…Y Lamela te lo niquela

Ha vuelto a pasar. La célebre jugada enunciada por el anterior ministro español de Interior. La fiscalía te lo afina… y la juez Lamela te lo niquela. Con un añadido: a la magistrada en cuestión no hace falta mandarle recados. Ella siempre está más allá del deber, y en menos de lo que se rellena una bonoloto, te casca un auto infumable que decreta la prisión para todo un Govern elegido legítimamente. Casi veinte folios de portantoencuantos vacíos, infame copia-pega de la petición fiscal, que como decía ayer el sabio Juanjo Álvarez en ETB, no explica los porqués ni de la rebelión, ni de la sedición ni de la malversación. Total, ¿para qué?

Sé que leeremos que ha sido un gran error del entramado político-judicioso español, pero yo hace tiempo que me borré de esa tesis. Es, quizá, una enorme irresponsabilidad, pero también y sobre todo, una actuación plenamente consciente que busca un objetivo concreto. Lo que más molesta del procés es la actitud ejemplarmente pacífica de quienes lo sostienen en la calle, a pesar de las mil y una provocaciones. Esta estocada desde la Audiencia Nacional, sucesora natural del Tribunal de Orden Público, pretende ser la incitación definitiva a responder con violencia. Acción, reacción, acción.

El otro mensaje es para el territorio hispanistaní. Una versión togada del “A por ellos”, barnizada con la membrillez del “Estado de Derecho funcionando a pleno pulmón” que tanto gusta bocachanclear a los tertulieros montaraces. Es en vano contraponer argumentos jurídicos. Esto va de política en su forma más vil. Y cuidado, porque habrá triunfado si acabamos por verlo como algo normal.

Para delirio, lo de Alsasua

Qué oportuno, Rajoy hablando de delirios autoritarios en relación a Catalunya, apenas 24 horas después de que sus terminales judiciosas en la Audiencia Nacional hayan pedido descomunales penas de cárcel para los presuntos autores de la paliza —yo no lo diré de otro modo— a dos guardias civiles en Alsasua. 62 años para uno, 50 para otros seis y 12 y medio para la que, hay que joderse, sale mejor librada. ¿Quién delira ebrio de autoritarismo norcoreano en este caso? Por desgracia, los únicos que tienen la capacidad para hacerlo. Suyas son las leyes y suya, la facultad de retorcerlas hasta donde les salga del níspero.

Impotentes, los escandalizados espectadores clamamos que no es justicia sino venganza y nos quedamos patéticamente cortos. Ni siquiera lo hacen por resarcirse de la vieja afrenta. O no solo. Simplemente, les pedía el cuerpo un escarmiento ejemplarizante y se han pegado el capricho de darlo en las carnes de los primeros pardillos que les han salido al paso. Para que se vea quién sigue mandando aquí, como aviso a navegantes y, de propina, como provocación a ver si alguien muerde el cebo y tenemos unos sanfermines calentitos, como aquellos de hace 39 años.

Echa uno de menos en este lance, igual que en tantos, a los campeones siderales de la democracia y el requeteprogresismo molón. Quizá es que en mi tele ponen otra cosa, pero no veo a la siniestra exquisita montando el cristo en los programas postureros que ustedes y yo sabemos. Como exceso, una leve queja a media voz o un tuit de aluvión envuelto en burbujitas de plástico, no nos vayan a confundir con los malos. ¡Vaya con la revolución!

No es terrorismo

Andaban algunos chafarderos indomables echándole los perros a Pablo Iglesias por haber dicho que, aun sin leer el auto judicial, tenía la convicción de que el episodio de Altsasu no es terrorismo, cuando llegó la Audiencia de Navarra a poner orden. Aquí sobran las acusaciones de indocumentación, frivolidad o conchabanza con los malvados. Los componentes de la Sección Primera del tribunal territorial, personas de orden con todos los títulos oficiales en regla, y tras la lectura no solo del auto sino de las notas a pie de página y hasta el último legajo del sumario, entienden que no hay tutía.

“No es posible concluir que en los hechos denunciados existan indicios de la comisión de un presunto delito de terrorismo”, aseveran en el texto en que se acepta el recurso de los nueve jóvenes investigados —tres de ellos todavía en prisión— por la tristemente célebre agresión a dos guardias civiles y sus parejas ocurrida hace ya seis meses. Evidentemente, antes de llegar ahí, los magistrados detallan profusamente los fundamentos jurídicos que dan lugar a su dictamen. El resumen es que bajo ninguna circunstancia cabe establecer que estemos ante un delito lo suficientemente grave como para que se juzgue en un tribunal especial. Como consecuencia inmediata, se exhorta al juzgado de Iruña a reclamar a la Audiencia Nacional, vía conflicto de competencias en el Supremo si es necesario, la devolución de la causa para seguir adelante con el proceso.

Aún restan capítulos a esta pesadilla literalmente kafkiana, pero por lo menos, ha quedado claro que defender que no es terrorismo no implica ser cómplice ni connivente.

Enaltecimientos o así

Como para creer en el influjo de las conjunciones astrales. O para pensar que la Justicia se distribuye a granel. Claro que también la explicación puede ser más simple. Por ejemplo, que de un tiempo a esta parte se haya puesto el punto de mira en el derecho al pataleo o al exabrupto, que es lo más parecido a ese unicornio azul que llamamos libertad de expresión. En la misma semana, siete juicios —¡siete!— en la Audiencia Nacional por bocachancladas de variado octanaje en las redes sociales. Tipificadas todas, ahí está lo grave, como enaltecimiento del terrorismo.

Anotemos como primera gran paradoja que sea justamente el momento en que deja de existir en nuestro entorno inmediato el terrorismo que mancha de verdad el asfalto de sangre, cuando se multiplican por ene las causas contra el que se practica con un teclado. La segunda es que los razonamientos más lúcidos al respecto los estén aportando víctimas de ETA y familiares de víctimas de ETA. Una de ellas, Lucía Carrero Blanco, escribía lo siguiente sobre la petición de dos años y medio de cárcel para una joven de 21 años que se mofó del asesinato de su abuelo: “Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de cárcel”. Y concluía calificando los chistes como enaltecimiento, en todo caso, del mal gusto y la falta de sensibilidad. No es muy diferente a lo que le hemos escuchado a Irene Villa sobre las macabras chanzas que se han hecho a su costa: “Es algo que afecta a la falta de tacto de quienes las hacen. Si se persiguieran todas, habría colas en los juzgados”. Pues es exactamente lo que está pasando.

MAFO y otros presuntos

Lo malo es acostumbrarse a los escándalos. Apenas si arqueamos una ceja cuando vemos dimitir en bloque a los miembros de la cúpula del Banco de España, sobre los que recae la sospecha de haber permitido que Bankia saliera a Bolsa sabiendo a ciencia cierta que era un chicharro infame. ¡Y si solo fueran ellos! La investigación judicial —cuánto más claro el nombre anterior: imputación— alcanza a quienes en el momento de la más que probable estafa ocupaban los puestos de mayor responsabilidad en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la propia entidad (supuestamente) supervisora.

Casi nadie al aparato en ambos casos, pero especialmente en el segundo. Hablamos del hasta ahora todopoderoso e intocable máster del universo económico Miguel Ángel Fernández Ordóñez, más conocido por su petulante acrónimo, MAFO. La de veces que nos habremos ciscado en su parentela por haber propugnado bajadas de sueldos, aumentos de la jornada laboral u otras recetas neoesclavistas del pelo. Nombrado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no lo pasemos por alto.

Respecto a este sujeto y otros barandas y exbarandas de los máximos organismos financieros españoles, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sostiene que poseían quintales de información del desastre que sobrevendría a la salida a bolsa de Bankia y que, aun así, hicieron la vista gorda. Calculando por lo bajo, además del quebranto a miles de accionistas y preferentistas, el fiasco rondó los 50.000 millones de euros que tuvimos que pagar a escote. Duele pensar que salir en los papeles sea todo el castigo que les espere.

Escarmiento en Alsasua

Así se hace querer y respetar la Guardia Civil en Alsasua. Con una operación de exhibicionismo chusquero a mayor gloria del teledelirio de las tres de la tarde y sus correspondientes clones, incluyendo los de las cadenas megaprogres, que en esto de la una y grande no se salen del carril. Qué bien dan en las pantallas amigas las apoteosis verdeoliva, la caza y captura del lebrel desafecto casa por casa cuando bastaba y sobraba una citación monda y lironda para declarar en el tribunal de excepción que dicen Audiencia Nacional.

Pero claro, hay ministro nuevo al mando y tiene que marcar paquete justiciero, ayudado por las aguerridas togas que se hacen puros con las páginas del código penal. ¿Una de delito de terrorismo, Don Camilo? ¡Venga! Y allá que se van los beneméritos sedicentes de safari por las pecaminosas tierras del norte. Para que el regüeldo sea completo, el cachondo que bautiza las hazañas bélicas de los tataranietos del Duque de Ahumada le pone a esta Ausiki, es decir, Morder. Hay que ser algo que no me atrevo a escribir porque sé cómo las gastan los amos del calabozo hispanistaní.

Acción, reacción, acción. Pierdo la cuenta de las veces que he anotado la tríada en estas columnas de desahogo. Empieza a acongojar este vertiginoso regreso al pasado, con los tirios y los troyanos encantados de conocerse nuevamente, aquí repitiendo las rancias soflamas y allí montando pifostios entre el escarmiento y la pirotecnia.

Como consuelo y esperanza, me quedan los versos de Neruda. La mayoría de nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Esta vez no va a colar. No podemos dejar que cuele.

Justicia española, según

Un titular que obliga a mirar al reloj y al calendario: “El Fiscal Superior del País Vasco pide 6 años de cárcel para Hasier Arraiz por integración en ETA”. La letra menuda profundiza la impresión de haber caído en un agujero negro espacio-temporal. Resulta que la cosa viene de octubre de 2007, que en la mente de la mayoría de los ciudadanos de este país es el paleolítico inferior.

Y no, oigan, no estoy abogando por la desmemoria ni por el pelillos a la mar. Pero es que la petición de pena del hiperactivo Calparsoro no se basa ni de lejos en la aparición de pruebas que relacionen al hoy presidente de Sortu con asesinatos o extorsiones. Se trata de su presencia en aquella reunión de dirigentes de la entonces ilegalizada Batasuna en la casa de cultura de Segura que terminó en espectacular redada televisada a mayor gloria del ministro de Interior de la época, a la sazón, Rasputín Pérez Rubalcaba. Era un plazo más del pago diferido del atentado de la T4 y del fracaso de las negociaciones de Loiola. Se vendió —y aún se dilucida así en la Audiencia Nacional— como la reconstrucción del brazo político de una ETA que había vuelto al matarile. Los hechos han demostrado de sobra que si algo se buscaba en ese encuentro y en otras actuaciones que también acabaron en juicios y condenas —Bateragune—  era forzar a la banda al ERE de extinción.

Una vez he dejado claro que para mi esta causa judicial no tiene más sentido que el político, no puedo evitar, sin embargo, plantear una duda existencial: ¿cuándo hay que ciscarse en la malvada Justicia española y cuándo hay que apoyarse en ella para atizar al adversario?