Hay profecías que tienden a cumplirse a sí mismas. Aunque sea, a martillazos. Cuando se confirmó que, con más de cuarenta años de retraso, el Gobierno Vasco asumiría la gestión de las prisiones de los tres territorios, la caverna montó en cólera. Sobreactuando tres huevas y pico, vendió la especie de que lo que vendría a continuación sería la puesta en libertad masiva de todos y cada uno de los presos de ETA. No se contaba, porque no convenía y porque descuajeringaba el argumento, que buena parte de los reclusos transferidos deberían haber sido liberados antes de la materialización de la competencia de acuerdo con la legislación penitenciaria vigente en España. Ocurría que, aparte de que ellos mismos, obligados por la doctrina numantina de sus dirigentes, se pasaron años sin mover un dedo para progresar de grado, las autoridades les aplicaron una política de excepción. Se cebaron con ellos como escarmiento.
Así que lo que ocurre ahora que la administración vasca es la que tiene que lidiar con el marrón es algo que cae por su propio peso. Por mucho que vocifere el ABC, por muy baja que sea la opinión que nos merezcan asesinos múltiples sin arrepentir o arrepentidos a medias, resulta que reúnen de largo los requisitos legales para acceder a los grados que implican la semilibertad. Punto pelota. Exactamente igual que ocurre con reclusos que no practicaron el terrorismo. Puede ser humanamente comprensible que nos revuelva las tripas y, desde luego, que las víctimas sientan un inmenso disgusto. Pero es lo que está establecido, y cuanto antes lo entendamos, antes seremos capaces de digerirlo.
Es un tema que no controlo, este delicadísimo de cuándo se puede cambiar de grado al preso, y cuándo no; y sobre todo si es obligatorio proporcionar ese cambio de grado, o bien es potestativo…
No sé… vuelvo a decir. Y añado: es un tema que me atrae bien poco… Aunque creo no equivocarme si afirmo que es un campo en que, por razones extraordinariamente fáciles de comprender, el mundo abertzale es un experto consumado. Recuerdo como hace ya un tiempo se afirmaba que los mejores abogados, al menos en los pleitos relacionados con el terrorismo, eran los vinculados a este mundo. Gente como Esnaola, Goirizelaia, Montero y, sobre todo, Iñigo Iruin eran letrados extraordinarios que conocían todos los recovecos de la ley, y que asuntos como el del cómputo de penas lo tenían muy pero que muy dominado. El contraste con los letrados de la acusación y fiscales era tremendo; y muchas de las absoluciones de asesinatos de hombres, mujeres, niños y niñas, y de gente que colaboró con ellos, se consiguieron gracias al trabajo de estos abogados.
¿Hacían su trabajo estos letrados o algo más? Bienvenidos a un debate clásico: ¿se ha de buscar la Justicia o lo primero es que tu cliente se salve de la condena aun soltando trolas y gordas en el juicio? Debate clásico, sí, pero nada fácil…
Pero volvamos a lo que nos ocupa: el gobierno español sumó 2 y 2, y aconsejado lógicamente por las asociaciones de víctimas, y condicionado sin duda por determinados pactos de apoyo a que cierto presidente fuera investido, optó por dejar a los criminales más bestias fuera de las prisiones de la CAV y Navarra; y a los más próximos a las tesis de reconocimiento del daño causado a cárceles de EH, sabiendo que cuando se transfiriese prisiones a la CAV las penas de los recursos serían aliviada administrativamente, por así decirlo. No sé olvide que para los casos especiales ahí está Logroño, ciudad en que a lo lejos se atisba territorio vasconavarro (les aseguro que no quiero frivolizar), y el Dueso en Santoña. Con todo, algún caso se escapa a este plantear… y es entonces cuando aparecen en escena los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, órgano cuyo funcionamiento merece, creo, otra entrada. Pero hoy lo dejo aquí.
Dani, las asociaciones de víctimas (Habría que ver quién tiene la consideración de víctima) no aconsejan sino que presionan, y de que manera cuando no gobierna el PP. Hay que recordar que el gobierno de Aznar fue quién acercó al mayor nº de presos del «Movimiento vasco de liberación» y no recuerdo que «las víctimas» aconsejaran, presionaran… ¿Será que con la edad pierdo memoria?
En cuanto al cómputo de penas, reinserción, etc. esas asociaciones tienen miedo a que se aplique la legislación europea. En esto como en otras cuestiones «Spain is different», empezando porque prisiones aquí depende del Ministerio de Interior y en Europa de Justicia.
La Ley no es la justicia.
La Ley es un instrumento para administrar justicia. Y la Ley la hace el Poder Legislativo, o sea los Diputados y Diputadas que ha elegido la Ciudadanía. ¿A qué esto, dicho así, suena muy bonito?
Pero claro, la Ley puede ser buena, regular o mala. Y en cualquiera de los casos, puede y deber ser interpretada por los jueces. Además, quienes tienen poder para ello, ya sea de forma legítima o no, utilizan la Ley según les conviene.
¿A qué esto ya no suena tan bonito?
Y dando un paso más, si la aplicación de la Ley se condiciona a intereses políticos, ¿A que aún es mucho menos bonito?
Y eso es lo que hay en el caso de algunas Leyes, que cuando menos necesitan un repaso para eliminar de ellas todo lo que tienen de venganza y en algunos casos de excepcionalidades derivadas de tiempos y situaciones que ya han pasado.