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Una justicia, dos varas

Al final, el Estado de Derecho —hagamos derroche innecesario de mayúsculas— era esto. Ante los mismos hechos, varios tribunales superiorísimos toman decisiones no ya diferentes sino diametralmente opuestas. Es como si dos equipos médicos de élite diagnosticaran un catarro o un cáncer a la vista de síntomas idénticos y recetaran en consecuencia: unas juanolas o quimioteraìa agresiva. Sería algo de todo punto inadmisible que conllevaría un severo castigo a los galenos que hubieran metido la pata.

En el caso de los dictámenes de sus ilustrísimas e intocables señorías, sin embargo, te tienes que comer la matraca de rigor: eso es lo bonito del hecho jurídico, que no hay una única interpretación. Lo pistonudo es que te lo dicen como si no fuera un escándalo de proporciones cósmicas que según qué tipos y/o tipas con birrete te hayan caído del cielo, tienes barra libre para hacer lo que te salga de entre las ingles —caso de la CAV— o debes acogerte a ciertas normas lógicas cuando todavía la pandemia no se ha ido, incluso aunque exhibas cifras sanitarias muy razonables como en Valencia o Baleares. El remate es tener la absoluta certeza (porque el individuo que la ha dictado ni siquiera disimula) de que la resolución no se ha tomado atendiendo a la legalidad vigente sino a pulsiones puramente personales.

Pandemia judicial

Andaban ayer unos expertos de la OMS desplazados a China dándole vueltas a si el malhadado virus se originó en el mercado de Wuhan o a si procede de este o aquel animalito. Menudo esfuerzo baldío. Acababan antes preguntándoles a los y las que verdaderamente saben huevo y medio de pandemias, oséase, sus togadas señorías del Tribunal Superiorísimo de Justicia del País Vasco. En serio que no dejo de preguntarme por qué perdemos el tiempo escuchando a epidemiólogos, microbiólogos, inmunólogos y cualquier personal de bata blanca que se les ocurra, cuando el conocimiento excelso sobre la materia lo atesoran los de las túnicas negras.

Volvieron a demostrarlo ayer en una decisión —literalmente— de las de sujétame el cubata. Ordenan sus ilustrísimas que se levante el cierre de los bares en localidades con tasas de incidencia disparatadas. ¿El razonamiento? Ah, no, de momento, ninguno. Puesto que levitan sobre los infectos mortales, están exentos de entrar en el fondo de la cuestión. Ya lo harán cuando tengan un rato. Por de pronto, pista libre para arremolinarse en torno a una mesa de setenta centímetros de lado con la mascarilla por debajo del mentón. Qué inmenso corte de mangas a los sanitarios que desde hace un año se dejan el alma en unas UCIs aún hoy a reventar. Pero no rechisten. Es la Justicia.

Contagiar, derecho fundamental

De récord en récord, y me llevo una. Plusmarca de contagios en la Navarra ya confinada —rozando los 600— y máximo histórico (hasta mañana o pasado mañana) en la demarcación autonómica, con 1.033 positivos de vellón y las UCIs empezando a sudar la gota gorda. Pero calma al obrero, que la autoridad judicial rampante en la CAV, el muy superiormente moral TSJPV, ha decidido por sus togas bonitas que limitar los encuentros de más seis personas es un atentado del copón de la baraja contra los derechos fundamentales, así que no hay tutía. Venga a juntarse familias y cuadrillas en el número que les salga de la sobaquera para compartir fluidos, aerosoles y gotículas de acuerdo con las garantías jurídicas inquebrantables. Que, oiga, puede usted acabar intubado o, si la dicha es adversa, en el hoyo, pero con la satisfacción de haber ejercido su plena libertad… a morirse y a matar al prójimo.

Así que con esas, a la autoridad que de verdad creíamos competente no le ha quedado otra que decretar un puñado de medidas descafeinadas y espolvorear un ramillete de recomendaciones sometidas al buen juicio de la ciudadanía. O sea, que nos podemos ir dando por jorobados. Gila revive. ¿Está el virus? ¡Que se ponga! Oiga, ¿podría usted parar la pandemia unos días hasta que los jueces nos den la venia para salvar vidas?

De injusticia en injusticia

No es la mejor temporada para creer en la Justicia española. En realidad, da igual cuándo lean la frase anterior. Hasta donde este juntaletras tiene memoria, los de las togas y las puñetas nos han regado con un sinfín de arbitrariedades a cada cual más obscena. Si no era la chufla del 23-F, era la filfa de los GAL, el caso Egunkaria, el atropello a Atutxa, Bateragune o, en lo más reciente, Altsasu o el Procés.

Y andamos en el suma y sigue hasta el infinito y más allá. Hagamos recuento de los desafueros en menos de una semana. Como menú degustación, el baranda del CGPJ, que lo es también del Tribunal Supremo, se ciscaba en la obligada neutralidad marcándose una exaltación borbónica donde no tocaba. Poco tardamos en enterarnos de que era el preaviso para lo que venía: la inhabilitación de la primera autoridad de Catalunya con la estúpida excusa de que se había negado a retirar una pancarta a favor de unos políticos encarcelados en medio de una campaña electoral.

El mismo día, otra sala de idéntico Tribunal rebajaba la pena de un maestro pederasta del Opus Dei de 11 a dos años de cárcel con argumentos de pata de banco. Sin tiempo para digerir lo anterior, la Audiencia Nacional absolvía ayer a Rodrigo Rato y sus 33 secuaces en la salida a bolsa de Bankia. Lo tremendo es que ni siquiera nos sorprende.

Desamparo infinito

Recurso a Estrasburgo y una manifestación el 26 de octubre. Es todo lo que se puede hacer ante un atropello que ha ido creciendo en cada vuelta de tuerca. Lo primero, la apelación, aun con resolución favorable, llegará cuando los jóvenes de Altsasu encarcelados hayan consumido todos o casi todos los años de su desproporcionada condena. Lo segundo, llenar las calles con la rabia por montera, por muy meritorio y loable que sea, no va más allá del derecho al pataleo, el único que queda medio en pie.

Son pésimos tiempos para creer en las instituciones en general y en la Justicia en particular. Por más acopio de ingenuidad y de esperanza que hagamos, la mayoría de las decisiones de las altas instancias judiciales acaban alimentando una sensación de desamparo infinito. De las más recientes con relieve mediático, quizá quepa como excepción la vía libre a la exhumación de Franco. El resto han sido el calco de los peores presagios, hasta con una especie de cínico y cruel recochineo, como ha sido el caso de la que comentamos, que muchos medios han vendido haciendo ver que las rebajas de condena eran un chollo para los que las cumplirán y, al tiempo, la muestra de la bondad de la legalidad vigente y de sus administradores. De propina, sin posibilidad de crítica, siguiendo esa doctrina amordazante que van impartiendo significados representantes de los tres poderes clásicos. Repasen los titulares de estos días atrás y verán desde cuántos flancos se nos ha advertido con gesto adusto de que las sentencias no solo se acatan sino que se respetan y punto. La próxima, dicen que hoy mismo o el lunes, la del Prócés. Prepárense.

Arraiz en la tómbola

Falta la banda sonora de Marisol. La Justicia española es una tom-tom-tómbola. Pero no de luz y de color, claro, sino siniestra y sombría. Por añadidura, con trampa y cartón para llenar cuatro trasatlánticos. Los trileros de la bolita del rastro son catedráticos de ética al lado de los feriantes con toga que determinan, conforme a los que les sale de salva sea la parte —llámenle ideología, intereses personales o Razones de Estado— la suerte que corren los atribulados portadores de boletos.

En esas está ahora mismo el presidente de Sortu, Hasier Arraiz. Mañana empieza a girar su bombo en el Tribunal Superior del País Vasco, e igualmente le puede caer la muñeca chochona que el perrito Nicolás, el que mola mucho más. Aquí cambiamos de música. Toca Jarabe de Palo (esperemos que no en sentido literal) y su canción Depende. Según salga el sol de sus señorías y de las beneméritas (ejem) entidades que ejercen de acusación particular, le pueden caer seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación o puede evitar la trena, si bien quedando imposibilitado para desempeñar un cargo público.

Esto último fue lo que les ocurrió a las otras 35 personas juzgadas por la misma causa. A Arraiz, manda pelotas, la misma condición de aforado que a otros les sirve para marchar de rositas le puede suponer una pena más dura que a sus compañeros. Eso es una tropelía sobre la arbitrariedad fundacional que consiste en la persecución judicial de unas personas, las detenidas en Segura aquel infausto día de 2007, que ya ha quedado acreditado que trabajaban para acabar con el ciclo violento de ETA. Que sea para bien, Hasier.