Usurpación e infamia

Nos hacemos trampas con la c y con la k. ¿Ocupación? ¿Okupación? Si nos referimos, por poner el enésimo ejemplo, a lo que ha ocurrido en el municipio vizcaíno de Trapagaran, hablamos de usurpación o puro latrocinio. Desmiéntanme las almas puras. Un señor habita una casa desde 1956. Seis decenios y medio después, cuando es octogenario, sufre graves problemas de salud que le hacen ser atendido por su hija. Pasa el tiempo y la morada se deteriora, pero sigue siendo suya. Mientras otros familiares la ponen a punto para la vuelta del legítimo inquilino, unos tipos que tienen acreditadas mil y un grescas —“conflictivos”, es la forma fina de llamarlos— se cuelan y se autoproclaman propietarios. Como prueba muestran unos papeles que no llegan ni a burda falsificación de un contrato. La policía, de acuerdo con la legislación vigente, hay que joderse, acepta pulpo como animal de compañía y hace mutis por el foro. Desprotegidos, desamparados, abandonados, embargados por una impotencia infinita, los familiares del anciano acuden al último recurso: la solidaridad vecinal. Centenares de personas responden a la llamada en una movilización donde se calientan los ánimos. Por fortuna, la sangre no llega al río, pero no hay nada que hacer. Los asaltantes, que ya han quemado documentos y enseres para demostrar quién tiene las de ganar, se quedan. La respuesta de los representantes de la ciudadanía es para la antología de la infamia. Por unanimidad, las fuerzas políticas del ayuntamiento aprueban una declaración en la que se remiten “a la decisión judicial que se adopte, al tratarse de una situación jurídico-civil privada a resolver entre la propiedad y los ocupantes”. Tal cual.

Una justicia, dos varas

Al final, el Estado de Derecho —hagamos derroche innecesario de mayúsculas— era esto. Ante los mismos hechos, varios tribunales superiorísimos toman decisiones no ya diferentes sino diametralmente opuestas. Es como si dos equipos médicos de élite diagnosticaran un catarro o un cáncer a la vista de síntomas idénticos y recetaran en consecuencia: unas juanolas o quimioteraìa agresiva. Sería algo de todo punto inadmisible que conllevaría un severo castigo a los galenos que hubieran metido la pata.

En el caso de los dictámenes de sus ilustrísimas e intocables señorías, sin embargo, te tienes que comer la matraca de rigor: eso es lo bonito del hecho jurídico, que no hay una única interpretación. Lo pistonudo es que te lo dicen como si no fuera un escándalo de proporciones cósmicas que según qué tipos y/o tipas con birrete te hayan caído del cielo, tienes barra libre para hacer lo que te salga de entre las ingles —caso de la CAV— o debes acogerte a ciertas normas lógicas cuando todavía la pandemia no se ha ido, incluso aunque exhibas cifras sanitarias muy razonables como en Valencia o Baleares. El remate es tener la absoluta certeza (porque el individuo que la ha dictado ni siquiera disimula) de que la resolución no se ha tomado atendiendo a la legalidad vigente sino a pulsiones puramente personales.

Sanidad judicializada

Me dicen que se me fue el vitriolo en la columna de ayer. Y no niego un exceso de visceralidad y quizá cierta carencia de argumentos razonados. Pero sigo suscribiendo prácticamente cada coma. Simplemente, no es de recibo que el mismo día en que se certificaron 766 muertos por covid en el conjunto del Estado, unos jueces que habitan en su propia realidad se arroguen el papel de avezados epidemiólogos y dictaminen cómo, cuándo y dónde se producen los contagios. Como escribía atinadamente Juan Ignacio Pérez, que algo sí sabe de ciencia, la ignorancia de estos magistrados del Superior de Justicia Vasco es muy atrevida.

Yo subo la apuesta: más que atrevimiento es soberbia, arrogancia, prepotencia y, en resumen, una superioridad moral ayuna, valga la paradoja, de moralidad. Ni por asomo van a pensar sus señorías que sus designios pueden reventar las UCIs, destrozar familias y dar más trabajo a las funerarias. Deciden sobre las existencias de los demás como si estuvieron resolviendo un sudoku o un crucigrama. Y cuando les llamas la atención sobre la sinrazón que implica que ante un hecho exactamente igual se emitan fallos o sentencias de sentido diametralmente opuesto, aún tienen el cuajo de espetarte que eso es lo bonito del Derecho, que esté al albur de la interpretación de cada diosecillo con toga.

Pandemia judicial

Andaban ayer unos expertos de la OMS desplazados a China dándole vueltas a si el malhadado virus se originó en el mercado de Wuhan o a si procede de este o aquel animalito. Menudo esfuerzo baldío. Acababan antes preguntándoles a los y las que verdaderamente saben huevo y medio de pandemias, oséase, sus togadas señorías del Tribunal Superiorísimo de Justicia del País Vasco. En serio que no dejo de preguntarme por qué perdemos el tiempo escuchando a epidemiólogos, microbiólogos, inmunólogos y cualquier personal de bata blanca que se les ocurra, cuando el conocimiento excelso sobre la materia lo atesoran los de las túnicas negras.

Volvieron a demostrarlo ayer en una decisión —literalmente— de las de sujétame el cubata. Ordenan sus ilustrísimas que se levante el cierre de los bares en localidades con tasas de incidencia disparatadas. ¿El razonamiento? Ah, no, de momento, ninguno. Puesto que levitan sobre los infectos mortales, están exentos de entrar en el fondo de la cuestión. Ya lo harán cuando tengan un rato. Por de pronto, pista libre para arremolinarse en torno a una mesa de setenta centímetros de lado con la mascarilla por debajo del mentón. Qué inmenso corte de mangas a los sanitarios que desde hace un año se dejan el alma en unas UCIs aún hoy a reventar. Pero no rechisten. Es la Justicia.

Fue injusto y punto

No quise escribir en caliente sobre la aberrante teoría de Maddalen Iriarte según la cual el daño causado por ETA fue injusto o no dependiendo del relato. Lancé, es verdad, un par de tuits al aire, pero para extenderme más, preferí esperar una explicación de semejantes declaraciones a Vocento. Me refiero a algo que fuera más allá del socorrido “El perro me ha comido los deberes”, equivalente en este caso a “Han manipulado mis palabras”, que fue la decepcionante salida de Iriarte. Esa y, de propina, otro comodín de carril: “Mi compromiso con los derechos humanos está fuera de toda duda”. Pues no. Quizá lo estuviera hasta el instante mismo en que pronunció esas palabras, las vio publicadas y no corrió a aclarar que jamás quiso decir lo que apareció en el entrecomillado.

Una rectificación a tiempo es una victoria y en la cuestión de la que hablamos habría evitado la frustración de ver cómo la persona que representa la superación de los viejos tabúes de la izquierda soberanista acaba profiriendo una frase que hiela la sangre en el más rancio y descorazonador estilo de los irreductibles del matarile. ¿De verdad, señora portavoz parlamentaria de EH Bildu, los asesinatos de Brouard o Muguruza fueron justos o injustos en función del relato? Claro que no. Y lo mismo con los de Blanco, Buesa, Jauregi…

Auténticos autónomos

Celebro que el Tribunal Supremo haya establecido en una sentencia de las que crean jurisprudencia que los repartidores de Glovo son trabajadores por cuenta ajena a todos los efectos. Otra cosa es que mi escepticismo incurable me lleve a temer que la compañía encontrará el modo de salirse con la suya; un contrato laboral puede ser perfectamente precario, como bien sabemos. Por lo demás, hay un par de reflexiones que quizá cabría plantearse sobre el fondo de este caso. La primera es muy obvia y apela a la hipocresía de quienes se echan las manos a la cabeza por las condiciones a las que se somete a los currelas de esta u otras empresas del pelo pasando por alto su complicidad al hacer uso de sus servicios.

La otra cuestión es quizá más sutil, pero nos retrata muy bien como sociedad que da por descontado que ciertos colectivos tienen menos derechos que otros. Lo que nos escandaliza de los falsos autónomos es la realidad diaria de los auténticos autónomos. Incluso con las cuatro birriosas mejoras que se han introducido recientemente, la mayoría de las personas que trabajan por cuenta propia carecen de los derechos que consideramos básicos cuando la relación es con una empresa o un empleador. Sorprendentemente —o no—, a los campeones mundiales de las denuncias de las desigualdades se les escapa esta.

De injusticia en injusticia

No es la mejor temporada para creer en la Justicia española. En realidad, da igual cuándo lean la frase anterior. Hasta donde este juntaletras tiene memoria, los de las togas y las puñetas nos han regado con un sinfín de arbitrariedades a cada cual más obscena. Si no era la chufla del 23-F, era la filfa de los GAL, el caso Egunkaria, el atropello a Atutxa, Bateragune o, en lo más reciente, Altsasu o el Procés.

Y andamos en el suma y sigue hasta el infinito y más allá. Hagamos recuento de los desafueros en menos de una semana. Como menú degustación, el baranda del CGPJ, que lo es también del Tribunal Supremo, se ciscaba en la obligada neutralidad marcándose una exaltación borbónica donde no tocaba. Poco tardamos en enterarnos de que era el preaviso para lo que venía: la inhabilitación de la primera autoridad de Catalunya con la estúpida excusa de que se había negado a retirar una pancarta a favor de unos políticos encarcelados en medio de una campaña electoral.

El mismo día, otra sala de idéntico Tribunal rebajaba la pena de un maestro pederasta del Opus Dei de 11 a dos años de cárcel con argumentos de pata de banco. Sin tiempo para digerir lo anterior, la Audiencia Nacional absolvía ayer a Rodrigo Rato y sus 33 secuaces en la salida a bolsa de Bankia. Lo tremendo es que ni siquiera nos sorprende.