¿Quién sabe escuchar?

Mi amigo Manu es uno de los dos millones de ciudadanos que no ven nunca la televisión, ni un minuto. Descontando a los bebés, indigentes, ciegos, monjas de clausura y moribundos, podría decirse que hay en el Estado español un millón de rebeldes contra el mando a distancia. Deberíamos escuchar las razones de su rechazo, muy proustianas en la valoración de su tiempo. En el otro extremo están los adictos a la pantalla, con un consumo de ocho horas diarias, equivalente a un tercio de su existencia. En verano las cosas cambian un poco y los telespectadores bajan un 16% respecto de la audiencia de invierno. En todo caso, es demasiada gente para el nivel de calidad de la programación. Pongamos dos ejemplos de rebajas.

Mad in Spain, en Telecinco, es la versión mostrenca de lo que en su día fueron Moros y cristianos y La Noria, ambos en el mismo canal, debates corales y de algarabía en los que intermediaba Jordi González. Este subproducto ha subido el volumen de la bronca, añadiendo más decibelios, que es la medida del argumento entre los españoles. ¿Qué haces, querida Lucía Etxebarria, en ese foro de locos? Es inadmisible que Vasile le haya robado la marca a la plataforma Mad in Spain, dedicada a la creación de artículos de diseño con imagen de España. Por debajo del millón de espectadores y en grabación diferida, el espacio morirá en septiembre como mueren, entre gritos, los que nunca debieron nacer.

A la hija mayor de Lola Flores TVE le ha regalado un abanico para recibir sin sofocos a sus invitados. No niegan en la cadena pública que Lolita tiene un plan es una imitación tardía de las charlas caseras de Bertín Osborne, su sección femenina. Pensaron que otra profesional de los escenarios y habitual de la prensa rosa les proporcionaría un buen registro, pero apenas ha llegado al 8,6% en su debut. En verano no resucitan las momias ni con Tom Cruise y la tele debería aprovecharse como escuela de hablar y escuchar, dos quehaceres cultos: hablar implica entender la síntesis, y escuchar es la perfecta decodificación.

España vertebrada por la tele

Ortega y Gasset no imaginaba en 1922, cuando publicó España invertebrada, que la uniformización del Estado la produciría una tecnología de masas llamada televisión. No lo lograron los militares, como preconizaba, ni tampoco las élites. El “proyecto sugestivo de vida en común” con el que soñaba el filósofo está en la programación audiovisual. En esta tentativa totalizadora fracasó TVE por lo grosero de sus métodos y su manifiesto falangismo. Ahora, con más tacto y por vía del entretenimiento y la ligereza, Telecinco y Antena 3, con sus canales filiales y lo que queda del ente público estatal, suman el 72,2% de la audiencia y moldean las conciencias a través de la información y el ocio, del idioma y el argumentario emocional. Además de un negocio rentable, la tele es un movimiento nacional que solo internet podría amenazar.

En Euskadi domina Telecinco y también en Catalunya. Más que el Tribunal Constitucional y el Supremo, el peor rival del referéndum del 1-O es la televisión. Los datos de julio ponen de manifiesto las preferencias de vascos y catalanes por la emisora de Berlusconi. ¿Cómo se entiende esto en naciones de mayoría nacionalista y lengua propia? Los sociólogos que, como los economistas, son expertos en predecir lo que ya ha ocurrido, dicen que la gente discrimina lo próximo seguro de lo lejano ocasional, de la misma manera que lo global refuerza lo local. No hay contradicción, es un privilegio de consumo de las sociedades avanzadas. Una especulación optimista, creo yo.

El éxito de la televertebración implica un cierto fracaso de ETB. En los registros del pasado mes se observa un descenso de ETB2 (7,2%) y una deportiva subida de ETB1 (2,4%). La tele de Vasile supera el 14%. Nuestro canal público nació para neutralizar la asimilación española, tanto en lo democrático como en lo cultural y sociopolítico. Es verdad, somos un país incoherente; pero no lo estamos haciendo bien y eso facilita las incongruencias. Nos falta autoestima, memoria y criterio. Y hasta estética: qué feo es el gusto por el estercolero.

 

La guerra (sucia) de España contra Catalunya

Catalunya siempre anduvo diez pasos por delante. El dinamismo de su economía, su apertura intelectual y las prioridades de su clase dirigente, junto con su masa crítica territorial, han conferido a aquella nación mediterránea una proyección superior a la que España le proponía, hoy igual que siempre, lastrándola y sometiéndola a una unidad ficticia y empobrecedora. Antes la obligaron por la fuerza y ahora también, al modo teatral como se hacen hoy las cosas en la política del Estado. Sí, hay una guerra contra Catalunya, con el objetivo de humillarla y mantener a toda costa el triste canon democrático que se fijó en la Transición, tributario del franquismo.

La decidida voluntad de una amplia mayoría de catalanes de iniciar un futuro por su cuenta y riesgo se enfrenta, en desigual batalla, a todos los poderes imaginables, desde una justicia a las fuerzas policiales (y también las militares, más sutilmente), el control y extorsión sobre su economía, pasando por el oprobioso poder de la propaganda que ejercen los medios públicos y privados, desde donde los siervos del Estado disparan sus insultos, mentiras y tergiversaciones para repudiar y desprestigiar las aspiraciones legítimas de un pueblo que solo tiene razones democráticas. El espectáculo de España cargando contra Catalunya su arsenal de amenazas y vejaciones es digno de ser analizado. Nos esperan muchas jornadas de deshonra y coerción que se prolongarán hasta el mismo día 1 de octubre y aún después. El otoño catalán será el preludio del invierno ético español con la plena exhibición de sus bajezas y sus ilegítimos orígenes, sea cual sea el resultado del heroico empeño del proyecto liderado por el President Puigdemont.

España está en campaña de humillación de Catalunya. Es tan débil su posición política que ni siquiera ha tenido el atrevimiento de usar la norma más canalla de su Constitución, el artículo 155, que faculta al Estado la ocupación institucional de una comunidad autónoma y la privación de sus derechos. La renuncia del uso de esta solución es táctica. Los estrategas han pensado en algo más cruel, desatando un procedimiento que tiene cinco áreas: la judicial, la económica, la policial y la opinión pública, además de la internacional. Cada una de ellas está actuando de forma autónoma, pero coordinada con las otras operaciones de sometimiento y extorsión en su formato más burdo. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dirige el gabinete de la guerra de Catalunya -de momento incruenta- del que forman parte la cúpula de Interior, los tribunales Constitucional y Supremo, los servicios de inteligencia y algunos expertos en comunicación social, junto con los altos poderes económicos del Estado y asesores sobre asuntos catalanes. De nuevo España, se va a la guerra, la guerra sucia. Ya lo hizo en Euskadi. Ahora cae sobre Catalunya.

La ley del más fuerte

La humillación que se cierne sobre Catalunya pretende ganar la primera batalla, quizás la menos importante, pero más valorada por los dirigentes: la propaganda. El objetivo específico es que la derrota del proyecto independentista no salpique a la totalidad de la ciudadanía catalana y se concrete sobre la clase política nacionalista. El argumento de comunicación es el valor supremo de la ley sobre la voluntad del pueblo. Con esta cantinela nos vienen machacando desde hace meses: que lo legal es más que lo legítimo, que lo formal y lo limitado son más que el fondo y la libertad. No sé si están logrando ganar la batalla de la opinión pública más allá del amplio sector conservador de la sociedad española, heredero de la ignorancia y el vasallaje franquistas y que constituyen hoy el electorado del PP y Ciudadanos; pero nadie que conozca el sentido de la historia y el imparable poder de los cambios sociales puede aceptar una razón tan insuficiente y mezquina. De hecho, quienes reclaman el acatamiento de la legalidad son los que, amparando la corrupción, despreciando el autogobierno vasco durante 30 años y negando la separación de los poderes, menos cumplen su propia legalidad. La ley es solo su pretexto arbitrario.   

No es el valor de la ley lo que se invoca contra Catalunya: es la ley del más fuerte. Hay una escenificación de la fuerza que se transforma en judicialización de la política: España ha lanzado su arsenal judicial contra los que reclaman poder votar el 1 de octubre. Los tribunales, que en mayor o menor medida (como hemos visto en la bochornosa declaración de Rajoy en la Audiencia Nacional, protegido por el juez desde el estrado) están bajo control del Gobierno central y, además, disponen casi a su antojo del manejo de los tiempos y un indiscutible poder de intervención sobre los parlamentos y los gobiernos, como ya conocimos en Euskadi con la inhabilitación de Atutxa, Knorr y Bilbao, víctimas del asalto político de los jueces a sueldo del Estado. Ahora se ha reeditado en Catalunya, aumentado y no corregido.

Inhabilitar es humillar

La humillación consiste en amenazar a los cargos institucionales y los empleos de los funcionarios colaboradores del referéndum, a quienes se acusaría de sedición, como en los mejores tiempos de la purga franquista tras el golpe del 36. De momento, ya han depurado a Artur Mas, las exconsejeras Irene Rigau y a Joana Ortega, además del congresista Francesc Homs. Camino de igual muerte civil van el exsenador de ERC, Santiago Vidal; el director general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet; el ex coordinador del comité ejecutivo del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena; el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y el director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells. Pueden ser decenas, cientos, miles los catalanes ajusticiados por inhabilitación antes y después del 1-O. Ejecutados, en definitiva, porque la inhabilitación por causas democráticas aniquila a los condenados. Catalunya no necesita mártires para tener razón, porque suya es toda la libertad. Se supone que los represaliados asumirán con honor su sacrificio.

La Guardia Civil tiene un papel relevante en este conflicto, aún sin sangre y fuego. Hace unos días, sin ninguna excusa judicial, varios agentes verdes penetraron en el Parlament y en dependencias de la Generalitat para requerir información documental sobre los casos de presunta corrupción de la antigua CiU. Esta abrupta irrupción es de una gravedad extrema y muestra hasta qué punto el Estado estaría dispuesto a usar cualquier pretexto para configurar una nueva versión de Tejero, otro 23-F, que derribara al suelo a los representantes de la sociedad catalana.

Catalunya también tiene contra sí su propia Quinta Columna. La patronal ha hecho causa con el Estado. También la división de las fuerzas partidarias del derecho a decidir debilita la razón del 1 de octubre. La cobardía ha provocado dimisiones tácticas. La mayoría de los medios de comunicación infunden miedo al futuro y denigran el proceso. Y mucha gente se quiebra, víctima de sus vacilaciones. España es una máquina de disparar amenazas y ofensas contra funcionarios, empresas, pensionistas, trabajadores, ciudadanos. Es otra forma de terror. El bombardeo es insistente con la sinrazón de una legalidad que es preciso superar y vencer. España hace trampas y violenta la democracia. No tiene legitimidad alguna para machacar a Catalunya.

La lección catalana es que la estructura del Estado y el entramado político y jurídico que la sostiene, ha caducado. Demuestra que España miente bellacamente cuando afirma que todo es posible en democracia. Y como España no quiere cambiar, hay que forzar su estrecha y dudosa legalidad. Con la fuerza de la política. La historia está llena de ejemplos de heroicas rupturas que cambiaron y mejoraron las naciones. Sea lo que sea que vaya a ocurrir, Catalunya ya ha ganado esta guerra. Nunca hubo más razón para la sedición, gran virtud liberadora.

JOSÉ RAMÓN BLÁZQUEZ

Consultor de comunicación

Historias de quienes no quieren vivir

EL FOCO

Onda Vasca, 3 agosto 2017

Es difícil de entender, pero hay gente que no ama la vida y prefiere morir. El pasado fin de semana, un hombre de 80 años se quitó la vida en Puente la Reina, Navarra, por el expeditivo procedimiento de prender fuego a una bombona de butano. La explosión no solo le mató, sino que, además, envió al hospital a 13 personas, alguna de las cuales están en la UCI luchando por salvar la vida. Si la vida no le era grata a ese anciano navarro, no tenía ningún derecho a quitársela a sus vecinos, destruyendo el edificio y causando un sinfín de daños. Este suceso, como otros menos aparatosos que se cuelan en silencio o bajo informaciones ambiguas, nos ponen delante de los ojos la realidad del suicidio, un problema humano y social, de salud mental y existencial, sobre que hoy ponemos el foco.

Según los datos oficiales, en lo que tienen de fiables ante una realidad compleja, en Euskadi se suicida una persona cada dos días. Unas 200 personas al año. La tasa es inferior a la de otros países. En España se registran unos mil suicidios anuales, que supera a las muertes por accidentes de tráfico. Es la principal de causa de fallecimiento no natural. Se dice que estas cifras fueron más altas en los momentos más duros de la crisis, pero eso no queda tan claro, si lo que se pretende es establecer una relación de causa-efecto entre las dificultades económicas y de empleo con el suicidio. La cosa es mucho más compleja, porque no todos los suicidios son demostrables, como no todos los homicidios se registran como tales. Existe el suicidio perfecto, como existe el crimen perfecto.

Un amigo, perito tasador en accidentes y catástrofes, me decía que resultaba muy difícil, legalmente, demostrar un suicidio bajo la apariencia de accidente. Me contaba el caso de un hombre que murió tras estrellarse contra una farola en una carretera: Al examinar el coche, el estado de la carretera, la situación física de la persona en la autopsia y ver la dirección que tomó el coche en una recta perfecta, era imposible que el accidente pudiera producirse. Obviamente, el perito pensó que se trataba de un suicidio planificado para pasar como accidente de tráfico. Pero él no podía asegurarlo. Y en el sumario judicial, naturalmente, se determinó muerte por accidente de coche. Otro amigo, constructor, me contaba la dificultad de determinar que un accidente laboral en una obra pudiera encubrir un suicidio. Un día, un trabajador, situado en la sexta planta de un edificio en construcción, cae al vacío. Nadie le vio hasta que escucharon la caída. Parecía un caso más de accidente laboral. Y así se determinó, a pesar de que mi amigo y los demás operarios pensaron que, por los motivos que fueran, aquel hombre se había tirado voluntariamente. Y así otros muchos casos. Estos no están en las estadísticas.

La gente que no quiere vivir merece nuestro respeto. Por esas personas y sus familias. El suicidio arrastra una maldición, fruto de consideraciones religiosas. La mayor parte de ellos sufren problemas mentales de los que no sabemos nada o casi nada. Nuestra sociedad tiene un criterio muy claro sobre el derecho a la salud, que se entiende en lo físico. Sin embargo, no se tiene el mismo concepto sobre el derecho a la salud mental. No hay protocolos de prevención de la salud mental, pero sí sobre muchas enfermedades. Estamos en mantillas en cuestión de salud mental.

Las personas que no quieren vivir acaban con su vida por métodos tradicionales. No lo hacen tan a lo bestia como el anciano de Puente la Reina. Se tiran al tren, se arrojan por la ventana, se ahogan en el mar o en los ríos. Y también por el sistema de ahorcamiento y asfixia por gas. Otros, como ya hemos dicho, por accidente simulados. Y los menos, como Blesa, se pegan un tiro de escopeta cuando tienen esos mortíferos instrumentos. También se opta por la ingestión de medicamentos o chute de drogas. Ahí están los datos del Metro Bilbao, de las personas encontradas flotando en la Ría, de los muertos en el mar, de las caídas en acantilados y en edificios de viviendas, que confirman los métodos suicidas.

Una ley no escrita apunta que los medios deben evitar informar que el suicidio haya sido la causa de una muerte, porque, según se justifica, el suicidio es contagioso y puede inducir a las personas que, por razones mentales o existenciales, se encuentran en situación de riesgo. No hay prueba científica que demuestre tal relación. Creo que la costumbre de la prensa se debe más al deseo de mostrar cierto respeto a la familia del suicida. Por evitar el morbo. Sin embargo, hace excepciones, algunas de ellas bastante absurdas. El caso de Blesa es una de ellas. Se informó de forma contundente desde el principio. También el caso del anciano navarro.

Y también hay otras curiosos y llamativas excepciones. El suicidio está como bien visto entre los famosos, los escritores, los artistas, cineastas y el mundo intelectual. Obedece a un esquema romántico. Es muy guay que un escritor o un músico se vuele la cabeza o se vaya al otro barrio a voluntad. En esos casos el suicidio aporta una pincelada de glamour. Es un punto trágico, relevante. Queda bien que Van Gogh, Salgari, Tchaikowsky, Alejandra Pizarnik, Hemingway, Stefan Zweig, Virginia Wolf o Kurt Cobain se suiciden, pero queda fatal, y hasta cutre, que lo haga el vecino del cuarto izquierda. O el corrupto Blesa. O el navarro de la bombona.

Tenemos un problema con la salud mental, en parte por razones culturales y por la sociología religiosa aún presente en nuestra sociedad. Tenemos un problema con el suicidio entre las personas mayores. Y el suicidio entre las mujeres, que se ha disparado. Y el suicidio entre adolescentes. Y tenemos otro problema de coherencia pública cuando mucha gente, en público y privado, reconoce que no dudaría en suicidarse si su expectativa de vida fuera de irremediable dependencia. En suma, hay más gente que no encuentra razones para vivir que la gente que se suicida. Algo marcha mal.

¡Hasta el próximo jueves!

 

La incógnita del Sr. X va despejándose

Miles de historias esperan su último capítulo. Son esas que se han quedado huérfanas de desenlace y aguardan que algún día se conozcan el qué y el porqué de las cosas. ETB2 se adentró el pasado jueves en una de esas historias de conclusión aplazada. El documental García Goena, caso abierto, sobre la última víctima de los GAL, tuvo todo lo que debe contener un documento informativo de calidad: emoción, verdad, sentido y misterio. Encomiable el esfuerzo realizado por reunir todas las piezas del puzle, incluyendo a los protagonistas más siniestros, Amedo, Rodríguez Menéndez y, de pasada, Rafael Vera. Hay que recordar que el ex secretario de Estado para la Seguridad tuvo la desfachatez de escribir una novela, El padre de Caín, justificativa de la guerra sucia, y después reconvertida a miniserie, emitida en diciembre por Telecinco.

Lo más hondo lo puso la viuda, Laura Martín, cuya tenacidad en la demanda de justicia solo es comparable con su sinceridad, al reconocer que durante un tiempo buscó muerte y tortura para los asesinos de Juan Carlos. La inmensa dignidad de Laura y sus hijas fue un regalo impagable en el 30 aniversario de un crimen del que salieron absueltos Amedo y su colega Domínguez. Los sicarios del Estado español, que creó y financió una organización terrorista en nombre de la democracia, se anduvieron por las ramas del GAL, del verde al azul, pasando por el marrón. A falta de un desenlace coherente, la narración señaló un rastro claro hacia el principal culpable: Felipe González, de la pana a la pena y ahora de yate en yate.

Hay que agradecer este monumental servicio de nuestra televisión pública, que rebasa lo informativo para configurarse en pieza maestra y honesta del relato vasco, a cargo de un equipo de mujeres, Arantza Ruiz en la presentación y Begoña Atin y Maite Ibáñez en la dirección. Cuando ETB sale en busca de la realidad y no espera a que le lleguen las noticias, lo hace de maravilla. Más productos así, por favor. Más historias con final o sin término, pero con pasión y compasión.