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Muerte en la cárcel

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Gracias al dilema planteado por el caso del etarra, Josu Uribetxeberria, quien padeciendo un cáncer terminal ha solicitado su puesta en libertad amparado en la legislación vigente, acerca de si en un Estado de Derecho es moralmente aceptable la piedad para con sus condenados, los medios de comunicación en aras de ponérselo más difícil todavía al ejecutivo – no menciono al juez porque en nuestro país la separación de poderes no alcanza el nivel mínimo teórico exigido para ello – que arde en deseos de corresponder los gestos emprendidos por la izquierda Abertzale, en cuanto a distensión se refiere, han aireado el escalofriante dato “parcial” de las personas que mueren por distintas enfermedades en nuestras cárceles, al objeto de presentar un contrargumento a la opinión pública con el cual presionar a aquel para que mantengan en prisión al secuestrador de Ortega Lara.

Pero como sucede con cualquier argumento cuya primera intención es la de vencer al oponente, sucede que lejos de convencer afianza todavía más las convicciones radicalmente opuestas del auditorio que hay enfrente y en este caso, me atrevería a decir que incluso de la propia feligresía. Porque la cifra que únicamente era conocido por Instituciones Penitenciarias y las típicas asociaciones humanitarias y profesionales del Derecho que predican en el desierto mediático institucional sobre estos asuntos la mayor parte del año, es tan sumamente abultada, es tan grande la cantidad de gente que muere silenciosamente intramuros sin que nos enteremos, mientras denunciamos cínicamente que la Pena de Muerte se aplique en EEUU casi a escondidas y sin apenas respuesta social, que uno sólo puede enmudecer de espanto, si es un buen cristiano.

Varios han sido los medios de desinformación que han presentado el hecho bajo el espectacular titular de “Un preso muere cada tres días en las cárceles españolas” deducido de un informe oficial donde se refleja que en el quinquenio comprendido entre el 2005 y 2010, 799 internos fallecieron a causa de una larga enfermedad entre las paredes de su celda o en la enfermería de la prisión. Para comprender bien lo que esto significa y por qué hablo de “parcial” cuando a ello he aludido anteriormente, es porque, en ese mismo informe se especifica que en el dato ofrecido, no se recogen los fallecidos en tercer grado, ni los más de 2.000 internos excarcelados por padecer una enfermedad incurable en dicho periodo, ni los que han muerto por infarto, sobredosis, suicidio o en una reyerta. De sumarse todos los números, seguramente empezaríamos a percibir nuestros centros penitenciarios como siniestros centros de extermino, cosa que repugnaría al ciudadano medio que se cree a salvo de cometer crímenes contra la humanidad.

Pero, si hemos sido capaces por medio del silogismo garzoniano de ligar el voto democrático en las urnas de un simple hombre de pueblo con boina enroscada a la cabeza a un sanguinario atentado como se ha hecho con el electorado vasco de Batasuna respecto a ETA, qué no habríamos de hacer, sabido esto, cuando hay una relación directa entre nuestros impuestos, el gobierno democrático y la regencia de Prisiones…Mucho me temo, que como bien saben nuestros representantes, a los españoles no les repugna que esto suceda en nuestras fronteras. Lo que le repugna e inquieta es enterarse de ello; que se sepa; porque una vez sabido, no hay escapatoria a nuestra hipocresía que desea hablar de justicia cuando de lo que de verdad se trata es de satisfacer nuestro natural y comprensible ánimo de venganza. A lo mejor nos convendría abrazar el modus operandi de la Sharia donde no se esconde el derecho de la víctima a hacer sufrir a su verdugo devolviéndole ojo por ojo y diente por diente.

Sin Merienda

La Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat ha decidido suprimir la merienda que hasta ahora recibían los reclusos para hacer frente a la crisis. ¿Qué quieren que les diga? De haber sido yo el responsable de comunicación de este organismo, hubiera hecho lo posible por evitar que la noticia saliera de los muros de las prisiones como tantas otras cosas que allí suceden son ocultadas para nuestra tranquilidad democrática como lo es el alto índice de muertes que acontecen en su interior o el régimen de tortura al que son sometidos los presos FIES que nada tienen que envidiar en sufrimiento al mítico Papillon. En cualquier caso, la decisión en vez de presentarse como rácana fórmula de ahorro para mayor desprestigio de la economía catalana, bien podría haberse anunciado como solución nutricional para reducir la obesidad entre los internos, que habría quedado mejor.

Pero si de ahorrar se trata, yo tengo una idea más eficaz que eliminar el bocadillo, la cual paso a explicar: España puede jactarse de ser una potencia europea en población reclusa; por redondear, unas 80.000 personas, sin contar las confinadas en Centros de Menores, ni en los Campos de Concentración para Extranjeros, los lamentables CIEs. Pues bien, según datos oficiales, cada preso sale anualmente al Estado la nada despreciable cantidad de 20.000 euros, cifra resultante de sumar costes de contratación de tres turnos de funcionarios para su vigilancia y cuidado, gastos en infraestructura, mantenimiento de las instalaciones, manutención de toda esa gente bajo custodia, además de cocineros, sanitarios, psicólogos, educadores y toda la tropa auxiliar que soporta cada una de sus Centros, dividida entre el número de beneficiarios de tanta atención por parte de la Sociedad. Aunque en verdad, me temo que como los auténticos gastos que para las Arcas del Estado nos supone el mantenimiento de la Casa Real, la realidad nunca nos será enteramente confesada por temor a que, hechos los cálculos, nos salga más a cuenta dejarnos robar por los ladrones sentenciados que por los gestores que están por condenar.

Y precisamente mi propuesta de ahorro consiste, no ya excarcelar sin más, con una mano delante y otra detrás, a cuantas personas se hallan en prisión por delitos de poca monta cuyo conjunto volumen computado queda muy lejos de los millones robados por separado por Urdangarín, cualquier personaje de la política implicado en casos de corrupción, banquero que se haya blindado indecentes sueldos vitalicios durante su criminal actuación o el más insignificante empresario amnistiado por fraude fiscal, por cuanto sería peor el remedio que la enfermedad, al dejar del todo desvalidos a su suerte, a individuos obligados a procurarse el sustento de la noche a la mañana sin los medios apropiados a su alcance, más que aquellos que en su día aprendieron en la Escuela de la calle y perfeccionaron a cargo de la Universidad que a tal fin es la cárcel, sino en, una vez sentenciados por los Tribunales, concederles una mensualidad de 700 euros a cambio de que no ingresen en prisión, trato que el Estado mantendrá con la debida actualización del IPC mientras el condenado a ser mantenido no sea detenido de nuevo, en cuyo caso, se vería reducida la paga a la mitad o condenado de nuevo, extremo que le comportaría la pérdida completa de su paga.

No hace falta ser un Pitágoras para entender que, conviene entregar al delincuente una cantidad en metálico sensiblemente inferior a lo que nos costaría mantenerle en prisión, para que este aceptase de buen grado no perjudicar a la comunidad con su estancia entre rejas más de lo que lo haya hecho hurtando tres latas en un supermercado. Sería algo así como un tributo público a entregar a cambio de paz social como aquel que el Imperio Romano diera a los bárbaros para que estos se quedaran fuera de sus fronteras o como ahora se mantiene a la clase política para que no den abiertamente un Golpe de Estado.

Hambre de justicia

Cuando cerca de dos mil millones de personas están en huelga de hambre permanente de modo involuntario no pareciéndole importar demasiado a nadie por no cotizar en bolsa, las únicas huelgas de hambre reivindicativas que merecen mi respeto entre nosotros, son aquellas que se emprenden con la inequívoca determinación de concluirlas hasta obtener lo que se reclama, realidad que no demuestra la justicia de lo reclamado, pero al menos es un buen indicio de su posibilidad.

Tohuami Hamdaoui, marroquí de 41 años, es desde el pasado Lunes por la mañana, el primer preso común en morir en nuestras instituciones penitenciarias por mantener una huelga de hambre tras cinco meses de protesta en el transcurso de los cuales se le ha alimentado por vía intravenosa contra su firme voluntad que no pudo ser quebrada ni psicólogos, ni por sus familiares llegados del extranjero para convencerle de que depusiera su actitud; Tal ha sido hasta el final su forma de exigir justicia para su persona.

Los datos positivos que están detrás de este fatal desenlace son los siguientes: Los hechos juzgados en 2008 se remontaban a cinco años atrás; El entonces acusado, que ya había pasado cierto tiempo en prisión provisional y puesto en libertad antes de celebrarse el juicio, se declaró inocente ante el tribunal y negó haber violado a la menor, de 13 años cuando ocurrieron los hechos, aunque la víctima ya con 18 en el juicio aseguró reconocerle. También unos testigos declararon que le habían visto en la zona y un amigo negó que hubiera estado con el procesado a la hora en que se produjo la agresión sexual, como declaró el sospechoso. La Audiencia desestimó una de las pruebas favorables a Hamdaoui consistente en una cazadora que llevaba puesta la niña y que tenía restos de semen que no coincidían con el ADN del acusado, cosa debida, según declaración de la menor y de su madre, a que se la había prestado ese día una amiga que no compareció en el juicio ratificando el extremo aducido. Ya condenado en firme, Hamdaoui que mantuvo en todo momento su inocencia, permanecía en prisión desde el 2009 e inició la huelga de hambre en febrero de 2011 como único modo que le quedaba para que la justicia revisase su situación. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Las mías se inclinan a creer que algo muy raro ha sucedido aquí:

Dado que la mente humana tiene innumerables recursos para engañarse a si misma, que una persona se ponga en huelga de hambre indefinida y la mantenga con todas sus consecuencias puede ser simplemente un subterfugio para atraer sobre el verdugo la simpatía que desmerece, un truco para una vez probada su culpabilidad, sembrar dudas sobre su culpabilidad, incluso puede tratarse de la reacción natural de alguien cuya conciencia rechace como la de cualquier otra la atrocidad que se le imputa que se resiste a aceptar haberla cometido cuando así ha sido en un estado alterado transitorio…Ahora bien: las instituciones penitenciarias, los tribunales y los profesionales experimentados que en ellos trabajan diariamente, cuentan con las suficientes herramientas y conocimientos como para distinguir cuando alguien finge, simula o sufre de negacionismo en su protesta, de quien da muestras continuas de estar verdaderamente convencido de su inocencia al extremo de poner en riesgo su vida. Al margen de los datos positivos expuestos de la historia procesal del condenado que motiva su reclamación, contamos con los siguientes indicios para evaluar si nos encontramos ante un impostor o alguien desesperado por sufrir un kafkiano fallo judicial, a saber: lo primero es saber si el penado tenía antecedentes relacionados con el delito por el que ha sido condenado, condición que no parece concurrir en la persona de Hamdaoui; lo segundo es constatar su firmeza en la declaración de inocencia verificando si la ha cambiado o matizado con el tiempo: tercero tomando nota de si ha querido negociar su declaración de culpabilidad con la fiscalía a cambio de una reducción de condena; cuarto si ha intentado escapar al tribunal durante el periodo en que estuvo en libertad desde el momento en que se cometió la agresión hasta el momento en que fuera juzgado, que tampoco parece ser el caso; quinto su comportamiento y actitud ya en prisión, buscando patrones comunes con agresores sexuales; sexto la seriedad con que empieza y mantiene su protesta al punto de quitarse las agujas mediante las cuales se le administraba el suero para sostenerle las constantes vitales; Y finalmente, que sabedor de la posibilidad real de morir de forma inminente, lo eligiera, a reconocer su culpabilidad en un país como España, donde los pedófilos y violadores gozan de la simpatía de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por no hablar de las complicidades policiales, eclesiásticas y empresariales que le hubieran permitido salir en breve plazo por buen comportamiento.

Pero también la memoria es muy traicionera y recuerda lo que quiere recordar pasados más de cinco años y podría suceder que las ganas de satisfacción moral por el agravio y violación de una niña, llevase a esta, a encontrar venganza en alguien de la misma raza que el agresor, con quien puede haber un parecido razonable para quien no está acostumbrada a discernir los rasgos diferenciadores de la misma ¡todos los chinos son iguales! comprensible tendencia de la víctima a la que no escapan ni los jurados ni los tribunales…

De todos modos, me parto de risa en sólo pensar la cara de tonto que se le habrá quedado a ese pobre infeliz llamado Miguel Montes Neiro que lleva más de 35 años en prisión sin haber cometido delitos de sangre y varios meses también en huelga de hambre implorando un indulto zapateril que no llega, al saber por los medios que en la foto finish un inmigrante le ha arrebatado el honor antedicho de ser el primer preso común en morir en nuestras cárceles y evidentemente es muy difícil que su muerte sea la última, carrera mortal a cámara lenta que para nada interesa suceda entre nuestras fronteras que nos imposibilita diplomáticamente para dar lecciones de democracia y Derechos Humanos a países como Turquía o Israel. El deseo de instituciones penitenciarias es que quienes deseen transmitir sus quejas por su injusta situación en prisión, elijan la vía rápida del suicidio por sobredosis u ahorcamiento, procedimientos ya habituales en nuestros centros de reinserción social fáciles de explicar por el forense médico y más aún por el relato periodístico que lo despacha en dos líneas.

Cárceles públicas, negocios privados

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El repentino cambio de posición gubernamental tipificando como delito la conducción temeraria al extremo de acusar de homicidio a los causantes de accidentes mortales, resolución que evidentemente va en contra de los intereses de la todopoderosa industria petrolera del automóvil, me ha hecho sospechar que, detrás de esta medida, como en el caso de las drogas, los inmigrantes ilegales, los manteros y resto de leyes, no hay tanto deseo de corregir el fenómeno, cuanto de lucrarse con él por medio de intermediarios testaferros que inviertan en la prometedora industria de la seguridad, mantenimiento y construcción de centros penitenciarios, pues como sabiamente acertara a advertir el Exministro Asunción al ser interpelado por la crisis de la cárcel como método de reinserción social “¿Crisis? ¿Qué crisis? ¡Cada vez hay más!” De seguir por este camino, en breve veremos enchironar a Okupas, dueños cuyas mascotas dejen sus costas en la vía pública, amigos de las descargas en Internet y a fumadores compulsivos, que con algo hemos de llenar el vacío dejado por la supresión de la ley contra “Vagos y maleantes” y cuantas permitían llevar al calabozo a blasfemos, maricas o traidores a la patria. El caso es, que haya necesidad de cárcel.

En la actualidad hay más de 90 prisiones oficiales – hay cárceles secretas y disfrazadas de centros de internamiento para extranjeros y reformatorios para menores, sin contar calabozos militares – que albergan a una población no inferior a 80.000 reclusos. Esta realidad intramuros esconde además de torturas, vejaciones, crímenes y nuestra hipocresía social, un gran negocio privado a cargo de las cárceles públicas que mueve miles de millones de euros y no pocos intereses de empresas españolas de enorme prestigio internacional dedicadas a maquinar mecanismos de seguridad como torres de vigilancia, cámaras de infrarrojos, aparatos para escuchar en el tumulto, alarmas, e instrumentos como porras eléctricas, esposas, grilletes… y de cuantos gremios intervienen en su mantenimiento, empezando por el grueso de funcionarios que ha de hacerla funcionar en tres turnos de mañana, tarde y noche, psicólogos, cocineros, suministro, electricidad, etc.

¿En qué quedaría el presupuesto dedicado a la construcción, equitación y mantenimiento que supone los centros penitenciarios si de pronto se dejara salir por ejemplo a esa pobre gente encarcelada por estar sin papeles o esa otra, cuyos delitos sean la pequeña posesión de droga o sin ser de sangre estén relacionados con ella? ¡Mejor no pensarlo! Curiosamente, la respuesta sería la misma de plantearse la cuestión ¿Y si sólo fueran a prisión los culpables de delitos de sangre, de corrupción, de delitos económicos, contra la propiedad pública, por estafa alimentaria, por explotación laboral…? Si la respuesta a las preguntas anteriores es sencilla, la solución a tomar no lo es.

De mantenerse la actual tendencia punitiva que recae más en pobres infelices que en los verdaderos causantes del mal, se estará ejecutando una injusticia similar a la cometida con el Conde de Montecristo siendo previsible que la venganza incubada en el resentimiento colectivo aparezca desde cualquier rincón el día menos pensado. La primera vía de solución que les vendría a la mente a quienes hacen las leyes y por consiguiente las trampas, no consistirá comprensiblemente en tirar piedras contra su propio tejado y en consecuencia, apostarían por no perseguir delito alguno; Mas como quiera que precisen de la represión ajena para desde el Poder continuar favoreciendo sus intereses, sea entonces que tipificaran como delitos un buen número de acciones condenadas moralmente por la misma sociedad que las comete con profusión verbigracia las irrefrenables ganas de tener lo mismo que el prójimo que se corresponde jurídicamente con el sacrosanto derecho a la propiedad y su castigo implacable según quien lo cometa y quién lo padezca. Ahora bien: ello, a la larga nos trae a presencia del problema apuntado; Para atajarlo, tanto al ejecutivo canalla, como al legislador criminal, como al juez cómplice, sólo se les ocurre amnistiar, condonar e indultar a los apresados decisión que no pone en tela de julio las leyes injustas que los encarcela, para de este modo, mantener la necesidad de policía que persiga el delito y parezca que se lucha contra el crimen y la delincuencia ante la ciudadanía ingenua y por otra parte, se transmita la imagen de magnanimidad al objeto de atraer hacia la autoridad además del respeto, la adhesión de los corazones. Claro que, esta actitud a la larga, socava los cimientos de la legalidad y la chusma empieza a advertir la incoherencia del sistema contemplando juzgados y comisarías como puertas giratorias. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo salvar el negocio penitenciario? Ante este panorama, los teledurmientes se sobresaltan reclamando el endurecimiento de las penas o el cumplimiento íntegro de las condenas del vigente sistema criminal…dulces compases que con complacencia son escuchados por la demagogia que escudándose en la alarma social abunda en su mezquindad como lo prueba el caso de Miguel Montes Neiro y tantos otros de los que no se sabe el nombre…Sin embargo, al mismo tiempo, sucede que la plebe, aunque haya llegado a ello a través de un camino equivocado, o por películas como “Celda 211” o series como “Los ladrones van a la oficina”, empieza a caer en la cuenta de que, en nuestras mazmorras no están todos los que son, ni son todos los que están alcanzando la conclusión de que, a lo mejor, hay más fuera que dentro. Asunto, éste sí, verdaderamente merecedor de respeto a la maléfica Trinidad del Poder que le fuerza a optar por meter a todos a la cárcel, a saber: políticos corruptos, empresarios estafadores de subvenciones, traficantes de armas, de drogas, de inmigrantes, de órganos, de niños, de mujeres, notarios colaboradores con la burbuja inmobiliaria…

Esta arriesgada apuesta por acercar la legalidad a la justicia para lavar la cara a nuestros vergonzosos Tribunales auténticos focos de inmundicia moral, supone un peaje que la clase dominante ha de pagar si quiere mantener los pingües beneficios visibles e invisibles de la realidad carcelaria. Irónicamente, quién se lo iba a decir, es muy posible que ayude a expandir los réditos del negocio penitenciario hasta límites nunca antes sospechados. Tan prometedor horizonte se lo presenta la oportunidad que supondrán las cárceles privadas imprescindibles para acoger a personas tan distinguidas y de enorme poder adquisitivo como las citadas, cuyas instalaciones ciertamente han de servir para privarles de libertad, pero también garantizarles la seguridad y atenciones que comporta su estatus social, pues la justicia no consiste en tratar a todos por igual, cuanto en hacerlo a cada cual como se merece. Y no sería nada justo que los ricos añadieran a su pena de privación de libertad la de incomodidad, mientras el resto de la población reclusa, casi se encuentran mejor que en casa a ese respecto.