas, y sobre todo callarse que llamando desde una cabina al 11818 toda la información te sale gratis.
Es muy lógico que el Estado trate de evitar que se multe a Telefónica, pues tal multa significaría una disminución de ingresos para esta compañía, y, por consiguiente una disminución de los impuestos que ésta ingresa en las arcas de Hacienda. Este dinero que se perdería si la sanción se llevase a cabo pertenece a todos los ciudadanos.