Comprendo como bueno, que las distintas autoridades del país dispongan de un régimen jurídico especial que les proteja ante un mal uso partidista del Código Legal en las disputas políticas, por cuanto, desaparecida toda virtud de las mismas, no sería extraño que para apartar a un rival de escena se le metiera en pleito continuo socavando su imagen pública y aún entorpeciéndole considerablemente su cotidiana labor representativa, entretenido en preparar su defensa con los abogados, acudir al juzgado a recoger citaciones, responder al tribunal en persona o por escrito y dar explicaciones convincentes a los periodistas a ritmo de telediario. Con todo, siempre he tenido por un abuso de nuestra legislación, que dicho régimen especial ataña a la persona sujeto de aforo y no al cargo o más aún, al desempeño de su actividad en calidad del mismo, que si algo he aprendido en Teología es que la famosa “Infalibilidad” atribuida al Papa de la Iglesia Católica, sólo acontece para cuando el Santo Padre se pronuncia como Papa sobre cuestiones fundamentales de la Fe y no sobre un partido de futbol que a tal efecto parece más apropiado dirigirse a Maradona que a Bergoglio.
Porque, parece justo y apropiado que, a nadie se le pueda juzgar y menos culpar, por los resultados del desempeño de una ocupación pública representativa despejada la incógnita de no haber trabajado de modo negligente o irresponsable, pues en tal situación, pocos se animarían a hacerse cargo de la misma. Ahora bien, de ahí a que durante el desempeño de su tarea de servicio a la comunidad, cualquier infracción de tráfico que cometa yendo al volante, cualquier altercado que inicie embriagado, y demás posibilidades que las leyes penalicen al común de los mortales no les afecten de igual modo…entiendo yo, no es preciso haber leído El espíritu de las leyes, del Barón de Montesquieu, para advertir que su aplicación se desvía demasiado, si no de la letra de la ley, si del propósito con el que fuera redactada que es el apuntado al inicio de esta columna.
Dicho esto, también es extraño que asumida la circunstancia por parte de los incautos ciudadanos, para dar cobertura al crimen y delito institucional, con más de 10.000 personas aforadas repartidas estratégicamente por toda la geografía, estemos buscándole tres pies al gato, a fin de otorgarle tan preciado paraguas gubernativo a Don Juan Carlos, simplemente, por haber abdicado de su cargo, obligándole cruelmente a quedar a merced de las leyes y los jueces del Estado como un peatón más, cosa que también comprendo le aterre a él, a sus familiares, a su séquito y toda la Corte, no tanto por tener algo que esconder, cuanto por el funcionamiento de aquella, donde la verdad padece aunque no parece.
Con todo, no entiendo las prisas del Gobierno por otorgar a persona tan noble y campechana como dicen que es Don Juan Carlos, el susodicho régimen especial. Casi parecería que lo fuera a necesitar…Y es aquí, donde uno se pregunta: ¿Está Don Juan Carlos relacionado con algún crimen de Estado asociado a la guerra sucia antiterrorista de los GAL que le pudiera llevar ante el tribunal? ¿Teme alguien que los hechos acaecidos en el Sahara a mediados de los setenta pudieran ser denunciados ante la ONU? ¿Es que acaso, el ciudadano Juan Carlos ha cometido algún delito en su vida privada que durante años no se le ha podido juzgar y ahora se temen salga de nuevo a la luz? ¿A caso tiene intención de perpetrar desconocidas fechorías para la humanidad en el futuro que hagan necesario su blindaje ante la justicia nacional, internacional y hasta Universal?
No lo sé. Supongo que no, porque ya estaríamos al tanto del asunto; y sinceramente, espero que no, porque, pese a mi confesado espíritu republicano, reconozco en la persona un perfil positivo incapaz de haber cometido algo grave. Otorgar por vía urgente el aforamiento a Don Juan Carlos, supone proyectar la sombra de la sospecha, todo un borrón en su carrera, que ni la historia podrá eliminar.