El estado de alarma no existió

Siempre pensé, y ahora lo hago con más motivo, que a los cinco minutos de aplausos de las ocho de la tarde a los sanitarios y a los colectivos comprometidos en la lucha contra la pandemia deberían haber seguido otros diez o quince de abucheos a los que que estaban colaborando con la difusión del virus. Entre esos jorobadores de la marrana ha destacado por méritos propios el llamado poder judicial, especialmente en sus escalones más altos. A lo largo de año y medio eterno, y particularmente en los momentos más graves, los Superiores de Justicia —con doble subrayado para el vasco— y el Supremo han venido saboteando miserablemente el esfuerzo sobrehumano de los sectores en primera línea de batalla, de las autoridades y, en la derivada final, de cada ciudadano de a pie que aportaba su granito de arena por incómodo que le resultase. Sus muy elevadísimas señorías lo hacían, para más recochineo, en nombre los derechos fundamentales que quedaban conculcados por la legislación ex-cep-cio-nal con la que se trataba de evitar las hasta seiscientas muertes diarias que llegó a haber en la fatídica primavera de 2020. Inasequibles al desaliento, los de las togas negras jamás se han rendido, como lo prueba que a iniciativa de Vox —¡Sí, malotes progres, de Vox!— el Tribunal Constitucional está a punto de declarar ilegal el primer estado de alarma. Por si no fuera suficiente con que las zarpas neofascistas prendieran la mecha, el ponente de la sentencia es Pedro González Trevijano, a la sazón, rector de la Universidad Rey Juan Carlos en el momento de los escándalos de los másteres. Lo tremendo es que el fulano se saldrá con la suya.

Resquicios legales

En la torrentera que siguió a la evacuación del magistrado del TSJPV que despreciaba a los epidemiólogos, leí no sé dónde que el Gobierno vasco busca resquicios legales para zurcir el roto causado en la normativa para luchar contra la pandemia. No me digan que no es para llorar cien ríos que las autoridades democráticamente elegidas por la ciudadanía tengan que andar haciendo espeleología jurídica para encontrar el modo de proteger la salud de sus gobernados. Todo, para evitar que un desahogado con toga se fume un puro con las medidas que tratan de salvar vidas y aligerar la carga de los hospitales.

Es el triste pero desgraciadamente real retrato de una presunta separación de poderes donde la última la palabra la tienen, manda carallo, los que no se han sometido al examen de las urnas. O, dicho en plata, los que no se representan más que a su mismidad. El drama viene, como es el caso del que pasará a la pequeña historia local como “el juez que reabrió los bares de Euskadi”, cuando sus decisiones emanan sin disimulo alguno de sus filias y de sus fobias, expresadas con lenguaje y formas de cuñado acodado —dónde iba a ser— en la barra de una tasca. No sé si somos capaces de ver el problemón que tenemos al quedar en manos de alguien que tiene como tarjeta de visita el himno de los negacionistas.

Sanidad judicializada

Me dicen que se me fue el vitriolo en la columna de ayer. Y no niego un exceso de visceralidad y quizá cierta carencia de argumentos razonados. Pero sigo suscribiendo prácticamente cada coma. Simplemente, no es de recibo que el mismo día en que se certificaron 766 muertos por covid en el conjunto del Estado, unos jueces que habitan en su propia realidad se arroguen el papel de avezados epidemiólogos y dictaminen cómo, cuándo y dónde se producen los contagios. Como escribía atinadamente Juan Ignacio Pérez, que algo sí sabe de ciencia, la ignorancia de estos magistrados del Superior de Justicia Vasco es muy atrevida.

Yo subo la apuesta: más que atrevimiento es soberbia, arrogancia, prepotencia y, en resumen, una superioridad moral ayuna, valga la paradoja, de moralidad. Ni por asomo van a pensar sus señorías que sus designios pueden reventar las UCIs, destrozar familias y dar más trabajo a las funerarias. Deciden sobre las existencias de los demás como si estuvieron resolviendo un sudoku o un crucigrama. Y cuando les llamas la atención sobre la sinrazón que implica que ante un hecho exactamente igual se emitan fallos o sentencias de sentido diametralmente opuesto, aún tienen el cuajo de espetarte que eso es lo bonito del Derecho, que esté al albur de la interpretación de cada diosecillo con toga.

Pandemia judicial

Andaban ayer unos expertos de la OMS desplazados a China dándole vueltas a si el malhadado virus se originó en el mercado de Wuhan o a si procede de este o aquel animalito. Menudo esfuerzo baldío. Acababan antes preguntándoles a los y las que verdaderamente saben huevo y medio de pandemias, oséase, sus togadas señorías del Tribunal Superiorísimo de Justicia del País Vasco. En serio que no dejo de preguntarme por qué perdemos el tiempo escuchando a epidemiólogos, microbiólogos, inmunólogos y cualquier personal de bata blanca que se les ocurra, cuando el conocimiento excelso sobre la materia lo atesoran los de las túnicas negras.

Volvieron a demostrarlo ayer en una decisión —literalmente— de las de sujétame el cubata. Ordenan sus ilustrísimas que se levante el cierre de los bares en localidades con tasas de incidencia disparatadas. ¿El razonamiento? Ah, no, de momento, ninguno. Puesto que levitan sobre los infectos mortales, están exentos de entrar en el fondo de la cuestión. Ya lo harán cuando tengan un rato. Por de pronto, pista libre para arremolinarse en torno a una mesa de setenta centímetros de lado con la mascarilla por debajo del mentón. Qué inmenso corte de mangas a los sanitarios que desde hace un año se dejan el alma en unas UCIs aún hoy a reventar. Pero no rechisten. Es la Justicia.

Contagiar, derecho fundamental

De récord en récord, y me llevo una. Plusmarca de contagios en la Navarra ya confinada —rozando los 600— y máximo histórico (hasta mañana o pasado mañana) en la demarcación autonómica, con 1.033 positivos de vellón y las UCIs empezando a sudar la gota gorda. Pero calma al obrero, que la autoridad judicial rampante en la CAV, el muy superiormente moral TSJPV, ha decidido por sus togas bonitas que limitar los encuentros de más seis personas es un atentado del copón de la baraja contra los derechos fundamentales, así que no hay tutía. Venga a juntarse familias y cuadrillas en el número que les salga de la sobaquera para compartir fluidos, aerosoles y gotículas de acuerdo con las garantías jurídicas inquebrantables. Que, oiga, puede usted acabar intubado o, si la dicha es adversa, en el hoyo, pero con la satisfacción de haber ejercido su plena libertad… a morirse y a matar al prójimo.

Así que con esas, a la autoridad que de verdad creíamos competente no le ha quedado otra que decretar un puñado de medidas descafeinadas y espolvorear un ramillete de recomendaciones sometidas al buen juicio de la ciudadanía. O sea, que nos podemos ir dando por jorobados. Gila revive. ¿Está el virus? ¡Que se ponga! Oiga, ¿podría usted parar la pandemia unos días hasta que los jueces nos den la venia para salvar vidas?

Togas y porras

El pasado miércoles resultó una jornada de lo más reveladora para entender el mecanismo de nuestro sonajero político. ¿Por la entrevista entre el Lehendakari y el President —interino, según el mismo reconoce— de la Generalitat semiintervenida? Pues también, pero menos. Nada de ese encuentro podía sorprendernos a estas alturas del serial. De hecho, y aunque muchos no lo vieron o prefirieron no hacerlo, lo más relevante del almuerzo en Ajuria Enea fue el capote que Iñigo Urkullu le echó a Pedro Sánchez al advertir a Torra de que lo malo conocido puede ser una opción razonable al lado de la catástrofe casado-riveriana por venir. Dos horas antes, no se pase por alto, Madrid había vuelto a hacer de Madrid en la reunión sobre las transferencias de calderilla.

No, la alusión del comienzo iba por el acto (solemne, juraría que ponía en la invitación) de apertura del año judicial en la demarcación autonómica. En la cabeza de todos, claro, la enésima marca de descrédito batida por los de las togas con puñetas. Qué mejor contexto para que el presidente del primer tribunal vasco se metiera a tertuliano y se fumara la independencia del poder legislativo con una andanada al acuerdo de bases sobre el nuevo estatus alcanzado por los partidos que suman dos tercios de la cámara de Gasteiz.

Eso, dentro del Palacio de Justicia de Bilbao. Fuera, ErNe, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, se retrataba en varios sentidos del término junto a sus colegas de la Guardia Civil y la Policía Nacional para protestar contra la tramitación de la ley que (tarde y regular) busca la reparación de las víctimas de abusos policiales. Caray.

Buenos fines, malos medios

No vale todo. Por supuesto que no. Ni siquiera por una buena causa. De hecho, el propósito más noble queda bastardeado cuando en su nombre se usa intencionadamente el juego sucio. La mentira, la manipulación o eso que una vocera de Trump ha bautizado con jeta de titanio como “Hechos alternativos” ponen en evidencia a quienes, a falta de escrúpulos y argumentos, los utilizan como atajo hacia sus fines. Insisto, por meritorios que estos sean. Y peor, si la sórdida estrategia incluye un ataque de mala fe a una persona, que en el caso que nos ocupa, reúne, además, la condición de representante de la soberanía popular.

Cierto, son mis palabras. No creo, sin embargo, que la opinión que expresan esté muy lejos del mensaje que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lanza a las plataformas antidesahucios en el auto de archivo de la denuncia que presentaron contra Iñigo Urkullu por haber aportado datos sobre el desalojo de una mujer en Gasteiz. Ocurrió, seguro que lo recuerdan, en el debate electoral en EITB. Interpelado por una de sus adversarias, el entonces candidato a la reelección aportó los citados datos, que desmentían la versión —como poco— exagerada que se había hecho circular. “Lo único que está haciendo es constatar una realidad y lo que es más importante, cumplir con su obligación de mandatario público”, anota el TSJPV junto a media docena de consideraciones en las que deja claro que no hay falsedad, revelación de secreto ni intromisión en ninguna intimidad. El daño está hecho. No tanto al lehendakari como a la verdad y a la propia causa justa a la que supuestamente se pretendía servir.