Etiqueta: Justicia

Falta Justicia y sobra legalidad

Cada vez tengo más claro que necesitamos una Revolución Cultural sin ahorrar esfuerzos en pedagogía e higiene civil que ayude a comprender, a quienes tienen que comprender, que por muy alto que se situe el pistón de las élites extractoras y muy bajo el pueblo al que se disfruta sometiendo a presión y represión, necesariamente habrá un punto sin retorno en el cual, rebasados los límites de la fuerza que los menos pueden ejercer y los más soportar, esta sádica violencia gratuita les será devuelta con creces en forma de estallido social descontrolado, cuando la gente, harta de su despotismo y crueldad, ya no se conformará con que se la atienda o se la entienda, que buscará cumplida física compensación emocional a tanto sufrimiento acumulado.

Sufrimiento psíquico al que somos sometidas todas las personas de bien cuando se nos informa de clamorosas injusticias a manos de los Tribunales, por pasiva, ante banqueros criminales, gobernantes delincuentes y empresarios ladrones a quienes las leyes primero ayudan a cometer sus fechorías y después a esquivar su condena, y por activa, cebándose con extremo celo ante indefensos pagadores de impuestos ignorantes de que la Justicia es fuerte con el débil y débil con el fuerte, como acabamos de volver a comprobar con una buena Señora de 63 años, vecina ejemplar de Fuerteventura con una hija discapacitada, un hijo desempleado y tres nietos menores a su cargo, Doña Josefina Hernández, mujer luchadora, justa, honrada y buena, que por ser pobre fue condenada a derribar su casa y a pagar una multa de 700 euros, con su pensión de 324 euros, recientemente un juez muy hijo putativos de la legislación vigente, le ha denegado la suspensión de la condena en tanto en cuanto se resuelva su solicitud de indulto, por lo que este mismo Viernes, si nadie lo remedia, esta excelente ciudadana será detenida, esposada y conducida al recinto penitenciario de Tahiche por las fuerzas de seguridad del Estado criminal para hacerla cumplir seis meses de privación de libertad.

Doliéndonos humanamente siempre más lo segundo, (que la pobre gente sea víctima de los Tribunales), que lo primero, (que los culpables se vayan de rositas), fundamento del denominado garantismo procesal, en la certeza apuntada por Publio Siro de que, “la absolución del criminal es la condena del juez”, cabe preguntarse dónde quedará situada su figura con la condena del inocente, más todavía, cuando se la hacen cumplir. Bastante sabe el mazo esbirro de su fechoría cuando la prensa evita pronunciar su nombre por miedo a las comprensibles represalias que su crueldad le hubiere generado a manos de la plebe. Porque, todos apreciamos la labor del juez que arriesga su paz espiritual para hacer posible la humana convivencia arriesgándose a cometer equivocación, potestad para la que se prepara profesionalmente y la entera comunidad le faculta sin reprocharle nunca que la misma aparezca dada la falibilidad de nuestra limitada condición cognitiva, pero no el errar a sabiendas, asunto imperdonable en alguien que como él debería tener muy presente que en la actualidad estamos faltos de Justicia y muy sobrados de legalidad.

Son hechos ignominiosos como el presente, los que van cargando poco a poco las pilas de la población que ha aprendido a contestar adecuadamente en las encuestas para que los Poderes que las ordenan y pagan no sepan cuando va a saltar la chispa que encienda el mecanismo de autodefensa que toda sociedad, llegado el momento, por mucho miedo que tenga y por mucha manipulación a la que haya sido sometida, por mero instinto de supervivencia, activará por sorpresa, momento clave, en el cual, con la ayuda de dios que sólo apoya a quien lucha y el amor misericordioso de Nuestro Señor Jesucristo, nuestros verdugos, serán llamados uno a uno por sus nombres y apellidos sumariamente en el Reino de los Cielos, tras pasar aquí por el infierno, que es mejor ser castigado por mano humana y perdonado por la divinidad que no al revés, siendo como es la vida corta y el resto toda la eternidad.

De la edad penal

Solemos quejarnos de la tardanza de los tribunales a la hora de impartir Justicia, aun cuando la misma refuerza el garantismo procesal. Empero, conviene ir con los pies de plomo a la hora de enunciar las leyes con las que habremos de dispensarla en el día a día de los pleitos, evitando en lo posible legislar a sobresalto de los titulares del Telediario, pues de lo contrario, la misma será conducida por el visceral instinto que nos define como animales, en vez de, por la deseable razón que se predica de lo humano, cosa peligrosa, que muy seguramente haría entonces apetecible que la ahora deplorable lentitud de la justicia, se dilatara en la eternidad por miedo a ver cumplido un código penal demencial nacido de la cólera y el brote pronto insensato.

La reciente tragedia acaecida en el instituto catalán donde un joven de trece años ha matado a un profesor, cuya circunstancia tiene más que ver con un impredecible brote psicótico que con un problema de violencia en las aulas, está siendo irresponsablemente aprovechado por los partidarios de volver a la peor de las disciplinas en una retroalimentada Pedagogía Negra que les hace recordar la mili como el sumun de las experiencias místicas, y así como los partidarios del “Creacionismo” teológico ahora apuestan fuerte por el denominado “Diseño Inteligente” algo más cientificista, los amantes de la violencia como instrumento pedagógico, enarbolan la necesidad de rebajar la edad penal y poder juzgar como adultos a los niños en casos graves como el de asesinato. Analicemos en lo que vale esta propuesta:

Tomando como referente el motivo de este chaval de trece años que ha matado a un profesor, hay mucha gente que en bares y terrazas demanda un escarmiento ejemplar, para mandar un mensaje a la sociedad. Pero ¿Qué mensaje sería este?

El mensaje sería que alguien a quien no se le permite votar si quiera en las municipales; alguien al que no se le concede poderse sacar el carné de conducir; alguien que no puede viajar sólo en avión y menos al extranjero; sujeto al que no se le permite entrar sin un mayor a bares ni cafeterías, pero tampoco acompañado a un bingo, un casino, un sex shop o un puticlub; a quien le está prohibido jugar a las tragaperras; a quien bajo pena de multa no se le puede vender alcohol ni tabaco ni en los supermercados; individuo al que se le remite a la sección infantil de la biblioteca cuando la de mayores está saturada; al que ni siquiera se le concede poder mantener relaciones sexuales consentidas, llegar más tarde de las diez en invierno a casa, al que no se le posibilita acceder al mercado laboral, ni emanciparse de sus padres, alguien todavía sujeto a notas y a quien se mandan deberes de un día para otro…a una persona así, se le puede juzgar como adulto. Mas entonces, ¿en qué queda eso de a iguales derechos iguales obligaciones?

La propuesta de jugar a un niño como adulto se deja arrastrar por la gravedad del delito cometido, cuando la Justicia y la ley deben prestar atención también tanto a las circunstancias del hecho como al sujeto que lo comete, porque la auténtica Justicia, no consiste en tratar a todos por igual, sino a cada cual como se merece. Y si juzgamos a los niños como adultos ¿Cómo juzgaremos a los adultos? ¿Cómo a los niños?

Se mire por donde se mire, la propuesta de rebajar la edad penal para que los menores sean juzgados con mayor severidad en el código penal, no se sostiene desde un punto de vista racional. Ahora, como espectáculo y morbo mediático…ahí ya no tengo dudas: al presencia de niños llorando ante los jueces así como la ejecución en EEUU de menores en los años noventa, elevó los índices de audiencia de los debates de radios y televisiones.

Por un Tribunal del Pueblo

Denominándose “Ministerio de Justicia” en vez de como le corresponde “Ministerio de Legalidad” el organismo oficial del que depende su quehacer habitual impostor en su propósito declarado, absurdo en la disposición de sus medios e ineficaz en su resolución a la vista de los resultados obtenidos, el descomunal cuan lentitudinario ejército de abogados, jueces, fiscales, procuradores, notarios y secretarios judiciales que han vivido durante décadas del ejercicio disimulado de su profesión trayendo y llevando papeles, tiene una deuda de lealtad para con la población a la que como gremio han faltado, por no haberse negado a trabajar para un sistema deliberadamente aberrante, que llena las cárceles de pobre gente mientras protege a los grandes delincuentes del país, débito profesional que todavía están a tiempo de amortizar si se aprestan, aunque sea en esta fase de derrumbe del sistema, a conformar Tribunales del Pueblo dispuestos a juzgar y condenar como es debido por medio de publicidad de sus personas, expropiación de sus bienes y auténtica privación de libertad, a cuantos sinvergüenzas habiendo de modo reiterado cometido delitos probados en la realidad de los hechos contra el Estado, la Patria y la Sociedad Civil hayan empero escapado a su merecido castigo durante la Partitocracia que los ha protegido por motivos formales o procesales, permitiéndoles eludir el banquillo, archivar su causa, declarar nulo el procedimiento, prescribir el delito y demás triquiñuelas jurisprudenciales, contempladas en una legislación ideada para controlar a la gente en su vida diaria, mas dejar las manos libres a los criminales de traje y corbata.

Ciertamente, sabemos de su malestar y de sus quejas a través de asociaciones como “Jueces para la Democracia” o incluso pronunciamientos de los máximos responsables del CGPJ. Ellos mejor que nadie conocen de primera mano los desmanes cometidos en los juicios y los vicios del sistema empezando por su falta de independencia e imparcialidad. Pero resulta también y no es dato menor, que ellos son colaboradores necesarios de tan magno despropósito y no parece, en este caso, razón suficiente a esgrimir como justificación de su comportamiento, la obediencia debida a la Ley, no al menos en estas circunstancias donde todo indica que se trata no ya de una ley injusta, desfasada, inapropiada, equivocada, desproporcionada, mal hecha y a mala fe, sino de la entera Legislación, pues, si bien compartimos que el ciudadano particular debe comportase con criterios socráticos ante las leyes singulares aceptando su acatamiento al margen de su particular opinión sobre la calidad de su justicia o injusticia puntual, no así tratándose como se trata, de la mayoría de expertos en la materia. Me explico: Una cosa es la Legislación y otra las leyes que lo integran. Una cosa es un ciudadano común y otra un experto en Derecho. Es posible que tanto un ciudadano común como un Juez deban acatar la ley indistintamente de cuál sea su opinión, para que funcione el Estado de Derecho. Pero, si ya tengo mis reservas éticas sobre si una persona debe respetar un Régimen Legal cuando particularmente está convencido de su invalidez extrema de conjunto, mantengo que cuando la comunidad de expertos en Derecho coinciden en clamar contra los vicios ocultos de la Legislación que la invalidan de raíz para su sano cometido, entonces, existen motivos evidentes para su desobediencia o incumplimiento en las salas y Palacios de Justicia.

Para apoyar esta última mía observación, extrapolemos la situación a otras áreas de actuación funcionarial dependientes directamente de un Ministerio. Evidentemente, la casta docente poco o nada me ayudaría en mantener mi postura; antes reforzaría la actuación de los “puñeteros mangantes” – entiéndase los letrados que visten puñetas en sus mangas – pues no se quedan cortos que digamos en su impostor disimulo a cambio de percibir mensualmente su salario del erario público. Sin embargo, creo que todos ustedes estarán en condiciones de percibir cierto grado de verdad en lo comentado, si ponemos por caso, que la mayoría de médicos, enfermeros, auxiliares, farmacéuticos…despotricaran abiertamente entre ellos, ante sus pacientes y en los medios de comunicación sobre algunos medicamentos nocivos para la salud, sobre ciertos tratamientos peligrosos y acerca de varias prácticas incorrectas. ¿Creen ustedes que pese a las directrices oficiales o facultativas, la mayoría de los profesionales sanitarios continuarían administrando los fármacos, aplicando los tratamientos y realizando dichas prácticas? Yo sé que no. Rápidamente, lo primero que harían en conciencia y bajo su responsabilidad sería dejar de recetar los medicamentos que consideran dañinos para sus pacientes, interrumpir los tratamientos demostrados inadecuados para el enfermo, sin esperar las respuestas institucionales que den a sus posteriores denuncias tramitadas. Porque, cuando se trata de la vida de las personas, no vale salirse por la tangente y echar balones fuera.

Pero, es que la vida de las personas, hoy ya no está en manos sólo de los médicos; también lo está en la de los tribunales de modo directo o indirecto cuando dejan en libertad a quienes roban nuestros ahorros o consienten se ejecuten desahucios a familias sin recursos. Y es de esto de lo que se trata: si los expertos en leyes a quienes forma y confía la sociedad civil velar por la justicia y sus derechos, pueden lavarse las manos tras colgar la toga acabado el pleito, cual mecánico hace al quitarse el mono azul en su taller. Lamentablemente, no parece que la legislación se comporte como un motor inmóvil aristotélico cuya promulgación baste, sea para hacer justicia o injusticia.

Si deseamos evitar que a la actual situación de injusticia institucional le siga otra injusticia sumarísima de carácter popular, urge trabajar desde ya en la creación de Tribunales del Pueblo cuya articulación precisa de todos esos funcionarios que entran y salen de los juzgados echando pestes de las tropelías que se cometen amparadas por ley, al objeto de que la ciudadanía, harta de su inoperancia, no se tome la justicia por su mano, porque cuando acontece, suelen pagar de nuevo justos por pecadores.

Pena de Muerte para delitos económicos

Hace algunos años, antes de que se empezara a hablar de la crisis, me refiero a esta crisis, no a la anterior, ni a la otra, ni la que está por venir…leí ¡con horror! que en Corea del Norte, Kim Jong Il, había hecho fusilar a su Ministro de Economía por estar implicado aquel en un caso de corrupción. Siempre me había mostrado contrario a la Pena de Muerte por un amplio abanico de argumentos que iban, desde los puramente técnicos sobre el funcionamiento de la silla eléctrica, hasta los de carácter espiritual, pasando por los fundamentos de derecho positivo, la arbitrariedad de su práctica, fallos en el sistema judicial…batalla ética en la que estoy implicado desde mis años universitarios militando en Amnistía Internacional. Si la noticia me hubiera pillado con diecialgo o veintipocos, seguramente mi acto reflejo de rechazo, hubiera reforzado mi convicción ética al respecto; sin embargo, me sorprendió subiendo la cuestecita de los treintaymuchos, cuya experiencia vital hacía tiempo me posibilitaba contemplar como moralmente aceptable la eliminación física de algunos elementos nocivos para la sociedad como podían ser pederastas y tiranos, mas dejando en manos de Dios hacer justicia, que aunque la gente no lo crea, existe, si bien en tiempos de bonanza proviene de Jesús y en momentos de tribulación como los actuales, se la debemos a Jahveh que es más expeditivo. Pues bien, sucedió que, tras el rechazo inicial, empecé a meditar sobre, el cómo y el por qué, en aquellas latitudes se podía llevar al patíbulo a un ser humano por el mero hecho de haber robado dinero; la cantidad era lo de menos, pues si era contrario al máximo castigo incluso por motivos de asesinato, con mejor causa cuando el mismo era aplicado a asuntos económicos.
Procurando ponerme en lugar del gobernante coreano, a fin de comprender qué justificación podía encontrarse para fusilar a un estrecho colaborador por motivos de corrupción, algo que aquí no sólo no recibe castigo, sino que se fomenta desde las más altas Instituciones y la Jefatura del Estado, caí en la cuenta de que, mientras un crimen, por horrendo que sea, sus efectos sobre la sociedad como conjunto menguan conforme se amplía el círculo del afectado, no así ocurre con los delitos económicos cometidos contra el Estado, ya que la corrupción económica, el robo de las arcas Públicas, afecta de lleno a toda la Población de un modo aparentemente incruento pero que los fríos números del presupuesto se encargan de traducir a cadáveres, sangre y sufrimiento, según desaparecen ambulancias muriendo gente por no poder ser atendidos a tiempo; cierran hospitales bajando la calidad sanitaria y sus terribles consecuencias esperando una intervención, un trasplante, una cura; empeorando el mantenimiento de las carreteras causante de muchos accidentes, disminuyendo las prestaciones sociales, y el largo etcétera que nos hacen relacionar con la crisis, como si la crisis existiera por si sola, sin tener nada que ver con el desfalco organizado que durante años, ¡qué digo años! ¡Decenios! hemos sido objeto por parte de nuestros representantes democráticos, sindicalistas, empresarios, banqueros, artistas, deportistas…robo a manos llenas que no se cuenta por miles de euros, ni por millones de euros, sino por miles de millones de euros, cantidades que sinceramente de pensarlas en pesetas, me pueden producir un desmayo. Desde esta perspectiva, la medida aplicada en Corea del Norte, resultaba hasta más adecuada moralmente que la practicada en España.
Desde entonces, vengo proponiendo en cuantos foros me es posible – cosechando el oprobio general del auditorio, si bien cada vez menor – la instauración de la Pena de Muerte por delitos económicos y corrupción contra las Arcas Públicas, castigo que puede ser conmutado desde el momento en que se restituya al Estado del Bienestar, lo indebidamente sustraído, en cuyo caso, podría recobrar la libertad e incluso ser habilitado en su anterior puesto practicándosele una amputación de la mano con que coma la sopa. Mas, si el condenado en firme se negara a devolver el dinero porque le sale a cuenta no hacerlo dada su avanzada edad, dice habérselo gastado todo y sus allegados no quieren o no son capaces de reunir la cantidad exigida, o sencillamente afirma no acordarse de dónde lo tiene, entonces, siempre con las debidas garantías constitucionales, legales, procesales, sanitarias, propias de un Estado de Derecho civilizado y avanzado como el nuestro, el intercepto u intercepta salvaguardando la igualdad de género, sería conducido pacíficamente a las dependencias ecológicas del la Casa de Moneda y Timbre, donde expertos fundidores en ahorro energético y desarrollo sostenible tendrían licuado tres lingotes de oro reciclables provenientes del muy laico Banco Central Europeo al objeto de hacérselo ingerir humanitariamente por medio de un embudo metálico, como hicieron los Partos con el General romano Craso por razones de pedagogía.