Canon al préstamo de bibliotecas: Me parece correcto

Consultado lo esencial del nuevo canon que habrán de pagar las bibliotecas públicas a partir del 1 de Enero del 2016 a las distintas entidades representantes de los derechos de creadores, autores y editores, debo pronunciarme con sinceridad a favor del mismo, por parecerme correcto en un asunto donde no es sencillo casar los intereses que entran en conflicto como son el derecho al libre acceso a la cultura, con el derecho de los autores a vivir de su trabajo, el apoyo a la industria editorial cuyo negocio paga impuestos, generando riqueza y creando puestos de trabajo, con ofrecer a la población un servicio público cultural de calidad, lo limitado de los recursos para temas artísticos con la prioridad presupuestaria destinada a los mismos…larguísimo etcétera de ponderaciones en las que podemos perdernos de no sopesar los detalles, o peor aún, de pasarlos por alto, partiendo en la reflexión de una postura preconcebida quemados como estamos con los andares y maneras de la otrora todopoderosa SGAE.

Cuantos saben de mi beligerancia hacia las abusivas pretensiones de esta asociación, pueden sentirse ahora contrariados, acaso traicionados, por jugar del todo esquizoide la posición en que me encuentro, cuando es del todo complementaria, si atendemos que para un mismo problema no tiene por qué haber una única solución, menos todavía entonces, la misma solución para todos los problemas, siendo un hecho que, aunque el común denominador del Canon Digital, al que me opuse con uñas y dientes y el canon a las bibliotecas que aquí defiendo, sea el mismo problema de los derechos de autor, la materia sobre la que se proyecta es lo suficientemente diversa como para reubicar el juicio.

Por resumir mi postura general, reconozco, con matices, el derecho a la propiedad intelectual pero limitada en el tiempo pues no me parece bien que un autor viva toda la vida de una obra; es justo que negocios cuyo motivo principal descansa sobre la creación artística, entiéndase cine, teatro, discoteca, plataformas internet…han de trasladar parte de los beneficios a los autores que los generan; soy contrario a penalizar el consumo comunitario espontáneo y el libre intercambio no organizado entre particulares, de igual modo que me opongo al cobro de derechos para actos esporádicos benéficos; sin embargo, me parecería un abuso por parte de todos que los barrios crearan una red de televisión comunitaria pirata, o los ayuntamientos organizaran, cada dos por tres, festivales solidarios, pues es contrario al concepto del “Comunitarismo” poner en común lo que es de otros sin su consentimiento, cuanto del de “Solidaridad”, ser generosos con el patrimonio de los demás…. Con estas escuetas coordenadas, puedo fijar mi posición sin dificultad:

El préstamo de bibliotecas, ciertamente no tiene ánimo de lucro; por aquí, no se debería gravar su actuación. Sin embargo, presenta una estructura permanente que incita al consumo de un producto sin coste directo para el consumidor, cosa que podría estar bien en un sistema como el comunismo libertario, pero de catastróficas consecuencias practico-morales en la democracia-capitalista donde nos encontramos. Porque, si el Estado cobra impuestos al mundo editorial por su trabajo y producción, cosa que redunda en beneficios de todos, no parece correcto que le siegue la hierba bajo los pies.

La cuestión de fondo es en si misma un problema jurídico-ético-filosófico; lo son los Derechos Humanos aprobados por la ONU, como para no serlo los Derechos de autor. Su realidad se complica exponencialmente en su concreción, pues a las disquisiciones cualitativas sobre si una obra pertenece al autor una vez vendida o si una idea puede tener dueño, ahora se le añaden las cuantitativas poniendo énfasis en esto o en aquello. Mas, curiosamente, son estos aspectos de grado los que mejor guían la opinión práctica, sobre cualquier particular. Y es así que, pese a los muchos reparos metafísicos que aduzco respecto a la pertenencia a un autor de su obra, el equilibrio y mesura impresos por el legislador en este Canon de las Bibliotecas, es digno de elogio.

En el caso que nos ocupa, pronto advertimos que el legislador ha contemplado cabalmente las implicaciones de los distintos puntos de la ley: Para empezar, salvaguarda el acceso individual de todas las personas, incluidas las más desfavorecidas a la cultura al no imponer tasa alguna si la lectura se realiza en el espacio y tiempo oficial de biblioteca; también se vela por el derecho colectivo a la cultura de zonas rurales o localidades con pocos recursos al establecerse exentos los municipios con menos de 5000 habitantes; igualmente se garantiza el fomento de la lectura en edad escolar dejando fuera del canon las bibliotecas de escuelas, colegios, institutos y cualquier otra entidad sujeta a la red pública de enseñanza; además se anima el hábito lector entre la población adulta, no gravándose el préstamo de obras clásicas…se observa especialmente moderación en la cuantía de las tasas aplicadas, a saber: 5 céntimos anuales por socio y 4 céntimos por cada 10 préstamos. Echadas las cuentas resulta que con sólo 9 euros podríamos satisfacer con 1000 préstamos a 100 ciudadanos, lo cual me parece el dinero público mejor gastado que pueda haber, a manos de nuestros corruptos gobernantes. Si a alguien estas cuentas le parecen un sofisma, sepan que los cálculos muy por lo alto para una ciudad como Valladolid, no superan en conjunto los 6.000 euros por ejercicio.

De haberse trabajado igual de bien las restantes leyes que pretenden defender a los autores y editores, seguramente la legítima resistencia social mostrada a las mismas, no sería la que actualmente es hallándose una más amplia comprensión a sus reivindicaciones.

Con todo, es mi obligación apostillar que mi defensa pragmática de los derechos de autor aquí esgrimida, sería más firme todavía, si los gobernantes retirasen las subvenciones públicas a la creación artística y los autores y editores renunciaran por decencia a las mismas.