¿Queréis alarma? ¡Tomad!

Bueno, pues ya tenemos el deseo concedido por nuestro particular genio de la lámpara. Recién llegado de fotografiarse contumazmente sin mascarilla en El Vaticano —¿qué decíamos de Trump y Bolsonaro por lo mismo?—, el redentor Sánchez Castejón ha escuchado las preces de sus vasallos y nos ha concedido un estado de alarma de toma pan y moja. ¡Hasta el 9 de mayo de 2020, oigan! No lo hay más largo en nuestro entorno inmediato, a ver qué dirigente europeo se atreve a bajarse la bragueta ejecutiva y medírsela con el mejor dotado de los gobernantes de este lado de Occidente. Bien es verdad que te tienes que reír (por no llorar un río) al aplicar la lupa y comprobar que el toque de queda en Hispanistán comienza a las once de la noche, cuando los componentes del populacho hemos tenido tiempo de sobra de socializar el virus a modo con nuestros compadres.

Más allá de la melonada horaria, qué gran triunfo para los conspicuos defensores de las libertades civiles. Resulta que para evitar que cercenaran (supuestamente) una, la de reunión, nos encontramos ahora mismo con un decreto que permite tumbar durante medio año ese derecho fundamental y otras diez docenas más sin dar ninguna explicación. En resumen, se ha hecho un pan con unas hostias. Hasta tendría gracia si no fuera porque hay gente que sigue muriendo.

Contagiar, derecho fundamental

De récord en récord, y me llevo una. Plusmarca de contagios en la Navarra ya confinada —rozando los 600— y máximo histórico (hasta mañana o pasado mañana) en la demarcación autonómica, con 1.033 positivos de vellón y las UCIs empezando a sudar la gota gorda. Pero calma al obrero, que la autoridad judicial rampante en la CAV, el muy superiormente moral TSJPV, ha decidido por sus togas bonitas que limitar los encuentros de más seis personas es un atentado del copón de la baraja contra los derechos fundamentales, así que no hay tutía. Venga a juntarse familias y cuadrillas en el número que les salga de la sobaquera para compartir fluidos, aerosoles y gotículas de acuerdo con las garantías jurídicas inquebrantables. Que, oiga, puede usted acabar intubado o, si la dicha es adversa, en el hoyo, pero con la satisfacción de haber ejercido su plena libertad… a morirse y a matar al prójimo.

Así que con esas, a la autoridad que de verdad creíamos competente no le ha quedado otra que decretar un puñado de medidas descafeinadas y espolvorear un ramillete de recomendaciones sometidas al buen juicio de la ciudadanía. O sea, que nos podemos ir dando por jorobados. Gila revive. ¿Está el virus? ¡Que se ponga! Oiga, ¿podría usted parar la pandemia unos días hasta que los jueces nos den la venia para salvar vidas?

Desmemorias

El martes pasado, una juez de Iruña mandó al fondo del cajón la querella que pedía que se esclareciera lo que ocurrió en los sangrientos sanfermines de 1978 y, particularmente, la muerte de Germán Rodríguez a consecuencia de un balazo de la policía postfranquista. Sostenía su señoría que el asunto estaba ya dilucidado en tribunales —era cosa juzgada, según la jerga—, en referencia a diversos procedimientos judiciales llenos de trampas y agujeros que habían establecido que no había forma de relacionar a los uniformados señalados con los hechos. En resumen: como los culpables se fueron de rositas una vez, así será para los restos. Impunidad se llama la vaina.

Como es no solo lógico, sino justo y humano, la decisión de la togada nos removió las tripas a los que creemos en una memoria completa. Que hayan transcurrido 42 años de los oprobiosos hechos no puede servir de excusa para echar tierra sobre el asunto. Las heridas de quienes padecieron aquello siguen abiertas. No creo que sea nada difícil de comprender, ¿verdad? Pues si tuviéramos una gotita de honradez personal e intelectual, veríamos que exactamente por el mismo principio, cuando se descubre un zulo con material que sirvió para matar, no es de recibo alegar que el arsenal tiene diez años y que en este caso sí procede pasar página.

Los jueces nos salvarán

Qué esfuerzo más inútil, el de las administraciones públicas al pretender que la gestión de la pandemia se guíe por criterios sanitarios. Epidemiólogos, virólogos y demás profesionales de bata blanca están de más. Los que de verdad saben de esto son los de las togas y las puñetas. Y como muestra más reciente, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de tumbar el confinamiento de la Comunidad que había decretado el gobierno español alegando que vulnera derechos y libertades fundamentales. Cómo explicar, cómo contar a sus reverendísimas señorías que tales derechos y tales libertades te sirven de una mierda cuando estás muerto.

Y sí, me sé la letanía con que me vendrán incluso muchos de mis más apreciados amigos del mundo jurídico. Que las cosas no son tan sencillas, que entre Ayuso, Illa y Sánchez lo han puesto a huevo, que hay principios irrenunciables que deben prevalecer y bla, bla, requeteblá. A todo eso respondo que sí, que muy bien, que en el plano teórico o académico, esos adagios lucen un huevo. Pero explíquenselo a quien, en el mejor de los casos, se va a pasar dos meses entubado en una UCI porque unos tíos que viven en una realidad paralela pidieron que les sujetaran el cubata para dictaminar que las razones médicas son una coña marinera al lado de su infinita sapiencia.

Torra, ahora mártir

Aires de fiesta, parapapá, en el ultramonte hispanistaní. Se celebra con estrépito la inhabilitación de una de las principales bestias negras de los recios cavernarios. Por obra y gracia del Tribunal Supremo español, el president (bien es verdad que accidental) de la Generalitat, Quim Torra, ha sido desposeído de su cetro y enviado a la cuneta institucional. Menuda sorpresa, ¿verdad? Los jueces y parte cumplen su propia autoprofecía. Hasta el que reparte las cocacolas sabía cómo acabaría esta película desde el mismo instante en que el entusiasta testaferro de Puigdemont Primero de Waterloo se negó a retirar los famosos lazos amarillos en pleno fregado electoral.

Fíjense que hubiera sido fácil evitar el desenlace impepinable. Habría bastado una migaja de pragmatismo o de mera inteligencia política. No hay que ponérselo fácil al enemigo. Menos, cuando, como es el caso, quien está enfrente carece del menor principio ético. Al succionador regio Lesmes y a sus mariachis hace mucho que dejaron de importarles las apariencias. Si había que condenar a la muerte civil a Torra por una chorrada, lo harían y, de propina, revestirían el acto de épica, como si fueran el último dique de contención contra el secesionismo, incluso al precio de convertir en mártir a un personaje menor. Bien mirado, unos y otros ganan.

Zaldibar argitu… o así

Homicidio imprudente, libertad con cargos y retirada de pasaporte. Pues así, de saque, no parece poca cosa lo que ha dictaminado la juez sobre el propietario y los directivos principales del vertedero de Zaldibar. Curioso, sin embargo, que hayan tenido que pasar casi seis meses y que la iniciativa de la detención partiera de la Ertzaintza. Se pierde uno en los vericuetos judiciosos, pero si los renglones torcidos son para empezar a escribir el relato más verídico posible de lo que llevó a la tragedia (como dije ayer, nada accidental) del 6 de febrero, procede dar la bienvenida a este paso. De eso se trata, ¿no?, de esclarecer lo que desembocó aquella fatídica tarde en la sepultura en vida de dos personas cuyos cadáveres siguen sin aparecer y en una catástrofe medioambiental sin precedentes en el terruño.

Zaldibar argitu; Aclarar Zaldibar, proclaman las consignas aventadas con idéntico ardor en euskera o recio castellano, según la parroquia que pretenda hacer caja del drama. Como intención, vuelvo a repetir, me parece nobilísima. Aguante su vela cada palo y depúrense todas las responsabilidades, incluyendo (o empezando por) las políticas. Ojalá. Pero de sobra sabemos que esto no va de eso, sino de cargar literalmente los muertos, venga o no a cuento, al adversario, o sea, al enemigo político.

Altsasu, suma y sigue

Me cuesta mucho ver la buena noticia. Después de 1.325 días en prisión, tres de los jóvenes de Altsasu han obtenido el tercer grado penitenciario y pueden pasar fuera del trullo los fines de semanas. Es verdad que menos da una piedra, pero su situación sigue siendo una injusticia del tamaño de media docena de catedrales. Creo que es importante dejarlo claro, porque un puñado de magnánimos demócratas ya han empezado a hilar sus instructivos discursos sobre la benevolencia del Estado de Derecho, que es ese Dios que aprieta pero no ahoga y deja que hasta las ovejas más descarriadas tomen un poquito de aire… antes de volver al redil a terminar de cumplir una condena brutalmente desproporcionada respecto al delito cometido. Condena, por demás, que fue fruto de un proceso judicial prêt-à-porter plagado de —como poco— incongruencias, pruebas endebles y dudas más que razonables incluso sobre la presencia de los acusados en el lugar de los hechos.

Y conste que esto lo anota alguien que rechaza de plano la letanía de la “pelea de bar”. Somos lo suficientemente mayores para saber que lo que ocurrió aquella infausta madrugada no fue un encontronazo fortuito. Pero tampoco nada que justificara ni de lejos un ensañamiento judicial y penal como el que vino después y, por desgracia, todavía no ha concluido.