Umberto, un infatigable pagador de impuestos, trabajador nato, buen ciudadano respetuoso de la ley y la autoridad, seguramente votonto habitual en las elecciones, vecino del barrio madrileño de Tetuán, ha sido desahuciado con la colaboración de la Policía Nacional este pasado lunes de su primera vivienda tras ponerse los Tribunales de parte de su acreedor Antonio Arroyo Arroyo cuyo nombre habrá de ser recordado por la sociedad para que cobre a su debido tiempo igualmente por vía judicial, quien en calidad de prestamista le concedió un crédito de 4.000 euros en 2011, deuda inicial que por lo que se ve se transformaría en 32.000 euros al cabo de seis meses según Antonio Arroyo por los intereses vencidos, cantidad que evidentemente Umberto ha sido incapaz de afrontar, lo cual le ha supuesto en pleno siglo XXI en un estado miembro de la Unión Europea y con sillón no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, la pérdida legal de su propiedad y ser echado a la calle junto a su mujer y tres niños pequeños en pleno invierno.
Umbertos, lamentablemente hay muchos entre la pobre gente, personas normales, confiadas en que el Estado de Derecho vela por su seguridad contra los ladrones que acechan en las calles que se mantiene vigilante para evitar intoxicaciones alimentarias por parte de la industria del ramo, alerta también ante cualquier manipulación del mercado por parte de las grandes empresas para alterar al alza los precios, comprensible ingenua relajación de su responsabilidad civil de cuantos, además de tener que trabajar todo el día para poder llevar un jornal a casa, son padres que han de educar a sus hijos e hijos que han de cuidar de sus padres mayores, pues bastante contribuyen al Estado de Bienestar, haciendo su trabajo lo mejor que saben, criando como buenamente pueden a los futuros ciudadanos que habrán de pagar nuestras pensiones, como para exigirles lo que se supone es la tarea que tiene encomendada esa gentuza ejecutiva llamada Gobierno, esa calaña legislativa conocida como parlamentarios, esa chusma judicial integrada por abogados, jueces y fiscales y ese aparato represor en el que se integran el Ejército, la Policía y el entero sistema penitenciario, de modo que, en su literal idiotez etimológica, cuando se ven en la necesidad, que no capricho, de adquirir un producto financiero, dígase unas Preferentes, Acciones de Robankia, Bonos del Estado o como es el caso, un microcrédito, lo que menos se puede imaginar un trabajador honrado, ciudadano de un país desarrollado, es que la ley permita que, por no estar en disposición de pagar tan pequeña cantidad, ello suponga la pérdida de su vivienda por ley, la misma que respeta y a manos de la policía, la misma que paga diariamente con sus impuestos. Pero ¿Esto qué es? ¿En qué país vivimos? No se molesten en responder, son preguntas retóricas: Esto es usura y vivimos en un país basura.
Algunos imbéciles en su sentido estricto psiquiátrico, creen que, si hay de por medio un acuerdo firmado, por muy aberrantes que sean las condiciones, este debe ser respetado moralmente y aún defendido por el marco jurídico imperante. Ahora bien, sucede que desde el código de Hammurabi, para que un contrato sea conforme a Derecho, este debe ser contraído por las partes en situación de libertad. Y explíqueseme a mi, en qué grado de libertad se puede hallar alguien que firma cosa semejante; la misma de la que participan los ancianos rodeados de abogados, en su lecho de muerte solos en las residencias cuando entregan cuanto tienen a los apoderados del banco; ¿Qué será lo siguiente? ¿Un contrato presentado a firmar por el cirujano a la entrada del quirófano antes de operarnos a vida o muerte para que le entreguemos las llaves del coche o de lo contrario no interviene? Precisamente, esta es la cuestión sobre la que la autoridad debe poner todo su celo, que los contratos hechos entre las partes sean libres y no sometidos a la coacción de las circunstancias ni suscritos por personas con sus facultades disminuidas, mermadas o alteradas por una necesidad extrema de la que individuos sin escrúpulos pretenden aprovecharse.
Antonios Arroyo, hay muy pocos. Pero muy malvados y sobre todo, muy poderosos, por contar con el apoyo decidido y nada disimulado del Gobernante criminal de turno que sitúa los inhumanos dividendos de las farmacéuticas por encima de la vida de los pacientes, los ingresos de las Grandes Multinacionales por delante de las Pymes, autónomos y pequeño comercio y como hemos podido comprobar a diario durante la Globalstaf, entiéndase crisis, los intereses de la Banca por encima y por delante de los intereses de la población, siendo lo suyo un botón de muestra de lo envilecido que está el sistema.
No sé cómo ni cuando se ha llegado a contemplar por parte de políticos, jueces y policías como legal y ajustado a Derecho que un trabajador honrado, padre de tres hijos pequeños pueda ser desahuciado y ejecutado de su primera vivienda por una deuda de 4.000 euros. Lo que sí tengo muy claro es que en breve les vamos a tomar declaración a todos desde el primero, el Jefe del Estado, hasta el último agente, para que expliquen si les es posible hacerlo, su cruel actuación en estos crímenes cometidos contra la población civil indefensa, a fin de que paguen por su responsabilidad o en su defecto, como le sucederá en el Juicio Final de nuestro Dios Padre a Antonio Arroyo, ser desahuciados y ejecutados en la plaza pública.