Elogio del desacato o incitación a la rebeldía

La desobediencia cambió el mundo y lo transforma cada día. Derribó tiranías, batió complacencias, descompuso dogmas y hoy se enfrenta a sutiles enemigos mucho más peligrosos que los viejos dictadores y los míticos dioses a los que sirvieron y adoraron los siglos. En su mejor versión verbal se llama rebeldía y es el derecho latente al ensanchamiento de la libertad real, incluyendo la impugnación de la legalidad y la disposición a enfrentarse a las amenazas que se ciernen sobre aquella en forma de normas abusivas y poderes intocables revestidos de legitimidad democrática y hasta de amable apariencia. Jamás en la historia estuvo el ser humano más controlado que ahora y nunca tan condicionado por resortes invisibles; pero también nunca como hoy las personas tuvimos más oportunidades de vencer. Existe el derecho al desacato.

La ley es el problema. No la ley genérica que emana de la representación popular y sirve de marco de convivencia y zona de equilibrio social, sino la ley cruelmente impuesta, creada al servicio de los más fuertes, la ley castrante que consagra la vigencia de las fechorías de la historia, la ley tramposa que juega con cartas marcadas para beneficiar a unos y perjudicar a otros siendo iguales; la ley que sostiene la injusticia… la ley que bloquea la democracia. Como en España. Rebelarse hoy contra esa ley es tan sublime como antes la lucha a muerte contra el déspota.

¿Y qué es hoy la insurrección? Un oficio romántico pero impracticable. Para el sistema, a lo más, es el aplauso y la emoción por una gesta titánica narrada en una película o novela, pero imposible de llevar a la práctica real; un sueño, un acto de entretenimiento. Como en la publicidad: solo es imaginable rebelarse para cambiar de Coca-Cola a Pepsi, de marca de coche o pasar de Windows a Apple. Juegos infantiles y devaneos bobos del espíritu democrático. Y sin embargo, todos los días hay subversiones: el Estado orilla sus propias normas, se paralizan cumplimientos jurídicos, se desobedece a conciencia, se atacan los derechos, se violentan a las personas y se ejerce la injusticia y la desigualdad. ¿Existe algo más absurdo y surrealista que pleitear con la Administración -el contencioso- que usa los recursos públicos como defensa y ataque simultáneamente frente a los ciudadanos ofendidos por la ley?

Pero el derecho al desacato es un método, no un fin. Es el impulso de una necesidad de cambio que el poder se empeña en taponar para subsistir con sus reglas tramposas. Todas las transformaciones históricas, sin excepción, estuvieron precedidas de períodos de rebeldía con mucho sacrificio humano y todas se hicieron contra la invocación de la inmutabilidad del sistema en vigor, del rey o la ley. Los marcos legales se resisten a variar, se autojustifican en su permanencia artificial. Los cambios tienen en el desacato su precursor. No hay necesidad de revertirlo todo, sino lo inservible e injusto. La libertad es un impulso poderoso que, en su lúcida inteligencia, es capaz de percibir lo que la oprime. Y frente a ese agobio, primero es la denuncia y después, la subversión.      

¿Debe rebelarse Cataluña?

            Cataluña es un ejemplo de víctima de la tiranía de la ley frente a la democracia expresada por su parlamento y la voz de la calle. El Tribunal Constitucional (un árbitro parcial y desacreditado) le ha espetado a la mayoría catalana que, frente a sus deseos de libertad, vale más la literalidad de la norma que sus más nobles y justos propósitos. La ley niega a Cataluña su realidad de «sujeto jurídico y político soberano”. ¿Qué deben hacer ahora las autoridades catalanas? ¿Consentir o responder? ¿Humillarse o rebelarse? La encrucijada se resuelve mirando en la historia y viendo que se encuentran en el mismo punto de responsabilidad en el que antes estuvieron los revolucionarios e insurrectos que, traspasando normas injustas, vislumbraron metas superiores y dieron un impulso a la humanidad. 

              Con la legitimidad democrática en sus manos y la conciencia de que sirve a una causa razonable, deben mantener su desafío a la España castradora. Ahora no pueden ceder. Deben fortalecerse en la unidad catalanista que les sostiene. El president Mas ha anunciado su disposición a continuar y dar salida al mandato popular. Es lo justo y lo correcto. Ni un paso atrás. Mientras haya canales jurídicamente válidos deben evitar la confrontación. Y llegar hasta el extremo en el uso de estos cauces. La subversión necesita proyectar la estética de su grandeza democrática y la ética del respeto con quienes rivaliza. 

            Y como España no quiere escuchar la demanda catalana, la confrontación es una consecuencia obligada, incluso deseable. Más allá de la exigencia democrática, el choque de trenes es una metodología imprescindible: cuando se cierran las demás salidas, el conflicto político y social es el único recurso válido. Hay una libertad que pide paso y una barrera que le impide avanzar. Hay que saltarla, eso sí, con criterio, unión y responsabilidad.

Cataluña está poniendo al Estado frente a sus contradicciones, con la evidencia de que vivimos bajo un régimen de democracia retórica y vacía. ¿Que España cumple su amenaza de suspender la autonomía catalana, apelando al artículo 155 de la Constitución? Muy bien, que lo haga, y así la contienda adquirirá proporciones sociales que en poco tiempo derivarán en solución pactada. ¿Que Rajoy, invocando el artículo 8, moviliza al ejército español contra Cataluña?  Perfecto, el resultado será un escenario creativo y, aunque traumático, llevará a España hacia una segunda transición, esta vez sin trampas, de la que surgirá un estado confederal y asimétrico. Si España no sale de su adolescencia política, la subversión democrática le madurará de golpe.

¿Y Euskadi?

            Cataluña es un ejemplo para Euskadi por mucho que se señale la obviedad de que son dos pueblos y realidades distintas. Claro, pero comparten el mismo problema: las cerriles limitaciones del Estado. También Euskadi tendrá que acometer un proceso que derive en la exigencia del derecho a decidir su soberanía, un punto de partida que resolverá el absurdo político de que una minoría (españolista) impone a una mayoría (nacionalista) sus reglas de juego y marco jurídico. El desafío democrático catalán, es verdad, se parece bastante al que planteó hace una década la mayoría absoluta del Parlamento vasco y el lehendakari Ibarretxe con su Gobierno. De aquella experiencia, muy adelantada y de profunda nobleza, ha aprendido la clase política catalana. Y ahora toca a los vascos extraer lecciones de este impactante proyecto.

            Entiendo que Euskadi pide a gritos unos acuerdos básicos y un intenso, abierto y sincero debate público. Es imprescindible que el PNV y EH Bildu alcancen un pacto sobre el soberano derecho a decidir, sin que por ello deba deducirse ningún frente: pueden mantener sus discrepancias en otras políticas, pero estar lealmente unidos en un acuerdo nacional. Y a partir de este ejercicio de responsabilidad, proyectar a la ciudadanía un liderazgo y unas ilusiones de futuro que conciten el máximo apoyo popular. Llegará el momento en que haya que lanzar el reto al Estado y utilizar con inteligencia, proporción y categoría el instrumento del desacato democrático. Empezando por lo simbólico. ¿Por qué no 200 ayuntamientos vascos negándose, todos a la vez, a exhibir la enseña rojigualda? ¿Por qué no ignorar leyes vejatorias?

            Es hermosa la rebeldía cuando se tiene la razón, el entusiasmo de la libertad y el respaldo de la mayoría. Cuando la ley se convierte en yugo y la libertad está sometida a la perversión normativa, está justificado el desacato. Prácticamente, no hay más alternativa.