Patada en la puerta

No hay discusión. Una patada en la puerta es de lo más antiestético. Peor que eso: es abiertamente contraria a las garantías jurídicas más primarias. O directamente un atentado a los derechos básicos. Incluso mentes obtusas como la mía lo entienden y hasta lo defienden. También es verdad que ahí se acaban mis certezas y comienza mi proceloso mar de ignorancias. La primera de ellas es obvia y presumo que compartida con muchos lectores: si lo escrito es así, ¿qué sentido tiene dictar normas de lucha contra la pandemia que atañen a lo que ocurre en el interior de los inexpugnables domicilios, moradas, residencias, aposentos, quelis u hogares?

Quiero decir que parece que sirve de bien poco prohibir reuniones de no convivientes —da igual para jugar al parchís que para correrse un fiestón multitudinario—, si no hay modo práctico de llevar a cabo la disposición. En el mejor de los casos, estamos abocados a imágenes delirantes como la de varias patrullas de la Ertzaintza haciendo vigilia durante horas en un convento de Derio hasta que los participantes de un sarao etílico sin mascarillas ni distancia tuvieron a bien salir. ¿Es lo que cabe hacer ante cada una de las incontables juergas a puerta cerrada que se celebran a diario? Pues asumamos que tenemos un problema muy gordo en la lucha contra el virus.

Resquicios legales

En la torrentera que siguió a la evacuación del magistrado del TSJPV que despreciaba a los epidemiólogos, leí no sé dónde que el Gobierno vasco busca resquicios legales para zurcir el roto causado en la normativa para luchar contra la pandemia. No me digan que no es para llorar cien ríos que las autoridades democráticamente elegidas por la ciudadanía tengan que andar haciendo espeleología jurídica para encontrar el modo de proteger la salud de sus gobernados. Todo, para evitar que un desahogado con toga se fume un puro con las medidas que tratan de salvar vidas y aligerar la carga de los hospitales.

Es el triste pero desgraciadamente real retrato de una presunta separación de poderes donde la última la palabra la tienen, manda carallo, los que no se han sometido al examen de las urnas. O, dicho en plata, los que no se representan más que a su mismidad. El drama viene, como es el caso del que pasará a la pequeña historia local como “el juez que reabrió los bares de Euskadi”, cuando sus decisiones emanan sin disimulo alguno de sus filias y de sus fobias, expresadas con lenguaje y formas de cuñado acodado —dónde iba a ser— en la barra de una tasca. No sé si somos capaces de ver el problemón que tenemos al quedar en manos de alguien que tiene como tarjeta de visita el himno de los negacionistas.

Bien morir, por fin

Esta vez parece que por fin sí. Una amplia y transversal mayoría ha dado carta de naturaleza en el Congreso de los Diputados a la ley que permitirá morir dignamente en España. Seguro que el texto es mejorable. Se podría haber afinado más aquí, allá o acullá. Eso oigo, pero después de los años que llevamos esperando algo tan necesario y, al tiempo, tan humano, no me voy a meter en los decimales. Toca celebrar que haya imperado la sensatez para abrir un camino que termine con la despiadada obligación de mantener respirando a quien por decisión consciente presente o anticipada ni quiere ni puede seguir padeciendo una existencia vegetal.

Y no. En ningún caso se trata de barra libre para quitarse de en medio a los mayores que nos sobran ni para bajarnos en marcha de la vida porque estemos pasando por un bache. Basta leer las líneas básicas del texto para comprender que el proceso estipulado es absolutamente garantista. Antes de que se lleve a cabo una eutanasia, hay que completar una buena cantidad de requisitos, siempre bajo la tutela médica. Se libera de tal labor, por cierto, a los facultativos que por motivos de conciencia no quieran participar. Por más ladridos cavernarios que escuchemos, la realidad última es que la norma recoge lo que hace mucho está en la calle más allá de siglas políticas.

Sin aspavientos

De minuto en minuto se tiñe el mapa de rojo. Aquella curva que no hace tanto tiempo creímos ver emprendiendo el descenso se ha dado la vuelta y trepa con letales bríos renovados. Sería un espectáculo hipnótico si no fuera porque están en juego literalmente vidas y haciendas. Es grande, por supuesto, la tentación de enredarse con las culpas —¡como si no tuviéramos una idea bastante aproximada del porqué de la mayoría de los brotes!—, pero mientras porfiamos que si son galgos o podencos, sigue creciendo la presión en los hospitales y no dejan de bajar las persianas.

Andamos tarde, muy tarde, pero no proceden los lamentos sino los hechos. Que se hagan a un lado los exquisitos de los decimales jurídicos y, con ellos, los pescadores de río revuelto. Claro que no era el estado de alarma lo más deseable. Sin embargo, a la fuerza nos han ahorcado y ahora mismo es la herramienta legal que tenemos sobre la mesa. ¿Por seis meses, ocho semanas, cuarto y mitad? Tal vez proceda, simplemente, ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos. Gestionémoslo sin aspavientos, honradamente y con la tarea repartida porque luchamos por un bien común. Abordemos la cuestión de una puñetera vez como una endiablada crisis sanitaria, la peor de nuestra Historia reciente, y no como una partida de ajedrez político. ¿Podrá ser?

Contagiar, derecho fundamental

De récord en récord, y me llevo una. Plusmarca de contagios en la Navarra ya confinada —rozando los 600— y máximo histórico (hasta mañana o pasado mañana) en la demarcación autonómica, con 1.033 positivos de vellón y las UCIs empezando a sudar la gota gorda. Pero calma al obrero, que la autoridad judicial rampante en la CAV, el muy superiormente moral TSJPV, ha decidido por sus togas bonitas que limitar los encuentros de más seis personas es un atentado del copón de la baraja contra los derechos fundamentales, así que no hay tutía. Venga a juntarse familias y cuadrillas en el número que les salga de la sobaquera para compartir fluidos, aerosoles y gotículas de acuerdo con las garantías jurídicas inquebrantables. Que, oiga, puede usted acabar intubado o, si la dicha es adversa, en el hoyo, pero con la satisfacción de haber ejercido su plena libertad… a morirse y a matar al prójimo.

Así que con esas, a la autoridad que de verdad creíamos competente no le ha quedado otra que decretar un puñado de medidas descafeinadas y espolvorear un ramillete de recomendaciones sometidas al buen juicio de la ciudadanía. O sea, que nos podemos ir dando por jorobados. Gila revive. ¿Está el virus? ¡Que se ponga! Oiga, ¿podría usted parar la pandemia unos días hasta que los jueces nos den la venia para salvar vidas?

Los jueces nos salvarán

Qué esfuerzo más inútil, el de las administraciones públicas al pretender que la gestión de la pandemia se guíe por criterios sanitarios. Epidemiólogos, virólogos y demás profesionales de bata blanca están de más. Los que de verdad saben de esto son los de las togas y las puñetas. Y como muestra más reciente, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de tumbar el confinamiento de la Comunidad que había decretado el gobierno español alegando que vulnera derechos y libertades fundamentales. Cómo explicar, cómo contar a sus reverendísimas señorías que tales derechos y tales libertades te sirven de una mierda cuando estás muerto.

Y sí, me sé la letanía con que me vendrán incluso muchos de mis más apreciados amigos del mundo jurídico. Que las cosas no son tan sencillas, que entre Ayuso, Illa y Sánchez lo han puesto a huevo, que hay principios irrenunciables que deben prevalecer y bla, bla, requeteblá. A todo eso respondo que sí, que muy bien, que en el plano teórico o académico, esos adagios lucen un huevo. Pero explíquenselo a quien, en el mejor de los casos, se va a pasar dos meses entubado en una UCI porque unos tíos que viven en una realidad paralela pidieron que les sujetaran el cubata para dictaminar que las razones médicas son una coña marinera al lado de su infinita sapiencia.

Derecho al buen morir

El ruido de esta semana pirotécnica en lo informativo ha ocultado la que, en mi opinión, debería haber sido una de las noticias más comentadas. Sin negar relieve al juicio por el procés o al fracaso presupuestario que ha desembocado en la llamada anticipada a las urnas, creo que deberían haber merecido más espacio las 280.000 firmas que llegaron al Congreso de los diputados para pedir que se desbloquee la tramitación de la ley que pretende regular la eutanasia. Las entregaron dos familias que han padecido en sus carnes la inconmensurable injusticia de no poder ver morir con dignidad a un ser querido.

Una de esas familias, como hemos contado largamente en los medios del Grupo Noticias, es la de la portugaluja Maribel Tellaetxe, que ahora mismo solo es un cuerpo con ese nombre. Hace cuatro años, cuando el maldito Alzheimer ya le había empezado a causar estragos, ella misma pidió a los suyos que la dejaran ir en cuanto no fuera capaz de recordar quiénes eran.“No podemos seguir viendo sufrir a mi ama más. Cada día que la ley está bloqueada en el Congreso mi ama sufre más. Es otro día en el que solo dirá ‘susto, susto’ o ‘miedo, miedo’ y se le caerán las lágrimas”, denunciaba su hijo, Danel Lorente, a las puertas de las cortes españolas. Y en el mismo lugar descargaba una acusación demoledora a la clase política: “Que no negocien con nuestro dolor y sufrimiento”.

Por desgracia, todo hace indicar que la interpelación caerá en saco roto. Con o sin disolución de las cámaras, PP y Ciudadanos, que son las dos grandes formaciones que mantienen secuestrado el proyecto de ley, se muestran inflexibles. No tienen corazón.