Preocupante Ley de Seguridad

La eufemísticamente autoproclamada “Ley de seguridad” está causando estupor, alarma y preocupación. ¿Entre quienes? ¿Entre los delincuentes habituales apostados a pie de calle viendo pasar a la policía que hoy los detiene para que mañana los jueces los dejen en libertad? ¡No! ¿Entre el crimen organizado de las distintas mafias internacionales cuyas inversiones son bienvenidas a lo largo y ancho de la península sin miedo a las órdenes de detención dictadas por Interpol amparados por reiterados defectos de forma que les libra de ingresar en prisión? ¡No! ¿Entre los banqueros estafadores, empresarios defraudadores y políticos corruptos que hacen y deshacen a sus anchas en muy buena sintonía? ¡No! Por el contrario ¿Será entonces entre los trabajadores de la Educación, Sanidad y Justicia que desean reclamar sus derechos para defender el sistema universal de su ámbito de actuación por medio de escandalosas privatizaciones? ¡No! ¿Acaso entre los perroflautas del 15-M, los anti-sistema o los revoltosos de siempre dedicados a protestar por protestar destruyendo la paz social? ¡No! ¡No! Y ¡No!
La preocupación por la involución legal a la que estamos asistiendo en nuestro país a manos de los gobernantes criminales está preocupando ¡y mucho! en Europa. Tanto es así, que el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha realizado una contundente crítica que paso a detallar:
El Comisario de derechos Humanos, afirma con rotundidad que, esta ley es altamente problemática, mostrando su seria preocupación por las altas multas propuestas. A este respecto ha comentado con ironía “Desearía que alguien del Gobierno español me convenciera de que 600.000 euros por ofensas muy serias es una multa proporcionada para un Estado de Derecho”. Igualmente, la mencionada autoridad europea ha subrayado la incertidumbre jurídica que proyecta la interpretación que en la práctica hagan los jueces de ciertas expresiones recogidas en la ley como «ofensas a España» o «poner en peligro la seguridad ciudadana». A colación de esto último, se cuestiona «hasta qué punto están claros los conceptos o si la gente puede predecir cuándo no está incumpliendo la ley, y hasta qué punto existe el riesgo de que haya una interpretación arbitraria». Por último, desde Europa tampoco gustan las disposiciones que prohíben el registro de imágenes o datos personales de los policías durante las manifestaciones pues puede afectar directamente a la rendición de cuentas por parte de los agentes en caso de mala actuación por su parte.
Ante este nuevo varapalo internacional que sumar a la derogación de la “Doctrina Parot” y la reciente investigación abierta sobre la Tragedia de Ceuta, el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha exigido a Muiznieks que «respete al Gobierno, al Congreso de los Diputados y a España», esquema de exigencia que bien podría ponerse en boca de cualquier Dictador ante una protesta venida de fuera de sus fronteras que le es difícil acallar mostrando la defensa de una Legislación criminal, dictada por un Gobierno criminal con el aplauso de una cámara de representantes criminal como pudo ocurrir con las leyes de Núremberg, el Gobierno de Hitler y el Parlamento Nazi.
En la medida en que el Presidente Rajoy nada tenga que ver con Franco, ni el Partido Popular con el Franquismo, lo suyo sería que las palabras del Comisario Europeo para los Derechos Humanos, no cayera en saco roto y se tomara buena nota de sus observaciones, dichas desde la neutral distancia y la alta responsabilidad con las que se pronuncia desde su cargo, si no deseamos que España aparezca también retratada junto a Turquía – País amigo y aliado de la OTAN al que nos unen grandes intereses comerciales, principalmente armamentísticos – en el plano del respeto a los Derechos Humanos como ya lo ha sido en el plano político con la bochornosa visita de Rajoy a Erdogán durante un mitin del partido islamista que este preside.

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