El Departamento de Vivienda del actual Gobierno vasco tiene una oferta que muchos ciudadanos no podrán rechazar. Sí, exactamente igual que en El Padrino. Pero calma, que los que no pasen por el aro no aparecerán flotando en el muelle con un llavero en la boca. Les aguarda un castigo más sutil: vivir temiendo que, cuando sean muy viejecitos, un par de fornidos ertzainas que aún no han nacido los sacarán en volandas de la casa que han habitado durante 75 años y los depositarán junto al contenedor de la esquina. A las preguntas de la probable reportera del futuro de España Directo -los de la versión autonómica seguirán dedicándose a bailes de salón y similares-, un representante de la Administración se encogerá de hombros y dirá que ya sabían a lo que se exponían al rehusar el generoso ofrecimiento que les hizo en 2010 el prohombre Arriola.
Entre 9.000 y 15.000 euros es el precio que deben pagar a tocateja los atribulados usufructuarios de los eufemísticamente llamados “inmuebles en régimen de derecho de superficie” para evitarse la pesadilla recurrente del desalojo en la cuarta edad. Se trata de que compren por segunda vez su casa y, en la misma transacción, su tranquilidad. ¿Chantaje? ¿Extorsión? ¡Por favor! Estamos hablando de algo que cumple escrupulosamente con la legalidad y que viene avalado por un Gobierno que, ejem, es el que determina esa legalidad que, como todas, es de la marca Juan Palomo.
Abuso de poder
Y hasta ahí me llega la ironía. Creo que estamos ante uno de los abusos de poder más abyectos que ha perpetrado este Gobierno. Es una inmoralidad sin matices meter primero el tembleque en el cuerpo del personal y luego, la mano en su bolsillo. Te creo el problema y te vendo la solución. ¿A que soy muy generoso, pequeño saltamontes votante y contribuyente? El despotismo ilustrado reinventado tres siglos después. Sólo que en una versión peor, porque los originales, por lo menos, habían leído unos cuantos libros.
Ahí está parte del problema, porque cualquiera con dos o tres lecturas más sabría que para las arcas públicas el resultado de este trilerismo es puñetera calderilla. Para los afectados, sin embargo, supone un boquete económico en muchos casos inasumible. ¿Cómo una familia con 25.000 euros de renta en el ejercicio anterior -en este, a lo peor, cero- puede apoquinar la mitad de esa cantidad para pagar algo que, de momento, es aire? No formulo la pregunta a la nada. Me gustaría que la repondiera alguien que estime tanto como yo la palabra “socialista”.