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Libros de Texto: Los más caros del mercado

El otro día coincidí con un antiguo compañero al que no veía desde hacía tiempo. Con las precauciones adoptadas en tiempos de crisis para conversaciones circunstanciales, rehusé interesarme por cómo le iba y menos aún por el trabajo. Pero, a mala hora se me ocurrió preguntarle¿Estás aquí de vacaciones? La respuesta me dejó planchado: ¡No! Vivo aquí. Con dos hijos no me puedo permitir ir de vacaciones…son las vacaciones o la vuelta al cole. Rápido de reflejos, supe quitarle hierro al asunto espetándole “Evidentemente en la decisión no han participado tus niños” lo que facilitó cambiar de tema. Pero me quedé tocado del comentario.

Hasta ese encuentro, sabía de la supresión o aplazamiento de las vacaciones familiares por por estar en el paro, por tener que cuidar a un familiar enfermo, por verse obligado a trabajar en fechas estivales, por haberse tomado las vacaciones antes, por tener que hacer frente a la hipoteca, cuando no una reforma de la casa, incluso por haber comprado hace poco un utilitario…Pero ¿Por la vuelta al cole? ¡Jamás! Y eso, que me he movido toda la vida en el campo de la docencia.

Mi amigo es creyente; bueno, no es creyente en dios, pero si lo debe ser en el Estado del Bienestar, porque, pudiéndose permitir colegios privados, hasta donde tengo noticia, siempre los ha llevado a sus retoños a la escuela pública. De modo que, su confesado sacrificio sería debido más al coste del material escolar que a las mensualidades del centro, dejando a parte el negociete de las extraescolares y particulares de las que ya daremos cuenta en otra ocasión. Así las cosas, como cada nuevo curso, retomo la cuestión de los libros de texto, esta vez, para comparar la calidad de sus autores y la genialidad de su contenido con el precio, cosa que ya les anuncio, me ha valido para poder afirmar sin miedo a equivocarme que, en relación precio calidad, los libros de texto escolares para las edades de Primaria y Secundaria, son los más caros del mercado.

Si me permiten, les confiaré un secreto…la mayoría de la población es del género tonto. Esto es lo que opinan los criminales gobernantes, cuando consienten que en un sistema público de enseñanza, para que una familia pueda adquirir los libros de texto a uno sólo de sus hijos deba desembolsar un alto porcentaje de su sueldo si es que hay ingresos en la familia: por ejemplo, calculando sólo 200 euros, se trataría de un 13% del ficticio sueldo medio, un 20% del mileurista, un 30% del salario mínimo interprofesional y casi el 50% para quienes reciben los famosos 420 euros por haber agotado el paro. ¡Una vergüenza! El cálculo lo he realizado tras una breve investigación de campo por librerías, y encuesta telefónica con amigos.

Resulta que un sencillo libro de lengua y literatura de 6º de primaria, cuesta la friolera de 35 euros. ¡No me lo podía creer! Yo soy socio del Círculo de Lectores; cuando un texto tiene ese precio se debe a que es una edición de lujo, a que tiene las tapas duras, a que su autor es muy famoso o que se trata de un superventas. Inspeccionado el ejemplar, pude comprobar que no presentaba una encuadernación facsímil, ni estaba firmado por gente conocida por el gran público, las tapas eran finas, sin solapas y de hechura más bien humilde, por no decir tosca, de modo que el volumen por fuerza debía ser todo un “Superventas”, cosa nada extraño tratándose de un sistema obligatorio de enseñanza y que ciertamente a 35 euros el ejemplar, ¡sí! era un superventas para la editorial y quien dice editorial dice gobernante criminal por triangulación del beneficio. Por 35 euros, cualquiera puede adquirir en el mercado, sin descuentos, en las mayores librerías, de las mejores editoriales Alianza, Tecnos, Planeta…, de los mejores autores Cervantes, Galdos, Cela… las mejores obras, El Quijote, Miau, La colmena… entre 4 y cinco tomos nuevecitos, IVA incluido.

Los textos dedicados al conocimiento del medio, la geografía o la historia, rondan los 30 euros., curiosamente lo mismo que me salió la edición rústica en seis tomos de la Historia de Heródoto. El asunto también es bochornoso, porque por esa cantidad, una editorial especializada en viajes, puede ofrecer al escolar tres formidables guías para conocer su ciudad, su provincia, su autonomía, su país, y el continente entero, no sólo dando cuenta de ríos, lagos y montañas, también del transporte, horarios de museos, monumentos, restaurantes, hoteles, polideportivos…con recomendaciones actualizadas.

Pero la palma, en esta relación precio-calidad, se la llevan los volúmenes dedicados a ciencias y matemáticas, no tanto por su coste económico que no se diferencia de los anteriores, cuanto por la comparación que denuncia por si misma la situación aberrante que padecen las familias con escolares a su cargo. Me tengo por un buen aficionado a la literatura científica divulgativa; no hay mes que no adquiera un volumen sobre física, astronomía, biología, geología o cualquier otra disciplina; los autores entre los que me conduzco son autoridades en su área con premios Nobel sobre sus espaldas y probada experiencia como Gamow, Jay Gould, Penrose, Rees, Hawking, etc. Pues bien, hete aquí que para encontrar un volumen suyo que alcance precios semejantes a los libros de texto de primaria para escolares de entre 7 y 12 años, debe cumplir las siguientes condiciones: ser novedad en las estanterías; aportar alguna variación de conocimiento reseñable en su campo; estar editado con alta calidad; y contar con una campaña de promoción, con presentaciones del autor. Todo ello brilla por su ausencia en los libros, y no creo yo que los autores puedan compararse, en lo que respecta a los derechos de autor.

Aborto y Adopción: ¡Tu problema! ¡Mi solución!

A propósito de la inhumana situación por la que están atravesando dos matrimonios españoles y sus respectivos hijos adoptivos en Etiopía, me he percatado de que en el Estado español, hay dos lamentables fenómenos sociales que afectan espiritualmente por separado a cientos de miles de familias, cuáles son, el aborto y la adopción: Medio millón de mujeres cada año se ven obligadas, cuando no forzadas a abortar, mientras miles de parejas esperan casi una década para que las instituciones les concedan un niño en adopción. Las problemáticas que subyacen a ambas circunstancias son lo suficientemente complejas por separado, como para tratar de abordarlas conjuntamente, de modo que, en esta ocasión, me ceñiré a apostar por una posible solución parcial que palie sus consecuencias, absteniéndome de entrar en sus causas.

La solución aludida, pasa por poner en contacto al sector de mujeres que se plantean abortar únicamente por motivos económicos, con el segmento de parejas que desean adoptar, exclusivamente bebés, al objeto de favorecer que los particulares alcancen un acuerdo ético satisfactorio para todas las partes, incluidos los neonatos. Como toda realidad humana, los acuerdos libres y voluntarios entre ciudadanos pueden adoptar distintas formas, siendo el más sencillo, pero no por ello el único justo, aquel pacto en el que la madre biológica entregue sin más al recién nacido a sus padres adoptivos, trato en el que una parte recibe el hijo deseado mientras la otra se deshace de un problema al tiempo que cambia tomar una decisión traumática como lo es abortar, por otra más placentera consistente en aumentar la felicidad de terceros. A partir de aquí, todo es posible: desde que los futuros padres adoptivos paguen los gastos médicos y manutención de la madre biológica durante el periodo de embarazo, hasta otorgarle una gratificación por haber parido un niño sano, extenderle un cheque postparto para subsanar perjuicios laborales causados por la gestación, pagos en especie como sufragar sus estudios universitarios, los plazos del alquiler, etc. También en estos otros casos más complejos, ambas partes salen beneficiadas, evidentemente las madres biológicas traducen una situación a priori adversa como lo es siempre la llegada de un hijo al mundo, en un saldo positivo para la cuenta corriente y más todavía, las familias adoptantes, no tanto por lo que ingresan, cuanto por lo que se ahorran en abogados, jueces y procuradores en tramitaciones jurídico-burocráticas dentro y fuera del país, sin olvidar otros gastos de desplazamiento y regalos para los mediadores y autoridades competentes en el dilatado proceso de adopción.

Por supuesto, por muy libres y voluntarios que sean los tratos entre particulares, estos deberían realizarse con todas las garantías legales y las debidas precauciones ante notario, buscando siempre el beneficio del bebé así como evitar que la medida camufle actividades criminales como la compra-venta de órganos o el tráfico de menores para abusos sexuales. A tal objeto, bueno sería que instituciones como la Iglesia Católica, asociaciones como Pro Vida, u Oenegés de nuevo cuño, pusieran todo de su parte a nivel de infraestructuras, voluntariado y presupuestos para publicitar, fomentar, facilitar y apoyar social y económicamente esta vía de encuentro donde el problema de uno es la solución de otro en favor de un tercero por medio de campañas cuyo lema sea “¡Tu problema! ¡Es mi solución!”

Antes de atreverme a apostar públicamente por una medida semejante, he revisado a modo de “Abogado del Diablo” por donde podrían venir las críticas; lo cierto, es que, fuera del terreno metafísico, con los pies en el suelo, me cuesta ponerle peros a lo expuesto. Con todo, he considerado que, si bien la mayoría de los proabortistas no tendrían nada que objetar, podría darse la circunstancia de un grupúsculo de entusiastas que habiéndole cogido cariño a su causa, entendiera la propuesta en clave competitiva como un afán retrógrado por restarles relevancia social. Más reproches, paradójicamente espero por parte de quienes dicen defender en abstracto los derechos del neonato sin hacer nada en lo práctico para justificarlos; me refiero a los meapilas que sin pensarlo pondrán el grito en el cielo tildando todo el asunto de una miserable compra-venta de niños para acallar la mala conciencia de las gestantes y satisfacer los déficits emocionales de parejas estériles.

No creo que esta medida de conectar el aborto económico con la adopción de bebés, sea la primera solución que se deba explorar para evitar unos y facilitar los otros. Pero en la situación desesperante en que nos hallamos, sí mantengo firmemente que esta vía de acuerdo debe explorarse socialmente. Y como quiera que por parte de las instituciones exista una tupida red de intereses creados, por parte de los partidos una auténtica desconexión con los problemas reales de la gente, por parte de la Iglesia Católica una abierta inoperancia debida a sus internas contradicciones y por parte del asociacionismo oenegista un desacertado buenismo que les impide hacer bien de verdad…confío la idea al trabajo altruista de los informáticos a quienes veo capaces de crear una aplicación barata, universalizable, rápida y sencilla de manejar, para poner en contacto a las mujeres embarazadas que no deseen tener hijos, con las parejas que sí deseen ser padres. Seguramente, cuando la aplicación aparezca y se extienda su uso entre la población como solución, los legisladores la asumirán como propia, adecuando la ley a su práctica.

Canon al préstamo de bibliotecas: Me parece correcto

Consultado lo esencial del nuevo canon que habrán de pagar las bibliotecas públicas a partir del 1 de Enero del 2016 a las distintas entidades representantes de los derechos de creadores, autores y editores, debo pronunciarme con sinceridad a favor del mismo, por parecerme correcto en un asunto donde no es sencillo casar los intereses que entran en conflicto como son el derecho al libre acceso a la cultura, con el derecho de los autores a vivir de su trabajo, el apoyo a la industria editorial cuyo negocio paga impuestos, generando riqueza y creando puestos de trabajo, con ofrecer a la población un servicio público cultural de calidad, lo limitado de los recursos para temas artísticos con la prioridad presupuestaria destinada a los mismos…larguísimo etcétera de ponderaciones en las que podemos perdernos de no sopesar los detalles, o peor aún, de pasarlos por alto, partiendo en la reflexión de una postura preconcebida quemados como estamos con los andares y maneras de la otrora todopoderosa SGAE.

Cuantos saben de mi beligerancia hacia las abusivas pretensiones de esta asociación, pueden sentirse ahora contrariados, acaso traicionados, por jugar del todo esquizoide la posición en que me encuentro, cuando es del todo complementaria, si atendemos que para un mismo problema no tiene por qué haber una única solución, menos todavía entonces, la misma solución para todos los problemas, siendo un hecho que, aunque el común denominador del Canon Digital, al que me opuse con uñas y dientes y el canon a las bibliotecas que aquí defiendo, sea el mismo problema de los derechos de autor, la materia sobre la que se proyecta es lo suficientemente diversa como para reubicar el juicio.

Por resumir mi postura general, reconozco, con matices, el derecho a la propiedad intelectual pero limitada en el tiempo pues no me parece bien que un autor viva toda la vida de una obra; es justo que negocios cuyo motivo principal descansa sobre la creación artística, entiéndase cine, teatro, discoteca, plataformas internet…han de trasladar parte de los beneficios a los autores que los generan; soy contrario a penalizar el consumo comunitario espontáneo y el libre intercambio no organizado entre particulares, de igual modo que me opongo al cobro de derechos para actos esporádicos benéficos; sin embargo, me parecería un abuso por parte de todos que los barrios crearan una red de televisión comunitaria pirata, o los ayuntamientos organizaran, cada dos por tres, festivales solidarios, pues es contrario al concepto del “Comunitarismo” poner en común lo que es de otros sin su consentimiento, cuanto del de “Solidaridad”, ser generosos con el patrimonio de los demás…. Con estas escuetas coordenadas, puedo fijar mi posición sin dificultad:

El préstamo de bibliotecas, ciertamente no tiene ánimo de lucro; por aquí, no se debería gravar su actuación. Sin embargo, presenta una estructura permanente que incita al consumo de un producto sin coste directo para el consumidor, cosa que podría estar bien en un sistema como el comunismo libertario, pero de catastróficas consecuencias practico-morales en la democracia-capitalista donde nos encontramos. Porque, si el Estado cobra impuestos al mundo editorial por su trabajo y producción, cosa que redunda en beneficios de todos, no parece correcto que le siegue la hierba bajo los pies.

La cuestión de fondo es en si misma un problema jurídico-ético-filosófico; lo son los Derechos Humanos aprobados por la ONU, como para no serlo los Derechos de autor. Su realidad se complica exponencialmente en su concreción, pues a las disquisiciones cualitativas sobre si una obra pertenece al autor una vez vendida o si una idea puede tener dueño, ahora se le añaden las cuantitativas poniendo énfasis en esto o en aquello. Mas, curiosamente, son estos aspectos de grado los que mejor guían la opinión práctica, sobre cualquier particular. Y es así que, pese a los muchos reparos metafísicos que aduzco respecto a la pertenencia a un autor de su obra, el equilibrio y mesura impresos por el legislador en este Canon de las Bibliotecas, es digno de elogio.

En el caso que nos ocupa, pronto advertimos que el legislador ha contemplado cabalmente las implicaciones de los distintos puntos de la ley: Para empezar, salvaguarda el acceso individual de todas las personas, incluidas las más desfavorecidas a la cultura al no imponer tasa alguna si la lectura se realiza en el espacio y tiempo oficial de biblioteca; también se vela por el derecho colectivo a la cultura de zonas rurales o localidades con pocos recursos al establecerse exentos los municipios con menos de 5000 habitantes; igualmente se garantiza el fomento de la lectura en edad escolar dejando fuera del canon las bibliotecas de escuelas, colegios, institutos y cualquier otra entidad sujeta a la red pública de enseñanza; además se anima el hábito lector entre la población adulta, no gravándose el préstamo de obras clásicas…se observa especialmente moderación en la cuantía de las tasas aplicadas, a saber: 5 céntimos anuales por socio y 4 céntimos por cada 10 préstamos. Echadas las cuentas resulta que con sólo 9 euros podríamos satisfacer con 1000 préstamos a 100 ciudadanos, lo cual me parece el dinero público mejor gastado que pueda haber, a manos de nuestros corruptos gobernantes. Si a alguien estas cuentas le parecen un sofisma, sepan que los cálculos muy por lo alto para una ciudad como Valladolid, no superan en conjunto los 6.000 euros por ejercicio.

De haberse trabajado igual de bien las restantes leyes que pretenden defender a los autores y editores, seguramente la legítima resistencia social mostrada a las mismas, no sería la que actualmente es hallándose una más amplia comprensión a sus reivindicaciones.

Con todo, es mi obligación apostillar que mi defensa pragmática de los derechos de autor aquí esgrimida, sería más firme todavía, si los gobernantes retirasen las subvenciones públicas a la creación artística y los autores y editores renunciaran por decencia a las mismas.

Por una facturación más clara

A trancas y barrancas, los ciudadanos hemos conseguido descomplejizar lingüísticamente desde el etiquetado de productos como la mantequilla, un pantalón vaquero o juguetes, hasta la jerigonza utilizada por abogados, jueces y fiscales, pasando por los trámites burocráticos de la administración, la firma de contratos laborales o consultas médicas, en aras de estar en mejores condiciones de comprender cuanto se nos comunica cuando se dice que nos informan, si bien, queda mucho por hacer como prueban las cláusulas bancarias a la hora de contraer una hipoteca o la receta ilegible de farmacia, aunque también en esto se ha avanzado. Donde no ha habido ningún progreso de clarificación, ha sido en la facturación.

Nuestros enemigos naturales, a saber, los comedores de impuestos, mal que bien, ante las continuas reclamaciones de la población y ante la perspectiva de su desengaño, muy a su pesar, han actuado contra los intereses de las grandes empresas obligándolas a especificar el veneno que nos administran vía oral en los alimentos enlatados, los fertilizantes utilizados en la fruta envasada, los colorantes echados en las bebidas; igualmente han moderado por ley el oscurantismo léxico con el que los segundones de las élites extractoras, hacían y deshacían a su antojo con un lenguaje extraño para la mayoría social a quien iba dirigida; hasta tal extremo han llegado en su clarificación que en las mismísimas cajetillas de cigarros han forzado a poner en destacadas mayúsculas lemas como “El tabaco mata” todo un alarde por partida doble de transparencia y de hipocresía, pues por un lado, siendo como es el Estado quien más gana con la venta del tabaco y estando el Estado en manos de nuestros gobernantes, no es preciso poner en solfa lógica el silogismo, para concluir que, quien mata, es quien más se beneficia, o sea…”El gobernante mata”. Y por otro, ya es casualidad que se legisle un lenguaje más diáfano y no engañoso para ámbitos como el laboral, la publicidad, la salud, el derecho, el consumo, etc y nada se haya trabajado para que en nuestras facturas venga bien reflejado y con letras en negrita los impuestos que, cada dos por tres, pagamos los trabajadores.

Es verdad, que los criminales, junto a los datos del facturante y del facturado, se han preocupado, muy mucho, de que aparezca el concepto desglosado del IVA en vez de Impuesto, porque asesorados por psicólogos, magos e ilusionistas sociales, saben que las siglas camuflan a la mente su auténtico significado; sirva como prueba que cuando desean dejar claro que algo se sufraga con dinero salido de su presupuesto escriben con todas sus letras parrafadas como “Obra realizada a cargo del Ministerio de obras públicas. Gobierno de España” sin escamotear para ello ningún euro en grandiosos letreros de 10 x 10 metros.

Vaya por delante que quien les habla, es firme partidario de pagar impuestos en un Estado de Derecho y firme partidario de no pagarlos en un Estado de Deshecho como al que nos estamos dejando conducir. En cualquier caso, mientras existan facturas, yo reclamo desde esta noble tribuna que me acoge, un lenguaje más sencillo y directo en la facturación, empezando por sustituir las siglas IVA por un sencillo epígrafe “Impuestos”, pues eso del “Valor Añadido” sólo es la excusa para traducirlo a siglas.

Una factura donde se refleje con nitidez lo que cuesta el producto y la parte que el ciudadano paga de impuestos al Estado, recordaría a los niños que ellos, cuando compra una bolsita de pipas ¡Pagan impuestos! haría presente a los adolescentes que cuando adquieren decenas de litros de refrescos y bebidas alcohólicas para hacer el botellón el fin de semana ¡Pagan impuestos! Los ancianos, viudas, jubilados, pensionistas y personas con dependencia se percatarían que al tomar el cercanías o el autobús urbano ¡Pagan impuestos! Los parados, indigentes, marginados tomarían nota al hacer la compra del supermercado aunque sólo fuera de oferta o lo más imprescindible como pan y leche, que lejos de lo que la mayoría cree, incluidos ellos mismos, contribuyen todos los días a las arcas públicas del Estado, porque, también ellos, como el que más ¡Pagan impuestos!