Democracia – Página 12 – Inútil manual

Yo a Guinea, tú a Kuwait, él a los Emiratos…

Y el resto a lo vuestro, o sea, a dejaros engañar por los medios de comunicación que durante décadas os han presentado a los recientemente descubiertos Dictadores, como gobernantes, estadistas, presidentes, para darle cobertura moral a los tratos comerciales y a las fotos de rigor que demócratas como Aznar, Berlusconi, Blair o Sarkozy, por citar sólo los más recientes, se hicieron sonrientes junto a ellos, en pos, no ya de una barriobajera realpolitik, sino al servicio del más sórdido intercambio de petróleo a cambio de respaldadazo internacional.

Pero, ha querido la agenda que los ciudadanos podamos asistir a la paradoja de, al tiempo que los distintos Pueblos derrocan a nuestros mimados hijoputas mediterráneos – que no sólo Estados Unidos cuenta con patio trasero – la cínica Europa finja asombro ante el desarrollo de los acontecimientos con continuos llamamientos a la calma, cuando hasta el presente, nada le han importado el sufrimiento y opresión en que vivían sus gentes; Tanto es así que, lejos de condenar aunque sólo sea de palabra la represión draconiana de las manifestaciones, a penas se atreve a balbucear tímidas fórmulas diplomáticas que dicen mucho de cuál ha sido el auténtico grado de complicidad mantenido al respecto por las Democracias Occidentales para con sus protegidas Tiranías.

Pero España va mucho más allá de la hipocresía europea. Nuestros gobernantes, ajenos a la que se está montando, cuando caen los tiranos Ben Alí en Túnez, Mubarak en Egipto, Gadafi en Libia…sin el menor aprecio por el don de la oportunidad, no tienen escrúpulos en enviar la pasada semana a Bono “El Católico”, Presidente del Congreso junto a una delegación multipartidista, de visita cordial a la Guinea Ecuatorial de Obiang que no le anda a la zaga a ninguno de los anteriores a nada que se tire de hemeroteca en cuanto a crímenes contra la humanidad, si es que los negros cuentan como tales. Pero por si había alguna duda moral de la posición de nuestro país para con las Dictaduras, también se les hace ir este finde a Don Juan Carlos “El Demócrata” a darse besos y abrazos con el Emir de turno, nada más y nada menos que de Kuwait, una Monarquía absolutista donde las mujeres pintan menos que la Mona Chita y los asiáticos son tratados peor que los siervos durante la época feudal y a nuestro Presidente Zapatero “El pacifista” a retratarse junto a los Jeques y Sultanes de los Emiratos Árabes Unidos, Dubai y Abu Dhabi, que no son precisamente referentes de democracia y libertad.

Porque todavía nos queda mucho por aprender de las grandes potencias como Gran Bretaña, Francia o incluso de empresas como Repsol que saben sacar partido de estas situaciones mientras duran, poniendo los pies en polvorosa en cuanto las cosas pintan feas procurando no aparecer en escena cuando todo el mundo mira con lupa el teatro de operaciones, que en política, como se dice, son importantes las formas y se puede prescindir de la ética, pero no de la estética.

Menuda camarilla

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia del 2007 de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que obliga a un particular a retirar las cámaras de seguridad que había instalado porque invaden la intimidad del vecino.

En principio, la normativa que regula la instalación de cámaras de vigilancia es muy clara al respecto: Los dispositivos no pueden filmar un radio superior para el que se ha permitido observar. Como bien dice la sentencia, la medida adoptada por Gunter R. para vigilar su domicilio no era proporcionada para el fin pretendido de seguridad, ya que para garantizar esta se invadía la intimidad de otras personas, pudiéndose haber instalado las cámaras de forma que no grabaran las puertas de la casa colindante.

En España, hay más de 70.000 cámaras de vigilancia registradas, toda una gran hermandad de mirones destinada al chantaje y la extorsión ciudadana, por no hablar de evitar las merecidas represalias que muchos de nosotros tendríamos a bien emprender contra los organismos oficiales, las grandes marcas, las aseguradoras y las entidades bancarias que bien juntitas unas de otras con la excusa de la seguridad, tienen filmados más metros cuadrados de nuestras aceras que el GPs y Google juntos.

Pues bien, el otro día, me percaté del curioso detalle de que, las cámaras de los cajeros en vez de enfocar hacia adentro, lo hacen hacia afuera. Por supuesto no he descubierto gran cosa…el asunto es ¿Es legal? En mi opinión ¡No! Los motivos, son los mismos que se han esgrimido en la sentencia anterior; Habrá quien justifique la medida aduciendo que por motivos de seguridad, la cámara ha de enfocar hacia la calle para ver el rostro de quien accede a la oficina, ¡como que quién la va a hacer, no sabe que ha de ir con la cara tapada; Si al menos hubiera otra cámara enfocando hacia el cajero, es posible, que me creyera eso de estar colocada por la seguridad de la entidad bancaria y del usuario. Lo normal, digo yo, es que la cámara vigile su propiedad, o sea, el interior del cajero y el cajero mismo. Entonces, -alguien dirá- que sólo se le filmaría de espaldas a quien cometiera un acto vandálico; Bueno, eso sucedería si se marchara caminando de espaldas, cosa que en el caso anterior, también podría suceder, pero a la inversa.

Se dice, se comenta…que varias empresas de seguridad dedicadas a instalar alarmas y cámaras de videovigilancia fueron fundadas con capital proveniente, de las caídas dictaduras de Chile y Argentina por medio de agentes del DINA y AAA cuyos antiguos miembros y descendientes, todavía son sus máximos accionistas. Pues bien, aunque la ley de protección de datos es muy cauta en cuanto al uso y servicio que han de ofrecer las imágenes captadas, las denuncias de ciudadanos recibidas en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se doblaron alarmantemente el pasado año, según su Director Artemi Rallo, porque entre tanto material, es muy goloso saber quien va con quién, dónde, cuando y qué hacen…

De la retribución del cargo público

http://www.youtube.com/watch?v=oFfDm5pWrCk

Me ha llegado al correo un texto con el sugerente título “Recogida de firmas para bajar el sueldo a los políticos” que anima a su lectura. De principio a fin no tiene desperdicio, pero me lo he pensado bien antes de colgarlo tal cual en mi “Inútil Manual” pues en ocasiones, tras las buenas intenciones aparecen remedios peores que la enfermedad, no siendo pocas las veces que la demagogia cuela entre col y col lechuga…Mas como quiera que lo rubricaría sin a penas modificación alguna, me he sumado a la propuesta, no sin antes plantearme racionalmente la cuestión de, la correcta retribución de un cargo público, que no es cosa que pueda dirimirse por simples impulsos viscerales a ras de la coyuntura.

En la Democracia ateniense, obviados extranjeros y mujeres, sólo participaban quienes disponían de riqueza suficiente como para disfrutar ocio que les posibilitaba dedicarse a los asuntos de la polis y hacer así política. Quienes no tenían ocio, entiéndase esclavos, negociantes, ciudadanos pobres o campesinado, no podían participar de la política y menos de la Democracia, más que nada, porque difícilmente atenderían los problemas de la ciudad, si al mismo tiempo estaban obligados a cuidar de sus tratos particulares. Se mirase por donde se mirase, resultaba contraproducente, bien porque al no tener nada que perder medirían con menor cautela sus decisiones, bien porque carentes de posesiones, era muy difícil que desde el poder se abstuvieran de adquirirlas en detrimento de la comunidad. Y no les faltaba razón. Como tampoco faltó ocasión a quienes podían hacer política de legislar a su medida para sancionar el statu quo, aunque de esto ya se hablaba menos pese a las reformas de Solón encaminadas precisamente a mitigar dicha tendencia.

Para corregir los peligros derivados de la participación en la toma de decisiones por quienes tienen poco que arriesgar con ellas, no han faltado fórmulas: desde reservar el acceso a la Asamblea o Senado a una determinada clase como la Patricia en Roma o los Lores en Inglaterra, hasta restringir el sufragio sólo para quienes tenían títulos nobiliarios, poseían tierras o pagaban impuestos. En cambio, para afrontar el mal de la corrupción, desde Platón a penas se ha ensayado otra estratagema que la de retribuir magníficamente bien al cargo público, colmándolo de prebendas y honores, con el ánimo de que no necesite nada mientras esté trabajando para sus vecinos, ganando tanto en su puesto, como el que más se beneficie de su labor comunal, de modo que, la natural tentación de hacerse con la propiedad ajena quede espantada ante la mera posibilidad de perder el poder que ostenta, la admiración de sus conciudadanos, los privilegios de su posición y tan alta retribución que le procura su cargo.

No estaba mal pensado. La idea era atraer al cargo público no sólo a los poderosos del momento, sino también a los más capaces, para que la ciudad contase al frente de sus instituciones con los mejores, que no otra cosa significa etimológicamente la Aristocracia. Por supuesto, Platón en su “República”, ya previno que, previamente era preciso formar al ciudadano en la virtud a través de la educación, no vaya a ser que los más capaces y los mejores, también fueran los más granujas, corruptos y depravados, como tantas veces ha sucedido en la historia.

Durante la Antigüedad, los riesgos derivados del ejercicio del poder, se moderaban con un equilibrio tácito entre la riqueza económica, el poder político, la fuerza militar y la influencia espiritual que sin embargo, no impedía se repartiese siempre entre los más pudientes de la sociedad, como sucedió todavía en la Modernidad, donde para corregir los desmanes institucionales, los ilustrados idearon la famosa división entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que como dijera Fernando VII son los mismos perros con distintos collares.

Mal que bien, la actividad política discurrió por estos retorcidos surcos hasta conseguirse el sufragio universal en la Era Contemporánea, en la que se nos permite a todos elegir y ser elegidos. Evidentemente, ello no se ha logrado sin sangre, sudor y lágrimas y mucho menos sin antes establecer un sistema de retribución suficiente del cargo público que permita a cualquier ciudadano, indistintamente de su grado de riqueza o pobreza, la posibilidad de desatender su hacienda y emplear su tiempo al cuidado del bien común, salario proveniente del excedente generado por la ciudadanía que a cambio de verse liberada de las tareas comunitarias que le permite dedicarse por entero a sus negocios, consiente en pagar cuantos impuestos sean necesarios para mantenerles.

Pero, todavía quedaba por sortear el otro riesgo de la Democracia, cuál es, la de que, quienes se hacen con los cargos públicos, trabajen para mantener el statu quo que les ha permitido acceder a dichos cargos, comportamiento igualmente nocivo para la sociedad a la que dicen servir. Ello explicaría, como desde sus inicios, la Democracia política, nada ha hecho, por elevar la riqueza de los ciudadanos -que si ha aumentado, ha sido más por el propio esfuerzo popular que debido a la diligencia gubernamental- al extremo de que, todos podamos dedicarnos a la política sin mayor retribución, que la de satisfacer a los demás y recibir su admiración como sucede con los jefes de las islas del Pacífico en donde es elegido Jefe aquel candidato que ha procurado más alimentos a su comunidad durante los banquetes electorales, haciendo de la política todo un arte y de las elecciones un aplauso. Antes, al contrario, siempre se ha procurado asfixiar económicamente al Pueblo, en beneficio de la clase dirigente, dificultándoles con ello su deber y derecho cívico de prestar mayor atención a los asuntos sociales, para dejarles hacer y deshacer a su antojo, por estar demasiado ocupados en conseguir pagar los impuestos y gravámenes continuos que nos imponen desde sus cargos.

Con todo, la gente más prudente de lo que parece, mientras tenga para malvivir y los gobernantes gobiernen, aunque lo hagan mal y en su provecho, digamos que se contenta con eso de que Dios aprieta pero no ahoga y en buena lógica, pasa por alto las múltiples fechorías, a cambio de que las cosas funcionen aunque sea bajo mínimos, sabia actitud esta que se ha confundido con el famoso “pan y circo” por el mismo motivo que el bueno pasa por tonto, porque a fin de cuentas, todos sabemos responder íntimamente la cuestión planteada por Juvenal de ¿Quién vigila al vigilante? O sea, nadie. Siendo por consiguiente su poder despótico, malo no es que por aparentar maneras democráticas algo se contenga su instinto disimulando su despotismo, cosa que sólo ocurrirá mientras los Gobernantes crean que el populacho todavía les contempla como sus legítimos representantes. De ahí que no se quiera destapar la liebre, ni por unos ni por otros. El problema viene para todos, cuando el grado de ineficacia y desgobierno es tal, que al pueblo le compensa pasar por el trance de una Revolución, antes de continuar soportando no ya a unos malos gobernantes, sino a una auténtica Casta Parasitaria que no aporta nada y resta mucho a la comunidad.

A caso rehuyendo lo inevitable, casi sin querer, se han acometido reformas encaminadas a ponerle trabas legales al abuso de poder, pero la inercia humana hace todo esfuerzo estéril, pues como dice el estribillo, ¡Todos queremos más! No sabiendo muy bien como acertar, algunos vieron en los cargos vitalicios el mejor modo de frenar la ambición personal, dado que nadie tendría motivos para robar del tesoro Estatal, al no cesar nunca en el cargo y poder disfrutar para siempre de los beneficios colosales estipulados por ley; Otros por el contrario, creyeron que la solución consistiría en abreviar los mandatos para hacer más difícil que se tejieran con el tiempo redes estables de corrupción; Pero los gobernantes vitalicios, si bien no se llevaban nada para ellos al más allá, si procuraban que a los suyos no les faltara de nada aquí para varias generaciones y los representantes del Pueblo que sólo eran elegidos para ocupar cargos durante un breve plazo de tiempo como pudiera ser un año, despojaban a la sociedad en tan corto periodo lo que otros tardaban cuatro años o seis en hacerlo poco a poco. De esta guisa, no han sido pocos los pensadores que han contemplado el Tiranicidio como última salida para que el Pueblo soberano se libere del yugo gobernante. Es más, incluso el mismo poder regio ha tirado del castigo capital para mantener a raya a quienes se corrompían más de lo debido, por poner en riesgo la supervivencia del sistema, según lo anteriormente expuesto. Escarmiento que en modo alguno aleccionaba a nadie, pues qué era pasar potencialmente un mal trago, frente a unas ganancias presentes, contantes y sonantes.

Tomando en consideración todo lo anterior, parece obvio que, la solución no reside en pagar más a los políticos, pues siempre querrán más y se corromperán; Tampoco resulta viable rebajar los sueldos de nuestros representantes, porque entonces a los asuntos públicos llegarán sólo los más inútiles de la sociedad, como actualmente ocurre en la casta docente; Castigar la corrupción severamente a toro pasado, es evidente que no funciona; Pero pasar de la política, como hacían los idiotas griegos – ciudadanos libres que pudiendo participar de la política se despreocupaban de los asuntos públicos- permitiéndoles hacer sin escrúpulos cuanto deseen, es casi como incitarles al delito; Así las cosas, sólo parecen quedar dos alternativas: la primera consistiría en reducir al mínimo las áreas que requieran intervención gubernamental para de este modo rebajar el perfil de la casta parasitaria y por descontado del Estado. La segunda opción, consistiría en aumentar la Democracia y dar de una vez el paso de la Representación a la Acción Directa, haciendo de cada ciudadano un político para el que nada de lo común le sea ajeno y los aspectos sociales le preocupen y ocupen como propios que son. Y quién sabe si ambos recorridos no pueden ser complementarios…

Mientras tanto, ahora que sabemos por boca de Ramón Jáuregui que “nunca nada, justifica que nadie, agreda a un cargo público” al menos, deberíamos replantearnos su circunstancia en función de todo lo comentado. Para ello, volviendo a Platón, empezaríamos por escudriñar la vida de los candidatos para asegurarnos de su virtud al margen de la compensación que pudieran recibir; Hecho lo cual, bueno sería que nadie accediera a los más altos cargos, sin antes haber probado su valía en anteriores responsabilidades, sean estas familiares, privadas, civiles o institucionales; Los cargos públicos serían retribuidos según un baremo que tuviera en cuenta datos como el sueldo base o la renta per cápita para establecer un mínimo de su salario fijado en el triple o cuádruple si se quiere de los anteriores y también las nóminas más altas, dado que es inviable que el Presidente de un Gobierno, cobre legalmente menos que futbolistas, artistas, pilotos…Así, en principio los políticos tendrían motivos propios para procurar aumentar los ingresos más bajos de los ciudadanos y no se resentirán por ver como con su esfuerzo otros se lucran a su alrededor más que ellos. Por supuesto, de nada servirían estas precauciones, sin antes haber adelgazado las competencias gubernamentales, haber eliminado la duplicidad y triplicidad de cargos institucionales que en la confusión escurren el bulto de su responsabilidad al tiempo que lastran el presupuesto de la gobernanza, de no haber el marco legal adecuado para castigar enérgicamente al corrupto y sin ágiles mecanismos democráticos, para cesar en el cargo ipso facto al gobernante incapaz o imprudente, para evitar que los ciudadanos deban esperar al final de su mandato para poner fin a sus despropósitos.

Pero el replanteamiento que acabo de hacer, no se ajusta a nuestra realidad, dado que nuestros representantes, sean estos concejales, alcaldes, diputados provinciales, parlamentarios autonómicos, senadores, congresistas, europeos…más que hacer política, bien o mal, se dedican exclusivamente a mantenerse en el poder, importándoles un bledo que el Estado, sus instituciones, las autonomías, municipios, y el largo etcétera de fuentes soberanas de las que emana su legitimidad y sueldos se deterioren por momentos, no ya por su negligencia, incompetencia, desidia o irresponsabilidad, sino casi diría yo que a propósito, para que abrumada por los problemas, la ciudadanía elija como siempre por lo malo conocido. Pues bien, aceptamos la baja calidad de nuestra Casta Parasitaria como mal menor, antes de echarnos a la calle como en Túnez y tantos otros lugares, pero a cambio, va siendo hora de que mejore la relación precio-calidad. Es en este sentido en el que me sumo a la propuesta aquí traída, para recortar el sueldo a todos los chupopteros que integran actualmente la Casta Parasitaria y cuyo detalle y mecanismo de adhesión podéis hallar en http://noalossueldosdelospoliticos.blogspot.com/

En teoría…

En teoría, la Democracia consiste en respetar las decisiones adoptadas por mayoría cuando no es posible el consenso. En teoría, la Democracia representativa permite que el pueblo elija a sus representantes para que lo represente en el ejercicio político de su quehacer. En teoría, los representantes democráticamente elegidos miran por el interés general y el bien común. En teoría, el Pueblo les paga suficientemente bien su entrega pública para que puedan desatender sus asuntos privados y atender en dedicación exclusiva los asuntos de todos, al objeto de que el resto, podamos dedicarnos a nuestros negocios particulares. Así, en teoría, los representantes públicos, son servidores del Estado, la Patria, la Nación y el Pueblo. En teoría el Pueblo elige a los mejores para que lo represente, por lo que en teoría son de elevados principios, educación exquisita, eficiencia probada, magníficos gestores con gran experiencia vital, fortaleza moral, templanza en su actuación, diligentes en su toma de decisiones, justos y cuantas características busca una ciudadanía en quienes han de gobernarla. Ahora bien, en teoría, los representantes del Pueblo, son Pueblo, por lo que queda claro que el representante y lo representado, son cosas distintas en cuanto a la representación, del mismo modo que no se puede ser juez y parte, difícilmente una parte podrá ser el Todo, por lo que, en teoría, el conjunto de los representantes es la representación del Pueblo, pero no cada uno de los representantes que exclusivamente representan al Pueblo que personalmente son. Este defecto de la representación individual, es la fundamentación que, en teoría, justifica la aparición de los Partidos en la Política, para diluir la individualidad del representante y su particular popularidad en una estructura más social y por ende, en teoría, más representativa de lo colectivo. En teoría, los Partidos Políticos, recogen el sentir de la sociedad y canalizan a través de su militancia las preocupaciones del ciudadano y garantizan que los distintos personalismos de los cargos públicos electos, no actúen por su cuenta al margen del interés general y el bien común. En teoría, esa es su función. De no haber dicha disfunción en la representación individual por incapacidad de que una parte represente al todo, sería del todo improbable que hicieran falta Partidos, por lo que en teoría, cuando un Partido deja de corregir ese vicio y es incapaz de que las partes aparten a parte de la representación, en teoría, este Partido debería desaparecer por ineficaz. Cuando los Partidos resultan inútiles a este respecto y sin embargo se mantienen al frente de la representación, es cuando en teoría, la democracia pasa a ser una Partitocracia. En teoría, la Partitocracia es contraria al interés general y al bien común. Y en teoría, la ciudadanía tiene derecho a deshacerse de sus falsos representantes y mostrarles su malestar y enfado. Cierto es que este malestar y enfado en una democracia debe canalizarse por cauces democráticos y que el representante, en teoría, es intocable siendo su persona Sagrada mientras desempeñe el cargo para el que ha sido elegido, cuyo propósito no es otro que, el de garantizarle que de su honesto proceder en bien general de todos, nadie actuará contra ellos aun en el caso de salir mal parados de sus decisiones y de haber un procedimiento no honesto o en su caso inapropiado, negligente, imprudente o temerario, los tribunales se ocuparán de juzgar sus actuaciones como corresponde, etc. Eso es lo que ocurre, en teoría, en Democracia. Pero ¿Y en Partitocracia? El bueno de Ramón Jáuregui ha dicho que, “nunca nada justifica que nadie agreda a nadie y menos, a un cargo público” en referencia a lo sucedido en Murcia. Pero pensando en lo mal que muchísima gente lo está pasando sin empleo, sin poder hacer frente a las hipotecas, sin tener que dar de comer a sus hijos…también podemos estar de acuerdo con él, en teoría.

Referéndum y representación

Lo dije en cierta ocasión, pero vuelvo a repetirlo. Si un gobernante consulta al pueblo sobre las cuestiones capitales que le afectan, este mismo pueblo, puede empezar a sospechar que dicho gobernante es incapaz de tomar decisiones por si mismo, o peor aún, puede cogerle gusto a eso de opinar y querer pronunciarse sobre esto y aquello entorpeciendo las labores de gobierno.

Tan malo es abusar del referéndum como obviarlo por completo. En el primer caso, el Pueblo se expone al riesgo del Asamblearismo donde el exceso de reflexión o la disputa eterna, paralizan la acción, negándole al Gobierno la capacidad de responder a los problemas comunes con cierta coherencia ejecutiva, la cual, permita ser evaluada, juzgada, aprobada o recusada por la propia ciudadanía. En el segundo caso, aparece el vicio de la sobrerrepresentación del gobernante que niega al Pueblo su soberana capacidad de decisión en asuntos, que a lo mejor, no son susceptibles de resolverse por delegación, de igual modo que en un quirófano no hay votación que valga.
En democracia, los asuntos capitales de la sociedad suelen dirimirse por medio de elecciones en las que, tras debatirse las distintas opciones, la ciudadanía elige a sus representantes para que se ocupen de las cuestiones fundamentales de forma profesional continua y supervisada, por un periodo de tiempo limitado, según las líneas generales de un programa que ha sido debidamente publicitado con anterioridad. Normalmente, los programas suelen nutrirse de vaguedades bienintencionadas, grandilocuentes promesas, cuya interpretación depende del presunto sesgo ideológico del electorado o de la tradición histórica de las siglas a las que se asocia. Los partidos mayoritarios, rara vez se atreven a llevar en ellos propuestas radicales que puedan dividir a su feligresía, suscitar la división interna, romper la disciplina de voto, causar recelos entre sus filas, etc. Lo normal, es que afronten los temas controvertidos en escaramuzas mediáticas anunciando y desmintiendo medidas o reformas, para según sea la contestación social, recomponer su discurso.
Pues bien, son precisamente esos temas controvertidos que afectan a la sociedad de forma transversal, más allá de ideologías, clase social, nivel cultural, incluso club de futbol al que se pertenezca, los que requieren un tratamiento democrático suplementario al representativo, pues la sociedad, a todas luces, es muchísimo más plural que lo que aparece retratada en nuestro Parlamento, donde a día de hoy, bien podrían ir a votar ocho políticos cada cual con la fuerza numérica del partido al que representase, pero no con la legitimidad moral del pueblo al que dicen representar. Porque, me niego a pensar que, seamos tan cazurros como para creer que todos los parlamentarios del PSOE, están a favor de la retirada de crucifijos de las aulas o que todos los miembros del PP, estén en contra de la interrupción del embarazo en la práctica. Antes bien, en todas y cada una de las fuerzas políticas habrá una enorme pluralidad de planteamientos, pareceres y experiencias, que quedan acalladas por tan enfermizo modo de entender la representación, cuál es, la de no dejar opinar al Pueblo en nada de cuanto le afecta, salvo cada cuatro años, para escoger al menos malo de cuantos se presentan para usurpar la toma de decisiones.
Temas como la Monarquía, el aborto, la eutanasia, el consumo de ciertas sustancias, la presencia de crucifijos en las aulas, la enseñanza obligatoria de inglés, los permisos para la instalación de antenas de telefonía cerca de los barrios pobres, la incorporación de productos transgénicos en el mercado alimentario o el reciente conflicto de los toros, en los que nadie sabe a ciencia cierta, cuál pudiera ser el sentir general de la ciudadanía y en los que difícilmente puede alcanzarse un consenso político por hallarse en juego matices que transcienden el mero cálculo partidista, deberían empezar a dejarse en nuestras manos, que de no ser menos aptos para la libertad individual de pensamiento y conciencia que los californianos, italianos, holandeses, suizos y resto de personas que viven en democracia, no veo motivo para que en estos asuntos, como en muchos otros, no se nos consulte periódicamente y se nos escamotee tan férreamente como se hace, la convocatoria de consultas populares, a excepción de sondeos de opinión y encuestas, de las que estamos más que sobrados, pero cuyo valor legal no supera al de los billetes del Monopoly.