Manos muy sucias

Permítanme que me vaya al córner de la actualidad. Con la(s) que está(n) cayendo aquí y allá, se ha quedado en suelto de aluvión el comienzo ayer en la Audiencia Nacional —casi nada— del macrojuicio por extorsiones sistemáticas al autoproclamado sindicato Manos Limpias y a su brazo expoliador llamado Ausbanc. Qué recuerdos, ¿eh? Hubo un día, y no demasiado lejano, en que esta patulea de fachuzos sacamantecas eran paseados a hombros en las pocilgas cavernarias como martillo de herejes rojoseparatistas.

Y claro, el primer nombre que me viene a la cabeza es el de Juan Mari Atutxa. Me pregunto qué pensará desde su recién estrenado retiro de la vida pública al ver en el banquillo a los facinerosos que iniciaron —insisto que con el aplauso unánime y entusiasta del ultramonte mediático y político— el acoso y derribo contra quien actuó en conciencia cuando era presidía el Parlamento Vasco. Gran diferencia, no puedo evitar anotar al margen, con el socio de los más levantiscos y rebeldes de la Vasquidad, apellidado Torrent, que por no comerse un marronaco, ha acatado sumisamente el mandato de la Justicia española de segar la hierba bajo los pies de su supuesto aliado en el camino hacia la independencia.

Concluiré, uniendo lo uno y lo otro, que el tiempo acaba poniendo a cada cual en su sitio. Atutxa, después de un viacrucis cruelmente prolongado, puede exhibir un expediente judicial tan inmaculado como su conciencia y vivir con placidez el resto de sus días. Miguel Bernard y su secuaz Luis Pineda van camino de la trena, ojalá que para una larga temporada, entre los escupitajos olvidadizos de los que tanto los jaleaban.

Duros de birrete

Para que no digan que ando demasiado esquinado contra el despampanante gobierno español, anoto aquí y ahora que comparto palabra por palabra lo que dijo Pablo Iglesias sobre las veces en que la justicia europea le ha pintado la cara a la española. Incluso aunque cuando tuve noticia de la declaración pensé que el vicepresidente (¿Segundo? ¿quinto?) habría soltado una inconveniencia, tras escucharlo, no me duelen prendas en reconocer que estuvo moderado.

La utilización del término humillación responde a una descripción muy ajustada a los hechos que se han ido produciendo en cascada de un tiempo a esta parte. Casi cada decisión de los togados hispanos respecto a la cuestión catalana ha recibido un soplamocos —a veces a mano abierta— de diferentes instancias jurídicas de países de la UE o directamente de los propios tribunales europeos. Y en este último caso, no solo sorprende sino que acongoja ver cómo los supuestamente más versados en Derecho amén de europeístas del recopón no aceptan que formamos parte del mismo sistema jurídico. O sea, que como en el programa aquel de la tele viejuna que tanto me gusta citar, si coche, coche y si vaca, vaca. Se acata la decisión y ya, si eso, se critica con absoluta naturalidad y sin dramatismos. Nada más sano que la libertad de opinión, que es donde volvemos al objeto principal de estas líneas. Desde el banco azul, desde la oposición, desde su despacho universitario o desde un parque subido en una caja de fruta y megáfono en mano, Iglesias, usted, yo o cualquiera somos libres de decir lo que nos parezca oportuno sobre la Justicia. Pero al CGPJ no le entra bajo el birrete.

Hacerla, pagarla

Empezaré por lo obvio. Aplaudamos que el peso de la ley haya caído sobre quienes se creyeron por encima de ella. Se llamen como se llamen y hayan sido lo que hayan sido. Destacados dirigentes del PNV, por ejemplo. O altos cargos de la administración pública. Alfredo de Miguel y el resto de los ya oficialmente condenados tendrán tiempo de pensar en la cárcel que no está nada bien valerse de un carné y, menos, de una posición de privilegio en una institución que debe estar al servicio de la ciudadanía para engordar su cuenta corriente. Sí, la suya. En la sentencia no se dice que un solo céntimo haya ido a un lugar distinto del bolsillo de los implicados. Ni siquiera el Bobby Kennedy local que mezcló sus aversiones con sus ansias de medrar ha sido capaz de sugerir que lo afanado ha servido para pagar ni una fotocopia en Sabin Etxea.

Por lo demás, menos lobos con lo del “mayor caso de corrupción” en Euskal Herria. Es verdad que un euro sería una infamia, pero es que el botín no llega a 200.000 euros. Con eso no se paga ni los cagaderos de la sede del PP de Bilbao. Que ya hay que tener desparpajo, Alonso, Fanjul, Oyarzábal, y otros musguitos crecidos en la megacorrupción pepera sin cuartel, para venirse tan arriba por esta decisión en absoluto criticable de la Justicia española. Y aquí es donde enlazamos con los escandalizados de la contraparte. Se me saltan las lágrimas viendo a los denunciadores sin cuartel de la arbitrariedad togada hispana haciendo la ola a los otras veces tan vilipendiados magistrados a sueldo del estado opresor. Eso, claro, sin mentar que no hay ni habrá mayor corrupción que la que ustedes saben.

Decidir, solo eso

Me resulta un inmenso misterio el miedo cerval que despierta una expresión tan inocente como “Derecho a decidir”. Es mentarla y provocar rayos y truenos dialécticos en los moradores del Olimpo que se tienen por la flor y nata de la tolerancia democrática, la justicia, la libertad, la convivencia y todos los grandes palabros que se pronuncian con inflamación pectoral y mentón enhiesto. Ocurre, me temo, que todos estos paladines de la rectitud son la versión crecida de aquellos niños con posibles que exhibían la propiedad del balón como salvoconducto ventajista. Si no aceptabas su criterio, lo cogían bajo el brazo y se lo llevaban. Cambien la pelota por el marco legal y verán que seguimos en las mismas. O se juega con sus reglas o no se juega.

La penúltima martingala estomagante de los monopolistas de las normas es recitar como papagayos que el derecho a decidir no existe. Más allá de las explicaciones documentadas que les podría aportar cualquier jurista que no sea de parte ni pretenda engañarse al solitario, tal afirmación supone una notable mendruguez. Si vamos a la literalidad, resultaría que tampoco el derecho a la vida, por poner el más obvio de todos, existe como tal. No crece en los árboles, ni se extrae de las minas. Es, como todo el corpus legislativo, una creación humana que ha adquirido carta de naturaleza por consenso mayoritario, ni siquiera unánime. Si prescindiéramos de los dramatismos interesados y exagerados o de los maximalismos obtusos, el caso que nos ocupa no es muy diferente. Claro que para aceptarlo es imprescindible la honestidad de asumir que decidir no necesariamente implica secesión.

Más desalmados

Nada más colgar en mi muro de Facebook mi última columna sobre la sentencia a la llamada Manada de Manresa, una amable seguidora puso el dedo en la llaga al publicar como respuesta el artículo 181 del Código penal. Con su farragosa y hasta diría que trapacera redacción, es ese engendro judicioso el que enfila a los de las togas hacia la villanía que —sigo insistiendo— se ha cometido en esta deposición de la Audiencia de Barcelona.

De entrada, queda claro la menudencia que para los autores y aprobadores de la cosa es lo que cualquiera con una gota de sangre y de bondad entiende como violación. “El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual”. En el siguiente párrafo se especifica que entre los “abusos no violentos” se cuentan los siguientes, pásmense: “los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto”.

Repetiré, como en las líneas anteriores, que en mil y un casos hemos visto a los jueces hacer interpretaciones virgueras de la literalidad de una ley para acabar sentenciando casi lo que les daba la real gana. Aun así, y como muy bien apuntó esta lectora a la que siguieron unos cuantos más, no son solo los administradores de justicia los que carecen de alma. Antes que ellos están los que hacen y promulgan normas tan brutalmente inmorales.

Jueces sin alma

Una más. Esta vez ha sido la Audiencia de Barcelona, denominación genérica que se utiliza para despistar los nombres y apellidos de los jueces que han decidido que una violación grupal y continuada de cinco tipejos a una menor solo es un abuso sexual. Como de costumbre, lo más vomitivo es la argumentación para rebajar el grado de la fechoría: dado que la víctima estaba drogada e inconsciente, quienes la penetraron en bucle y le practicaron todo tipo de vejaciones no necesitaron utilizar la violencia. Y chispún. Mentón arriba y, a modo de escudo, o sea, de palangana para lavarse las manos, ese cagarro llamado Código Penal. Aquí se juzga según la tarifa vigente; vayan con las quejas a los legisladores. Como si en otras ocasiones, muchas bien recientes, la misma ley no fuera retorcible en el sentido que les sale de la sobaquera a los togados.

No desmentiré que la Justicia es patriarcal, aunque creo que no es el único motivo que está detrás de estas infectas decisiones. Ocurre que los jueces viven en realidades paralelas, siempre por encima del bien y del mal. Se enfrentan a los casos como si fueran un sudoku o el Damero maldito. Se la trae al pairo que sus resoluciones afecten a seres humanos o que vayan a crear en la sociedad estupor, rabia, impotencia y sensación de desamparo.

Por lo demás, no puedo poner el punto final sin reparar en el eco tan rácano que ha tenido esta nueva vileza judicial. Ni comparación con el terremoto que provocó la sentencia de La Manada de Iruña. Me temo que ahí hay una reflexión pendiente, aunque yo ya la tengo muy mascada. Y creo que ustedes también intuyen por dónde va la cosa.