Según la prensa no precisamente canallesca – ¿ya no la hay?- desde que algunos gobiernos autónomos-regionales propusieron la obligatoriedad del llamado pasaporte COVID para poder acceder a determinados actos sociales, el número de vacunaciones se ha multiplicado por cuatro.
Al parecer, ha sido el pánico, no tanto viruspatológico, sino psico-social lo que ha operado en esta escalada de vacunaciones de quienes por dejadez, autoinmunidad atribuída o mentalidad conspiranoica, se han percatado de las limitaciones colectivas que llegarían a tener sin el QR de marras y más en estas fechas cuajadas de ferias y fiestas, puentes y hasta acueductos (forales).
Y quizá sea este , el tropel vacunatorio, el efecto inmediato y positivamente sanitario a pesar de que desde las instancias judiciales- y desde el derecho propiamente dicho- pueda haber dudas sobre la constitucionalidad de tal exigencia, pues nunca hasta ahora y salvo casos extraordinarios, una vacunación ha sido elevada a deber ciudadano documentado.
Aun así, el efecto mediato, ese que suele ser previsto desde la reflexión, y por lo general por aquellos seres a los que ya Aristóteles atribuyó un exceso de bilis negra, parece ser un paso m´ás en la escalada de control social que se ha desp`legado desde el comienzo de la revolución cibernética a finales del siglo pasado y que se ha agudizado con la pandemia del COVID-19.
Así lo sugiere, por ejemplo, el filósofo Giorgio Agamben, que estima que «nuestras sociedades han pasado de un modelo que antes se denominaba de «sociedad disciplinaria» al modelo de «sociedad de control», de sociedad basada en un control numérico casi ilimitado de los comportamientos individuales, que se convierten así en cuantificables en un algoritmo» y cuyos datos son susceptibles de ser utilizados tanto por las administraciones públicas como por las empresas privadas. O sea, que cada vez que a usted le lean el QR, quedará codificado el dónde, cuándo y acaso el con quién de lo que haga.
Que esta progresión de control social se vaya admitiendo como normal, y aun más , al presentarse como adecuada, equilibrada y hasta neutra, no deja de ser una manifestación del acento tecnocrático que cada vez se extiende con mayor facilidad en nuestras sociedades. Agamben se pregunta hasta dónde estamos dispuestos a aceptar este control. Y la pregunta precisa de una respuesta muy matizada, no marcada tan sólo por un utilitarismo montaraz y facilón.
Así que , sin poner en duda la legitimidad de las políticas santitarias de las autoridades ( todas ) realmente existentes, la pregunta de Agamben queda en el aire, pero no para que se resuelva con un simple…¡Sin más!
Preocupante la situación, obviamente. Lo que me parece más inquietante aún es que se pretendan paliar los posibles abusos que pueda cometer el Poder Ejecutivo, ampliando y profundizando las capacidades de este Poder. Visto que es inútil intentar ir contra la ciencia y la tecnología que soportan esos posibles abusos, la única alternativa que nos quedaría sería la profundización en la independencia del Poder Legislativo y el Poder Judicial respecto del Ejecutivo. Por muy “forofogoitia” que seamos de un partido o de un gobierno, debemos reconocer que la tentación de control es muy fuerte, muy difícil de evitar. Siempre habrá una razón, o excusa, para reforzar el control dela población (la COVID-19, la crisis económica, la inmigración, la evasión fiscal, etc). Hay que activar y hacer que funcionen los CHECKS AND BALANCES que, mal que bien, funcionan en Yankeelandia.
Sin duda, la única opción es profundizar en la dialéctica de los tres poderes, proponiendo, sancionando y evaluando,para que , a pesar de todo, la democracia se mantenga vigente: checks and balances!
Hace unos días, a cuenta de la decisión del TSJPV de no aceptar la medida del pasaporte-Covid escribi en otro blog de este mismo periódico algo que convenientemente refritado me gustaría traer aquí:
» (…) A mí, sobre este tema, me caben muchas dudas. Sinceramente creo que hay argumentos a favor y argumentos en contra. Según la ley (a lo mejor convendría modificarla), creo que el historial sanitario de cualquier ciudadano y ciudadana y ciudadane está ABSOLUTAMENTE protegido por la confidencialidad y privacidad, y sólo un juez, jueza o juece, puede permitir que se saque a la luz en casos concretos, y no de forma generalizada.
Por otro lado, estamos en un momento (otro más y van….) delicado de la pandemia y convendría que el EJECUTIVO tomara medidas, quizás excepcionales, bajo el amparo del LEGISLATIVO, para que el JUDICIAL tenga elementos de juicio claros.
El poder Ejecutivo no puede pretender EN NINGUN CASO estar por encima, y dar órdenes, al poder Legislativo ni tampoco al poder Judicial, porque eso es lo que hacen los sistemas no democráticos que tanto rechazamos «los demócratas de toda la vida», y los de verdad (…)»
Supongo que si el EJECUTIVO decidiera penas de fusilamiento para los no vacunados, o vacunados pero sin haberse sacado el «pasaporte» por desidia o por desconocimiento o por error de las tecnologías, seguramente aumentaría, todavía más, el número de vacunados, pero … ¿estaría de acuerdo con la Ley y, sobre todo, con la justicia democrática?
Un saludo
Muchas gracias por tus aportaciones.Yo también considero que, incluso en situaciones excepcionales, es necesaria la acción compartida de los tres poderes de la democracia.