El juez Garrido se alía con Tebas

Cuando supe que la Liga de Fútbol Profesional había presentado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la limitación de aforos en los estadios determinada por el Gobierno vasco, no tuve la menor duda de cuál sería la resolución. Sí, justamente la que ha sido. Al ya celebérrimo juez Luis Ángel Garrido solo le faltaba aliarse con el incalificable Javier Tebas, y lo ha acaba de hacer en este dictamen que se ha sacado de la sobaquera de la toga en medio santiamén. Se trata de una nueva muesca en su mazo en lo que se refiere a decisiones contrarias a las medidas puestas en marcha atendiendo a criterios sanitarios.

Cabrá decir que este último auto tampoco es tan grave, pues con la pandemia remitiendo, era cuestión de días que se aumentaran los aforos de los recintos deportivos. Todo apuntaba a que, como poco, el LABI tenía pensado subirlo hasta el 50 por ciento. En cualquier caso, no estamos ante una anécdota sino frente a una categoría, un patrón de conducta que se ha venido repitiendo sistemáticamente desde la irrupción del virus. Prácticamente en cada oportunidad que se ha presentado, la Justicia en general, la vasca en particular y este magistrado aun más en concreto se han decantado por dictámenes que dificultaban o directamente impedían los intentos de frenar los contagios. No negaré, como me señaló el sabio Juanjo Álvarez, que se han enviado a los tribunales patatas calientes que deberían haber sido resueltas en otras instancias o que la política ha sido perezosa para mejorar la (según dicen) poco útil legislación previa. Pero, con todo, muchas de sus señorías deberían hacer examen de conciencia.

Premiar el mal comportamiento

No dejo de imaginar la cara que llevarán estos días los 5.000 pardillos de los tres territorios de la CAV que pagaron religiosamente y a tocateja las multas que les impusieron por saltarse las normas del confinamiento en el primer estado de alarma. Como tantas veces ocurre, no hay buena acción que quede sin castigo. O, en este caso, sin su burlesco agravio comparativo frente los autores de las 14.740 sanciones que decidieron pasarse el pago por el forro y ven ahora cómo todos esos expedientes se van a la papelera. No solo no reciben el correctivo que merecen por su incivismo, su insolidaridad, su rostro de alabastro y, sobre todo, su contribución a la difusión del virus en un momento en que morían miles de personas cada semana, sino que resultan agraciados con el premio de la impunidad. Todo ello, gentileza de sus desprendidas señorías del Tribunal Constitucional que anularon, año y medio después de los hechos, el primer estado de alarma decretado por el gobierno español, con el aval, ojo, de la mayoría parlamentaria.

El mensaje para la sociedad es demoledor, máxime, cuando todavía estamos lejos de haber vencido a la pandemia. Se nos viene a decir que basta un decimal judicioso discutible —recordemos que la resolución salió adelante por una diferencia de un solo voto— para que decidamos que merece la pena liarse la manta a la cabeza y pasarse por la sobaquera las normas que determinen las autoridades sanitarias. Si creen que exagero, piensen en los botellones salvajes que se han convertido en moda porque quienes los perpetran intuyen que se irán de rositas.

Sánchez ni está ni se le espera

No dejará de sorprenderme la paciencia franciscana y la contención budista de Iñigo Urkullu. Y, claro, su insistencialismo a prueba de bomba, o sea, a prueba de la cachaza desparpajuda de un tipo como Pedro Sánchez al que se la bufa todo. Después de año y medio de ser objeto —junto al resto de autoridades locales— de ninguneos y hasta saboteos sin cuento, el lehendakari le ha remitido al inquilino de Moncloa la carta número ene para contarle, por si no lee los periódicos, que los contagios han vuelto a desbocarse y que la situación empeora por momentos. Por ello, la primera autoridad de la CAV urge al presidente español a desatarle las manos para que pueda luchar contra la pandemia. Ya que no está dispuesto a ayudar, por lo menos, que no entorpezca la tarea de quienes sí pretenden hacer frente al virus. Eso, por desgracia, en un estado que sigue rezumando jacobinismo para lo esencial, pasa por estudiar un nuevo estado de alarma para que los jueces jatorras dejen de tumbar cada iniciativa para tratar de frenar los contagios, los ingresos, las muertes y la ruina. Como poco, Urkullu le pedía a Sánchez que reconsiderase el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. La respuesta ha sido que verdes las han segado o, si prefieren una expresión con más intención, que por ahí se va a Madrid. Con una suficiencia que roza la chulería y da de lleno en la mentira zafia, primero la portavoz del Gobierno y luego la ministra de Sanidad (dejo al margen al delegado enredador) negaron la necesidad de esas medidas porque la cosa tampoco está tan mal y porque las comunidades ya tienen herramientas suficientes. Y no se les cayó la cara de vergüenza.

La Justicia es una tom-tom-tómbola

El Gobierno de Nafarroa ha acudido al Superior de Justicia para pedirle (por favor, por favor, por favor) que le permita instaurar el toque de queda en el 80 por ciento de los municipios del territorio. En la demarcación autonómica, salvo sorpresa mayúscula, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ni se plantea solicitar la venia de sus señorías. Atendiendo a la bibliografía presentada hasta la fecha, sería uno de esos esfuerzos inútiles que conducen a la melancolía, o sea, al encabritamiento. Todo indica que el juez que tenía en su perfil de Twitter el himno del negacionismo, el que hacía cuchufletas sobre los epidemiólogos, se fumaría un puro con la solicitud. Dirán que es el Estado de Derecho funcionando a pleno pulmón, pero manda muchas narices que las autoridades votadas por la ciudadanía se vean en la humillación de presentarse ante la Justicia como quien va a una tómbola. No nos cansamos de ver cómo en cada caseta de feria judicial del Estado español los mismos hechos y las mismas situaciones implican resoluciones no ya diferentes sino radicalmente contrapuestas. Podría ser solo una cuestión latosa o una curiosidad, si no fuera porque llueve insistentemente sobre mojado y especialmente, porque esto ocurre en el fragor de la quinta ola, con los contagios multiplicándose exponencialmente y ya la presión hospitalaria notando la acometida. En esta tesitura, provoca una impotencia infinita asistir a la desnudez legal de las administraciones públicas, que sufren el bochorno de tener que rogar a los ciudadanos que no hagan aquello que los de las togas no les dejan prohibirles. No parece que sea la forma más eficaz de enfrentarse a una pandemia.

Usurpación e infamia

Nos hacemos trampas con la c y con la k. ¿Ocupación? ¿Okupación? Si nos referimos, por poner el enésimo ejemplo, a lo que ha ocurrido en el municipio vizcaíno de Trapagaran, hablamos de usurpación o puro latrocinio. Desmiéntanme las almas puras. Un señor habita una casa desde 1956. Seis decenios y medio después, cuando es octogenario, sufre graves problemas de salud que le hacen ser atendido por su hija. Pasa el tiempo y la morada se deteriora, pero sigue siendo suya. Mientras otros familiares la ponen a punto para la vuelta del legítimo inquilino, unos tipos que tienen acreditadas mil y un grescas —“conflictivos”, es la forma fina de llamarlos— se cuelan y se autoproclaman propietarios. Como prueba muestran unos papeles que no llegan ni a burda falsificación de un contrato. La policía, de acuerdo con la legislación vigente, hay que joderse, acepta pulpo como animal de compañía y hace mutis por el foro. Desprotegidos, desamparados, abandonados, embargados por una impotencia infinita, los familiares del anciano acuden al último recurso: la solidaridad vecinal. Centenares de personas responden a la llamada en una movilización donde se calientan los ánimos. Por fortuna, la sangre no llega al río, pero no hay nada que hacer. Los asaltantes, que ya han quemado documentos y enseres para demostrar quién tiene las de ganar, se quedan. La respuesta de los representantes de la ciudadanía es para la antología de la infamia. Por unanimidad, las fuerzas políticas del ayuntamiento aprueban una declaración en la que se remiten “a la decisión judicial que se adopte, al tratarse de una situación jurídico-civil privada a resolver entre la propiedad y los ocupantes”. Tal cual.

Torturas: no mirar hacia otro lado

Entre la pandemia y la pereza creciente que nos da mirar hacia atrás se nos está yendo por una esquinita de la actualidad el juicio por el sumario 13/13 que se está celebrando en la siniestra Audiencia Nacional. Se sientan en el banquillo ocho personas acusadas de formar el llamado frente jurídico de ETA. Dos de ellas, Naia Zuriarrain y Saioa Agirre, ofrecieron el martes un relato escalofriante de las torturas que sufrieron en el momento de sus respectivas detenciones. La primera contó que, después de advertirle de que lo pasaría mal si contaba algo, le echaron agua fría por la cabeza y pusieron una bolsa de plástico para dificultarle la respiración. A Agirre le amenazaron con que tras su paso por las dependencias policiales no podría ser madre y la sometieron a diferentes vejaciones sexuales. Todo esto fue denunciado en su momento ante el juez instructor del sumario, Fernando Grande-Marlaska. Fiel a su costumbre, el todavía hoy ministro de Interior miró hacia otro lado.

Desde estas líneas dejo constancia de que doy total credibilidad a los dos testimonios. Por supuesto, condeno sin paliativos los hechos denunciados, muestro mi solidaridad con las dos mujeres que sufrieron semejante trato inhumano, insto a pronunciarse a quienes siempre llevan en la boca la defensa de los derechos más básicos y añado que, hayan pasado los años que hayan pasado, se hace imprescindible una investigación que esclarezca lo sucedido y si se demuestra la veracidad, se imponga a los torturadores la pena que corresponda. Es exactamente lo que hago ante cada vulneración de los Derechos Humanos, independientemente de quien la perpetre. No es tan difícil.

El estado de alarma no existió

Siempre pensé, y ahora lo hago con más motivo, que a los cinco minutos de aplausos de las ocho de la tarde a los sanitarios y a los colectivos comprometidos en la lucha contra la pandemia deberían haber seguido otros diez o quince de abucheos a los que que estaban colaborando con la difusión del virus. Entre esos jorobadores de la marrana ha destacado por méritos propios el llamado poder judicial, especialmente en sus escalones más altos. A lo largo de año y medio eterno, y particularmente en los momentos más graves, los Superiores de Justicia —con doble subrayado para el vasco— y el Supremo han venido saboteando miserablemente el esfuerzo sobrehumano de los sectores en primera línea de batalla, de las autoridades y, en la derivada final, de cada ciudadano de a pie que aportaba su granito de arena por incómodo que le resultase. Sus muy elevadísimas señorías lo hacían, para más recochineo, en nombre los derechos fundamentales que quedaban conculcados por la legislación ex-cep-cio-nal con la que se trataba de evitar las hasta seiscientas muertes diarias que llegó a haber en la fatídica primavera de 2020. Inasequibles al desaliento, los de las togas negras jamás se han rendido, como lo prueba que a iniciativa de Vox —¡Sí, malotes progres, de Vox!— el Tribunal Constitucional está a punto de declarar ilegal el primer estado de alarma. Por si no fuera suficiente con que las zarpas neofascistas prendieran la mecha, el ponente de la sentencia es Pedro González Trevijano, a la sazón, rector de la Universidad Rey Juan Carlos en el momento de los escándalos de los másteres. Lo tremendo es que el fulano se saldrá con la suya.