Los presos de cualquier organización son rehenes, como poco, por partida doble. En primera y más obvia instancia, les priva de libertad el Estado que los ha enchironado de acuerdo o no con las garantías procesales. El segundo grillete, que no atiende a razones jurídicas y es implacablemente arbitrario, se lo impone la propia disciplina —anótese la palabra— a que pertenecen. Como percibo ceños fruncidos en la concurrencia, aclaro que hablo de todo tipo de grupos. Lo que describo se da igual en guerrillas insurgentes, cárteles de la droga, clanes del navajeo de barrio, mafias varias, bandas terroristas o tenidas por tales, o cualquier otra asociación cuya actividad esté fuera de la legalidad vigente. Desde el instante de su detención, quienes forman parte de alguna de estas ligas deben atenerse a la reglamentación interna y cumplir a rajatabla las disposiciones previstas para el momento de la caída bajo el guante de la ley.
La parte cómoda respecto a los que van al banquillo de a uno es que no tienen que romperse ni la cabeza ni el bolsillo buscando abogado. Eso corre por cuenta de la organización, que también decide la estrategia de defensa. Si por razones coyunturales conviene sacrificar un peón para salvar una torre, así se hará. ¿Veinte años? O cuarenta, por el bien de la comunidad.
Una vez entre rejas, los carriles están trazados. Los carceleros visibles marcan unas pautas y los invisibles, que son todos y ninguno, el resto. Incumplir las primeras supone una sanción oficial. Saltarse las segundas implica un castigo peor: quedar fuera del grupo. Una elección verdaderamente endiablada.