Usurpación e infamia

Nos hacemos trampas con la c y con la k. ¿Ocupación? ¿Okupación? Si nos referimos, por poner el enésimo ejemplo, a lo que ha ocurrido en el municipio vizcaíno de Trapagaran, hablamos de usurpación o puro latrocinio. Desmiéntanme las almas puras. Un señor habita una casa desde 1956. Seis decenios y medio después, cuando es octogenario, sufre graves problemas de salud que le hacen ser atendido por su hija. Pasa el tiempo y la morada se deteriora, pero sigue siendo suya. Mientras otros familiares la ponen a punto para la vuelta del legítimo inquilino, unos tipos que tienen acreditadas mil y un grescas —“conflictivos”, es la forma fina de llamarlos— se cuelan y se autoproclaman propietarios. Como prueba muestran unos papeles que no llegan ni a burda falsificación de un contrato. La policía, de acuerdo con la legislación vigente, hay que joderse, acepta pulpo como animal de compañía y hace mutis por el foro. Desprotegidos, desamparados, abandonados, embargados por una impotencia infinita, los familiares del anciano acuden al último recurso: la solidaridad vecinal. Centenares de personas responden a la llamada en una movilización donde se calientan los ánimos. Por fortuna, la sangre no llega al río, pero no hay nada que hacer. Los asaltantes, que ya han quemado documentos y enseres para demostrar quién tiene las de ganar, se quedan. La respuesta de los representantes de la ciudadanía es para la antología de la infamia. Por unanimidad, las fuerzas políticas del ayuntamiento aprueban una declaración en la que se remiten “a la decisión judicial que se adopte, al tratarse de una situación jurídico-civil privada a resolver entre la propiedad y los ocupantes”. Tal cual.