Sánchez vuelve a desentenderse

Ya sabemos qué habrá después del estado de alarma. Nada entre dos platos. O, menos finamente, una boñiga pinchada en un palo. El decreto de transición anunciado por la vicepresidenta Carmen Calvo con su ineptitud expresiva habitual no llega ni a mal parche. Bien es cierto que, una vez jurado en hebreo todo lo jurable por la enésima deslealtad del inquilino de Moncloa con quienes lo mantienen donde está, la jugarreta es perfectamente coherente con lo que llevamos visto y padecido desde el principio de la pandemia. A Sánchez y a sus susurradores se la bufan un kilo las muertes de decenas de miles de personas y la ruina económica. Especialmente, si pueden pasarles el marrón a los gobiernos locales, que es lo que vuelve a suceder con este esputo legaloide que se han sacado de la entrepierna.

A partir del domingo se van por el desagüe todas las medidas que nos habían jurado que eran imprescindibles para luchar contra el virus. Si las comunidades pretenden mantenerlas deberán pasar por la doble humillación de recibir el aval del Superior de Justicia correspondiente y de suplicar clemencia al Supremo es-pa-ñol en el muy probable caso de que un juez jatorra se ponga estupendo; precedentes tenemos. Los cuantopeormejoristas del terruño, que ya juran que estamos peor que en India, se van a dar un festín.

Ruido de togas

Leo a un jurista poco sospechoso de derrotar por la diestra que la decisión del Tribunal Supremo ordenar la repetición del juicio a Arnaldo Otegi y los otros cuatro de Bateragune no debe ser considerada motivo de escándalo. Sostiene el experto —de nombre, Miquel Pasquau— que tal repetición se deriva directamente de la nulidad del juicio a instancias del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Si no entiendo mal la explicación, no cabría una condena mayor a la del proceso anterior ni, desde luego, la vuelta a prisión. En el peor de los casos, se dilucidará si los otra vez acusados tienen derecho a ser indemnizados por el tiempo que pasaron en la cárcel y si procede o no la inhabilitación.

Quizá sea exactamente así y lo aceptaría si estuviéramos hablando de una Justicia —y, sobre todo, de unos encargados de administrarla— fuera de dudas. Es evidente que no estamos ni de lejos ante tal supuesto, como prueba la larga bibliografía presentada por el muñidor de la decisión, el magistrado Manuel Marchena. Tampoco es baladí, que gusta decir a los columneros finos, el hecho de que todo esto sea fruto de la petición de una asociación de víctimas vinculada sin tapujos con Vox. Nos preocupamos con razón por el ruido de sables, pero quizá deberíamos estar más acongojados por el ruido de togas.

Auténticos autónomos

Celebro que el Tribunal Supremo haya establecido en una sentencia de las que crean jurisprudencia que los repartidores de Glovo son trabajadores por cuenta ajena a todos los efectos. Otra cosa es que mi escepticismo incurable me lleve a temer que la compañía encontrará el modo de salirse con la suya; un contrato laboral puede ser perfectamente precario, como bien sabemos. Por lo demás, hay un par de reflexiones que quizá cabría plantearse sobre el fondo de este caso. La primera es muy obvia y apela a la hipocresía de quienes se echan las manos a la cabeza por las condiciones a las que se somete a los currelas de esta u otras empresas del pelo pasando por alto su complicidad al hacer uso de sus servicios.

La otra cuestión es quizá más sutil, pero nos retrata muy bien como sociedad que da por descontado que ciertos colectivos tienen menos derechos que otros. Lo que nos escandaliza de los falsos autónomos es la realidad diaria de los auténticos autónomos. Incluso con las cuatro birriosas mejoras que se han introducido recientemente, la mayoría de las personas que trabajan por cuenta propia carecen de los derechos que consideramos básicos cuando la relación es con una empresa o un empleador. Sorprendentemente —o no—, a los campeones mundiales de las denuncias de las desigualdades se les escapa esta.

De injusticia en injusticia

No es la mejor temporada para creer en la Justicia española. En realidad, da igual cuándo lean la frase anterior. Hasta donde este juntaletras tiene memoria, los de las togas y las puñetas nos han regado con un sinfín de arbitrariedades a cada cual más obscena. Si no era la chufla del 23-F, era la filfa de los GAL, el caso Egunkaria, el atropello a Atutxa, Bateragune o, en lo más reciente, Altsasu o el Procés.

Y andamos en el suma y sigue hasta el infinito y más allá. Hagamos recuento de los desafueros en menos de una semana. Como menú degustación, el baranda del CGPJ, que lo es también del Tribunal Supremo, se ciscaba en la obligada neutralidad marcándose una exaltación borbónica donde no tocaba. Poco tardamos en enterarnos de que era el preaviso para lo que venía: la inhabilitación de la primera autoridad de Catalunya con la estúpida excusa de que se había negado a retirar una pancarta a favor de unos políticos encarcelados en medio de una campaña electoral.

El mismo día, otra sala de idéntico Tribunal rebajaba la pena de un maestro pederasta del Opus Dei de 11 a dos años de cárcel con argumentos de pata de banco. Sin tiempo para digerir lo anterior, la Audiencia Nacional absolvía ayer a Rodrigo Rato y sus 33 secuaces en la salida a bolsa de Bankia. Lo tremendo es que ni siquiera nos sorprende.

Torra, ahora mártir

Aires de fiesta, parapapá, en el ultramonte hispanistaní. Se celebra con estrépito la inhabilitación de una de las principales bestias negras de los recios cavernarios. Por obra y gracia del Tribunal Supremo español, el president (bien es verdad que accidental) de la Generalitat, Quim Torra, ha sido desposeído de su cetro y enviado a la cuneta institucional. Menuda sorpresa, ¿verdad? Los jueces y parte cumplen su propia autoprofecía. Hasta el que reparte las cocacolas sabía cómo acabaría esta película desde el mismo instante en que el entusiasta testaferro de Puigdemont Primero de Waterloo se negó a retirar los famosos lazos amarillos en pleno fregado electoral.

Fíjense que hubiera sido fácil evitar el desenlace impepinable. Habría bastado una migaja de pragmatismo o de mera inteligencia política. No hay que ponérselo fácil al enemigo. Menos, cuando, como es el caso, quien está enfrente carece del menor principio ético. Al succionador regio Lesmes y a sus mariachis hace mucho que dejaron de importarles las apariencias. Si había que condenar a la muerte civil a Torra por una chorrada, lo harían y, de propina, revestirían el acto de épica, como si fueran el último dique de contención contra el secesionismo, incluso al precio de convertir en mártir a un personaje menor. Bien mirado, unos y otros ganan.

Un escarmiento inútil

Ahí hemos vuelto a tener al Estado de Derecho funcionando a pleno pulmón. Como aperitivo, una filtración por entregas a modo de Omeprazol para tener preparado el estómago cuando cayera el potaje judicioso en todo su esplendor. Se pretendía, de propina, dar la impresión de generosidad al descartar la rebelión y optar, como si fuera una ganga, por la sedición entreverada de malversación. Con eso y con unas declaraciones espolvoreadas aquí y allá por los mandarines eternamente en funciones, solo quedaba un pequeño detalle antes del mazazo final: un vídeo de primera en el que los miembros más ilustrados del Consejo de Ministros mostraban su don de lenguas. Ocho minutos en varios idiomas para tratar de explicar al mundo que España es una democracia del carajo de la vela y que no hay que dejarse llevar por habladurías. Vamos, una excusatio non petita de manual, una prueba de mala conciencia o, sin más, una exhibición impúdica de cara dura.

Y a partir de ahí, el resto de la pirotecnia que todavía continúa: la asignación de condenas tan caprichosas como todo el proceso, las advertencias de lo que puede pasar si no se baja la testuz, la reactivación de las euroórdenes contra los fugados y, en definitiva, la difusión de un metafórico nuevo parte de guerra que da por cautivos y desarmados a los ya oficialmente sediciosos independentistas catalanes.

Lo mío no son las profecías, pero estoy por jurar que se equivocan quienes andan festejando la derrota del soberanismo. Puede que este escarmiento haya sido un varapalo durísimo, pero no solo no servirá para detener el desafecto por España, sino que lo multiplicará por ene.

Esperando al Supremo

La sentencia, el viernes o el lunes, nos decían. Salvo que estén equivocados todos los calendarios o nos encontremos ya viviendo en universos paralelos, queda claro que va a ser mañana. Por lo menos, la impresa en los folios oficiales, porque también es verdad que ayer y anteayer tuvieron la gentileza de hacernos un adelanto en papel prensa y en los cibermedios amigos. Uno, que pertenece al gremio plumífero, lo celebraría como gran logro del periodismo de investigación, si no supiera que la presunta primicia había sido convenientemente deslizada por los autores del fallo a sus postes repetidores de confianza para que el personal fuera preparando el alma y el cuerpo. Y aquí quizá merezca la pena detenerse un segundo a reflexionar por qué nos parece normal algo tan extremedamente grave como la filtración del fallo del que, junto con el del 23-F, es el proceso judicial de más calado que se haya llevado a cabo en España durante el último medio siglo.

Esa brutal anomalía aparte, podemos convenir que lo avanzado por El País el viernes y El Mundo ayer cuadra bastante con los últimos usos y costumbres de la Justicia española. No es muy diferente de lo que acabamos de ver con el caso Altsasu. Primero se generan las expectativas de condenas durísimas para reducirlas levemente en el dictamen final, de modo que parecería que hay que alabar la generosidad de sus señorías y hacerle la ola al Estado de Derecho. Creo que es lo que nos disponemos a ver también este caso. Habrá apariencia de rebaja, probablemente notable en el caso de algunos de los juzgados. Otra cosa es que cuele. Por pequeñas que sean las condenas, seguirán siendo injustas. Ninguno de los procesados debió pasar un solo día en la cárcel.