Nos hacemos trampas con la c y con la k. ¿Ocupación? ¿Okupación? Si nos referimos, por poner el enésimo ejemplo, a lo que ha ocurrido en el municipio vizcaíno de Trapagaran, hablamos de usurpación o puro latrocinio. Desmiéntanme las almas puras. Un señor habita una casa desde 1956. Seis decenios y medio después, cuando es octogenario, sufre graves problemas de salud que le hacen ser atendido por su hija. Pasa el tiempo y la morada se deteriora, pero sigue siendo suya. Mientras otros familiares la ponen a punto para la vuelta del legítimo inquilino, unos tipos que tienen acreditadas mil y un grescas —“conflictivos”, es la forma fina de llamarlos— se cuelan y se autoproclaman propietarios. Como prueba muestran unos papeles que no llegan ni a burda falsificación de un contrato. La policía, de acuerdo con la legislación vigente, hay que joderse, acepta pulpo como animal de compañía y hace mutis por el foro. Desprotegidos, desamparados, abandonados, embargados por una impotencia infinita, los familiares del anciano acuden al último recurso: la solidaridad vecinal. Centenares de personas responden a la llamada en una movilización donde se calientan los ánimos. Por fortuna, la sangre no llega al río, pero no hay nada que hacer. Los asaltantes, que ya han quemado documentos y enseres para demostrar quién tiene las de ganar, se quedan. La respuesta de los representantes de la ciudadanía es para la antología de la infamia. Por unanimidad, las fuerzas políticas del ayuntamiento aprueban una declaración en la que se remiten “a la decisión judicial que se adopte, al tratarse de una situación jurídico-civil privada a resolver entre la propiedad y los ocupantes”. Tal cual.
O sea ¿para qué sirve la poli? Si este pobre hombre espera a que le ayude un juez lo tiene muy difícil. Auténtica vergüenza me da pagar con mis impuestos la protección de unos canallas delincuentes habituales.
Leyes hechas para favorecer al ladrón, jueces de río revuelto ganancia de fachas y policía inerme, inerte y desmotivada, como Muniain. Sin olvidar los intereses económicos de las empresas de seguridad (muchos millones) que como en este caso no sirven para nada ¿Y para qué queremos ayuntamientos¿ ¿Para recoger la basura y cobrar los impuestos? Los únicos decentes, los vecinos. El resto a vivir que son dos días.
Esto no es de recibo, como suele decirse. Ni de justicia ni de nada parecido.
Esto es más bien de un Estado sin-ley. Sin Ley justa y garante de los Derechos de las personas. Y alguien dira que los ocupas también tienen derecho a una vivienda. Claro que sí, pero no a base de quitarsela a quien es propietario o usuario legítimo de ella.
¿Y a que viendo estos casos en los que las Leyes son incapaces de impartir justicia, y las autoridades impotentes de proteger a la «ciudadanía de orden» frente a la «ciudadnia del desorden», nos acordamos de Fuenteovejuna?
¡Qué poco cambiamos!
Pues Trapagaran, como antes lo fueron otros municipios, ya es Fuenteovejuna.
El problema es que no hay un solo partido político que tenga ganas de acabar con estos robos o allanamientos de morada, sino más bien todo lo contrario
La sensación del ciudadano es, que tanto la ley como la justicia están de parte del delincuente. Hechos como este lo demuestran.
Escuchando al primer edil de Trapagaran el Sr. Cuellar, queda todo dicho. Tal cual.
El Señor Biden leí el otro día que decía que Cuba era un Estado fallido……pues….. que se de una vuelta por acá . El día que le usurpen la casa a algún juez de estos frki-protagonista o a algún político ñoñoprogre igual…. se ponen las pilas y cambian las leyes. Vergüenza no, lo siguiente.
Le voy a decir a un cerrajero de confianza que me abra las puertas y cambie la cerradura del Palacio de Miramar. Le he comentado a mi mujer y le parece un lugar cojonudo. Una semanita….y ….a vivir que son dos días.
No, no es cuna cuestión de derecho privado. estamos ante un delito tipificado en el Código Penal (art. 202.1):
«El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.»
Y es obligación de los poderes públicos, especialmente de la Policía, evitar la comisión , o la perpetuación, de delitos.
Vergonzoso; quizas sucesos como este hagan que algunas personas voten a VOX o echen en falta a la guardia civil franquista.