Gana el Supremo

En la puesta en escena solo ha faltado Tamariz dejándose la garganta en su “¡Taratachán-chan-chan!”. Menudo juego de manos se han traído la Junta Electoral Central, unos juzgados pedáneos de Madrid y, en el papel estelar pero no demasiado, el Tribunal Supremo a cuenta de si Puigdemont, Comin y Ponsatí podían presentarse o no a las elecciones europeas en su condición de prófugos/exiliados (táchese lo que no proceda). Al final, ha sido que sí, como sabía cualquiera, incluso sin haber pisado una facultad de Derecho y teniendo en cuenta que la Justicia hispanistaní tiende a sacarse sus dictámenes de la sobaquera.

Pero es que esta vez no hacían falta ni los clásicos ejercicios de contorsionismo judicioso. La clave está en la perversión de una ley que permite ser elegible pero impide ejercer como electo. Lo hemos visto con los presos que se presentaron a las autonómicas catalanas —a ver qué pasa con los que acaban de ganar escaño en el Congreso— y con los huidos, entre otros, el mismo Puigdemont. A la hora de la verdad, tuvieron que hacerse a un lado para evitar que su ausencia diera la mayoría a la bancada de enfrente.

Celebraba el residente en Waterloo “la primera victoria en campo contrario”. No reparaba (o no quería hacerlo) en que quien ha ganado en el lance ha sido el Supremo. Sin siquiera mancharse las manos, puesto que la decisión final la han asumido los juzgados ordinarios que pretendían hacerse los suecos, ha conseguido dar la impresión de que España es un Estado de Derecho funcionando a pleno pulmón donde los benéficos tribunales son capaces de dar la razón a los disolventes… cuando no sirve para nada.

La farsa de Coripe

Volvemos a la entretenidísima disputa de los galgos y los podencos… que son lo uno o lo otro de acuerdo con la camiseta que lleve atornillada cada forofo que participa en la controversia. Cuánta santa y vaya usted a saber si justificada indignación porque en un pueblo de allí abajo —ya me la estoy ganando— han celebrado la resurrección del Señor vaciando unos cargadores de fuego real sobre un pelele que representaba, vade retro, a Puigdemont. Como me estoy quitando de ciertos vicios y empiezo a dejar estos vídeos truculentos a la mitad, he tenido que leer en las crónicas correspondientes que tras la balacera con presencia de criaturas en edad de educarse en valores, las fuerzas vivas procedieron a la quema del monigote en medio de la algarabía general.

Conste que comprendo perfectamente a quienes, al primer bote, ven en la pantomima un acto intolerable festoneado de bilis y, por qué no, odio. Lo que ya no me cuadra es que a estas mismas personas les pareciera divertidísimo el tenderete de tiro con dardos sobre una imagen de Felipe VI que habían colocado en Vic los que se autonombran como Comités de Defensa de la República catalana. Por no mencionar, claro, las decenas de espantajos figurando a distintas personalidades célebres del orden unionista español que cuelgan de este o aquel viaducto.

Es cierto que cuando se pilla a los autores de semejantes simulacros, generalmente les cae todo el peso de la ley de parte. Pero si entonces nos parece una injusticia, apunto que deberíamos tirar de la misma vara. O todos a la Audiencia Nacional o barra libre para realizar incluso catetadas de alto octanaje como esta de Coripe.

Amigos como Puigdemont

No me cansaré de repetir que ninguna buena acción queda sin castigo. Ni tampoco que hay determinados amigos que hacen que sobren los enemigos. Que se lo pregunten al lehendakari. En buena hora se le ocurrió atender la llamada angustiada de un entonces accidental president de la Generalitat que no sabía cómo salir de la brutal trampa para cazar elefantes en la que había entrado por su propio pie. Lo suyo habría sido preguntarle al desbrujulado Puigdemont, menos Carles que Manolete, que si no sabía torear para qué se había metido. Pero Urkullu es como es y, como siempre, pensando en echar una mano, que en el caso que nos ocupa era evitar un desastre, cambió los mocasines por las katiuskas y se fue de hoz y coz a un barrizal del que inevitablemente iba a resultar pringado por activa, pasiva o circunfleja.

Como se acaba de ver, el pago por tal favor ha sido que el señor de Guaterló se haya despachado tildando a quien le echó el capote de desmemoriado o, como han entendido nuestros succionadores procesistas de salón, de mentiroso. Hay que ser muy miserable para hacerlo y muy malnacido para jalearlo. Más, cuando sobran los detalladísimos archivos de Urkullu para saber que la trola gorda a la par que cobarde —¡otra vez!— es la del delfín desviado de Artur Mas. Lo que ocurrió aquel 26 de octubre de 2017 es público y notorio. Está tasado y medido porque lo contamos todos los medios, igual los más proclives al soberanismo que los entregados al unionismo. Puigdemont citó a la prensa para anunciar la convocatoria de elecciones. Un tuit hablando de 155 monedas y tres mil estudiantes gritando le hicieron dar marcha atrás.

21-D, un año

21-D, hace un año también estuve ahí. Recuerdo la interminable caravana desde el aeropuerto del Prat a los estudios de RAC-1 en la Diagonal de Barcelona. El atasco no tenía nada que ver con las elecciones a todo o nada que se celebraban en un territorio intervenido por designio del en aquellas fechas presidente español, Mariano Rajoy, con el apoyo de PSOE —oh, sí— y Ciudadanos. Era lo habitual cualquier día laborable del año a partir de las cinco de la tarde. De hecho, si no fuera por la propaganda que lucían las farolas y las marquesinas de autobús, nada hacía sospechar que a esas horas las urnas recibían unos votos supuestamente decisivos para el futuro de un país que, según se decía y se sigue diciendo, estaba partido en dos.

Tampoco olvido el comienzo del programa especial de Onda Vasca, con una encuesta a pie de urna que, además de vaticinar la pérdida de la mayoría soberanista, señalaba a la Esquerra del ya encarcelado Junqueras como primera fuerza, superando de largo a Junts per Catalunya, la lista del expatriado Puigdemont. Con esos datos, me provoca sonrojo evocar los comentarios de los sabios analistas (incluyendo los míos) y de los portavoces en las sedes de los diferentes partidos. Luego, el recuento real hizo virar los discursos. El independentismo retenía la mayoría absoluta, pero JxC le tomaba la delantera a ERC, con la guinda insospechada de que el (inútil) ganador de los comicios era Ciudadanos.

No negaré que desde entonces hasta hoy han ocurrido unas cuantas cosas, pero buena parte de lo fundamental —cárcel, exilio, procesos judiciales, imposibilidad de encontrar una salida— se mantiene.

Prevaricación y división

Como se decía en los tebeos de mi infancia, que me aspen si lo que está haciendo el juez Llarena no es una prevaricación del tamaño de la catedral de San Nicolás de Kiel, capital del estado de Schleswig-Holstein, cuyo tribunal le ha dejado al togado con las vergüenzas a la intemperie. Hasta donde sabemos, fue el justiciero del Supremo quien se emperró en atribuir a Carles Puigdemont los delitos de rebelión y malversación y quien, en virtud de tal circunstancia, emitió una orden para trincar al escurridizo president y devolverlo a España. Como saben, lo que ha ocurrido es que los magistrados alemanes no han apreciado la tal rebelión pero sí las migajas suficientes de malversación como para empaquetar al prófugo para Madrid. Y claro, eso arruina los planes del recalcitrante Llarena, que ha decidido, olé sus bemoles, retirar la euroorden, lo que pasado a limpio, significa renunciar voluntariamente a perseguir un delito.

La rocambolesca paradoja tiene su correlato en el pifostio creciente entre las fuerzas mayoritarias del soberanismo catalán, que ya no les soy capaz ni de identificar. No hace tanto, estaba claro que eran Esquerra y Convergencia (o viceversa), pero tras el alumbramiento del PDECat y la posterior creación de JxCat como marca electoral a mayor gloria de Puigdemont, las costuras del antiguo partido-guía se han difuminado. O, mejor dicho, acaban de reventar al mismo tiempo que a ERC se le terminaban de hinchar las narices por el clamoroso ninguneo que viene sufriendo la formación en general y su encarcelado líder, Oriol Junqueras, en particular. De nuevo no hay nada tan letal como el fuego amigo.

El dilema del 155

Siempre he sostenido, y cada vez lo hago con más hechos probatorios a mi favor, que ninguna buena acción queda sin castigo. Las mejores intenciones, además de alicatar hasta el techo el infierno, suelen conducir impepinablemente a la melancolía y el desconcierto. Algo, vamos, como lo que debe de reinar en Sabin Etxea en estos minutos en que ni cenamos ni se muere padre. O sea, en que no decae el 155 mientras avanza inexorable el reloj hacia el instante en que deben votarse los presupuestos generales del Estado.

A 24 horas del momento de la verdad, el PNV está entre la espada de su propia promesa y la pared de un acuerdo que considera muy positivo, y que objetivamente lo es. Hace solo una semana, parecía que los astros se habían conjurado para servir una de miel sobre hojuelas. El 155 se extinguía naturalmente justo antes de apretar los cinco botones verdes en el Congreso de los Diputados. Pero en esas llegó Torra, es decir, Puigdemont, y mandó parar. De un modo, además, al que resulta peliagudo ponerle peros. ¿Cómo dar la impresión de que se apoya la conculcación de derechos de los designados consellers estando presos o fugados? Jodida está la cosa, incluso aunque en el fuero interno se sepa que la vaina no va de dignidad sino de estrategia política y que la coherencia y los principios debieron demostrarse, por ejemplo, no participando en unas elecciones impuestas.

¿Cómo se sale de esta? Abogo por hacer de la necesidad virtud. Personalmente, votaría no a los presupuestos. Se mantiene la palabra y se queda liberado de ese acuerdo sobre las pensiones que, por lo visto (ejem), tanto ha disgustado.

Sin novedad en Catalunya

Cuatro meses y un día desde la aplicación del 155 en Catalunya. También, ejem, desde la declaración —parece que solo con la puntita, por lo piado en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo por sus promotores— de la República Catalana. Y claro, desde la convocatoria de unas elecciones cuyos resultados permanecen en barbecho cuando el implacable calendario señala que se celebraron hace ya diez semanas.

El balance de este revolcón de efemérides es nada entre dos platos. Ni cenamos ni se muere padre, como sentencia el hosco dicho castellano. Estridencia arriba, estridencia abajo, estamos donde estábamos en las jornadas de autos, solo que con unas cuantas personas en la cárcel, otras expatriadas y ni se sabe cuántas emplumadas judicialmente. Que vivamos tal anormalidad como si fuera la más absoluta de las normalidades es un preciso y al tiempo tristísimo retrato de la situación.

¿Ven realmente nervioso al Gobierno español? ¿Notaron algún tembleque en el Borbón supuestamente desairado el otro día en la cosa esa tan crematística de los móviles? ¿Perciben en la cacareada Comunidad Internacional la menor intención de cantarle las cuarenta a Mariano Rajoy? Y lo fundamental: ¿Quién sigue tomando hasta la más pequeña decisión ejecutiva en Catalunya?

Saben las respuestas y, si no se engañan, también tienen los elementos de juicio suficientes para sospechar que va a seguir siendo así. Sí, incluso tras el acuerdo, casi parto de los montes, entre las formaciones soberanistas para investir a Jordi Sánchez y dejar en el limbo a Puigdemont. Quienes lo han alcanzado deberían tener claro que tampoco se lo pasarán.