Esperando al Supremo

La sentencia, el viernes o el lunes, nos decían. Salvo que estén equivocados todos los calendarios o nos encontremos ya viviendo en universos paralelos, queda claro que va a ser mañana. Por lo menos, la impresa en los folios oficiales, porque también es verdad que ayer y anteayer tuvieron la gentileza de hacernos un adelanto en papel prensa y en los cibermedios amigos. Uno, que pertenece al gremio plumífero, lo celebraría como gran logro del periodismo de investigación, si no supiera que la presunta primicia había sido convenientemente deslizada por los autores del fallo a sus postes repetidores de confianza para que el personal fuera preparando el alma y el cuerpo. Y aquí quizá merezca la pena detenerse un segundo a reflexionar por qué nos parece normal algo tan extremedamente grave como la filtración del fallo del que, junto con el del 23-F, es el proceso judicial de más calado que se haya llevado a cabo en España durante el último medio siglo.

Esa brutal anomalía aparte, podemos convenir que lo avanzado por El País el viernes y El Mundo ayer cuadra bastante con los últimos usos y costumbres de la Justicia española. No es muy diferente de lo que acabamos de ver con el caso Altsasu. Primero se generan las expectativas de condenas durísimas para reducirlas levemente en el dictamen final, de modo que parecería que hay que alabar la generosidad de sus señorías y hacerle la ola al Estado de Derecho. Creo que es lo que nos disponemos a ver también este caso. Habrá apariencia de rebaja, probablemente notable en el caso de algunos de los juzgados. Otra cosa es que cuele. Por pequeñas que sean las condenas, seguirán siendo injustas. Ninguno de los procesados debió pasar un solo día en la cárcel.

Tras la sentencia

Inquieta pensar que sin presión social no se habría llegado a una sentencia como la del Tribunal Supremo sobre La Manada. Personalmente, la considero muy justa poniendo en relación los hechos y las condenas. Sin embargo, creo que el sistema no puede funcionar así. De saque, cabe preguntarse qué ocurre en los miles de casos que no tienen la relevancia mediática que ha adquirido este en concreto. Y luego está algo que, no comprendo por qué razón, su solo enunciado resulta una verdad incómoda entre personas que se dicen demócratas y progresistas: no tiene un pase que la Justicia se imparta por petición popular, a golpe de pancarta y desgañitamiento en la calle. Concedo que esta vez ha salido bien, pero me aterra volver a los tiempos en que se exigían castigos ejemplares tea en mano.

Reflexionemos al respecto y, ya puestos, démosle un par de vueltas a otras cuestiones. Por ejemplo, a la radical incoherencia a la que hemos asistido. Muy buena parte de las personas que corrieron a mostrar su alborozo por el aumento de la pena al doble son las mismas que nos cantan las mañanas sobre la reinserción como fin único y verdadero de las condenas y contra lo que califican como inútil punitivismo. Eso, cuando directamente no pontifican que habría que derribar todas las cárceles. Este servidor, que tiene pasado ese sarampión bienpensante, les anima a desprejuiciarse de una vez y a perseverar. Nadie se convierte en facha desorejado por pretender que los crímenes se paguen —sí, ese es el verbo— con arreglo a un mínimo sentido de la proporción. ¿Acaso no era eso lo que reclamábamos para el quinteto de ya probados violadores?

Es lo que hay

Somos el borracho del chiste aporreando la farola porque arriba hay luz. Reclamamos a grito pelado un desmarque contundente, unas frases inequívocas de rechazo, hasta una condena sin paliativos, no me jorobes. Qué ingenuos sin cura. Como si no tuviéramos cotizados los suficientes quinquenios clamando en el desierto. Como si no nos supiéramos de memoria el manual estomagante del sí pero no. Como si no conociéramos —¡joder!— el percal y con quién nos jugamos la mandanga esta de la convivencia.

Y muy bien, nuestro natural iluso nos confundió con la música de violines del nuevo tiempo, los acuerdos entre diferentes, el borrón y cuenta nueva, la transversalidad a todo trapo o el tú chupa, que yo te aviso. Quizá hasta fuera bonito mientras duró, pero seguramente ha llegado el momento de desempolvar el realismo, respirar profundamente y asumir que esto es lo que hay. Se da la desgraciada circunstancia de que una cierta cantidad (y no pequeña, ¡ay!) de nuestros prójimos están convencidos de que es del todo legítimo utilizar la violencia en el grado que sea necesario o les salga de la entrepierna. Ahí entra desde mandar a criar malvas al que estorba, práctica momentáneamente desechada por ineficaz, al repertorio completo de métodos de intimidación al uso.

La parte positiva de tan desalentadora descripción del paisaje en que nos toca movernos es que hay sobradas pruebas de que es abrumadoramente mayoritaria la parte de la sociedad que, independientemente de siglas e ideologías, rechaza sin ambages tales actitudes. Tenerlo muy claro y obrar en consecuencia será el antídoto más efectivo contra el desánimo.

Ni en Iruña ni en Leioa

Lo de los episodios violentos de vuelta a nuestras calles empieza a parecerse a la corrupción del PP. Demasiados y demasiado seguidos para que cuele que son casos aislados. Y qué despiste monumental, por cierto, en cuanto a las repulsas, los rechazos y las condenas. Hasta donde llevamos visto, no es lo mismo en qué lugar se producen ni a quién hacen la faena. Qué diferencia entre el inmenso cabreo que parecieron suscitar los altercados del Casco Viejo de Iruña con los condescendientes silbidos a la vía que han seguido a los enésimos estragos causados por la alegre chavalada en instalaciones de la Universidad del País Vasco. Es gracioso, o más bien, simplemente revelador, que los que nos abrasan con sus martingalas sobre la defensa de lo público se muestren tan poco exigentes cuando unos niñatos que malamente aprobarían la ESO se cargan material de uso común que nos sale muy caro.

Están de más las medias tintas, las inercias y las holgazanerías justificatorias que contienen la expresión “pero es que”. La contundencia en la denuncia no tendría que dejar lugar a dudas. Lo explicaba muy bien Xabier Lapitz el otro día. El fin de estos grupúsculos que, pese a su supuesta pequeñez, tanto relieve están adquiriendo, es situar al grueso de la Izquierda Abertzale frente a sus contradicciones. ¿Lo están consiguiendo?

Si en Iruña se vio muy claro que, en una curiosa pero no sorprendente comunión de intereses, los camorristas importados estaban haciendo inmensamente felices a los adalides del viejo régimen, debemos aplicar la misma lógica al resto de incidentes. Y, ojo, no solo por motivos tácticos sino éticos.

El precio de torturar

Seguimos para bingo. Octava condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar una denuncia de torturas. Pero no pasa absolutamente nada. Se pregunta el precio, se saca la chequera, se paga, y aquí paz y después, gloria. 20.000 cochinos euros de indemnización es un precio de risa para la impunidad. ¿Qué estado se va a resistir a apretar las tuercas a cualquier desgraciado si todo lo que arriesga es una calderilla que, para colmo, no sale de los bolsillos de los torturadores ni de sus jefes, sino de las arcas comunes?

Ahí es donde el dedo acusador señala también a los propios magistrados europeos, que no pasan del rapapolvo. A esta sentencia le seguirá otra, y luego una más, y así hasta infinito. El mensaje que nos lanza la justicia europea es que estamos ante una cuestión menor, más de forma que de fondo. No hay color entre la sanción por hacer la vista gorda ante una vulneración de los derechos básicos y, pongamos, el puro que le puede caer a una administración por la sola sospecha de haber dado ayudas públicas no bendecidas a este o a aquel sector.

Claro que tampoco nos engañemos. Este escándalo, el enésimo, no ha merecido ni un comentario a pie de página de la precampaña para las elecciones generales repetidas del 26 de junio. Ni siquiera las fuerzas que dicen venir a cambiar esto como un calcetín han dicho esta boca es mía. Saben muy bien que el asunto no vende una escoba entre los posibles votantes. Antes, al contrario, se diría que existe una especie de comprensión, cuando no aprobación tácita, de los malos tratos infligidos en esta o aquella dependencia policial.

Corruptos o ineptos

Está en el manual de los pillados con el carrito del helado. Lo primero, negarlo. Y lo segundo, y lo tercero, y lo cuarto. Que no es corrupción, pregona el eurofan Javier Maroto a la vuelta de su fin de semana de ensueño en Estocolmo, capital provisional de la horterada y, por lo que se ve, de la intolerancia a según qué banderas. Dos días y medio de mambo y silencio sepulcral desde que se conoció la sentencia que lo condena —vuelvo a silabear: con-de-na— a pagar una pasta gansa, y lo primero que evacua al respecto es la requetesobada excusa de todos los retratados en renuncio.

Claro que no es mucho mejor el segundo mensaje, en el que con un desparpajo difícil de superar, reduce la causa del Tribunal de Cuentas contra su persona, la de Alonso y el resto de compañeros de corporación gaviotil a un “expediente administrativo en el que se discute por el precio de un alquiler”. ¡Se discute! Para chulo, su pirulo. En lugar de callarse y bajar la cabeza frente a la evidencia palmaria del dineral desorbitado que se apoquinó por unos locales de cierto empresario, se viene arriba y convierte la materia judicial en una gresca tabernaria. Al hacerlo, no solo demuestra una gallardía tendente a cero, sino que está insultando a la jeta a todos los que asistimos a la salida de pata de banco, empezando por los vecinos de su ciudad.

7,6 millones de euros para arrendar un edificio que acababa de ser adquirido por 2,7. De los tipos que propician tamaño pelotazo solo cabe pensar que están favoreciendo a un gachó muy poderoso o que son una panda de ineptos. Cualquiera de las dos les inhabilita para para la política.

Maroto y Alonso, condenados

Muchos quintales de latrocinios después, Mariano Rajoy Brey tuvo las santas pelotas de poner cara de papuchi contrariado para advertir a sus conmilitones, tan proclives ellos y ellas al trinque, que hasta ahí había llegado la riada de la mangancia. “Esto se acabó y ya no se pasa por ninguna”, farfulló, y aún le sobró cuajo para añadir: “Todo el mundo, sea quien sea, desde el presidente nacional del partido hasta el militante más modesto tendrá el mismo trato”.

Eso fue exactamente el 4 de febrero, pero procede recordarlo hoy porque estas son las horas en que dos de las supernovas fulgurantes de la Vía Láctea gaviotil siguen tan ricamente en sus respectivos cometidos después de haber sido condenados por el Tribunal de Cuentas. Efectivamente, me refiero a nuestros muy vistos y revistos Alfonso Alonso y Javier Maroto. Tendrán que soltar —se supone que sus bolsillos— casi 400.000 euros por haber provocado un boquete a las arcas del ayuntamiento de Gasteiz en su época de probos munícipes. En concreto, siendo alcalde Alonso y concejal Maroto. Como es sobradamente conocido, el trapicheo consistió en pagar a precio de Taj Majal el alquiler de unos locales corrientes y molientes, salvo por el pequeño detalle de quién era su propietario.

Un escándalo de aquí a Lima, y ahora, además, un hecho que ha merecido una condena (con-de-na) en sede judicial. Ya no hablamos de sospechas, investigaciones, indicios ni imputaciones, que bastante sería de acuerdo con la promesa de no pasar ni una más que tan solemnemente hizo Rajoy. No es que nadie creyera que fuera a cumplirla, pero por lo menos, podía disimular un poco.