Lo que justifica el fraude

La semana pasada, conocimos a través de un informe elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales que la justificación del fraude fiscal ha descendido seis puntos respecto a la anterior encuesta, concretamente del 43% al 37%, dato sorprendente a mi modo de ver con la que está cayendo y si me apuran, hasta injustificable.

Hoy más que nunca, el fraude al fisco está justificado. La endémica corrupción política de la que los EREs de Andalucía son pecata minuta, el derroche de 35.000 coches oficiales para políticos, despachos de lujo, trajes a medida a cargo del presupuesto, la continua concesión de subvenciones a fondo perdido a empresas dedicadas a su captación y cesar su funcionamiento en cuanto las perciben, las ingentes derramas de las arcas públicas a la Banca para salvar el reparto de dividendos de su accionariado, la privatización de empresas estatales rentables a precio de saldo, las reiteradas ayudas al consumo de las clases pudientes como el “Plan Renove” o la bajada del IVA para la adquisición de vivienda nueva, las enormes partidas presupuestarias dedicadas a gastos militares o la producción de armamento, para mantener guerras en el extranjero, sufragar los gastos derivados de la retención inhumana de los miles de inmigrantes en los ilegales Centros de Internamiento de Extranjeros y su contraria al derecho Internacional expulsión Express drogados, esposados, custodiados y en avión con rumbo desconocido; el recorte de gastos sociales mientras suben los impuestos…Como puede apreciarse, los motivos sobran, aunque baje porcentualmente su aprobación.

¡Sí! ¡Lo sé! Lo correcto sería denunciar estas prácticas gubernamentales y perseguir el fraude. Pero como no tengo ninguna confianza en que se haga ni lo uno ni lo otro, de momento, me apunto a ese 37% de ciudadanos que todavía piensa al margen del Tontodiario, no dejándose influir por las tendenciosas encuestas que pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino. Ahora bien, como quiera que los ciudadanos desempleados, pensionistas, mileuristas, funcionarios medios, personas sujetas a nómina, pequeños comerciantes, tengan difícil defraudar a Hacienda, invertir en las SICAVs, evadir impuestos, situar su residencia habitual en Mónaco, registrar su pequeño negocio en un Paraíso fiscal como Gibraltar o abrir una cuenta en Suiza…la opinión anteriormente argumentada, si bien está del todo justificada para defender los intereses de los más desfavorecidos del sistema impositivo que rige en la Hacienda pública, en la práctica, ampara el fraude de aquellos que pueden llevarlo a cabo, los profesionales liberales, los grandes empresarios, los deportistas de elite, los políticos corruptos, los altos funcionarios, los altos cargos de la administración y sobre todo, quienes en la relación contribución-ingresos salen mejor favorecidos y son los causantes de la quiebra económica del país.

Por ello, sin renunciar a mi posición anterior, de que hoy por hoy, los ciudadanos tenemos muy justificado el defraudar a Hacienda para que con nuestro dinero no se costee la corrupción, las guerras, la conculcación de derechos… dado lo esgrimido en contra de tal reflexión, si de verdad deseamos atajar el fraude fiscal, creo pertinente introducir el debate de si a caso no sería conveniente plantear la Pena de Muerte para los delitos económicos en fraudes superiores a los cien millones de euros como fórmula disuasoria, pena máxima que nuestra Democracia tendría la consideración de ejecutar en consonancia con el glamour de esta gentuza, o sea, al modo en como los Partos dieran su merecido a Craso o los Jíbaros de Ecuador al último Gobernador español, es decir, vertiendo oro del Banco de España, fundido en sus gargantas para que su muerte no desentone en nada con lo que han sido sus vidas. Porque, no sé si lo saben, pero es muy difícil acabar con un cerdo a besos aunque se le haya mimado a base de margaritas como las que les ofrece nuestro sistema tributario, verbigracia, a la familia Botín, la Duquesa de Alba o del romano del que está prohibido hablar.