Zaldibar argitu… o así

Homicidio imprudente, libertad con cargos y retirada de pasaporte. Pues así, de saque, no parece poca cosa lo que ha dictaminado la juez sobre el propietario y los directivos principales del vertedero de Zaldibar. Curioso, sin embargo, que hayan tenido que pasar casi seis meses y que la iniciativa de la detención partiera de la Ertzaintza. Se pierde uno en los vericuetos judiciosos, pero si los renglones torcidos son para empezar a escribir el relato más verídico posible de lo que llevó a la tragedia (como dije ayer, nada accidental) del 6 de febrero, procede dar la bienvenida a este paso. De eso se trata, ¿no?, de esclarecer lo que desembocó aquella fatídica tarde en la sepultura en vida de dos personas cuyos cadáveres siguen sin aparecer y en una catástrofe medioambiental sin precedentes en el terruño.

Zaldibar argitu; Aclarar Zaldibar, proclaman las consignas aventadas con idéntico ardor en euskera o recio castellano, según la parroquia que pretenda hacer caja del drama. Como intención, vuelvo a repetir, me parece nobilísima. Aguante su vela cada palo y depúrense todas las responsabilidades, incluyendo (o empezando por) las políticas. Ojalá. Pero de sobra sabemos que esto no va de eso, sino de cargar literalmente los muertos, venga o no a cuento, al adversario, o sea, al enemigo político.

Altsasu, suma y sigue

Me cuesta mucho ver la buena noticia. Después de 1.325 días en prisión, tres de los jóvenes de Altsasu han obtenido el tercer grado penitenciario y pueden pasar fuera del trullo los fines de semanas. Es verdad que menos da una piedra, pero su situación sigue siendo una injusticia del tamaño de media docena de catedrales. Creo que es importante dejarlo claro, porque un puñado de magnánimos demócratas ya han empezado a hilar sus instructivos discursos sobre la benevolencia del Estado de Derecho, que es ese Dios que aprieta pero no ahoga y deja que hasta las ovejas más descarriadas tomen un poquito de aire… antes de volver al redil a terminar de cumplir una condena brutalmente desproporcionada respecto al delito cometido. Condena, por demás, que fue fruto de un proceso judicial prêt-à-porter plagado de —como poco— incongruencias, pruebas endebles y dudas más que razonables incluso sobre la presencia de los acusados en el lugar de los hechos.

Y conste que esto lo anota alguien que rechaza de plano la letanía de la “pelea de bar”. Somos lo suficientemente mayores para saber que lo que ocurrió aquella infausta madrugada no fue un encontronazo fortuito. Pero tampoco nada que justificara ni de lejos un ensañamiento judicial y penal como el que vino después y, por desgracia, todavía no ha concluido.

Manos muy sucias

Permítanme que me vaya al córner de la actualidad. Con la(s) que está(n) cayendo aquí y allá, se ha quedado en suelto de aluvión el comienzo ayer en la Audiencia Nacional —casi nada— del macrojuicio por extorsiones sistemáticas al autoproclamado sindicato Manos Limpias y a su brazo expoliador llamado Ausbanc. Qué recuerdos, ¿eh? Hubo un día, y no demasiado lejano, en que esta patulea de fachuzos sacamantecas eran paseados a hombros en las pocilgas cavernarias como martillo de herejes rojoseparatistas.

Y claro, el primer nombre que me viene a la cabeza es el de Juan Mari Atutxa. Me pregunto qué pensará desde su recién estrenado retiro de la vida pública al ver en el banquillo a los facinerosos que iniciaron —insisto que con el aplauso unánime y entusiasta del ultramonte mediático y político— el acoso y derribo contra quien actuó en conciencia cuando era presidía el Parlamento Vasco. Gran diferencia, no puedo evitar anotar al margen, con el socio de los más levantiscos y rebeldes de la Vasquidad, apellidado Torrent, que por no comerse un marronaco, ha acatado sumisamente el mandato de la Justicia española de segar la hierba bajo los pies de su supuesto aliado en el camino hacia la independencia.

Concluiré, uniendo lo uno y lo otro, que el tiempo acaba poniendo a cada cual en su sitio. Atutxa, después de un viacrucis cruelmente prolongado, puede exhibir un expediente judicial tan inmaculado como su conciencia y vivir con placidez el resto de sus días. Miguel Bernard y su secuaz Luis Pineda van camino de la trena, ojalá que para una larga temporada, entre los escupitajos olvidadizos de los que tanto los jaleaban.

Duros de birrete

Para que no digan que ando demasiado esquinado contra el despampanante gobierno español, anoto aquí y ahora que comparto palabra por palabra lo que dijo Pablo Iglesias sobre las veces en que la justicia europea le ha pintado la cara a la española. Incluso aunque cuando tuve noticia de la declaración pensé que el vicepresidente (¿Segundo? ¿quinto?) habría soltado una inconveniencia, tras escucharlo, no me duelen prendas en reconocer que estuvo moderado.

La utilización del término humillación responde a una descripción muy ajustada a los hechos que se han ido produciendo en cascada de un tiempo a esta parte. Casi cada decisión de los togados hispanos respecto a la cuestión catalana ha recibido un soplamocos —a veces a mano abierta— de diferentes instancias jurídicas de países de la UE o directamente de los propios tribunales europeos. Y en este último caso, no solo sorprende sino que acongoja ver cómo los supuestamente más versados en Derecho amén de europeístas del recopón no aceptan que formamos parte del mismo sistema jurídico. O sea, que como en el programa aquel de la tele viejuna que tanto me gusta citar, si coche, coche y si vaca, vaca. Se acata la decisión y ya, si eso, se critica con absoluta naturalidad y sin dramatismos. Nada más sano que la libertad de opinión, que es donde volvemos al objeto principal de estas líneas. Desde el banco azul, desde la oposición, desde su despacho universitario o desde un parque subido en una caja de fruta y megáfono en mano, Iglesias, usted, yo o cualquiera somos libres de decir lo que nos parezca oportuno sobre la Justicia. Pero al CGPJ no le entra bajo el birrete.

Hacerla, pagarla

Empezaré por lo obvio. Aplaudamos que el peso de la ley haya caído sobre quienes se creyeron por encima de ella. Se llamen como se llamen y hayan sido lo que hayan sido. Destacados dirigentes del PNV, por ejemplo. O altos cargos de la administración pública. Alfredo de Miguel y el resto de los ya oficialmente condenados tendrán tiempo de pensar en la cárcel que no está nada bien valerse de un carné y, menos, de una posición de privilegio en una institución que debe estar al servicio de la ciudadanía para engordar su cuenta corriente. Sí, la suya. En la sentencia no se dice que un solo céntimo haya ido a un lugar distinto del bolsillo de los implicados. Ni siquiera el Bobby Kennedy local que mezcló sus aversiones con sus ansias de medrar ha sido capaz de sugerir que lo afanado ha servido para pagar ni una fotocopia en Sabin Etxea.

Por lo demás, menos lobos con lo del “mayor caso de corrupción” en Euskal Herria. Es verdad que un euro sería una infamia, pero es que el botín no llega a 200.000 euros. Con eso no se paga ni los cagaderos de la sede del PP de Bilbao. Que ya hay que tener desparpajo, Alonso, Fanjul, Oyarzábal, y otros musguitos crecidos en la megacorrupción pepera sin cuartel, para venirse tan arriba por esta decisión en absoluto criticable de la Justicia española. Y aquí es donde enlazamos con los escandalizados de la contraparte. Se me saltan las lágrimas viendo a los denunciadores sin cuartel de la arbitrariedad togada hispana haciendo la ola a los otras veces tan vilipendiados magistrados a sueldo del estado opresor. Eso, claro, sin mentar que no hay ni habrá mayor corrupción que la que ustedes saben.

Decidir, solo eso

Me resulta un inmenso misterio el miedo cerval que despierta una expresión tan inocente como “Derecho a decidir”. Es mentarla y provocar rayos y truenos dialécticos en los moradores del Olimpo que se tienen por la flor y nata de la tolerancia democrática, la justicia, la libertad, la convivencia y todos los grandes palabros que se pronuncian con inflamación pectoral y mentón enhiesto. Ocurre, me temo, que todos estos paladines de la rectitud son la versión crecida de aquellos niños con posibles que exhibían la propiedad del balón como salvoconducto ventajista. Si no aceptabas su criterio, lo cogían bajo el brazo y se lo llevaban. Cambien la pelota por el marco legal y verán que seguimos en las mismas. O se juega con sus reglas o no se juega.

La penúltima martingala estomagante de los monopolistas de las normas es recitar como papagayos que el derecho a decidir no existe. Más allá de las explicaciones documentadas que les podría aportar cualquier jurista que no sea de parte ni pretenda engañarse al solitario, tal afirmación supone una notable mendruguez. Si vamos a la literalidad, resultaría que tampoco el derecho a la vida, por poner el más obvio de todos, existe como tal. No crece en los árboles, ni se extrae de las minas. Es, como todo el corpus legislativo, una creación humana que ha adquirido carta de naturaleza por consenso mayoritario, ni siquiera unánime. Si prescindiéramos de los dramatismos interesados y exagerados o de los maximalismos obtusos, el caso que nos ocupa no es muy diferente. Claro que para aceptarlo es imprescindible la honestidad de asumir que decidir no necesariamente implica secesión.