La Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat ha decidido suprimir la merienda que hasta ahora recibían los reclusos para hacer frente a la crisis. ¿Qué quieren que les diga? De haber sido yo el responsable de comunicación de este organismo, hubiera hecho lo posible por evitar que la noticia saliera de los muros de las prisiones como tantas otras cosas que allí suceden son ocultadas para nuestra tranquilidad democrática como lo es el alto índice de muertes que acontecen en su interior o el régimen de tortura al que son sometidos los presos FIES que nada tienen que envidiar en sufrimiento al mítico Papillon. En cualquier caso, la decisión en vez de presentarse como rácana fórmula de ahorro para mayor desprestigio de la economía catalana, bien podría haberse anunciado como solución nutricional para reducir la obesidad entre los internos, que habría quedado mejor.
Pero si de ahorrar se trata, yo tengo una idea más eficaz que eliminar el bocadillo, la cual paso a explicar: España puede jactarse de ser una potencia europea en población reclusa; por redondear, unas 80.000 personas, sin contar las confinadas en Centros de Menores, ni en los Campos de Concentración para Extranjeros, los lamentables CIEs. Pues bien, según datos oficiales, cada preso sale anualmente al Estado la nada despreciable cantidad de 20.000 euros, cifra resultante de sumar costes de contratación de tres turnos de funcionarios para su vigilancia y cuidado, gastos en infraestructura, mantenimiento de las instalaciones, manutención de toda esa gente bajo custodia, además de cocineros, sanitarios, psicólogos, educadores y toda la tropa auxiliar que soporta cada una de sus Centros, dividida entre el número de beneficiarios de tanta atención por parte de la Sociedad. Aunque en verdad, me temo que como los auténticos gastos que para las Arcas del Estado nos supone el mantenimiento de la Casa Real, la realidad nunca nos será enteramente confesada por temor a que, hechos los cálculos, nos salga más a cuenta dejarnos robar por los ladrones sentenciados que por los gestores que están por condenar.
Y precisamente mi propuesta de ahorro consiste, no ya excarcelar sin más, con una mano delante y otra detrás, a cuantas personas se hallan en prisión por delitos de poca monta cuyo conjunto volumen computado queda muy lejos de los millones robados por separado por Urdangarín, cualquier personaje de la política implicado en casos de corrupción, banquero que se haya blindado indecentes sueldos vitalicios durante su criminal actuación o el más insignificante empresario amnistiado por fraude fiscal, por cuanto sería peor el remedio que la enfermedad, al dejar del todo desvalidos a su suerte, a individuos obligados a procurarse el sustento de la noche a la mañana sin los medios apropiados a su alcance, más que aquellos que en su día aprendieron en la Escuela de la calle y perfeccionaron a cargo de la Universidad que a tal fin es la cárcel, sino en, una vez sentenciados por los Tribunales, concederles una mensualidad de 700 euros a cambio de que no ingresen en prisión, trato que el Estado mantendrá con la debida actualización del IPC mientras el condenado a ser mantenido no sea detenido de nuevo, en cuyo caso, se vería reducida la paga a la mitad o condenado de nuevo, extremo que le comportaría la pérdida completa de su paga.
No hace falta ser un Pitágoras para entender que, conviene entregar al delincuente una cantidad en metálico sensiblemente inferior a lo que nos costaría mantenerle en prisión, para que este aceptase de buen grado no perjudicar a la comunidad con su estancia entre rejas más de lo que lo haya hecho hurtando tres latas en un supermercado. Sería algo así como un tributo público a entregar a cambio de paz social como aquel que el Imperio Romano diera a los bárbaros para que estos se quedaran fuera de sus fronteras o como ahora se mantiene a la clase política para que no den abiertamente un Golpe de Estado.