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Tus togas o las mías

¡Vaya por Montesquieu! El PSOE y Unidas Podemos se largan una trilería del quince para saltarse el bloqueo de la renovación y llenar de togas afines el Consejo del Poder Judicial, y la triderecha se pilla un rebote cósmico. Confieso que no acabo de decidir si me resulta más digno de despiporre la bribonada de los ahora socios de gobierno y residentes en Moncloa o la llantina descangallada de Casado, Arrimadas y Abascal. Lo echo a cara cruz, y me sale canto: al final, unos y otros, incluidos los respectivos palmeros y plañideros mediáticos, gastan un rostro de alabastro que les llega al suelo. ¿O es que acaso no sabemos que los papeles podrían estar cambiados y en este instante estaríamos en idéntica farsa?

Pues sí, pacientes lectores. No es difícil imaginar el pisfostio en Progrelandia si un PP con mayoría suficiente se hubiera liado la manta a la cabeza para cambiar a su conveniencia la malhadada ley y así partirse y repartirse los miembros del órgano de gobierno de los jueces bajo el pretexto de que el partido de enfrente no se aviene esta vez al intercambio de cromos, o sea, de juristas de la debida obediencia. Habría ardido Troya, y me atrevo a decir que con toda la razón del mundo, exactamente igual que ahora los que se encabritan son los de enfrente. Qué puñetera manía con las dobles varas.

De injusticia en injusticia

No es la mejor temporada para creer en la Justicia española. En realidad, da igual cuándo lean la frase anterior. Hasta donde este juntaletras tiene memoria, los de las togas y las puñetas nos han regado con un sinfín de arbitrariedades a cada cual más obscena. Si no era la chufla del 23-F, era la filfa de los GAL, el caso Egunkaria, el atropello a Atutxa, Bateragune o, en lo más reciente, Altsasu o el Procés.

Y andamos en el suma y sigue hasta el infinito y más allá. Hagamos recuento de los desafueros en menos de una semana. Como menú degustación, el baranda del CGPJ, que lo es también del Tribunal Supremo, se ciscaba en la obligada neutralidad marcándose una exaltación borbónica donde no tocaba. Poco tardamos en enterarnos de que era el preaviso para lo que venía: la inhabilitación de la primera autoridad de Catalunya con la estúpida excusa de que se había negado a retirar una pancarta a favor de unos políticos encarcelados en medio de una campaña electoral.

El mismo día, otra sala de idéntico Tribunal rebajaba la pena de un maestro pederasta del Opus Dei de 11 a dos años de cárcel con argumentos de pata de banco. Sin tiempo para digerir lo anterior, la Audiencia Nacional absolvía ayer a Rodrigo Rato y sus 33 secuaces en la salida a bolsa de Bankia. Lo tremendo es que ni siquiera nos sorprende.

El rey y sus vasallos

Aunque solo sea como pequeña distracción del monotema pandémico, tiene su punto el penúltimo motivo de encabritamiento de cortesanos políticos, judiciosos y, faltaría más, mediáticos. Desde butaca de patio y con gran provisión de palomitas, el espectáculo no puede resultar más divertido. A estas alturas del tercer milenio, la carcunda en pleno fuma en pipa porque el Gobierno (felón, radical, antisistema, ilegítimo…) de Pedro Sánchez le ha hecho a su Preparada Majestad la de la trece-catorce para dejarlo fuera de un sarao con mucha pompa que se celebraba en Barcelona, es decir, en la díscola Catalunya.

Fíjense que la cosa podía haberse quedado ahí, en tres bufidos de los predicadores habituales, pero por alguna razón —seguramente, la caliente sangre de los herederos del Cid—, el jefe caducado del llamado Poder Judicial montó el numerito en el acto de marras, que se cerró con un forofo dando un ¡Viva el Rey! más patético que épico. El protagonista ausente, en lugar de joderse y bailar, se las apañó para que se supiera que había llamado al pelota Lesmes para agradecerle la succión. Y ahí fue donde entraron un ministro y un vice que en su día prometieron sumisamente su cargo ante el hijo del emérito a acusar al que firma sus decretos de maniobrar contra el Gobierno. No me pierdo el próximo capítulo.

Duros de birrete

Para que no digan que ando demasiado esquinado contra el despampanante gobierno español, anoto aquí y ahora que comparto palabra por palabra lo que dijo Pablo Iglesias sobre las veces en que la justicia europea le ha pintado la cara a la española. Incluso aunque cuando tuve noticia de la declaración pensé que el vicepresidente (¿Segundo? ¿quinto?) habría soltado una inconveniencia, tras escucharlo, no me duelen prendas en reconocer que estuvo moderado.

La utilización del término humillación responde a una descripción muy ajustada a los hechos que se han ido produciendo en cascada de un tiempo a esta parte. Casi cada decisión de los togados hispanos respecto a la cuestión catalana ha recibido un soplamocos —a veces a mano abierta— de diferentes instancias jurídicas de países de la UE o directamente de los propios tribunales europeos. Y en este último caso, no solo sorprende sino que acongoja ver cómo los supuestamente más versados en Derecho amén de europeístas del recopón no aceptan que formamos parte del mismo sistema jurídico. O sea, que como en el programa aquel de la tele viejuna que tanto me gusta citar, si coche, coche y si vaca, vaca. Se acata la decisión y ya, si eso, se critica con absoluta naturalidad y sin dramatismos. Nada más sano que la libertad de opinión, que es donde volvemos al objeto principal de estas líneas. Desde el banco azul, desde la oposición, desde su despacho universitario o desde un parque subido en una caja de fruta y megáfono en mano, Iglesias, usted, yo o cualquiera somos libres de decir lo que nos parezca oportuno sobre la Justicia. Pero al CGPJ no le entra bajo el birrete.

Marchena el digno

Miren por dónde, al magistrado Manuel Marchena le nace la dignidad con una semana de retraso —en simulado y diferido, que diría la políticamente difunta Cospedal— y saca un comunicado renunciando a presidir esa casa de tócame Roque que llaman Consejo General del Poder Judicial. Premio para el que tenga la presencia de ánimo suficiente para reprimir la carcajada seguida del vómito. Hay que gastar una desvergüenza de talla triple XL para arrearse un comunicado jactándose de ser la releche en verso de la ausencia de mácula después de siete días en boca de todo chirichi como el vendedor de su alma al bipartidismo renacido a cambio de un puesto de relumbrón. Viene a preguntarnos el mengano en su tardía descarga de amor propio que por quién le tomamos. Y cabe contestarle a lo George Bernard Shaw: quién y qué es ya ha quedado claro; ahora se está negociando el precio.

Corrijo: se estaba negociando. La renuncia al puesto que se le había otorgado por adelantado ha mandado al carajo todo el cambalache entre PSOE y PP para repartirse las fidelidades y las poltronas del presunto órgano de gobierno de los jueces. Por si faltaran pelendengues a la broma, la formación que rompe es la de Casado, cuando la espoleta que lo revienta todo son unos guasaps del senador pepero (y cosas peores), Ignacio Cosidó, en los que se vanagloria del trapicheo.

La conclusión provisional es que volvemos a la casilla de salida, solo que con unos cuantos jirones más en el descrédito de la Justicia. Y no digamos ya en el de la política, que no ha de pasarse por alto que el fétido episodio venía bendecido por el silencio cómplice de Unidos Podemos.

Bipartidismo a ratos

¡Las horas del tercer milenio que son, y este Montesquieu que no aparece! Van decenios ya sin saber nada de él. ¡A ver si va a ser verdad que está palmera y bien palmera, como porfió Alfonso Guerra en el cercanamente lejano o viceversa año del Señor (González) de 1985! ¿Lo creeremos? No sé, miren que también se daba por difunto al bipartidismo turnista español, y anteayer mismo renació de sus presuntas cenizas en forma de acuerdo, o sea, cambalache, para renovar el Consejo Superior del Poder Judicial. O del Joder Judicial, según el glorioso gazapo freudiano de ya no recuerdo qué veterano compañero del gremio plumífero.

Manda carallo con la Historia repitiéndose, no ya como farsa, sino como choteo infame. Les invito a bucear en la hemeroteca. Comprobarán cómo cada actualización del llamado gobierno de los jueces ha consistido en un desvergonzado apaño entre PSOE y PP, bien es cierto que con el concurso de otras siglas, incluidas las cercanas —se siente—, que en aras del pragmatismo ancestral, preferían estar en el baile, aunque fuera con la puntita, antes que en la grada.

¡Lo que se habrá quejado todo dios de la fórmula de marras! Hasta un tal Pedro Sánchez tiene dicho que había que “despolitizar el CGPJ” y que los partidos debían “dejar de proponer candidatos”. Pues ahí lo tienen, trapicheando con el pérfido Casado que el presidente de la cosa sea de la ganadería reaccionaria a cambio de que la mayoría de los vocales pertenezcan a la cuadra pretendidamente progre. Y en el papel de mamporreros y bendecidores de la componenda—mátame, camión— los apóstoles de la independencia judicial Iglesias y Garzón. Snif.

Togas contra Catalá

A buenas horas han descubierto algunos que el chisgarabís Rafael Catalá es un bocachancla con cartera ministerial adosada. Anda que no lo ha demostrado largamente adelantando al milímetro lo que iba a pasar con Iñaki Urdangarín o teledirigiendo con su lengua suelta a los togados por el turbio mar del Procés. Por no hablar, claro, de cómo se ganó a pulso la reprobación de todos los partidos menos el suyo tras hacer mangas y capirotes con las fiscalías, en comandita con el difunto Maza, para limitar el daño en las cloacas genovesas. Se pregunta uno dónde estaban entonces todas esas asociaciones gremiales de lo jurídico que ahora se muestran ofendidísimas porque el individuo ha soltado mierda sobre uno de los suyos.

Soy el primero en proclamar que un miembro del gobierno no debe poner en la picota —a lo Gila, además: “Todos saben que alguna persona tiene algún problema”— a un juez. Ni siquiera a uno que nos ha revuelto el estómago. Si de verdad sabía algo que inhabilitaba al fulano para meter sus narices en un asunto tan delicado como la actuación depredadora de La Manada, tenía que haberlo puesto en conocimiento de las instancias oportunas. Si solo es un tiro por elevación para embarrar más el campo y quedar bien con la calle, es cierto que no puede estar un minuto más en el cargo. Sin embargo, anoto a continuación que ni las citadas asociaciones de jueces ni el sacrosanto CGPJ tienen la menor legitimidad para pedir la dimisión de Catalá. Primero, porque no lo hicieron cuando debieron. Y segundo, porque al hacerlo, incurren en lo mismo de lo que acusan al ministro: atacar la separación de poderes.