La comisión de valoración de abusos policiales en Euskadi ha acreditado 46 nuevas víctimas en los últimos doce meses. Detrás de cada uno de los expedientes, hay decenas de horas de trabajo, de búsqueda de documentos, tomas de declaración, comprobaciones, cruces de datos… Es una labor sorda, realizada fuera de los focos y, desde luego, lejos de los ruidos mediáticos y políticos. Aun así, como denunció la presidenta del organismo, Juana Balmaseda, en la presentación de los datos, la tarea se ha visto vergonzosamente torpedeada por los que pretenden ejercer el sufrimiento régimen de monopolio. Hablamos nada menos que de la presentación masiva por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de solicitudes de reconocimiento con la plena conciencia de que no reunían los requisitos. Resulta siniestro pero también revelador que parte de los victimarios hayan pretendido pasar por víctimas.
Sin necesidad de que los uniformados pusieran palos en las ruedas, la labor ya se presenta lo suficientemente complicada. De ahí que resulte vital que las instituciones tomen nota de la llamada de auxilio de los integrantes de la comisión. El número de solicitudes rebasa de largo la capacidad de resolución. Hacen falta más medios humanos y materiales para que sea posible acercarse al objetivo de procurar amparo y reparación a las centenares de personas que en este país apenas anteayer han sufrido abusos a manos de los teóricos encargados de velar por el cumplimiento de la ley. Y al margen de las cuestiones logísticas, hace falta un acto público de reconocimiento a estas víctimas hasta ahora arrinconadas.
¿Cuántos años tendrán que pasar para que, acontecimientos como la Guerra Civil, la Dictadura de Franco, el terrorismo de ETA, la Violencia de Estado, o la Transición, y todas sus consecuencias, queden perfectamente historiadas de forma rigurosa, clara, definitiva y libre de falsedades, parcialidades, engaños y demás influencias perversas y siempre mal intencionadas?
Seguro que muchos. Y es que, mientras estén vivos los responsable directos de los delitos cometidos de forma directa o indirecta, como ejecutores, inductores, o encubridores, y si además algunos de ellos siguen teniendo poder e influencia en este Pais, siempre habrá «interferencias» en las investigaciones para seguir tapando bocas, condicionando voluntades, creando mentiras, etc.
Pero en todo esto, lo más doloroso es que ni siquiera nos pongamos de acuerdo para definir, con claridad, quienes han sido TODAS las Víctimas, sin distinción algúna por razón de quienes fueron o se supone que fueros sus victimarios.
Y por dar un paso más, citar la injusticia que supone el que muchas de esas Víctimas, mueran sin saber quienes fueron sus victimarios, sin ver que se ha hecho justicia, y en muchos casos sin recibir una mínima reparación por el daño sufrido.
Y mientras esto no se resuelva bien, no podremos decir con verdad y rigor, que estamos en un verdadero Estado Democrático y de Derecho.