Contra la Justicia Universal

Apreciando la sutileza en la expresión por mi utilizada “Ministerio de Injusticia”, algunos lectores me discutieron lo apropiado de la fórmula en sus inicios, si bien, conforme avanzan los acontecimientos en dicho área, más de uno ha acabado dándome la razón.

Desde que se estrenó en el cargo, el Ministro criminal Gallardón, no ha hecho otra cosa que disminuir el alcance de la Justicia por distintas vías legales nada legítimas, empezando por, en complicidad con el Ministerio de Represión Interior, dotar a su Gobierno de una Ley Mordaza cuyo objeto no es otro que disuadir a la población de todo conato de protesta, recortando su libertad de movimientos bajo amenaza de multas de cárcel y económicas que ya las querríamos ver aplicadas a corruptos políticos, estafadores bancarios y especuladrones financieros e inmobiliarios.

Un método más sibilino de silenciar a la ciudadanía ha consistido en la promulgación de la denominada Ley de Tasas, a fin de entorpecer los recursos ante los tribunales a las personas que no dispongan de recursos que a fecha de hoy, con lo avanzada que está la crisis-estafa, alcanza a la entera clase media que resignada acepta todo atropello bancario como lo sucedido con las preferentes, inmobiliario como lo acontecido a diario con los desahucios, laboral, político como las promesas electorales incumplidas una a una y social dado que el aumento de impuestos ha ido acompañado de drásticos recortes en sanidad, educación, prestaciones sociales e infraestructuras.

Aunque en España, los Tribunales nunca han sido independientes, había un cierto espíritu de hipocresía e impostura por parte de los distintos puñeteros implicados en el Tribunal Constitucional, el Supremo, el CGPJ y la Fiscalía del Estado para salvaguardar las formas, cortesía comportamental de la que ha prescindido sin disimulo alguno el Ministro criminal Gallardón, por cuanto le urge poner santo remedio a causas judiciales en marcha que para sorpresa de propios y extraños, están haciendo más justicia de la esperada para un sistema corrupto desde la raíz; y si para ello se debe ordenar apartar del proceso y si es preciso de la profesión a un juez incontrolado como Silva del caso Blesa ¡pues se hace! sin importar lo más mínimo lo que piense la ciudadanía o lo que deje de pensar; y si a tal menester se ha de poner a los fiscales de todo el Reino a defender a imputados y acusados de defraudar a Hacienda o desfalcar las arcas públicas, como ha hecho el fiscal Horrach con la Infanta Cristina de Borbón, sin reparos nos ponemos manos a la obra, aunque ello suponga el mayor de los bochornos ante sus colegas europeos.

Así visto, negada en casa la Justicia, no de ahora, sino de siempre, ya que en España no se ha juzgado ningún crimen del Franquismo, ni se ha reparado a sus víctimas, ni se han investigado los raptos de bebés, ni se ha permitido a los familiares de desaparecidos recuperar a sus muertos enterrados en fosas comunes bajo autopistas o bloques de edificios…la última iniciativa del Ministerio de Injusticia de deslegitimar la continua intromisión de nuestra querida Audiencia Nacional en asuntos internos de terceros países como es la tortura durante la dictadura Argentina, los ejecutados en el Tibet a manos del régimen chino, el asesinato a sangre fría por los EEUU del periodista Couso en Irak, que nos enemista innecesariamente con sus gobiernos, hasta podría calificarse paradójicamente de justa la medida adoptada, pues un Estado como España, no está legitimado por todo lo comentado para dar lecciones a nadie sobre Justicia y de cómo debe er aplicarla, si no es que desea se le caiga la cara de vergüenza.

Porque para la Justicia Española, hace tiempo que la vergüenza es un lujo que no se puede permitir quedando sólo por dirimir si es una Justicia sin vergüenza es decir que no tiene vergüenza, si acaso es desvergonzada, o sea, que alguna vez tuvo vergüenza y ha dejado de tenerla, o se ha convertido por completo en sinvergüenza.

Una mente maravillosa

El pasado Miércoles, a pleno día en el centro de Madrid, un individuo provisto de un maletín haciéndose pasar por funcionario de prisiones, logró acceder en la vivienda particular de Bárcenas. Una vez dentro, rápidamente, con la ayuda de un revolver maniató a la esposa, hijo y asistenta, para acto seguido pasar a interrogarles por los famosos “pendrives” donde el tesorero del PP guarda la información sensible que todavía no ha salido a la luz, la cual, podría forzar la dimisión de Rajoy e incluso la inmediata disolución del Partido Popular, a tal efecto se hizo acompañar habitación por habitación en exhaustiva búsqueda, prestando especial atención al despacho personal de Bárcenas. Durante la larga hora y media que duró su registro revolucionario, el sujeto intentó tranquilizar a sus retenidos explicándoles que su intención no era provocarles ningún daño ni a ellos ni a su propiedad, sino solucionar los problemas del país, derrocar al gobierno y eliminar la corrupción.

Como en tantas otras ocasiones en que un buen ciudadano toma la decisión de hacer lo que las instituciones no quieren hacer, en este caso realizar un registro sorpresa para dar con la información sobre la auténtica contabilidad del Partido Popular, los medios de comunicación, se han apresurado a tildarle de loco, perturbado, trastornado…para deslucir ante la opinión pública su valiente decisión, el mérito de su acción y su personal entrega altruista y por si ello no bastara, también le señalan como delincuente con varios antecedentes. Vayamos por partes:

En lo concerniente a su condición de delincuente, pese a la abundante manipulación mediática, todas las fuentes parecen coincidir en que la persona que irrumpió en la vivienda de Bárcenas no perseguía más botín que el declarado; ni dinero, ni joyas. Luego, es impropio del buen periodismo, dar a conocer su ficha policial que no viene al caso si no es para desprestigiarlo ante la audiencia simpatizante con su causa y que pasamos sana envidia por no habernos atrevido nosotros a acometer acto tan audaz.

Por lo que respecta a su estado de salud mental, hemos de reconocer que en este plano, la prensa, sin querer, ha mostrado un perfil más digno y concordante con la realidad, porque un sujeto que declara su deseo de derrocar al gobierno para solucionar los problemas del país y eliminar la corrupción, muy cuerdo no ha de estar para ir contracorriente sin apenas medios. Y sin embargo a mi me parece una mente maravillosa.

El ciudadano de 63 años de edad, Enrique Olivares García, lejos de ser un loco delincuente como nos lo quiere presentar el Tontodiario, es una mente maravillosa, capaz de sentir empatía por toda la sociedad, de buscar el bien común del país, de actuar en beneficio del interés general; frustrado por la inoperante labor de los tribunales, embriagado de un genuino sentido de Justicia, no ha dudado en poner en riesgo su persona, su patrimonio y su libertad para encontrar por si sólo la verdad que desenmascare a los auténticos criminales que nos gobiernan. Él solito, sin ninguna colaboración ha planificado toda su intervención humanitaria, se ha desplazado hasta la capital, ha localizado la vivienda particular de su objetivo, seguramente la ha sometido a vigilancia, ideó una identidad para no levantar sospechas que a la vez le permitiera la entrada al domicilio, fue capaz de someter a tres personas, etc. Sólo tuvo un fallo: ser una excelente persona que todavía no ha alcanzado el nivel elevado de conciencia moral que entiende que en ocasiones el fin justifica los medios y es imposible que así sea si se va provisto de una pistola con balas de fogueo, sin los conocimientos adecuados para hacer hablar a los sordomudos.

De todos modos, como dijera Guillermo Borja “La locura lo cura todo” y en breve tendremos nuevos actos de locura aislados y particulares que como luces en la oscuridad nos irán indicando al resto de mortales el camino de salvación para nuestra Democracia y Paz social.

Gila en el caso Bárcenas

comenzaba Gila uno de sus más famosos monólogos irrumpiendo en el vestíbulo del hotel con la pregunta: ¿Hay algún asesino suelto por ahí? ¿Alguien tiene un cuchillo ensangrentado en el bolsillo?, en clara parodia a las poco creíbles resoluciones de los crímenes en las series de detectives que inundaron la pantalla durante las últimas décadas del siglo XX con los Kojak, Colombo, McCloud y Banachek, cuya función no era otra que la de persuadir a las mentes adultas de que alguien en la Policía velaba eficazmente por su seguridad.

Como los héroes del cómic Superman, Spiderman, Batman y la Masa, subsanaban en las cabezas infantiles los temores derivados de las primeras dudas albergadas por el resquebrajamiento de la todopoderosa figura paterna, pues en sus capítulos, bastaban dos indirectas para que los sospechosos se vinieran abajo y cantaran ópera esclareciendo todos los detalles allí donde no llegaba el ingenio del guionista para ponerlo en boca del personaje principal.

Lamentablemente, mientras el humor para ser debidamente entendido tiene que flanquear el obstáculo de la inteligencia, la estupidez tiene acceso directo a nuestra psique, desde donde hace auténticos estragos indistintamente del nivel cultural alcanzado por el individuo y hasta de su coeficiente de inteligencia natural.

Desde hace meses vemos cómo evoluciona el que hemos dado en llamar caso Bárcenas para que uno pague por todos: se tardó lo suyo en poner en custodia al sospechoso; se tardó aún más en intervenir cuentas; y todavía no se ha ordenado el registro ni de su propiedad ni de su lugar de trabajo, que no es otro que la sede oficial del Partido Popular en Génova. Ahora, después de que casi por vergüenza el juez Ruz requiriese la entrega de los ordenadores manejados por el extesorero del PP, resulta que estos han sido destripados de sus respectivos discos duros, poniendo en práctica literal lo del “borrón y cuenta nueva” que, como ha dicho el portavoz de la organización popular, es habitual proceder en asuntos informáticos.

Muchas son las hipótesis esgrimidas al objeto de explicar tan ingenuo tratamiento por parte de los tribunales primero, dando tiempo suficiente al sospechoso para desplazarse por toda la geografía española y de medio mundo eliminando pruebas, segundo, dejándole libertad legal absoluta para efectuar cuantos movimientos económicos y fiscales fueran menester para ocultar la ingente fortuna ilegalmente acumulada y tercero, permitiendo hasta la fecha que tanto el sospechoso como su familiares y allegados limpien su casa de pruebas que le pudieran incriminar cuanto a la sede del Partido Popular y sus más fieles colaboradores a hacer lo propio en sus instalaciones.

Una de estas hipótesis señala a la lentitud de la justicia, que es tanto como decir que la planta coloquialmente conocida como “adormidera” tiene la propiedad de dormir no aportando gran cosa a la cuestión; otra hipótesis algo conspiranoica apunta a cierto acuerdo económico millonario entre la parte mangante acusadora y la parte mangante acusada, a la que doy el menor crédito por ser muy verosímil. Yo me inclino por lo comentado, a saber, nuestros más altos representantes de la magistratura, pese a su sólida formación académica y prestigiosa carrera profesional, como cualquiera que haya visto reblandecido su corazón con Heidi y Marco y su cerebro con aquellas series de detectives -y el juez Ruz no iba a ser la excepción- salvo que el acusado sea un infeliz, se ven inconscientemente empujados a esperar de todos los culpables una confesión voluntaria cuya tardanza se demora en el tiempo más nunca llega a hacer desistir a sus señorías por cuanto siempre, siempre, siempre, tarde o temprano, los delincuentes acababan derrumbándose en la interminable secuencia de capítulos, idea absurda donde las haya, pero que está en la base de no menos absurdo proceder procesar que más que cauto, prudente, lento o garantista, parece a ojos de la población generoso, colaborador y hasta cómplice con el acusado.

Matar con vehículo sale barato

Hace pocos días, los medios se hicieron eco del enésimo atropello de un ciclista con el agravante que siendo de madrugada, el causante se dio a la fuga, cuando de haberlo auxiliado, seguramente en estos momentos estaríamos hablando de un herido y no un muerto. Entonces conocimos que el fallecido, llamado Oscar, no practicaba deporte, sino que como tantos otros trabajadores en estos tiempos de crisis se dirigía a su puesto laboral en un medio de locomoción barato, ecológico, sin problemas de aparcamiento ni necesidad de garaje, ideal para los cortos desplazamientos.

La eficiencia policial, pronto detuvo al sospechoso poniéndole a disposición judicial. Al parecer, el interfecto ya había sido condenado hasta en tres ocasiones por delitos contra la seguridad vial teniendo prohibido conducir hasta el 2017. Sin embargo, para indignación de todos, el magistrado de Guardia, Ramiro García de Dios, le ha dejado en libertad con cargos, acusado de un homicidio con imprudencia. Tras la resolución, el hermano del atropellado, José Javier Fernández Pérez, ha exclamado “Matar sale muy barato en este país”. Cosa que ratificamos cuando reparamos en que, el delito de homicidio por imprudencia recogido en el artículo 142 del Código Penal, supone penas de prisión de uno a cuatro años. En caso de que haya sido provocado con un vehículo también incluye la retirada del permiso de conducción hasta seis años.

Si hace algunos años me planteé en voz alta la conveniencia de casarme para darme el lujo de asesinar a una mujer sin tener por ello que rendir cuentas severas ante la justicia que calificaba los hechos como “crímenes pasionales”, hoy es el día en que maldigo el no poder sacarme el carnet de conducir para saldar algunas cuentas pendientes, pues de matar a mis enemigos con armas blancas o de fuego, seguramente debería afrontar duras penas de cárcel, pero de atropellarlos con dos copitas de más, entonces podría irme de rositas, sin verme en la necesidad de tener que contratar a sicarios de los países del Este para despachar los distintos asuntos personales, familiares, vecinales o de negocios que con la aparición de las canas y el avance de las arrugas se me vienen acumulando con mayor rapidez que avanza el cáncer.

Pero ¿Por qué matar con un vehículo sale tan barato, no ya en España, sino en todo el mundo? La respuesta podría valer igualmente para la cuestión ¿Por qué es tan sencillo desde una perspectiva psicológica obtener el permiso de conducir? Es evidente que el manejo de un vehículo no se debería dejar al alcance de personas irresponsables entre las que se encuentran muchas más que los menores de edad o ancianos con demencia. Tampoco se debería conceder permiso a gente imprudente que no tiene bien calibradas las nociones de riesgo, capaces de hablar por el móvil con una mano y encender el cigarro con la otra estando mientras están en carretera, ni a los inconscientes que no toman en consideración tener el automóvil en condiciones para circular por su propia seguridad y la de los suyos, ni aquellos que padecen alcoholismo o drogodependencia. Por supuesto, se debería evitar el acceso al volante a despistados capaces de cruzar un carril sin mirar a diestro y siniestro por ir pensando en la quiniela, ni a los impacientes incapaces de frenar ante un stop o semáforo en rojo, menos aun a personas depresivas y pesimistas que les de lo mismo vivir que morir. Qué no diremos de los prepotentes, conductores con complejos de inferioridad, personas irascibles, inseguras o demasiado confiadas…

De ser yo el Director de la DGT, el Permiso de conducir sería más estricto que la licencia de armas. Pero en ese caso, sólo un pequeño porcentaje de la población podría sacarse el carnet, los justos para cubrir puestos de ambulancia, chóferes profesionales de medios públicos de transporte, taxistas, personal de reparto, etc. El resto, debería ir en autobús o metro, porque hasta para el uso de la bicicleta creo que la mayor parte de los ciudadanos no reúnen las cualidades psicológicas adecuadas para su conducción responsable, que en muchos casos está en la causa de su propia tragedia.

La industria petrolera y del automóvil no ha dejado al capricho de la Razón el gobierno de nuestras sociedades. Desde inicios del siglo XX se hizo dueña de los distintos gobiernos para que estos pensaran más en mantener sus beneficios que en la salud, bienestar o intereses de sus ciudadanos. Así se construyeron urbes donde los coches más que los peatones gozan de derecho circulación, basta observar el espacio dedicado a carretera y el de acera; se dio directriz a la industria de la construcción para que cada edificio contara con las suficientes plazas de garaje por vivienda levantada, sin que hubiera medida semejante para una piscina en la azotea, o un parque aledaño donde pudieran jugar los niños; se le permite a cualquier dueño de automóvil emitir cientos de litros de humo al medio ambiente al mes, cuando a otras empresas o particulares se les multa por la misma acción; se posibilita comercializar vehículos que pueden alcanzar los 200 Km/h cuando en nuestras carreteras está prohibido circular a más de 120 Km/h; etc.

De lo expuesto se colige la respuesta a las preguntas arriba explicitadas: Los gobiernos integrados en la International Criminal Corporation (ICC) legislan tanto en la concesión del permiso de conducir, como en la graduación de las penas por infracciones de tráfico, conforme a los intereses empresariales de la industria petrolera y automovilística, para favorecer su mercado y mantener sus colosales beneficios en detrimento de los ciudadanos que somos sus enemigos. Por eso, sale tan barato matar con un vehículo y las muertes en carretera son contadas como accidentes en vez de cómo atentados terroristas contra la población civil.

¡Hay que indultarlos!

El mismo día en que las encuestas sitúan a jueces y periodistas a la cola del prestigio social, los medios de comunicación informan de una sorprendente cuanto extraña resolución de la Audiencia de Barcelona obligando al empresario Fidel Pallerols y a los ex cargos de UDC Lluís y Vicenç Gavaldà encontrados culpables de fraude en subvenciones públicas, a cumplir las penas de cárcel fijadas en la sentencia que pactaron con las acusaciones, confiados en que al ser inferiores a dos años careciendo ellos de antecedentes, seguramente se librarían de ir a prisión, máxime, cuando su partido aunque a regañadientes, acabó devolviendo casi 400.000 euros nada más dictarse firme la sentencia.
Pero la Audiencia ha rechazado concederles dicha gracia, argumentando “inadmisible que personas dedicadas al noble ejercicio de la política incurran en conductas corruptas como la materializada en este caso (…) debiendo primar la prevención general que supone la pena de prisión (…) que sólo se cumplirá si quienes sucumbiendo a las facilidades y ventajas que proporciona el ejercicio del poder hacen un ejercicio torticero del mismo, saben que de ser descubiertos cumplirán de forma efectiva la pena que se les imponga”.

Todo esto, está muy bien para calmar los ánimos a una ciudadanía harta de ver cómo las instituciones democráticas comparten puerta giratoria con las empresas privadas sin que nadie responda por los continuos saqueos a los que somos sometidos; es agradable al oído por radio, queda fantástico en el Telediario y los ojos se alegran al leerlo por internet. Pero vayamos a lo práctico: ¿Para cuándo el indulto?
Porque, aunque no parece, la verdad padece, dado que todos sabemos que los criminales, hacen tan bien las leyes, que evitan estas sirvan para acusarles; de podérseles acusar, no sirvan para detenerlos; de podérseles detener no ayuden a juzgarlos; de podérseles juzgar, no sea posible condenarlos, de podérseles condenar, que ipso facto se les indulte; y de no podérseles indultar, que les ponga inmediatamente en libertad por buena conducta. Y creo no ser el único en pensar que la Justicia en este caso, dejándose arrastrar por el sentir popular, se ha excedido demagógicamente en su cometido.
Aun pudiendo ser cierto todo cuanto expone la Audiencia de Barcelona, ocurre que, sea por agravio comparativo con otros elementos para los que sí hubo consideración, sea por el hábito o la costumbre de todos conocida, los afectados ahora obligados a cumplir su pena, merecían cuando menos de parte del Tribunal la típica recomendación para que desde la Moncloa o desde la Zarzuela se fuera confeccionando el correspondiente indulto, a modo de ensayo general presentando referencias y precedentes que ulteriormente puedan servir a cuantos habrán de recorrer tan tortuoso sendero de la judicatura.
Porque, en España, la pena de cárcel la tenemos reservada para gente de mal vivir y es un hecho probado que estos individuos viven muy bien a costa nuestra y si los juzgados han sido capaces de soportar la carga de citaciones, demandas, querellas, imputaciones, careos, acusaciones, denuncias, testigos, investigaciones, juicios y demás procedimientos cursados debido a la judicialización de la corrupción, me parece un despropósito pretender que la institución penitenciaria hacinada como está de inmigrantes sin papeles, drogadictos, rateros y demás pobres que no han comprendido todavía de qué va la cosa, de cabida a malversadores, desviadores, comisionistas, estafadores, recalificadores, ensobradores, evasores, recaudadores…sin haber avisado antes de que se iba a hacer cumplir las leyes.
A la corrupción no se la puede combatir con penas de cárcel. Eso es como ponerle cercas al campo…En España, la corrupción, se combate con más corrupción. Los jueces deben exigir de los culpables de corrupción una parte de los beneficios para dejarles en libertad, como anteriormente la policía habría pactado con ellos no detenerles, los políticos haber legislado a su favor, los medios de comunicación no dar sus nombres y direcciones…único modo en que puede ser controlado el fenómeno por saturación participada de todos los estamentos dedicados a su represión.