Malo o peor

Mis recientes cabezazos en el muro del jurismo inmaculado me tienen sumido en una inmensa melancolía. Les confieso que ya no sé qué subespecie de la fauna togada y aledaña me provoca un acongoje más intenso. Hasta este último episodio, creía estar convencido de que el mal de la Justicia española reside en los que despachan autos, dictámenes y sentencias de acuerdo con su obediencia política o de su ideología; nótese que aunque suelen coincidir, no siempre son lo mismo. Me resultaba —y sigue resultándome— inconcebible que tengamos como algo absolutamente normal que las decisiones sean predecibles en función de la etiqueta, conservador o progresista, del juez o jueces en cuestión. Y conste que me parece igual de reprobable el modus operandi cuando el retorcimiento de las leyes conduce a un fallo que simpatiza con mis causas o ideas.

Pero, como les digo, frente a esos y esas profesionales de las leyes a veces demasiado humanos, de unos días a esta parte se me han aparecido los otros, los que juzgan desde una frialdad aséptica, levitando a un metro del suelo. Se comprende que, como cuentan algunos médicos que hacen, intenten no dejarse llevar por las emociones, precisamente para hacer mejor su trabajo. Pero sorprende y alarma que en esa toma de distancia acaben olvidando que sus decisiones afectan a seres humanos. Ojo, no solo a los implicados en una causa; también a la sociedad que va a conocer esas resoluciones. Por supuesto que no se trata de votar asambleariamente las condenas o las absoluciones. Es algo, diría, prejurídico. Tan simple como buscar impartir lo que mayoritariamente entendemos como justicia.

“Ajustada a Derecho”

En mi última descarga compartía con ustedes el asco infinito y la brutal desazón que me produjo la sentencia del ya para los restos Tribunal de La Manada que reducía a diez meses la condena a un tipo que intentó matar de dos maneras distintas a una mujer en presencia de los hijos de ambos. Hoy, trepando por la escala del dolor y la perplejidad, les hago partícipes de mi espanto por el aguacero de justificaciones de la decisión judicial de marras que me ha caído desde la publicación de la columna. Y no precisamente solo por parte de gañanes de palillo en comisura babosa y copazo de Soberano, que también, sino en su mayoría, por hombres (ahora que me doy cuenta, únicamente hombres) muy cabales y profesionales del Derecho que ejercen en varios ámbitos, desde la universidad a los juzgados en diferentes responsabilidades, incluida la de dictar sentencias.

Algunos de esos educados bofetones por lo que escribí han sido públicos —vayan a mi muro de Facebook— y otros los he recibido en privado. Absolutamente todos tienen en común la misma idea: no hay un solo pero que ponerle a la sentencia y los que nos atrevemos a discrepar somos átomos manipulados de una turbamulta ignorante que solo merece el desprecio de los sumos sacerdotes de la ciencia jurídica. No crean que se conforman con el comodín del “es ajustada a Derecho”. Sostienen sin dudar que es justa. O sea, les parece totalmente de recibo que se vaya casi de rositas alguien que —¡en presencia de sus aterrados hijos!— intentó asfixiar y acuchillar a su pareja. ¡Solo porque no termina de hacerlo! Y aquí sí que no hay más preguntas, señorías. Hoy es 25-N, ¿verdad?

Otra sentencia vomitiva

No soy sospechoso, ni de lejos, del llamado populismo punitivo, y menos, del que más se lleva ahora, que es el selectivo. Tampoco soy partidario de la teas ardientes, los ojos fuera de las órbitas, las condenas por aclamación, la fe ciega en sustitución de los hechos, ni los linchamientos promovidos por el dogmatismo impermeable a los matices. Especialmente, en los casos en que no es difícil ver, como deslizaba ayer en estas mismas líneas, un chiringuito donde llenarse la cuenta corriente y el ego. Y hasta sigo queriendo creer en la Justicia, surfeando sobre los quintales de mondongos infames que nos suministra a diario. Pero hay cosas con las que es imposible tragar y que se deben denunciar hasta dejarse la garganta. Sobre todo, cuando muestran algo que no una actuación aislada sino un patrón.

No es casualidad —y ya entro en materia— que el mismo tribunal que dulcificó la sentencia a esos cagarros cósmicos que conocemos por La Manada haya evacuado otra sentencia en que reduce a diez meses de cárcel la condena a un malnacido que intentó asfixiar y acuchillar a su pareja. La excusa es que en el último momento le perdonó la vida. O dicho con las nauseabundas palabras de sus señorías, “De manera libre y voluntaria no continuó con la reiteración o insistencia en actos dirigidos a lograr la muerte de la víctima”. Y solo les anoto uno de los varios entrecomillados lacerantes de un texto que daría para tesis de psiquiatría.

Casi con mayor espanto que esas aberraciones con membrete, he leído y escuchado a puristas que las justifican y señalan al Código Penal como responsable, como si bajo las togas no hubiera seres humanos.

Marchena el digno

Miren por dónde, al magistrado Manuel Marchena le nace la dignidad con una semana de retraso —en simulado y diferido, que diría la políticamente difunta Cospedal— y saca un comunicado renunciando a presidir esa casa de tócame Roque que llaman Consejo General del Poder Judicial. Premio para el que tenga la presencia de ánimo suficiente para reprimir la carcajada seguida del vómito. Hay que gastar una desvergüenza de talla triple XL para arrearse un comunicado jactándose de ser la releche en verso de la ausencia de mácula después de siete días en boca de todo chirichi como el vendedor de su alma al bipartidismo renacido a cambio de un puesto de relumbrón. Viene a preguntarnos el mengano en su tardía descarga de amor propio que por quién le tomamos. Y cabe contestarle a lo George Bernard Shaw: quién y qué es ya ha quedado claro; ahora se está negociando el precio.

Corrijo: se estaba negociando. La renuncia al puesto que se le había otorgado por adelantado ha mandado al carajo todo el cambalache entre PSOE y PP para repartirse las fidelidades y las poltronas del presunto órgano de gobierno de los jueces. Por si faltaran pelendengues a la broma, la formación que rompe es la de Casado, cuando la espoleta que lo revienta todo son unos guasaps del senador pepero (y cosas peores), Ignacio Cosidó, en los que se vanagloria del trapicheo.

La conclusión provisional es que volvemos a la casilla de salida, solo que con unos cuantos jirones más en el descrédito de la Justicia. Y no digamos ya en el de la política, que no ha de pasarse por alto que el fétido episodio venía bendecido por el silencio cómplice de Unidos Podemos.

Togas y porras

El pasado miércoles resultó una jornada de lo más reveladora para entender el mecanismo de nuestro sonajero político. ¿Por la entrevista entre el Lehendakari y el President —interino, según el mismo reconoce— de la Generalitat semiintervenida? Pues también, pero menos. Nada de ese encuentro podía sorprendernos a estas alturas del serial. De hecho, y aunque muchos no lo vieron o prefirieron no hacerlo, lo más relevante del almuerzo en Ajuria Enea fue el capote que Iñigo Urkullu le echó a Pedro Sánchez al advertir a Torra de que lo malo conocido puede ser una opción razonable al lado de la catástrofe casado-riveriana por venir. Dos horas antes, no se pase por alto, Madrid había vuelto a hacer de Madrid en la reunión sobre las transferencias de calderilla.

No, la alusión del comienzo iba por el acto (solemne, juraría que ponía en la invitación) de apertura del año judicial en la demarcación autonómica. En la cabeza de todos, claro, la enésima marca de descrédito batida por los de las togas con puñetas. Qué mejor contexto para que el presidente del primer tribunal vasco se metiera a tertuliano y se fumara la independencia del poder legislativo con una andanada al acuerdo de bases sobre el nuevo estatus alcanzado por los partidos que suman dos tercios de la cámara de Gasteiz.

Eso, dentro del Palacio de Justicia de Bilbao. Fuera, ErNe, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, se retrataba en varios sentidos del término junto a sus colegas de la Guardia Civil y la Policía Nacional para protestar contra la tramitación de la ley que (tarde y regular) busca la reparación de las víctimas de abusos policiales. Caray.

Bipartidismo a ratos

¡Las horas del tercer milenio que son, y este Montesquieu que no aparece! Van decenios ya sin saber nada de él. ¡A ver si va a ser verdad que está palmera y bien palmera, como porfió Alfonso Guerra en el cercanamente lejano o viceversa año del Señor (González) de 1985! ¿Lo creeremos? No sé, miren que también se daba por difunto al bipartidismo turnista español, y anteayer mismo renació de sus presuntas cenizas en forma de acuerdo, o sea, cambalache, para renovar el Consejo Superior del Poder Judicial. O del Joder Judicial, según el glorioso gazapo freudiano de ya no recuerdo qué veterano compañero del gremio plumífero.

Manda carallo con la Historia repitiéndose, no ya como farsa, sino como choteo infame. Les invito a bucear en la hemeroteca. Comprobarán cómo cada actualización del llamado gobierno de los jueces ha consistido en un desvergonzado apaño entre PSOE y PP, bien es cierto que con el concurso de otras siglas, incluidas las cercanas —se siente—, que en aras del pragmatismo ancestral, preferían estar en el baile, aunque fuera con la puntita, antes que en la grada.

¡Lo que se habrá quejado todo dios de la fórmula de marras! Hasta un tal Pedro Sánchez tiene dicho que había que “despolitizar el CGPJ” y que los partidos debían “dejar de proponer candidatos”. Pues ahí lo tienen, trapicheando con el pérfido Casado que el presidente de la cosa sea de la ganadería reaccionaria a cambio de que la mayoría de los vocales pertenezcan a la cuadra pretendidamente progre. Y en el papel de mamporreros y bendecidores de la componenda—mátame, camión— los apóstoles de la independencia judicial Iglesias y Garzón. Snif.

La lotería de Estrasburgo

Se me aparten, por favor, que vengo con un jarro de agua helada. Y no es por falta de ganas de unirme a la conga de Jalisco, o sea de Estrasburgo, que está celebrando la sentencia de sus ilustrísimas señorías europeas sobre el caso Bateragune. Cenizo con trienios acreditados, me ocurre que no soy capaz de ver los motivos de la algarabía. De entrada, porque, aunque les convenga a mi discurso y a mi tranquilidad de espíritu, no me gusta pasar por alto ciertos hechos incómodos, como que el ahora sacralizado Tribunal de Derechos Humanos es el mismo perpetrador de otras decisiones no precisamente felices. La bendición de la ilegalización de Batasuna, por ejemplo. O la convalidación del mantenimiento de la dispersión penitenciaria. O, anteayer como quien dice, el respaldo a no computar las penas en cárceles francesas. Conclusión: estamos ante una suerte de siniestra lotería judicial.

Para más inri, esta vez ni siquiera es esa pedrea de multar con diez mil eurillos a España por hacer la vista gorda con las torturas. Y mucho menos es el reintegro, que ojalá hubiera modo humano de devolver a los encarcelados los seis años y medio en el trullo. Todo el premio ha consistido en dictaminar lo que hasta el menos simpatizante de Otegi y sus compañeros de viacrucis sabía: que fueron juzgados y encarcelados por la puñetera cara. De acuerdo, ahora eso se recoge en papel con membrete oficial. Lástima que ahí se añada que el mero reconocimiento es sanción suficiente y no cabe ninguna acción para compensar a los damnificados. Vayan preparándose los dirigentes soberanistas catalanes para su futura (¡e inutil!) victoria moral.